sábado 15 de mayo, 2021

Servicios Públicos en la mira, las trampas a las decisiones del pueblo

Publicado el 27/04/21 a las 6:36 am

Por Gabriel Portillo

La coalición de derechas avanza en su proyecto de ajuste y transferencia desde las y los trabajadores hacia los sectores del capital más concentrados. Tal como lo reclamaron desde el documento presentado ante de las elecciones, las cámaras empresariales.  La fórmula consiste en un juego a dos bandas: el presupuesto nacional y la Ley de Urgente Consideración (LUC); todo en el marco de un discurso donde la pandemia oficia de cobertura.

El discurso negacionista del Presidente en medio de la flagrante crisis de la política sanitaria y económica  llevada adelante pasa oculto por el acento que los medios de comunicación ponen en la ausencia de materiales como camas, oxígeno, y vacunas, los cuales se podría y se debería haber previsto. El blindaje mediático hace que el presidente pueda afirmar, con respecto a las muertes y contagios ya disparados que,  «…por supuesto que esas muertes podían haber sido evitables con otras conductas» negando la responsabilidad de las políticas implementadas por el Gobierno, y agrega profundizando lo ya dicho que «…Si la gente cumple con el compromiso solidario con la sociedad de cuidarse, los resultados deberían notarse en no mucho tiempo». De nuevo, al mejor estilo Bolsonaro, niega la realidad y coloca la responsabilidad enteramente en la gente. Una política que ha llegado al límite de  distinguir entre vidas “atendibles” y vidas “desechables”, e intentar así mantener una saludable política  económica  para unos pocos. Si te enfermas es tu culpa y no mía, y esto le sirve como excusa para negar ayudas económicas sustantivas a los sectores populares más afectados

En el medio de la pandemia aumentaron tarifas e impuestos, así como la inflación y se resolvió bajar los salarios en términos reales. Para ayudar a los «malla oro» a reactivar la economía se les quitaron impuestos, se flexibilizan los convenios laborales, y con el aumento del desempleo se instala la ofensiva general contra las y los trabajadores, mientras que los datos del Banco Central dice que aumentaron las colocaciones de uruguayos  en el exterior en 3500 millones de dólares. A quienes están pasando las mayores penurias para comer y vivir, tratando de  no formar parte de los muertos de cada día, se les pide ”algo a cambio”, como si no fuera suficiente poner en riegos sus vidas para poder sobrevivir, y sobre esto la culpa de los contagios es de ellos.

Queda claro que no están en la consideración del gobierno los sectores populares ni los explotados. Con sus políticas lleva destruidos más 60.000 puestos de trabajo. Al día de hoy unos 200.000 trabajadores y trabajadoras están sin trabajo.  Dentro de los 100.000 nuevos pobres, producto de esta política económica, hay casi 30.000 que son niños y niñas. En este cuadro de situación, se crearon y se sostienen más de 700 ollas populares en todo el país para ayudar a enfrentar el hambre de la gente con el aporte popular: solidaridad desde abajo, con los de abajo.

Pero la culpa…la culpa tan cristiana ella, parece que siempre es de la gente, de quienes luchan y lo hacen para sobrevivir.

La ofensiva contra los servicios públicos

Los servicios públicos[1] no son perfectos solo por ser públicos. Algunos de ellos incluso tienen problemas importantes que suponen servicios insatisfactorios, malas condiciones para los trabajadores y costos adicionales. Igualmente, la experiencia demuestra que la privatización no es una alternativa, ya que no solo no cumple sus promesas, sino que por lo general reduce las posibilidades de acceso a los sectores más necesitados a dicho consumo, que por regla general son imprescindibles para el mejoramiento de vida de la gente (agua, energía, etc.)

