La energía de los «malla oro»
Publicado el 01/12/21 a las 6:54 am
Por Mauricio Pérez
El gobierno apronta un decreto con cambios en la regulación del mercado eléctrico que les permitiría a las empresas más poderosas del país (los grandes consumidores) ingresar libremente al mercado spot y reducir sus costos de producción a expensas de pérdidas millonarias para las arcas de UTE. La directora frenteamplista en el organismo consideró que, con esto, se otorga un subsidio desde el sector residencial a los «malla oro».En Uruguay existen 998 empresas catalogadas como grandes consumidores de energía eléctrica. Es decir, que tienen un consumo extensivo de energía. Todas ellas tienen contrato directo de suministro con UTE. Su peso en las finanzas de la empresa estatal es sustantivo: consumen el 18,5 por ciento de la energía producida por el ente y representan el 11 por ciento de su facturación total. Pero eso puede cambiar, porque el Poder Ejecutivo prepara un decreto a fin de, entre otras cosas, facilitar el ingreso de estos grandes consumidores al mercado spot para la adquisición libre de energía. Este es un tipo de mercado energético en el que los precios varían en franjas horarias de acuerdo a la variación de la demanda y a la disponibilidad de los equipos que haya en cada momento.
El corazón de la propuesta, impulsada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), radica en la modificación del decreto 360/002, que regula el mercado mayorista de energía eléctrica. Con el cambio planteado, estampado en una «propuesta borrador», estos grandes consumidores tendrán la posibilidad de adquirir la energía en el mercado spot, donde los precios, hoy en día, son sensiblemente menores a los del mercado de contratos gracias a las multimillonarias inversiones del Estado para el cambio en la matriz energética.
En contrapartida, la decisión implicaría un riesgo para UTE, empresa que en 2020 logró una facturación de 1.300 millones de dólares y que, por decisión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, este año debió incrementar en 116 millones de dólares sus transferencias a Rentas Generales. La directora de UTE en representación del Frente Amplio (FA), Fernanda Cardona, aseguró que esta propuesta, que ingresó días atrás al directorio de la empresa energética, no solo implicará pérdidas millonarias al organismo, sino que representa un subsidio directo desde el sector residencial –es decir, desde el común de la población– a los «malla oro».
MERCADO MAYORISTA
La compra y la venta de energía están reguladas por la ley 16.832, aprobada en junio de 1997, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. Allí se consagró, en efecto, una desregulación del marco eléctrico y se habilitó a los grandes consumidores a adquirir la energía a través del mercado de contratos a término (de mediano y largo plazo) y el mercado spot (donde se concretan las transacciones de corto plazo, para conciliar excedentes y faltantes de energía). Sin embargo, ese mercado nunca pudo desarrollarse y ocupa un espacio residual de la compraventa de energía.
Por disposición legal, las empresas tienen la obligación de contratar en forma anticipada un mínimo del 50 por ciento de la potencia contratada a cualquier proveedor, con el objetivo de asegurar el abastecimiento de la demanda de consumo. Esto hace que los riesgos de utilizar el mercado spot sean mayores que sus eventuales beneficios económicos. Por eso todos los grandes consumidores contratan en forma directa con UTE, que les garantiza un suministro continuo y de calidad.Sin embargo, las fuertes inversiones de los últimos años en materia de generación de energía y el cambio en la matriz eléctrica del país provocaron un aumento sustantivo en la oferta de energía y, con ello, una reducción de su precio en el mercado spot. El precio en este mercado se define en la relación oferta-demanda y el costo variable de la producción de energía; esto varía a cada hora, con posibles saltos importantes en períodos cortos de tiempo.
En 2021, un año con lluvias estables y una abundante generación de energía de fuente eólica y solar, el precio en el mercado spot se mantuvo en niveles bajos, con valores que, en ocasiones, tendieron a cero. El informe de Seg Ingeniería muestra que el precio promedio del mercado spot en octubre de 2021 fue de 74,46 dólares por megavatio hora; ese mes, el precio de la energía eléctrica del sector industrial de media tensión –es decir, el precio de los contratos con UTE– fue de 111 dólares por megavatio hora.
