viernes 24 de septiembre, 2021

Ancap, su desmantelamiento programado y el ya no tan misterioso factor X

Publicado el 14/08/21 a las 6:04 am

Por Carlos Peláez

La forma de calcular el último aumento de combustibles puso a consideración un elemento novedoso que esconde la intención del gobierno para desmantelar a la Ancap.

En una presentación conjunta que hicieron los ministerios de Economía y de Industria en abril pasado se explicó escuetamente cuáles son los componentes de ese Factor X que refiere a las pérdidas y subsidios que aplica el ente.

Ellos son: 1) Subsidio indirecto actividad Portland; 2) Mezcla de agrocombustibles no reconocida en el PPI; 3) Subsidio indirecto actividad Gas Licuado; 4) Sobrecosto estructural ANCAP.

Hechos los cálculos se estableció en $2.97 el valor unitario de ese factor. De ahí la suba extra de 3 pesos por litro decretado con el último aumento. 

Mientras tanto, y tal como está previsto en la LUC, también hay una forma diferente de calcular los aumentos que excluyen a la paramétrica y establece otra metodología basada en el  precio de paridad de importación (PPI) .

Como ha sido explicado por los colegas del portal 180 “los Precios de Paridad de Importación (PPI) son un ejercicio teórico que se realiza a partir de valores de referencia para simular cuál sería el precio de un importador que trajera combustibles a Uruguay cumpliendo con todas las normativas vigentes. El resultado de ese ejercicio teórico es el que determina el precio al que Ancap debe vender sus productos en planta a los distribuidores. Además, el Poder Ejecutivo fija el precio máximo de venta al público de esos productos”.

Pero el gobierno hace más. A través de algunos de los directores de Ancap, casualmente no de su presidente Alejandro Stipanicic un hombre con muchos años como funcionario del ente y que conoce su funcionamiento, lleva adelante una campaña de desprestigio señalando las pérdidas del  cemento,  las de Alur y el biocombustible y el hallazgo de materiales comprados y nunca usados.

Es una campaña consecuente del herrerismo que nunca quiso a Ancap. Tanto que el 15 de octubre de 1931, cuando a iniciativa del entonces diputado Luis Batlle Berres se creó la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, los diputados del Partido Nacional Herrerista no la votaron. Vale recordar que tampoco la votaron los representantes del Partido Socialista y del Partido Comunista. Pero con el paso de los años estos dos últimos partidos modificaron su posición, no así los herreristas a los que se debe reconocer su coherencia histórica.

Los batllistas de la época ya veían el potencial de ANCAP en el desarrollo industrial y de infraestructura del país, porque la ley original también preveía el monopolio de la fabricación de cemento.

Entonces los herreristas se oponían al monopolio. En un editorial publicado el 18 de octubre de 1931 en La Tribuna Popular, un diario identificado con ese  sector del Partido Nacional, se decía : “El batllismo  si no pone coto a sus atropellos  nos conducirá al sovietismo. El monopolio de la industria de los combustibles es acabadamente leninista y no sólo atenta el derecho inalienable de la iniciativa particular, sino que sembrará desconfianzas que impedirán la implantación de nuevas industrias, con grave perjuicio a nuestra economía. ¿Quién será el guapo que se atreva a establecer una nueva industria bajo la vehemencia monopolizadora del batllismo?” se preguntaba el editorialista.

En el año 2003 el Contralmirante Oscar Lebel publicó el libro Ancap: una visión geopolítica del Uruguay en el mundo del petróleo y allí aporta un dato desconocido por la gran mayoría.  En 1936, ya en dictadura, un ignoto diputado colorado de apellido Baltar, representante del riverismo, logra la aprobación urgente de un proyecto de ley presentado por él.

Esa ley  liquidó el monopolio del ente sobre la importación y venta de combustibles y favoreció a un trust integrado por las petroleras Shell, Esso, Atlantic y Texaco mediante la firma de convenios secretos con la empresa pública y por la que el trust se quedó con la mitad del negocio de combustibles.

Increíblemente ese convenio estuvo oculto al Parlamento hasta 1973. Jamás nadie explicó cómo fue posible mantenerlo  en secreto. Tanto que ni en la página web de Ancap figura alguna mención a la “ley Baltar”.

Antes del Frente Amplio

Hoy el gobierno de Coalición se encarga de señalar una y otra vez que los males de Ancap comenzaron con el gobierno de izquierda, por eso vale recordar qué pasaba antes del 2005. (1)

Fuentes de todos los partidos representados en el Parlamento y de FANCAP, coincidieron  que en el 2004 “ANCAP estaba al borde de desaparecer”.  Tenía una deuda de 350 millones de dólares, pero lo peor era que su infraestructura necesitaba inversión urgente a un costo de centenares de millones de dólares.

