martes 27 de julio, 2021

Nota Urgente sobre los 90. Apuntes pensando en el 2020

Publicado el 15/04/21 a las 6:47 am

Por Gabriel Portillo

Esta nota ya tiene más de tres meses de publicada sin embargo, parece más urgente que cuando se escribió.

A decir de Walter Benjamín, “articular históricamente el pasado” quiere decir “apoderarse de un recuerdo tal como destella en un momento de peligro”. La imagen del pasado surge de los conflictos del presente. Para tomar de nuevo a Benjamín, él llama “tiempo del ahora” al momento especifico en que el pasado choca con el presente y resurge en él. Hay una coexistencia de diferentes tiempos históricos como relación simbiótica entre pasado y presente.

“Melancolía de izquierda” – Enzo Traverso

Introducción y caracterización

Entendemos necesario retomar el análisis y la reflexión de manera sistemática de las luchas de los 90 contra el neoliberalismo, porque es en ese escenario histórico donde vemos condensando aspectos que se vinculan estrechamente y que de alguna manera ayudan a explicar el hoy. Discusiones y debates que creíamos saldados, retornan con otros ropajes y aggiornados. El Uruguay no fue ajeno al consenso de Washington y al proyecto neoliberal hegemónico en el mundo. A lo largo de los 90 y entrados los 2000 se produjeron permanentes intentos de privatización y desregulación por varias y diversas vías. Es en este proceso de resistencia de los sectores sociales, que el frente amplio logra acumular y aumentar su caudal electoral acompañando dichas luchas, culminando ese proceso de acumulación de fuerzas en la victoria electoral del año 2004.

Parte fundamental de los programas de ajuste estructural que tenemos planteado con la LUC, son una nueva ofensiva hacia los procesos de privatización de las empresas públicas. Originado en los grandes centros imperiales el paradigma de la privatización se intenta imponer como la única alternativa posible para el desarrollo económico, social y cultural e incluso como solución a los problemas del empleo. Lo que estaba en el centro de la discusión en los 90 y de cierta manera también hoy, es el cuestionamiento implícito a la intervención del estado en las actividades económicas y productivas. Ya desde ese momento se empezaron a realizar diagnósticos sobre el «tamaño» del estado y se determinó que el mismo debía reducirse. Proclamaron la necesidad de reducir las actividades y la estructura de apoyo del Estado, como condición para alcanzar la recuperación económica. Esto implicaba entre otras cosas, prohibir el ingreso de funcionarios públicos y la precarización laboral. Volvemos a ver que estas mismas medidas son la respuesta que el gobierno viene a dar para la situación actual. También hay que decir que el propio FA aplicó parte de estas recetas sobre todo en el último período gobierno.

Escenario donde se dieron las distintas luchas desde lo social y político

Con el derrumbe del llamado socialismo real en 1989 las utopías del siglo xx desaparecieron y dejaron lugar a un presente cargado de memoria, pero incapaz de proyectarse en el porvenir. A partir de la caída del muro hubo una rápida adaptación a una perspectiva no revolucionaria que hizo tomar ventaja a un sector de la izquierda moderada o “socialdemócrata”, que vislumbraba una derrota de largo aliento, donde no hay otra perspectiva más que el capitalismo y que la realidad establecida iba a durar mucho tiempo. A esto le sigue la fragmentación sistemática de la izquierda, a partir de dicha derrota. La ofensiva ideológica lanzada por la socialdemocracia a nivel mundial determina esa “ventaja” en el sentido de estudiar y analizar esa adaptación, y medidas paliativas intentando humanizar el capitalismo ya sin cuestionarlo. En la misma dirección a partir de los 90 con un mundo unipolar donde el triunfo del neoliberalismo significo un aumento de la ofensiva empresarial y gubernamental contra las y los trabajadores debilitando los sindicatos para disminuir su resistencia el objetivo fue arrasar con parte de los derechos conquistados en luchas dadas en décadas pasadas. La ofensiva fue en los terrenos ideológicos y material, con el objetivo de la ampliación de sus niveles de ganancia. Flexibilidad laboral, tercerizaciones despidos de dirigentes sindicales, fueron algunas de las estrategias bajo la consigna “mejor sindicato es el que no existe”.

La caída del llamado “campo socialista” deja tras de sí un fuerte retraimiento de la militancia y la aparición de nuevos dirigentes sindicales sin vinculación partidaria y por tanto una ausencia de discusiones colectivas sobre la realidad no solo sindical sino política, lo que trajo nuevas prácticas sociales que veremos reflejadas más adelante en el tiempo, en el marco de discusiones sobre la táctica y la estrategia sindical y política.