De acuerdo al informe de Seg Ingeniería, el precio máximo promedio en el mercado spot de este año fue en agosto, con 129,38 dólares por megavatio hora, el mínimo fue en julio, con 51,61. Todos estos precios fueron altos comparados con el precio registrado en octubre de 2020: 39,20 dólares por megavatio hora. Si se analiza a nivel micro (por hora), se constata, por ejemplo, que los días 24 y 25 de octubre el precio consolidado de la energía fue de cero durante todo el día.
En este contexto, la propuesta del Poder Ejecutivo apunta a eliminar la garantía de suministro, es decir, la obligación de estas empresas de contratar un mínimo para cubrir en forma anticipada su demanda de potencia firme. Se trata de un cambio de fondo del régimen del mercado mayorista, ya que se habilita a estas empresas a «jugar» con las proyecciones de oferta y demanda de energía previstas para cada año y elegir el escenario más conveniente para sus intereses, para su rentabilidad.
De esta forma, las empresas pueden aprovechar una eventual coyuntura de fuertes lluvias y altos niveles de producción de energía eólica y solar para adquirir energía a bajo precio en el mercado spot y trasladarse al mercado regulado –con contrato firme– cuando se proyecte un año de fuerte sequía y de alza en el precio spot. Todo esto, sin ninguna contraprestación y sin ningún perjuicio ante eventuales medidas de racionamiento por falta de energía, un escenario no previsto para los próximos años.
La lista de grandes consumidores se maneja en reserva en UTE. Sin embargo, estas empresas están nucleadas a través de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía Industrial, que desde hace años ejerce un fuerte lobby para intentar reducir los costos de la energía eléctrica, de forma de mejorar sus ganancias. Allí están empresas relevantes dentro del entramado industrial uruguayo, como Coca-Cola, Conaprole o Efice, entre otras.
Ante esto, la directora frenteamplista se mostró crítica con la propuesta: «Este proyecto traduce la voluntad política de beneficiar a los privados de gran poder adquisitivo más que al interés común de la ciudadanía. Con este decreto hay un solo ganador, los “malla oro”, no gana la empresa pública, no ganan las micro, pequeñas y medianas empresas [mipymes], no gana la gente, por el contrario, son los que van a perder más, ya que van a soportar el costo de mantener una estructura para unos pocos. Con esto, los grandes consumidores se apropiarían de los beneficios de las grandes inversiones en materia de cambio de la matriz energética; sería una especie de subsidio directo de la gente a las grandes empresas», apuntó Cardona.
DE LARGA DATA
La decisión de intervenir en la regulación del mercado de energía mayorista fue esbozada por el ministro de Industria, Omar Paganini, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores, en el marco del debate de la rendición de cuentas. «En el sector eléctrico se buscó, y se sigue buscando, facilitar el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista, con participación pública y privada», dijo, como al pasar, Paganini.
En efecto, los cambios en la regulación del mercado son analizados desde principios de 2021 en la Administración del Mercado Eléctrico (ADME), una persona pública no estatal, integrada por representantes del sector público y privado, cuyo cometido es administrar el mercado mayorista de energía eléctrica. La ADME, creada en la ley 16.832, está presidida por el director nacional de Energía, Fitzgerald Cantero e integrada por un representante de UTE, uno de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, un representante de los grandes consumidores y un representante de los generadores privados.
En ese ámbito, el gobierno planteó su intención de transitar el camino de una mayor apertura del mercado spot y conminó a todos los integrantes a elaborar propuestas para iniciar el proceso de discusión. Con esos insumos, el MIEM elaboró la propuesta borrador del decreto que se plantea adecuar el reglamento del mercado energético. Entre otras cosas, en esa norma se considera pertinente hacer «modificaciones al sistema de garantía de suministro vigente, con el objetivo de fomentar el mercado mayorista de energía eléctrica y simplificar el sistema»; el borrador tiene 40 artículos.
