jueves 18 de agosto, 2022

A 49 años del golpe de Estado: de grietas, odios y olvidos

Publicado el 29/06/22 a las 2:58 am

Por Raúl Olivera Alfaro

De grietas

Se cumplen 49 años del día en que las Fuerzas Armadas y algunos integrantes del sistema político barrieron a ritmo de marchas militares un Estado de derecho que ya venía maltratando desde los años 60. El golpe de Estado fue la continuidad y profundización a niveles inimaginables de políticas represivas que los gobiernos de turno venían implementando para eliminar la acción social y política de todos los que se resistían a sus políticas impopulares y autoritarias. De esa forma se empezó a perseguir, desaparecer, torturar y ejecutar a sindicalistas, estudiantes, intelectuales y personas que simpatizaban con ideas políticas o sociales catalogadas como “subversivas”. Esa fue la que podríamos ubicar como la grieta originaria del llamado pasado reciente.

Dentro de un año existirá una grieta de medio siglo que nos separará de aquel acontecimiento golpista, a partir del que quedaron en el olvido de los déspotas militares y civiles cómplices o coautores los últimos restos del Uruguay liberal.

En estos tiempos, realizar acciones o simples opiniones que ocasionen, en una supuesta zona solidificada de nuestra sociedad, una grieta parece haberse incorporado en el discurso de la posmodernidad en una suerte de virus a desterrar. Sin embargo, al igual que las mutaciones que se operan en los virus, lo que hoy denominan “grietas” existieron siempre, a partir de la incuestionable existencia de una sociedad de clases en permanente lucha.

Pero nuestra intención, a pesar de que no es ajena a la lucha de clases, es escribir sobre la o las otras grietas vinculadas a la fecha del 27 de junio de 1973. Ello nos retrotrae a una “grieta originaria”, reconocida tanto en las normas de nuestro derecho interno,1 como en reiterados pronunciamientos del sistema judicial: nos referimos al período que se inicia el 13 de junio de 1968 con la instalación, por Jorge Pacheco Areco, de las medidas prontas de seguridad.

La segunda “grieta”, continuación de aquella del 68, es la que se inicia con el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. De esta forma se persiguió, desapareció, torturó y ejecutó a sindicalistas, estudiantes, intelectuales y personas que simpatizaban con ideas políticas o sociales catalogadas como “subversivas”. Para una mayor efectividad de esas políticas, se idearon y pusieron en práctica operaciones transnacionales con el fin de eliminar los grupos de oposición en el contexto de una campaña contrainsurgente que justificaba expandir el campo de acción más allá de los límites territoriales.

Cuando se pensó que con el fin de la dictadura se podía reparar las grietas dejadas en el tejido social, con verdad y justicia, la mayoría de los partidos nacional y colorado, no sólo lo impidieron aprobando la ley de caducidad, sino que la profundizaron, entre otras cosas, censurando el video de Sara Méndez, expulsando del senado a Germán Araújo y otorgando las investigaciones del artículo 4o de la ley de caducidad a los fiscales militares.

Las grietas existen: son las que nos separan de los que defendieron y defienden hoy a los terroristas de Estado.

De odios

A 1975, año donde comienza la etapa más sangrienta y profunda de represión del terrorismo de Estado, la dictadura uruguaya lo designó como el “Año de la Orientalidad”. No por la parafernalia patriótica que inundó la escena pública en aquel año, sino por lo que nos habían enseñado en nuestra época escolar. Tenemos en la memoria esta frase de Artigas: “Los orientales habían jurado en lo hondo de su corazón un odio irreconciliable, un odio eterno, a toda clase de tiranía”. El padre de la patria no sólo nos decía que había que odiar, sino que este odio debía ser irreconciliable y eterno.

Desde el posmodernismo, desde los tiempos de los consensos que eliminan o tienden puentes de impunidad sobre las “grietas saludables” que deben tener las sociedades verdaderamente democráticas, nos llaman a que desconozcamos la identidad que nos atribuía José Artigas a los orientales; que seamos tolerantes ante la tiranía y no insistamos en que sus crímenes sean resueltos con verdad y justicia, porque eso es catalogado como revanchismo, y porque, para las políticas impulsoras de la impunidad del Estado, la actuación de la justicia, y en especial la justicia penal, es un obstáculo y una amenaza contra la paz y la reconciliación, además de generadora de grietas. La humanidad decidió que debemos ser intolerantes frente a determinadas conductas llevadas a cabo por seres humanos desde los poderes del Estado. En eso sería bueno que continuáramos siendo intolerantes.

De olvidos

Desde el 6 de junio de 2014 está vigente la ley 19.211, denominada Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia. Con esa denominación, el 27 de junio de cada año esta ley dispone “honrar la memoria de quienes defendieron la libertad y la plena vigencia del Estado de Derecho”, y considera de interés general “que el sistema educativo proceda a divulgar el rol de los ciudadanos, partidos políticos y trabajadores uruguayos nucleados en la CNT, y otras organizaciones en oposición al golpe de Estado, en la convocatoria a la Huelga General”; encomienda a las emisoras del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos a “destinar en esa fecha parte de su programación a la memoria de los hechos vinculados a la resistencia al golpe de Estado”; y finalmente encomienda a la Asamblea General y ambas Cámaras, Senadores y Diputados, a “organizar actividades públicas para la evocación de estos hechos”.

Estaremos atentos a que el 27 de junio no se abra otra grieta incumpliendo las actividades que la ley 19.211 dispone de manera oficial. También, aunque no esté en ninguna ley, sino en nuestras mejores tradiciones, que aquellas actividades propias de las organizaciones sociales se organicen de manera tal que signifiquen una continuidad de aquella que evocamos hoy, cuando salimos juntos a enfrentar la dictadura.

Raul Olivera Alfaro es integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT.

Tomado de LA DIARIA, 27/6/22.


Notas

  1. Ley 18.596 (Art. 2) en la que: “Se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13/6/1968 hasta el 26/6/1973, marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional”.

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