Se agregan dos elementos primordiales a este escenario triunfante: la gestión y la tecnocracia, altamente vinculadas entre ellos y determinado uno por otro, como sustitución de la política. Incluso como nuevas formas de reproducción política de lo existente. En términos generales, a partir de los 90 y en los distintos entes públicos, se pudo ver como los cuerpos técnicos frenteamplistas se sumaron a la administración neoliberal de las empresas, conformándose grupos de expertos corporativos blancos, colorados y frenteamplistas.

La defensa de las empresas públicas en contra de la privatización o el desmantelamiento, quedó en manos de las organizaciones sociales.  Fue un contexto de «victoria del capitalismo».

La resistencia en los 90

Desde el punto de vista de la resistencia social a la implantación del modelo neoliberal en Uruguay, la victoria contra las privatizaciones en el gobierno de Lacalle marcó un antes y un después en la lucha popular a partir de lo que fue el referéndum del 13 de diciembre de 1992.

En ese momento se rompe la coalición que gobierna y los colorados se desprenden apoyando la iniciativa que venia del campo popular. Esto llevó a discusiones internas en torno a si impugnar toda la ley de empresas públicas o en función de las alianzas, impugnar solo aquellos artículos en acuerdo más global.

Así como en el 92 también hubo vacilaciones con respecto a si ir o no al referéndum, lo organizado desde abajo significo movimientos que irrumpieron de manera superadora, en relación con las exceptivas.

Se pudo construir una organización desde abajo que abarcó todo el país, enfrentando la hostilidad y a menudo la amenaza directa del gobierno en los centros de trabajo. En ese sentido, fue una demostración de entereza moral de un sector muy amplio de la población, mayoritario en la capital.

Todo el proceso de los 90 y más, estuvo plagado de discusiones internas a veces muy similares a las que tenemos hoy en cuanto a las dudas sobre los caminos a seguir, la necesidad o no de agudizar la lucha, el tomar iniciativa o esperar que estén dadas ciertas condiciones que nunca nadie sabe cuáles son. Lo que expresan muchas de las vacilaciones son proyectos políticos distintos. Pensamiento temeroso que encierra una apuesta por la alternancia en el gobierno. Secuelas de la derrota ideológica. Lo que no podemos esperar de ninguno de estos procesos es que estén exentos de estos debates, que tienen que ver con lo metodológico pero que encierran distintas visiones políticas en torno a la acumulación de fuerzas.

Partimos de la experiencia de los 90 de la cual aprendimos la importancia de haber dado todas esas batallas y por supuesto, haber ganado algunas. Estas batallas significaron un retraso en los planes neoliberales de la época. No obtuvimos victorias completas, pero el efecto de la derrota que le infligimos al gobierno de Lacalle Herrera en el 92 significo mucho más que la derogación de los cinco artículos de los 32 de la ley de EEPP. Desgastó al gobierno, lo debilito y eso se tradujo en un abandono en parte de su pretendido programa de reformas estructurales. Fue, por tanto, un alto en la ofensiva conservadora y privatizadora, si bien quedaron consecuencias que hasta hoy se conservan. La Ley de Empresas Públicas fue una oportunidad de enfrentar en forma central la ofensiva neoliberal, habiendo ya visto los resultados concretos en Argentina (Menen), y su denuncia fue parte de nuestra campaña.

Algunos apuntes específicos de la pelea del 92

En la Comisión de Defensa del Patrimonio y Reforma del Estado, se llegó al acuerdo de impugnar 5 de los 32 artículos de la Ley de empresas públicas. Pero también estaba la propuesta de ir por toda la ley, o sea, derogar toda la ley.

En la primera instancia de votación necesaria para habilitar la derogación de dichos artículos, no llegamos al 25% de votos necesarios. Esto implicó un triunfo momentáneo para el gobierno de Lacalle Herrera.

El del 1 de octubre de 1992, segunda instancia, sobre un total de 738.405 votos emitidos, el 29.5% (o sea 693.688) sufragios fueron por la hoja blanca, habilitando la convocatoria al referéndum parcial (o sea, de solo los 5 artículos acordados), mientras que la propuesta de ir por la derogación total, obtuvo 14.960 votos (papeleta rosada). 

Citamos algunas de las declaraciones del momento para ejemplificar la soberbia y seguridad que tenía el gobierno. De Posadas (ministro de economía): «un grupo de ciudadanos decidió respaldar la papeleta blanca, pero ello en Uruguay demuestra que hay gente que rema contra la corriente, ya que la privatización de empresas públicas es un fenómeno mundial«.  admitió que la convocatoria al plebiscito no era una buena señal para el resto del mundo porque «todo va en determinada dirección y acá se hace lo contrario«.