Las últimas experiencias neoliberales no cumplieron con ninguna de sus premisas sociales sobre las cuales sostuvieron sus discursos. Atilio Borón resume el fracaso de las mismas, en tres aspectos: “a) no lograron promover un crecimiento económico estable; b) no lograron aliviar la situación de pobreza y exclusión social que prevalecía en nuestra región como producto del desplome del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones y la crisis de la deuda; c) lejos de fortalecer las instituciones democráticas y su legitimidad popular, este modelo tuvo como consecuencia debilitarlas y desprestigiarlas hasta un nivel sin precedentes en la historia latinoamericana«. Las empresas multinacionales no invirtieron ni cumplieron con aquello que se habían comprometido en los contratos. La privatización de la Compañía del Gas así como la del agua son ejemplos más que claros al respecto. En estas situaciones hay también que incorporar los elementos de corrupción que formaron parte de la política de implantación de estas nuevas formas de destrucción del “Estado benefactor”.

En esta nueva ofensiva el papel que juegan las inversiones públicas, financiadas por todo el pueblo, es el de estar al servicio de las multinacionales, y los ejemplos son varios. Los objetivos de privilegiar la competencia de ANTEL en detrimento de la propia empresa pública es una situación que sufrimos todos los uruguayos cuando vemos que se ha empobrecido la calidad del servicio de la empresa pública que defendimos en el 92. La privatización que se da transfiriendo parte de su infraestructura a las multinacionales que están en competencia, agregando el tema de la portabilidad numérica, terminará por desacreditar y debilitar a nuestra empresa de comunicaciones que realizó inversiones millonarias pagas por el conjunto de la sociedad y que hoy son utilizadas por empresas privadas multinacionales como Claro y Movistar. A su vez, reclaman incorporarse al negocio, a través de la Ley de Medios, los canales privados de TV que configuran un oligopolio y que con su acción política blindan al gobierno a través del manejo de la información que trasmiten.

Las Empresas Públicas (EEPP) aportan a rentas generales cientos de millones de dólares como contribución para el desarrollo del Estado en otras áreas, pensando en el servicio público antes que en el lucro, de lo contrario muchas de las inversiones de las mismas no tendrían sentido si son miradas exclusivamente desde la rentabilidad. ANTEL, UTE, ANCAP y OSE tiene desplegada la infraestructura en todo el territorio nacional lo que permite que en ese aspecto no haya diferencias territoriales entre los ciudadanos. Garantizar la infraestructura de telecomunicaciones o la eléctrica, el transporte de combustible, supergás, de manera que llegue a todos por igual con independencia de la ubicación geográfica y de la condición socioeconómica de cada quien, es una tarea compleja que solo el Estado puede llevar adelante, y en la que los países dependientes depositan gran parte de su desarrollo.

ANCAP y el cangrejo bajo la piedra

La decisión de habilitar en puertos y aeropuertos la competencia privada y el uso de la infraestructura de ANCAP por parte de las multinacionales va en la misma dirección de lo que decíamos más arriba. A esto se suma toda una serie de acciones desde el directorio que comprometen a la empresa pública, también defendida por el pueblo en el 2003.

En la LUC (La ley de Urgente Consideración Nº 19.889, 9/7/2020, en su artículo 237, en vigencia bajo el decreto 271/020), se encomienda crear la comisión de expertos que analizará, informará y elevará recomendaciones sobre los costos operativo del ente a la URSEA, para que ésta resuelva el precio de los combustibles sobre la base del instrumento Paridad del Precio de Importación (PPI).  Cuando se analiza la nueva metodología de cálculo del PPI que impuso URSEA, todo el Directorio de ANCAP (incluidos los integrantes del gobierno) interpreta que no son correctos. Hay extensa documentación presentada por ANCAP ante URSEA refutando los números y los parámetros de cálculo que esta hace para cada uno de los productos de la canasta de refinados. Aún con la valoración contraria de ANCAP sobre los PPI calculados por URSEA se han tomado por parte del Poder Ejecutivo como una medida de eficiencia y se han establecido como referencia para los precios que ANCAP debe fijar en las puertas de las plantas de distribución. Las consecuencias para ANCAP son muy negativas. Los PPI de la URSEA no miden eficiencia sino la conveniencia de oportunidad entre refinar o importar. De acuerdo a indicadores internacionales, ANCAP es eficiente en su refinación. En definitiva, los PPI se han trasformado en una herramienta política para el gobierno con apariencia técnica, a los efectos del vaciamiento de ANCAP. Si cae el monopolio de ANCAP será sustituido por otro que será, sin duda, privado.