En 1997 el directorio del ente presidido por Eduardo Ache e integrado por Milka Barbato,  hizo negocios en Argentina con delincuentes buscados por Interpol . Unos 200 millones de dólares  perdimos con ese “negocito” . Y no perdimos  más porque nos salvó PDVSA que compró el “choclo” llamado Sol Petroleum. 

Una investigadora parlamentaria solicitada por el FA probó varias irregularidades y algún delito que pasaron a la justicia. En febrero del 2001 el entonces presidente Jorge Batlle destituyó a Ache. Pero nadie fue procesado porque la justicia no tenía fondos para solventar las pericias que debían hacerse en Argentina.

En 1998 se firmó un convenio con la empresa argentina Loma Negra, que dio origen a Cementos del Plata S.A. integrada entonces con un 55% de ANCAP  y un 45% de la cementera argentina, que sin embargo tenía mayoría en el directorio. El resultado de esa asociación fue tan deficitario que, según el  libro de Lebel “a partir de entonces la División Portland comenzó a dar pérdidas. Y nunca se recuperó. Hoy Cementos del Plata S.A. se integra con un 99.8% de la empresa uruguaya y 0.2% de Loma Negra”. 

 El negocio del  gas es peor: desde fines de los 90, Ancap pagó 429 millones de dólares  para la construcción de tres  gasoductos. Hoy el negocio del gas es casi inexistente. La empresa Montevideo Gas., recientemente en manos del Estado, provee gas por cañería a unos 6.000 clientes y es todo. Tenemos tres gasoductos, por dos de ellos solo circulan ratas.

Pero hubo una consecuencia más. Al deteriorado estado de las cañerías de hierro fundido se sumó que fueron hechas para un gas «húmedo» como el manufacturado. El gas natural «seco» llevó a que las juntas de las cañerías perdieran. Por tanto el 40% del gas que provenía de Argentina se fugaba al aire. O sea  no sólo no los usamos, sino que además no sirven.

Esta denuncia del Sindicato del Gas  fue caracterizada por sectores políticos como «una gran mentira de gente resentida». Pero en 2006 Gaz de France reconoció que era verdad cuando traspasó el contrato a Petrobras.

Otro negocio a pérdida millonaria absoluta fue la asociación con una destiladora escocesa en el año 2001, presuntamente para potenciar las bebidas alcohólicas que producía ANCAP. Pero el resultado fue la pérdida del 50% del mercado del whisky nacional. La empresa pública decidió no hacer un juicio por incumplimiento de contrato y se acordó una salida negociada de una deuda de la escocesa, que jamás pagó. En el año 2018 CABA tuvo que cerrar después de acumular pérdidas  por unos 30 millones de dólares. (1)

Ancap en la era progresista

En el año 2005  ANCAP, encabezada entonces por Daniel Martínez, recibió un ofrecimiento irrechazable por parte de PDVSA encabezada por Rafael Ramírez. El acuerdo firmado entre ambos países estableció que Uruguay pagaría el 75% de cada embarque en un plazo de 90 días y el 25% restante a largo plazo y sin intereses. Y que finalmente canceló en el 2015 con una quita del 38%.

Nuestro país importaba entonces unos 12 cargamentos de 900.000 barriles cada uno al año, por lo que el acuerdo firmado le dejaba al ente una caja de decenas de millones de dólares con los que podía solventar las inversiones necesarias.

Y fue aquí cuando Martínez tomó una decisión que tendría consecuencias a futuro. Eliminó la Gerencia General y puso a todos los gerentes de las empresas de grupo Ancap al mismo nivel, por lo que se les otorgaba facultades importantes para definir el rumbo de cada una de ellas. El problema es que, salvo la refinería, todas las otras operan bajo derecho privado.

Entonces comenzó la transformación que era imprescindible, pero fue mal ejecutada. Luego Raúl Sendic y Leonardo D León, entre otros, se comportaron como quien  saca el 5 de Oro y no sabe qué  hacer con tanta  plata.

La Desulfurizadora fue proyectada con un presupuesto de 60 millones de dólares, terminó costando 430 millones de dólares,  el día de la inauguración se organizó una fiesta sobredimensionada y hubo que oír a Cristina Fernández decir que había sido financiada por Argentina, cuando fue enteramente pagada por Uruguay.

La planta de Alur terminó costando 150 millones de dólares cuando originalmente estaba proyectada para un costo de 50 millones.

