Ascenso autoritario y memoria, verdad y justicia en disputa

Publicado el 13/06/22 a las 8:00 am

Por Raúl Olivera

Ponencia en «Uruguay hoy: Ascenso autoritario y memoria, verdad y justicia en disputa. Miradas académicas y políticas para un debate necesario», actividad organizada por el PVP, 27 de mayo de 2022.

Partimos de tres supuestos y una aclaración para desarrollar algunas ideas, sobre el ascenso autoritario en el marco de lo que denominaremos los derechos humanos y más precisamente con relación a la impunidad.

Uno de ellos, es que, para analizar y entender el ascenso autoritario es importante verlo como parte de una continuidad en el tiempo liderado por la derecha.

Otro de ellos, es que lo que solemos denominar derecha no es un campo de fuerzas e intereses homogéneo.

Y, por último, sin ninguna duda es importante analizar y entender los comportamientos políticos de la derecha en su contexto, dicho de otra manera, en las distintas coyunturas o escenarios en que se expresan y actúan.

La aclaración tiene que ver, a quiénes y por qué para este análisis específico, los incluimos dentro de lo que denominamos izquierda o derecha.

La denominación de izquierda, comprende entonces, sin desconocer sus especificidades propias de cada uno, a las organizaciones partidarias y a las organizaciones de la sociedad civil (la izquierda política y la izquierda social), que se ubiquen o deberían ubicarse en los siguientes parámetros de actuación y posicionamiento:

-Entender que el derecho a la justicia es irrenunciable.

-Que trabaje consecuentemente en la defensa de los derechos humanos como un arma contra el autoritarismo, la impunidad, las mentiras o las verdades a medias, y resista a todo aquello que represente una amenaza al ejercicio pleno de todos los derechos, actuando en la defensa de las libertades y la dignidad humana; contribuyendo al desarrollo de una cultura de los derechos humanos, como parte de la lucha democrática.

Aclaradas estas cosas previas, yo voy a intentar analizarlos en un contexto particular, que aun con las variantes y acentos que se produjeron en el trascurrir del tiempo, se mantiene en la actualidad.

A ese contexto o escenario, lo podemos denominar de dos maneras:

Como el de las derechas en el proceso de transición en Uruguay, o el de las derechas en el proceso de gestión del llamado pasado reciente.

Ese fue durante la transición, y lo es actualmente, un contexto político, social y jurídico, en el cual, en mi opinión, la derecha tuvo y tiene un escenario de acuerdos o de acción común, que, si bien a veces suele presentarse con matices o acentos distintos, tienen una matriz común.

Esa situación, también la podemos visualizar, con relación a los contenidos de la Ley de Urgente Consideración o en el acuerdo político que posibilitó la actual coalición de gobierno.

¿Cuál es ese campo de acuerdos o acción común de las derechas en este contexto que pretendemos analizar?

El de la impunidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura y el período de autoritarismo estatal que la precedió.

Al igual que existen en el campo de la izquierda o progresismo, un espectro de posiciones que esquemáticamente se los ubican como de moderados y de radicales, también en el campo de la derecha, existe un espectro de posiciones, a partir de las cuales, se los clasifican como de derecha moderada y de extrema derecha.

Tanto en la izquierda, como en la derecha, se producen campos de tensión interna, que generan dos fenómenos interesantes de analizar.

Por un lado, esfuerzos políticos para gestionar esas tensiones de manera tal que no pongan en riesgo los objetivos estratégicos comunes que los unen, y que su existencia no imposibiliten la convivencia de variantes tácticas.

Estos lo podemos ver actualmente, donde las tensiones no arriesgaron el objetivo de desplazar a la izquierda del gobierno, y luego desde el poder, destruirla políticamente (electoralmente).

Y, el otro fenómeno que queremos analizar, es la existencia de valoraciones erróneas o comportamientos erráticos de la izquierda, que no tienen en cuenta los objetivos a largo plazo de la derecha, y desarrollan políticas a partir de interpretaciones de supuestas coincidencias entre actores de uno y otro campo.

Veamos, aunque muy esquemáticamente, algunos ejemplos sobre el primer fenómeno.