Así también, en la integración de la comisión de expertos puede estar la Federación Rural o la Cámara de Industria, pero no el productor del bien, dejando afuera de la misma al ente que produce y tiene en sus manos la responsabilidad del servicio público garantizando el abastecimiento. Recordemos que asegura el mismo desde la producción y distribución de la energía necesaria para mover más del 60% de la producción nacional, y significa en términos de producción el 1% del PBI. La discusión sobre el precio de los combustibles viene ya desde hace tiempo, y se trata de una cuestión política, y no meramente económica, a los efectos de ser una acción distributiva de desarrollo y bienestar nacional.

La LUC le va a significar a ANCAP: Cerrar todas sus plantas de almacenamiento de combustibles (Durazno, Juan Lacaze, Paysandú y Treinta y Tres). Parar la refinería de La Teja. Cerrar las tres plantas de portland (Paysandú, Minas y Manga). Parar su flota marítima y de camiones. Cerrar ALUR en Bella Unión, Paysandú y Montevideo.

Sobre la resolución de no subir los combustibles

La pregunta oportuna que surge es ¿a quién realmente benefició que no subieran los precios de los combustibles? Para empezar a responder, transcribimos la intervención de la Ministra de Economía y Finanzas en el momento del anuncio de la decisión: “Esto es un apoyo que el gobierno le da a todo el sector productivo, básicamente a las empresas pequeñas para que puedan pasar esta situación de pandemia, y a la ciudadanía en general”, dijo Arbeleche. La consultora Exante hizo un análisis de consumos energéticos y su peso en la canasta de los hogares mediante el uso de datos del INE: “…En particular, el quintil de mayores ingresos concentra el 46% del consumo de nafta de los hogares”. “En el caso del 20% de hogares de menores ingresos, solo concentra el 5% del consumo de nafta”. Está clarísimo quien se benefició con la no suba de combustible, dicho por la consultora Exante que, por supuesto está libre de ser considerada integrante del campo popular, para tranquilidad del diario El País y sus editoriales. 

El costo para el Estado de esta operación significará, según la Ministra de Economía y Finanzas, unos US$ 60 millones (entre US$ 30 millones de pérdida de ingresos para Ancap y US$ 30 millones de pérdida de recaudación), esto implica una regresión en términos de distribución del ingreso. Los “malla oro” siguen invictos en esto de aportar a la pandemia.

El agua un derecho humano fundamental

También OSE está incluida en la ofensiva privatizadora en esta nueva etapa de neoliberalismo.

En el 2004 dimos una batalla clave para consagrar en la constitución de la República el agua como derecho humano fundamental. Muchas cosas pasaron luego, para no extenderme voy a saltearme los años en los cuales hubo que convencer al progresismo que debía retornar a manos de OSE la administración del agua potable en el país.

Varias luchas y reclamos de los compañeros y compañeras de FFOSE, para que se respetara el mandato constitucional (artículo 47)  llevó a retomar la gestión por parte del estado, de varios emprendimientos que eran privados (Maldonado Ciudad y Punta del Este hasta el arroyo Maldonado fue privatizado en 1991, Ciudad de la Costa en 1997 y el resto de Maldonado en 2000). Los costos de conexión de agua eran 16 veces más caras que las de OSE y la de saneamiento 80 veces más. Los costos fijos de agua eran 7 veces más caras que la OSE y en saneamiento 40 veces.