La reconversión y ampliación de la planta de cemento portland de Minas estaba presupuestada por 45 millones de dólares, costó 120 millones y el directorio dijo que eran necesarios otros 27 millones para completarla.

Para la planta de cemento de Paysandú se adquirió un tercer horno a un costo de 85 millones de dólares, pero para montarlo son necesarios otros 100 millones, por lo que el horno permanece guardado desde hace 5 años en decenas de contenedores.

Y a esto se suman los desatinos con el remolcador Ky Chororo; el contrato con la empresa Pleno Verde para trasladar a Candiota la cal que se produce en Treinta y Tres, sin licitación y a la que se le entregó un adelanto de dos millones de dólares para la adquisición de camiones.

La planta de fabricación de cal construida en Treinta y Tres tuvo un presupuesto inicial de 80 millones de dólares pero terminó costando 147 millones. 

Sin olvidar a la Regasificadora, compartida con UTE y en el que literalmente se tiraron,  según los números  de hoy, 200 millones de dólares en un proyecto inviable antes de empezar.

En el 2015 hubo que recapitalizar a Ancap en 900 millones de dólares porque estaba fundida. Eso provocó un ajuste fiscal.

Es cierto, la empresa tuvo una importante e imprescindible renovación, pero el precio que se pagó fue altísimo. No sólo fue financiero,  costó un vicepresidente a la República y los resultados están a la vista. (2)

Con la Coalición Multicolor

Hace un par de semanas el ex presidente Luis Lacalle Herrera dijo que “la agenda que fijó el gobierno del 90 al 95 es la agenda que hoy tiene el país”.

Más allá de la soberbia y anacronismo que surge de esa interpretación, hay que recordar que parte de esa agenda era privatizar a las empresas públicas, algo que fue rechazado en el referéndum del 2003 por el 62,3% de los ciudadanos.

Pero los anuncios de hoy en día llevan a creer que se va a intentar algo parecido. Por lo pronto ya se resolvió terminar con la mezcla de biocombustible en el gasoil y eso llevará, inevitablemente, al fin de ALUR.

Se insiste reiteradamente con las pérdidas que provoca el cemento y en los últimos días dos diputados de la coalición (uno blanco y otro colorado) anunciaron la presentación de una ley para desmonopolizar al combustible.

Sin olvidarnos de los anuncios sobre subsidios al gas en garrafas y al combustible del transporte de pasajeros.

Todos los anuncios se sostienen en el latiguillo que  Ancap es ineficiente y los sobrecostos recaen en el precio del combustible. El precio que paga el público ya no se basaría solamente en el costo del barril de petróleo y el valor del dólar, sino en el Factor X.

Y el ciudadano que ve cómo los precios se disparan, tiende a creer que el precio bajará si Ancap resuelve sus sobrecostos.

Pues les tengo malas noticias.

Lo que no explica el gobierno

Liquidar el monopolio de Ancap es decretar su cierre. Tal vez eso pretendan el senador herrerista Sebastián Da Silva y el diputado colorado Felipe Schipani.

Lo que valoriza al ente es precisamente el monopolio. Pero, no crean que muerto el perro se terminará la rabia.

En 1931, antes de Ancap, la Standard Oil vendía combustible a 14 centésimos el litro en Montevideo y a 20 en el interior. Si a futuro el precio sería regulado por el mercado ¿podrán asegurar que en recónditas ciudades del interior, dónde hay una sola estación de servicios, el precio será igual para todos?

No explican la infraestructura que habrá que armar para importar combustible a un costo millonario. Desde una terminal portuaria apropiada hasta los tanques de almacenamiento. Salvo que les regalen las instalaciones y las terminales de Ancap.

Lo que no dice el gobierno es que apenas el 42% del precio del combustible es lo que recibe Ancap y con eso debe comprar petróleo, los dólares para pagarle y sostener su infraestructura. El otro 58% son impuestos y costo de distribución. Por lo tanto a mayor suba de precios, mayor recaudación impositiva algo que no están dispuestos a ceder

Pero además ¿de dónde vamos a importar? Argentina no tiene excedentes y Brasil es agregar un nuevo problema. Como todos sabemos la nafta brasileña es de muy mala calidad. Y eso tiene una razón que se llama “obsolescencia programada”. Ese país es un gran fabricante de automóviles y su mercado interno es enorme. Necesitan vender autos, por eso no importa que el combustible dañe a los motores.

Entonces habrá que importarlo de otros países. Y aquí entra un componente con el que nadie cuenta. Según el Portal Portuario “ en junio de este año  los costos de los fletes marítimos de combustible aumentaron hasta un 30%”  y su tendencia es al alza.