En el campo de la derecha, a consecuencia de su determinación de gestionar el pasado reciente a partir de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado (ley 15.848), se desató un campo de tensión importante que determinó, por ejemplo, en el Partido Nacional la clara oposición del Movimiento Nacional de Rocha, llevándolo inclusive a sumar su militancia en el referéndum contra ella.

Aunque, luego de la ratificación de la ley de caducidad en el referéndum de 1989, se produjo un nuevo alineamiento de fuerzas en torno a la defensa de la impunidad, salvo en aquellos sectores que abandonaron sus filas.

El mismo fenómeno, aunque creo de menor entidad, ocurrió en filas del Partido Colorado.

Dicho de otra manera, en la interna del campo de la derecha terminaron primando aquellas posiciones comprometidas en mantener la impunidad o de no cuestionarla, hasta nuestros días. Mientras que, en filas del coloradismo, el involucramiento militante a favor de perpetuar la impunidad, casi no presenta matices.

En el campo de la izquierda, las tensiones existentes en torno a los acuerdos del Club Naval, se atenuaron o se neutralizaron a partir del escenario que se instaló en el país con la aprobación de la ley de caducidad y el referéndum para anularla.

Posteriormente emergieron otras tensiones, aunque con distintos actores, a partir del resultado del referéndum de 1989, que se ubicaron en la problemática de si el resultado del referéndum implicaba sacar definitivamente el reclamo de justicia de los objetivos de la izquierda o, por el contrario, actuar dando continuidad a la lucha por verdad y justicia, procurando abrir grietas en el muro de la impunidad.

La polémica de Fernández Huidobro y Hugo Cores en el Congreso del Frente Amplio de lo que hacer con la ley de caducidad desde el gobierno de la izquierda; el comportamiento parlamentario en torno a la llamada ley interpretativa del sector liderado por Fernández Huidobro; el poco apoyo al plebiscito del voto rosado; las declaraciones de Líber Seregni y José Mujica sobre el enjuiciamiento a militares, son algunos indicios, de que la izquierda no logró, como lo hizo la derecha, realinear realmente sus fuerzas en torno a este tema de la impunidad.

Sin embargo, desde organizaciones sociales y algunos pocos sectores políticos de la izquierda, se continuó insistiendo en reclamar justicia y se ensayaron distintas acciones, tanto a nivel nacional como internacional, para lograrlo.

Tengo la percepción que, a partir de esas acciones, fue desde donde se generaron las condiciones para un realineamiento más claro, aunque no lo suficiente, en el campo de la izquierda, en torno a la continuidad de la lucha contra la impunidad. Eso no impidió que hasta hoy, se mantengan y convivan matices y diferencias importantes sin saldar. Fundamentalmente por la persistencia de visiones en torno a la teoría de los dos demonios.

En cuanto a la existencia de valoraciones erróneas a partir de lecturas políticas que identificaban supuestas coincidencias entre actores de uno y otro campo, solo voy a anotar algunas que existieron en el campo de la izquierda:

• las valoraciones sobre los comunicados 4 y 7;
• la colaboración con los militares en el tema de los ilícitos económicos;
• el propiciar o sumarse acríticamente a la propuesta de Batlle en torno a la Comisión para la Paz;
• las supuestas coincidencias con algunos planteos populistas y/o nacionalistas del líder de Cabildo Abierto.

Pero vayamos al asunto que me interesa analizar, de acuerdo a los parámetros de este conversatorio.

Anotamos al comienzo de nuestra intervención, que uno de los objetivos de la derecha, en el contexto que estamos analizando, era y es preservar la impunidad de las graves violaciones del terrorismo de Estado.

Para concretar ese objetivo se desarrollaron distintas iniciativas o mecanismos de impunidad, con el objetivo de lograrlo.

En una de sus primeras etapas, ya que las fuerzas armadas no aceptaban una amnistía, su objetivo fue evitar que sus comportamientos fueran objeto de indagatorias por la justicia civil.