Después de conocidas las primeras encuestas de «Factum» indicando que existía un 42% de aprobación por sobre 28% en contra para apoyar la derogación de la Ley, el Foro Batllista resolvió sumarse al Frente Amplio y convocar a votar por él «Si» (si a la derogación). Esto significo la derrota y el aislamiento del gobierno de Lacalle Herrera.

Una nueva ofensiva privatizadora

Años después, con otras características a partir de una nueva estrategia por parte de los sucesivos gobiernos neoliberales, pero recogiendo la experiencia de su derrota del 92 (incluso recogiendo recomendaciones del Banco Mundial), vuelven para implantar las reformas de las empresas del Estado, pero ahora por separado o por partes.

Así es que llegamos a mediados de los 90 a una nueva ofensiva de las empresas públicas.  Los gobiernos de la época desarrollan una reforma del Estado encubierta sin una discusión pública, aplicando retiros incentivados, dejando sectores abiertos a las tercerizaciones, aprobación de ley que impide el ingreso de funcionarios, contratación de becarios y pasantes, leyes de presupuestos que incluyen reformas en el área de la educación y la seguridad social, y más adelante adoptando la forma de leyes de urgente consideración.

El sector de la oposición liderado por el Frente Amplio si bien estaba creciendo desde el punto de vista electoral, disminuía su capacidad movilizadora, y la mayoría de las resistencias organizadas al modelo parten desde los trabajadores de los sectores involucrados generando incluso fuertes debates en la interna frentista. Aun así, en aquel momento la perspectiva de un gobierno progresista daba la expectativa de poder revertir los caminos de privatización que se abrían.

Es en este marco social y político, expuesto de manera muy resumida, que llegamos al proyecto de liberalización de la energía eléctrica en el año 1996 (año en que se presenta la Ley Marco Regulatorio), la cual fuera la primera iniciativa de privatización de una empresa pública después del 92. La estrategia del gobierno había cambiado pero el objetivo seguía siendo el mismo. De nuevo, de lo que se trataba era de dar batalla contra las privatizaciones.

El 8 de marzo del 98 llegamos al 15,01% de los votos (necesitábamos un 25%), lo que obligo a reforzar la militancia en todos los niveles. Para el 17 de junio el esfuerzo fue importante pero insuficiente ya que llegamos al 22,31%. No hubo posibilidad de referéndum. Los resultados además arrojaron una clara diferencia entre Montevideo y el interior en cuanto a los niveles de compromiso y conciencia.

A pesar de la derrota del 98 la instrumentación de lo que se tenía previsto, no se llevó a cabo hasta que, paradójicamente, es en los gobiernos del FA donde se dará la apertura a los privados en generación de energía eléctrica, garantizándoles la rentabilidad, modificando la matriz energética (aspecto que, por otro lado, siempre reivindicamos) pero a manos de los privados.

Como PVP en el año 1998 hacíamos el siguiente balance[1] de la pelea contra el marco regulatorio en particular, y de los 90 en general, reflexionando sobre varios aspectos políticos presentes en todo escenario de lucha:

“…Más de 525 mil ciudadanos apoyaron con su participación activa la convocatoria al referéndum. Aunque no se alcanzaron las cifras necesarias para lograrlo, este nivel de participación no es un hecho menor. Corresponde resaltarlo ante tantos mensajes cotidianos de promoción del individualismo, y en un contexto de debilidad orgánica y militante de las organizaciones sociales y políticas…”

“…eludir el debate, procurar un aislamiento de silencio, apostar al desinterés y a la desmovilización, salir solo a último momento con un discurso que toma distancia de las privatizaciones. La utilización de los medios de comunicación fue un factor clave… el discurso dominante no fue el de la privatización. Desde el ministro Herrera, a los senadores, y hasta los directores de UTE que habían criticado la Ley, se golpearon el pecho jurando que no privatizarían nada. Hubo entonces que salir a explicar la creación de un mercado eléctrico, algo mucho más confuso y enredado…”

“…La globalización impuesta a nivel mundial, aumentó y cambió en calidad la dependencia. Pero además está acompañada de un discurso ideológico fuerte por el cual la gran mayoría de las cuestiones que afectan a la población están determinadas por leyes y fenómenos inalterables y difícilmente comprensibles.   Quizás   esa sensación de impotencia operó en este tema en algunos sectores, porque ya en 1992 se votó contra las   privatizaciones y sin embargo el fenómeno privatizador continuó…”

Desde el momento mismo del cierre de las urnas algunos dirigentes cuestionaron una excesiva partidización del tema, y tomaron distancia de las consignas de votar contra el gobierno, equiparándolas como excesos… No compartimos este tipo de orientaciones. La ley de Marco Regulatorio forma parte importante de la concepción del gobierno. Lo artificioso sería pretender juzgarla aisladamente. Sin por ello dejar de dar todos los argumentos específicos sobre sus contenidos. Por el contrario, nos parece claro que en constatación crítica necesaria es que no logramos canalizar la amplia disconformidad de la población con la situación actual transformándola en movilización el 17 de junio.”