En lo que respecta al cemento las pérdidas no sólo se generan por un asunto de gestión. Es un área donde se cruzan muchos intereses e incluso, como ya lo hemos probado, intereses de jerarcas del ente que han hecho negocios sin conocimiento de las autoridades.

Un asunto complejo en un mercado donde ahora operan dos grandes cementeras privadas con las que Ancap no puede competir.

El 11 de junio del 2020 y a propuesta del ministerio de Economía y Finanzas el presidente Luis Lacalle Pou firmó una resolución por la que exonera del impuesto a la Renta de Actividades Económicas (IRAE), del impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales a empresas cementeras administradas por el estudio Posadas, Posadas & Vecino.

En julio del 2016 las empresas Colina Justa S.A, Eromar S.A. y Mondello S.A. resolvieron “disolverse sin liquidarse y pasar todo su patrimonio a Cemento Artigas S.A.” El trámite ante el ministerio de Economía se inició en mayo del 2017.

Pero la exoneración se otorgó un mes antes de que se publicara en el diario oficial la liquidación de estas tres empresas y su balance, y por lo tanto recién adquiriera valor legal,

El patrimonio más importante de esas tres empresas son los yacimientos de calizas que según fuentes de Dinamige se estiman en unas cien millones de toneladas.

El valor ficto de cada tonelada es de 350 pesos, por lo que la operación sólo en calizas tiene un valor de 35.000 millones de pesos. Además está el valor de la tierra donde se encuentran esos yacimientos. Sobre este monto, que tiene esa base mínima no se pagará ningún impuesto.

Pero la historia es más larga y tiene otros elementos. Entre ellos los perjuicios sufridos por Ancap y un funcionario de Dinamige destituido a propuesta de Pedro Bordaberry, entonces Ministro de Industria, por conjunción de intereses, aunque nunca fue denunciado ante la justicia.

La decisión presidencial se sustenta en el artículo 26 de la ley 16.906 aprobada el 7 de enero de 1998 y conocida como Ley de Protección de Inversiones que dice: (Fusiones y escisiones).- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales que graven las fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades, siempre que las mismas permitan expandir o fortalecer a la empresa solicitante.

En el caso de que el Poder Ejecutivo ejerza la facultad a que refiere el inciso anterior, no será exigible la escritura pública para la transferencia de bienes, derechos, obligaciones o gravámenes comprendidos en la trasmisión patrimonial operada como consecuencia de los referidos actos (artículo 122 de la Ley Nº 16.060, de 5 de diciembre de 1989)”.

El objetivo de la ley era otorgar beneficios fiscales al realizar inversiones en territorio nacional que: incorporen progreso técnico, aumenten las exportaciones, faciliten la integración productiva, favorezcan la innovación tecnológica y/o contribuyan a la descentralización.

Aunque hay otra visión sobre la interpretación de esta ley y los alcances de la misma sobre los ahora beneficiarios.

En esencia en este caso no se trata de una inversión, sino de una especie de regalo que se hace a otra empresa (disolverse sin liquidarse y pasar todo su patrimonio) . Eso es lo que dice el diario Oficial. Los pormenores de esa negociación no los conocemos.

Cemento Artigas, la principal empresa del sector portland, está radicada en Lavalleja. Fue adquirida en el 2009 por la española Cemento Molins y la brasileña Votorantim. Hoy tiene una posición dominante en el mercado del cemento.

En agosto de 2011, ANCAP anunció la conformación de una sociedad con la empresa de cemento brasileña Votorantim, representada por EROMAR S.A y la española Cemento Molins( Cementos Artigas) , para la construcción de una planta de portland que produciría 750.000 toneladas al año. El emprendimiento se ubicaría en el Paraje Otazo, departamento de Treinta y Tres. La inversión sería de U$S 160 millones y generaría 200 puestos de trabajo directos y 500 indirectos.

Por tanto en el año 2011, ANCAP, EROMAR S.A (VOTORANTIM) y CEMENTOS ARTIGAS, conformaron la Sociedad Comercial COLINA JUSTA S.A. para la construcción de esa planta .

La sociedad se estructuró de la siguiente manera. CEMENTOS ARTÍGAS con el 60 % de las acciones, EROMAR S.A. (VOTORANTIM) 20 %, y ANCAP 20%.

Si tomamos los porcentajes de acciones la participación de Ancap era minoritaria, dado que Votorantim ya era propietaria de Cementos Artigas, en consecuencia ese porcentaje de 20 % se vio notoriamente disminuido.