En los procesos de discusión en ADME, el Poder Ejecutivo presentó algunos modelos teóricos del posible impacto de la medida en estas empresas. El ejemplo base indica que una empresa podría tener un ahorro de entre 300 mil y 400 mil dólares anules por ingresar al mercado mayorista. Sin embargo, la información entregada al directorio de UTE, que fue puesta a consideración el miércoles 17, no incluye ningún estudio de impacto económico de esta decisión en el mercado eléctrico y, mucho menos, en las finanzas de la empresa estatal.
En este sentido, Cardona afirmó a Brecha que la propuesta fue enviada directamente y sin mayor intercambio con los técnicos de UTE, y mucho menos con el directorio. «Desde el punto de vista de la organización del Estado, UTE es el ente autónomo con competencia en energía. Este proceso implica desoír al ente que por definición “soportará” las consecuencias de esta modificación», expresó Cardona.
La jerarca apuntó que los informes técnicos de los servicios gerenciales de UTE son contestes en considerar que el proyecto de decreto supone «una verdadera amenaza para la empresa pública», ya que «le puede representar pérdidas por millones de dólares al organismo». Con esto, la empresa podría perder los contratos directos y consolidados con los grandes consumidores (que actualmente representan unos 150 millones de dólares anuales) y limitarse a cobrar por el peaje de transmisión y distribución de la energía a través de su red eléctrica.
Esto conlleva la paradoja de que, en un momento en el que UTE podría comenzar a plasmar los beneficios del cambio de la matriz energética en una rebaja de la tarifa eléctrica a la población, se presenta una propuesta que supondría un beneficio solo para los grandes consumidores. Para Cardona, el perjuicio a la empresa estatal podría rondar los 60 millones de dólares al año: «Esta cifra alcanzaría para solucionar la situación de las 60 mil familias con riesgo de corte del suministro eléctrico y bajar la tarifa dos puntos a todas las mipymes y a todos los hogares».
Fuentes del MIEM indicaron que la propuesta de modificar la regulación del mercado eléctrico está siendo impulsada directamente por el ministro de Industria, en colaboración con sus asesores más cercanos, entre ellos, el economista Felipe Bastarrica, director ejecutivo del Observatorio de Energía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica del Uruguay, cargo que supo ocupar el propio Paganini. Actualmente, Bastarrica se desempeña como consultor energético externo para el Banco Interamericano de Desarrollo, asesorando a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y al MIEM.
En este contexto, uno de los argumentos para promover el cambio normativo es que UTE podría compensar esos eventuales perjuicios económicos con las ventas de energía al exterior. Esto implicaría, según Cardona, dejar un ingreso fijo, concreto y estimado, que permite diagramar las inversiones de la empresa en el largo plazo, por un ingreso eventual e imposible de cuantificar y que estará sometido a los vaivenes del mercado eléctrico regional.
De acuerdo al informe de Seg Ingeniería, los fuertes ingresos de UTE por exportación de energía en 2021 se destacan por lo excepcional. Los estados financieros del ente muestran que, entre enero y setiembre de 2021, la empresa estatal obtuvo ingresos por más de 16.000 millones de pesos (unos 374 millones de dólares) por la venta de energía al exterior, lo que representa un monto casi cinco veces mayor a la cifra registrada en todo 2020. Esto se basó no solo en el aumento del volumen de energía exportada (por la sequía en Brasil), sino también por el precio estimado: este año, UTE exportó energía por 176 dólares el megavatio hora, un precio siete veces superior a los 24 dólares por megavatio hora que se registró en 2019, un año también de alta exportación de energía.
TOMADO DE BRECHA, 26/11/21