Para no extenderme dejo enunciados otros aspectos analizados e incluidos en el balance: El acceso a los medios de comunicación. Capacidad de movilización de la ciudadana. Responsabilidades políticas de conducción. Lo que ocurrido es también reflejo de la situación del FA.

Movilizaciones e instancias de democracia directa que continuaron a lo largo del gobierno de Jorge Batlle, a partir del año 1999

A modo de recordatorio: En 1999 un intento de derogar las normas sobre las Administradores de Fondos de Pensión (AFAP) privadas, no llegó al mínimo de firmas iniciales requeridas. Batlle comienza su gobierno con una ley de urgencia a la cual la enfrentamos con la convocatoria a un referéndum contra 13 artículos de dicha ley. El 18 febrero 2001 no llegamos a los votos. Luego siguieron otras luchas, como la juntada de firmas en defensa de ANTEL contra dos artículos de la ley de presupuesto (el 612 y 613) en 2002. Allí llegamos a las firmas requeridas y el gobierno decide dejar sin efecto los artículos. Como todas/os saben el país entra en una profunda crisis en el 2002 y las movilizaciones aumentan. En ese contexto se desarrolla la marcha a Punta del Este, congregando a miles participando de la caravana y una enorme presencia de la gente a lo largo del camino en la vera de las calles y rutas.

También en el 2002 se presenta el debate sobre la ley de ANCAP y la misma se aprueba en el parlamento (Ley 17.448 de Desmonopolización y Asociación de ANCAP), donde varios sectores del FA se posicionan a favor. FANCAP y el movimiento sindical todo deciden lanzar la impugnación a la misma a través de un referéndum, el FA se suma a partir de un fuerte debate interno ganando la posición de sumar con las organizaciones sociales que ya se había expresado a favor de la derogación. El 7 de diciembre de 2003 se aprobó la derogación de dicha ley con el 62,3% de los votos. Esto deja al gobierno de Jorge Batlle en una profunda crisis que luego se reflejará en la votación del 2004 donde el FA gana en primera vuelta, y el Partido Colorado obtiene su peor registro electoral de su historia.

Por otro lado, el 31 de octubre de 2004 desde la Comisión del Agua y la Vida se pudo colocar a consideración ciudadana y aprobó con el 64,58% de los votos, la reforma constitucional que preveía hacer del agua un derecho humano, y poner en manos del Estado en forma monopólica los servicios de agua potable y saneamiento, luego de un importante esfuerzo militante en la recolección de firmas.

Presidente Lacalle Pou: «Yo soy igual a mi viejo y no tengo dudas.»

Elementos a tener en cuenta comparativamente entre los 90 y el hoy

Las condiciones hoy son distintas a las de esas luchas pasadas. Tenemos un gobierno de derechas después 15 años de administración frenteamplista con políticas públicas focalizadas en lo social, pero con sus avances y retrocesos: aumento indiscutible de los niveles de vida de las personas, pero un estancamiento en los niveles de participación y movilización de la ciudadanía.

Los 15 años de gobierno erosionaron en parte la credibilidad del FA en cuanto a los mensajes que se puedan dar específicamente en el tema empresas públicas y privatizaciones. Va a haber una utilización y amplificación por parte de la derecha y de los medios de comunicación, en cuanto a las acciones del gobierno del FA en esos ámbitos. Hay muchos elementos de confusión política que generan desconcierto, lo cual agudiza las dificultades. Todo lo que produce un FA debilitado, desmovilizado y con una base social desencantada.

Si bien hay un fortalecimiento de los sindicatos en general, con mayores niveles de sindicalización, y años de aplicación de algunas leyes a favor de los trabajadores como ser la de Negociación Colectiva, Responsabilidad penal del empleador, Insolvencia patronal, etc, como contrapartida de estos avances en leyes, se generó un quietismo sorprendente en grandes sectores de trabajadores donde el énfasis fue la concurrencia al MTSS como forma de resolver los conflictos que se generaban, en lugar de apostar a movilizar la base social.