El Estudio del doctor Ignacio de Posadas, ha sido durante más de 15 años el Estudio Jurídico que asesoró a la empresa Eromar, que se benefició de los servicios del infiel ex funcionario de DINAMIGE Eduardo Medina Estefan. Este antiguo funcionario ocupó los cargos jerárquicos más importantes en la Dirección de Geología de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Medina benefició con sus servicios a la una empresa privada asesorada por el Estudio de De Posadas. Vendió y extendió sus servicios de consultor privado a la empresa Eromar Sociedad Anónima, en conjunto con sus socios Hector Morales y Juan Ledesma. Estas referencias están consignadas en el expediente 504/01 de Dinamige, sobre sumario y destitución del funcionario corrupto.

¿Como se puede probar que el Estudio de Posadas, Posadas & Vecino asesoró a la empresa Eromar S.A.?

Pues debemos remitirnos al expediente 599/98 de la Dirección Nacional de Minería y Geología que se inició el día 6 de octubre de 1998. Como parte de ese expediente se acordonó el plano con padrones a denunciar para su posterior explotación números 816, 817 y 5935 del departamento de Treinta y tres. El plano lo hizo Ingeniero Agrimensor Fernando Lema ex funcionario de Dinamige.

En el folio 31, luce un croquis de ubicación del lugar donde figura como técnico geólogo Eduardo Medina (siendo funcionario de Dinamige)

Y en el folio 35 del mismo expediente hay otro plano, con Eduardo Medina como Técnico.

A fojas 77, hay una nota presentada por el Sr. Héctor Morales y Fernando De Posadas, presentada el día 31 de diciembre de 1999 a la hora 8: 32.-

El referido expediente se tramitó sin ninguna dificultad hasta junio del año 2001, cuando el funcionario Eduardo Medina fue denunciado por el entonces Ministro de Industria, Pedro Bordaberry y se le inició proceso sumarial.

El día 24 de octubre de 2001, a fojas 95, la empresa Eromar S.A. presenta una nota firmada por Héctor Morales y Fernando De Posadas.-

En la pieza II, del expediente 599/98, a fojas 117 y siguientes luce un Poder General Notarial donde se otorga Poder a Fernando De Posadas y a otros varios abogados del Estudio Posadas, Posadas y Vecino.

Un dato por demás interesante que mereceria una explicación oficial es que el Compromiso de Fusión por Absorción y el balance de las empresas Colina Justa S.A, Eromar S.A. y Mondello S.A. recién fue publicado el 17 de julio del 2020 en el diario Oficial, adquiriendo valor legal a partir de ese momento. Entonces ¿cómo se aprobó una exoneración impositiva un mes antes, es decir el 11 de junio?

Tampoco consta en ningún documento oficial en qué momento se dio de baja a Ancap de la sociedad. Colina Justa, la principal beneficiaria de la actual exoneración impositiva.

La planta de cemento prometida por Cementos del Plata para Treinta y Tres nunca se construyó. En cambio fue inaugurada hace pocos meses la planta de Cielo Azul, propiedad del grupo Correa de origen brasileño.

Esta planta producirá unas 600.000 toneladas de cemento y tiene reservas aseguradas de 200 millones de toneladas de piedra caliza.

Con la autorizada fusión de Colina Justa y Eromar a Cemento Artigas se fortalece a esta otra empresa privada, que hasta hoy es la que tiene posición dominante en el mercado.

Esto pone en situación más compleja a Ancap y a Cementos del Plata.

En lo que respecta a la planta de cal de Treinta y Tres, opera con un solo cliente que es Eletrobrás de Brasil para su planta de Candiota.

El excedente podría comercializarse bajo diferentes formas. Por ejemplo; Cementos del Plata le vende a 3.000 pesos la tonelada de cal a la empresa SICUSA. Y esta le vende cal hidratada a ALUR a 15.000 pesos la tonelada.

La cal hidratada se compone de 80% de cal y 20% de agua, que se obtiene de un pozo o sea ni siquiera se paga a OSE. Negocio redondo que quintuplica su valor.

¿Por qué no lo hace Cementos del Plata? Nadie nos supo explicar.

Ahora el gobierno la tiene mucho más fácil que en el 2003. Porque la profundización del esquema de “empresas públicas bajo derecho privado”, que aunque viejo fue ampliado  por el Frente Amplio, permitirá su privatización nada más que con la venta de acciones. Y para ello no necesita autorización de nadie.

Lo único que sabemos con certeza es que ya varias empresas privadas se frotan las manos. En cambio no existe ninguna seguridad de que los precios bajen. 

 Referencias:  (1) y  (2)  ANCAP Cómo dilapidar la joya de la abuela, publicada en Claridad el año pasado.

TOMADO DE CLARIDAD, 13/08/2022

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