 Esa primera etapa se inicia con la finalización de la dictadura y la reinstalación de la democracia, cuando las víctimas o sus familiares reclamaron ante la justicia penal, sobre todo lo que la actuación ilegal del Estado había afectado: desapariciones forzadas, apropiaciones de menores, asesinatos, torturas, prisiones ilegales, delitos sexuales.

Esa etapa, se extiende hasta el 2011. Los hechos que comienzan a marcar su fin son

• los primeros 23 procesamientos de militares y civiles, entre 2002 y 2010,
• la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de caducidad en el caso Sabalsagaray en 2009;
• la condena al Estado uruguayo de la Corte IDH en el caso Gelman,
• y el consiguiente restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado en 2011.

Cuando el Poder Judicial empezó a atender las demandas de justicia en 1985, la derecha para impedirlo, pusieron en práctica el mecanismo de impunidad consistente en que los liberaran de ser investigados por la justicia penal, reclamando que fuera la justicia militar quien entendiera en esas denuncias.

Ese propósito, aunque dilató el tratamiento de las causas –junto con otros mecanismos de impunidad usados hasta hoy para retardar los procesos con la expectativa de que los imputados mueran como viejos inocentes–, no tuvo éxito, fracasó ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia estableciendo la competencia exclusiva de la justicia ordinaria.

 ¿Qué hizo la derecha, cuando la justicia reinicio las indagatorias citando a los militares? Aprueba la ley de caducidad.

Esa ley, y la cultura de impunidad emergente de ella, fue el gran obstáculo que la derecha ideó y puso en práctica sistemáticamente, para que no fuera atendido el derecho a la verdad y la justicia. Y con ella, la batalla que la derecha perdió en la contienda de competencia de la justicia militar, la obtuvo con el cumplimiento del artículo 4°, al otorgárselo Sanguinetti, a los fiscales militares, con el resultado conocido.

 Tanto los criterios y objetivos limitados que se acordaron para la actuación de la Comisión para la Paz en el 2000, y los informes solicitados a las fuerzas armadas por Tabaré Vázquez en el 2005, no afectaron ni se apartaron del propósito de las fuerzas armadas de no ser indagadas sobre sus responsabilidades penales durante el terrorismo de Estado.

 En este período analizado y con relación a los objetivos de la derecha, se puede concluir un resultado bastante favorable a ella, tanto por haber evitado que las fuerzas armadas fueran objeto de indagatorias sobre sus responsabilidades –salvo en los casos que reseñamos anteriormente, previos a la sentencia de la Corte IDH–, y haber logrado sumar a la izquierda a la lógica de la ley de impunidad, salvo contadas excepciones.

 Hay otro tema, otra problemática que trascurre paralelamente a lo reseñado anteriormente, y que al no ser resuelta adecuadamente, se mantiene hasta nuestros días.

 Me refiero a qué delitos de lesa humanidad serían asumidos por el Estado para dar una respuesta sobre ellos, acorde a la existencia de un Estado de Derecho.

 Sobre esto, recordemos que además de reclamar la amnistía general e irrestricta para los presos políticos en noviembre de 1984, familiares de detenidos desaparecidos y de procesados por la justicia militar, entre otras organizaciones reclamaron una Investigadora parlamentaria con amplias facultades de investigación, de cuyos resultados surgirían los antecedentes necesarios para su enjuiciamiento por la justicia civil.

Ese reclamo, fue parcialmente atendido en abril de 1985, instalando a nivel de diputados, una “Comisión Investigadora sobre situación de Personas Desaparecidas y hechos que la motivaron”.

Allí, quedaron fuera de toda consideración, los asesinatos, las torturas, las prisiones indebidas y los delitos sexuales.

Aquí me quiero detener en este otro mecanismo de impunidad, o funcional a ella.

Se trata de un movimiento sutil, que empezó a desplegarse, y tengo la impresión que se nos pasó desapercibido, como parte de las estrategias de impunidad futuras de la derecha. Me refiero a acotar, limitar las responsabilidades del Estado a las desapariciones.

Que esas serían las conductas violatorias a los derechos humanos que el Estado debe “resolver”, y aun en ese caso, limitando su resolución al hallazgo de los restos, o a aceptar la versión de los militares de un supuesto destino de los mismos, que serían imposibles de recuperar.