Las experiencias de privatización como ya hemos dicho generan tarifas abusivas, deterioro del servicio público, incumplimiento en los compromisos sobre inversiones y mantenimiento. Todo esto afecta la prestación de los servicios, donde el objetivo es maximizar ganancias sobre la base de las tarifas y los ahorros en el mejoramiento del servicio público. A su vez teniendo en cuenta que OSE tiene la responsabilidad de garantizar, además del suministro de agua potable, el saneamiento y el tratamiento de efluentes.

Montevideo tiene problemas en la calidad y cantidad del agua. 150 años de funcionamiento tienen como resultado una degradación ambiental importante sumado a la contaminación fruto del modelo agroexportador que afecta nuestra principal fuente de suministro de agua, el río Santa Lucía. El embalse en Canelones que era una reserva muy importante está casi inutilizable fruto de la contaminación existente[2]. Eso llevo a que hace ya unos años se proyectara construir un nuevo embalse en Casupá (arroyos Casupá y El Soldado, aguas arriba en la cuenca del río Santa Lucía). El mismo sería un soporte para aguas corrientes, y hay estudios que confirman la conveniencia de hacerlo para el abastecimiento de agua potable del sistema metropolitano, el cual cuenta además con financiación aprobada por el Banco de Desarrollo de América Latina y lleva hasta el momento gastado un millón de euros para el comienzo de la obra.

¿Qué camino toma el gobierno?

A partir de una iniciativa privada de más de 200 millones de dólares el Presidente anuncia que el suministro de agua potable lo realizarán también los privados. ¿De qué forma? No continuando con el proyecto ya estudiado y en curso,  sino   tomando agua del Rio de la Plata (ubicada en la zona de Bocas del Cufre-Arazatí), construyendo una nueva planta potabilizadora y una tubería de más de 80 kilómetros de longitud. El proyecto lleva el nombre de Neptuno para la Mejora de la Cantidad y Calidad del Agua del Área Metropolitana de Montevideo. Éste fue presentado por las empresas Ciemsa, Berkes y Saceem. Aclaremos que  Berkes y Saceem integran el Grupo Vía Central a cargo del Proyecto Ferroviario de la planta de celulosa de UPM en Durazno y que la brasileña Fast, se ubica en el marco de la Ley N°17.555 del año 2002, que habilitó al Estado a recibir iniciativas del sector privado para ser ejecutadas en forma directa o por concesión.

Con esto se agrega un nuevo problema ambiental vinculado a la transformación de la salinidad del agua en potable, esta operación genera un lodo no utilizable, además de los problemas ya conocidos de las cianobacterias, a lo que se suma un caño de residuos cloacales desde la ciudad de Buenos Aires. Esas variables deberán ser estudiadas y a partir del resultado se verá la viabilidad de la planta, ya que implica un gasto de energía importante para la desalinización del agua. Hasta acá problemas que podríamos llamar técnicos.

Para implementar todo esto habría que modificar o violar el artículo 47 de la constitución, ya que si bien la titularidad es de OSE, pasaríamos a la administración de privados en la distribución de agua y la gestión de esa distribución. Los compañeros de FFOSE lo expresaron de la siguiente manera“… Se quiere reinterpretar el artículo 47 e incluso modificar la Ley Orgánica de OSE que antepone las razones de orden social a las de orden económico”. Con esto está en crisis la noción de servicio público, a la que se le da otra interpretación.

Sin embargo, la postergación de obras para el problema real de abastecimiento de agua potable en la costa de Oro es una emergencia que no está siendo atendida. Este año si no hubiese llovido en verano se tendría que haber cortado el suministro, ese problema existe y no hay aún ningún proyecto en curso para su solución. 21/04/2021*

NOTAS

[1] Reclamar servicios públicos Coordinadores Satoko Kishimoto y Olivier Petitjean (TNI)

[2] “Análisis de calidad del agua en Uruguay” de Kurk et al (2015), publicado por Vida Silvestre.

TOMADO DE CLARIDAD, NRO. 43, ABRIL/2021

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