Formas de hacer política en Maldonado
Publicado el 08/05/22 a las 10:18 pm
Por Beatriz Jaurena
Exposición de la edila de Maldonado ante los cuestinables mecanismos de selección en la educación.
El curso de primer año en MPI tuvo un cupo de 40 estudiantes, pero hubo 70 interesados, por lo que la institución hizo un sorteo mediante escribano público. Clavijo fue una de las 30 estudiantes que no pudieron matricularse. Sin embargo, decidió presentarse el primer día de clase. Al advertir la situación, el equipo de docentes “alentó” a la estudiante a seguir las materias de Maestro de Educación Común -carrera en la que sí está inscripta-, que pueden acreditarse en MPI.
La estudiante no aceptó la propuesta y dijo a sus padres que el docente Dagoberto Velázquez le había hecho “firmar un documento de renuncia” a la carrera, algo que fue negado por el Sidfe en la carta dirigida a la ANEP. “Motivados por esta información”, Graziuso y Clavijo cuestionaron a la directora, quien les explicó el mecanismo de selección empleado.
Entonces “comienzan a insultarla y a indicarle que iban a denunciar este hecho frente el Consejo de Formación en Educación (CFE)” y le advierten que “políticamente podían solucionar el ingreso de su hija”. “Con el mismo ímpetu de los agravios mencionados, [Graziuso y Clavijo] le piden a la directora [conocer] el domicilio” del docente acusado por su hija.
Más tarde, según denuncian, Weigle recibió una llamada del presidente del CFE, Víctor Pizzichillo, quien “exigió la incorporación” de la estudiante en MPI por “resolución directa”.
El jerarca también le ordenó a Weigle que “se disculpe” con los padres y le de ingreso en forma directa.
El Sindicato de Docentes de Formación en Educación (SIDFE) denunció, ante la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la “agresión” que recibió la directora de Magisterio, Nathalia Weigle, situación también ha sido denunciada públicamente por ADEMU y les estudiantes del centro de estudios.
Más allá de lo reprochable de la actitud, actitud que condenamos en cualquier casos y que el padre es un hombre mediático que genera opinión pública por lo que el grado de violencia y prepotencia es preocupante, hoy nos ocupa el lugar y responsabilidad de la señora Graziuso, Directora general de asuntos legales de la Intendencia cargo de confianza y suplenta del intendente Antía,
La directora general de asuntos legales que aseveró que podía solucionar políticamente el tema y llamo al presidente del consejo de formación en educación en una clara violación de la laicidad, abuso y amenaza.
No es la primera vez que la jerarca incurre en este tipo de actitudes, su nombre trascendió fronteras por ejecutar “expulsiones preventivas” de personas en Punta del Este, decenas de juristas la acusaron de estar echando a uruguayos del balneario por «porte de cara».
En marzo de 2011 cuando una niña cae desde la torre de avistamiento de ballenas (faltaba una tabla debido a un acto de vandalismo) y siendo la misma competencia del Ministerio de turismo, Graziuso actuó de oficio y citó de todas formas como indagado al secretario general de la intendencia. Tuvo que Archivar la causa tiempo después.
En marzo de 2010 una cuadrilla de funcionarios municipales dañó el muro de la casa mientras recogía podas con un camión. El esposo de la magistrada denunció el hecho como “daño” y, sin ser funcionario público, también denunció “atentado”. El expediente pasó a la propia Graziuso, quien antes de declinar competencia citó a los funcionarios con su jerarca, solicitó relevamientos a la Policía Técnica y elaboró un memorando donde calificaba “como dolosas” las declaraciones que recabó y podríamos seguir.
Es inadmisible que una persona que ocupa un cargo de responsabilidad en el ejecutivo se maneje de esta manera, no podemos permitir que se impongan estas formas de hacer política.
Aquí nadie es más que nadie y todos y todas tenemos los mismos derechos. Es por eso que la bancada del FA, como ya lo hiciera público en la conferencia de prensa, pide la remoción del cargo de Adriana Graziuso.
Igual consideración nos merece el Sr. Víctor Pizicillo quien exige la incorporación por resolución directa de la estudiante y ordena a la directora disculparse con los padres, llama a la directora del centro y da la orden, haciéndose cómplice de la situación sin haberse informado y cometiendo las mismas, desconociendo los derechos de los/as demás estudiantes que quedaron en lista de espera.
Los docentes en un comunicado público calificaron la actuación de Pizzichillo como “injerencia inapropiada” y consideraron que la resolución del CFE implica una “vulneración de los derechos de los estudiantes que no fueron sorteados”.
También señalaron que el jerarca no se interesó en saber cómo se realizó la gestión del ingreso a la carrera, por lo que ignoró el “correcto desempeño de los funcionarios”. “Vemos amenazada la imagen que toda la comunidad educativa tiene” de la institución, lamentaron.
La solución es la creación de otro grupo, pero el problema es que los recortes presupuestales efectuados no lo permiten. El 15 de marzo el sindicato denunció estos recortes a la formación docente con estas consecuencias, superpoblación e inhabilitación de grupos en modalidad semipresencial y retraso en la evaluación de varios llamados.
Ante esta situación nos preguntamos, ¿A qué modelo de educación estamos apuntando? Hoy hay una reforma educativa en marcha sin la participación de los/as involucrados/as, ¿Se va a basar entonces en la arbitrariedad, el miedo a perder los puestos de trabajo y la violación de la laicidad? ¿Es que el derecho a la educación depende del color político y los vínculos que se tienen? ¿Es que mis hijos y los hijos e hijas de los vecinos y vecinas no tienen los mismos derechos?
Este no es un hecho aislado, es por eso que repudiamos esta situación y daremos los pasos necesarios para que esto no se repita. ¡Viva la educación pública laica!