Esa lógica reduccionista la encontraremos, además, en la citada investigadora parlamentaria, en la Comisión para la Paz, en las informaciones solicitadas por Tabaré Vázquez a los comandantes en jefe de las tres armas, y hasta en las consignas convocantes de las movilizaciones de defensa de los derechos humanos.

Hay una explicación, al menos para eximir de alguna responsabilidad sobre esto a quienes, a pesar de la ley de caducidad, intentaron y en algunos casos lograron abrir grietas en el muro de la impunidad. Me refiero al carácter de delito continuado de las desapariciones, que hacía que ellas estuvieran fuera de los períodos que amparaba la ley de caducidad, y por esa razón era conveniente en aquellos tiempos, poner exclusivamente el acento principal en ellas. A eso se sumaba que esas desapariciones implicaban también las de menores apropiados.

Resumiendo, un contexto donde las derechas desarrollan y crean las condiciones de los distintos dispositivos o mecanismo de impunidad:

• el auto investigarse, que lo pierden en el primer intento en el reclamo de competencia de la justicia militar, y lo recuperan con la aprobación de la ley de caducidad y el cumplimiento del artículo 4° por los fiscales militares;
• mediante la batalla contra el tiempo;
• mediante el intento de la participación de los con-jueces militares en la SCJ;
• los recursos de inconstitucionalidad y otras chicanas;
• las posiciones sostenidas por mayoría una Suprema Corte de Justicia, logradas en oscuras negociaciones políticas;
• las represalias a integrantes del sistema judicial y del sistema político, por desafiar la lógica de la impunidad;
• y, finalmente, el ocultamiento de información.

El problema que tenía la derecha de gestionar el pasado reciente de manera que no significara la actuación de la justicia penal, no logró resolverlo finalmente. Fue un objetivo en el que fracasó.

También fracasó en tratar que Uruguay viviera de espaldas a los avances que la humanidad estableció para combatir los delitos de lesa humanidad.

 La irrupción de Cabildo Abierto es un claro signo de un nuevo escenario, en el que debemos ubicar el revisionismo, los distintos proyectos parlamentarios, la disputa de la memoria, los ataques al sistema judicial y a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a la fiscalía especializada conducida por Ricardo Perciballe, etc.

 Por último, también muy esquemáticamente, para no excederme más en el tiempo asignado, voy a referirme a un aspecto muy importante.

Con la ley de caducidad se instala en Uruguay y también en países de la región que vivieron procesos de autoritarismo estatal, un nuevo campo de tensión que se origina en el campo político-militar y que produce una perversión en el campo jurídico con leyes de impunidad.

Las normas penales se supone que fueron creadas para proteger al ciudadano. En el tema que estamos analizando de las violaciones a los derechos humanos, para proteger al ciudadano de las arbitrariedades del Estado. La ley de caducidad cambia el sentido, transformándose en protección del Estado autoritario durante el pasado reciente.

Las políticas de los Estados, del signo que sean, que se sienten tentados en perpetuar esa perversión, hizo necesario la instalación de sistemas de protección internacional de los derechos humanos, como el sistema interamericano de derechos humanos, la Corte Penal Internacional y de pactos y convenciones de protección.

El desconocimiento de la derecha de esos deberes inherentes a los Estados o la poca voluntad política de la izquierda, deberían ser consideradas, en el marco de algunas cosas que señalamos anteriormente en este trabajo.

Esa situación se agrava en el nuevo escenario político actual, a partir de la presencia en la coalición de gobierno de Cabildo Abierto.

Las normas incorporadas en la LUC referidas a políticas punitivas, van en el sentido de amparar al Estado y no al ciudadano, mas allá de que sean presentadas como todo lo contrario.

Una última reflexión: Estoy convencido de que las condiciones políticas son las que en última instancia habilitan la actuación efectiva del derecho, eso lo hemos vivido en Uruguay reiteradamente. Pero, también creo que, una vez que las normas de efectiva protección de los derechos humanos se ponen en práctica, la repercusión que eso tiene sobre esas condiciones políticas es importante.