Lo que queremos evidenciar con esto es que no pasamos del blanco al negro de la nada. Ya teníamos desocupación, desindexación de salarios, estancamiento económico y un fuerte descreimiento en la acción de la política como vehículo de transformación social. Analizar el estado de conciencia de las masas a partir de la derrota es clave para entender el estado de situación, e incluso para comprender mejor el apoyo que está teniendo el Presidente. Pero no todo se resuelve desde la superestructura.

A pesar de estas condiciones antes mencionadas hemos visto como la reacción de la gente ante determinadas convocatorias han sido numerosas, (no solo los paros convocados por el Pit-Cnt, el 1° de Mayo, el 20 de Mayo, las movilizaciones en contra de la LUC, contra la represión, por el presupuesto, y varias acciones más)

El programa de la derecha incluye sin duda un ajuste contra las y los trabajadores, anunciado desde hace ya un tiempo antes por las cámaras empresariales como necesidad para recrear el ciclo de crecimiento del capitalismo uruguayo. Aumento del desempleo, rebaja de salario, pérdida de derechos y conquistas sociales, recortes brutales en los gastos del Estado y en las políticas sociales focalizadas. Para eso la LUC como buque insignia. La misma prevé limitaciones del derecho a huelga y a movilización, estableciéndolos como un desafío a la democracia, y bajo esta excusa, el comportamiento represivo se agudiza y se trata como un enemigo interno a lo que no es más que la defensa de los derechos conquistados. 

Pandemia de por medio, se agudizó y aceleró la crisis, agregando un factor fundamental que es el miedo. Obligando a buscar creativamente formas alternativas de expresión popular.

A la hora de construir en conjunto unidad de acción en el campo popular, surgen dificultades que son de esperar, y para superarlas es necesario amplitud y humildad. Dar la discusión que incorpore la necesidad de un movimiento más amplio que una juntada de firmas, superando el aspecto táctico para intentar construir una estrategia que tenga la acción política permanente que nos permita juntos una incidencia mayor en los escenarios político y social, es el debate que nos debería ocupar hoy. Superando las preocupaciones electorales para construir un movimiento que logre romper con lógicas vinculadas a concepciones que sostienen que de lo que se trata es de administrar el capitalismo dependiente.

Campañas de democracia directa como la que tenemos planteada a partir de la LUC, ayudan a contrarrestar fenómenos coyunturales que operan negativamente, y son también una forma de lucha ideológica contra los valores individualistas, contra la fragmentación y el corporativismo. Solo un mensaje contundente, y una sucesión de hechos políticos, pueden elevar el clima de confrontación y por lo tanto la capacidad de movilización.  Planteos que hacen una valoración negativa del papel de los plebiscitos en aras de una estrategia puramente electoral, desconocen que aún en ese plano, el crecimiento de la izquierda está estrechamente ligado a los grandes debates generados por las consultas a la ciudadanía. Hay una base social con capacidad de rebeldía y acumulación democrática que, incluso en medio de las críticas al accionar político y la confusión, sabe y tiene la experiencia suficiente para discernir que sin lucha no habrá futuro posible.  

Apuntes finales

¿A qué se deben las vacilaciones del hoy? Estamos en mejores condiciones, pero tenemos mucho más para perder, será eso. Algunos entienden que quedando quietos en el molde es como se asegura la victoria en el 2024. Nosotros entendemos que eso no solo no está resuelto, sino que no alcanza con volver a ganar, hay que hacerlo generando mejores condiciones en cuanto a los niveles de consciencia para avanzar mucho más de lo que hemos hecho, pero eso depende de la movilización y la participación de la gente. No vamos a poder desarrollar un aumento en la conciencia de los sectores sociales si lo que prima es la resignación y la pérdida de confianza. No asumamos el pensamiento burgués como si nada. No seamos nosotros los que nos hagamos cargo de una cuestión nacional que nos haga pagar la crisis a los de siempre.

La apelación al voto contra el gobierno tanto en aquella época como en este caso es legítima como lucha política, y procura expresar y canalizar el descontento popular con la coalición de derechas. No parece lo mismo llegar al proceso electoral movilizados y con mayores niveles de participación. No nos parece lo mismo transcurrir estos años desde la pasividad como espectadores, que estimular la participación y motivar a estar movilizados en contra de la resignación. El gobierno insiste en los aspectos persuasivos de la dominación, el componente ideológico orientado a mantener la resignación e incorporar a la izquierda a esta lógica.

Si miramos los debates sobre la impugnación de la LUC da la sensación que hay una crisis de representación y en algunos aspectos una sobre representación, en el sentido que el malestar popular no encuentra una canalización adecuada no solo en los partidos de izquierda sino tampoco en las organizaciones sociales. En un debate que no se da en clave de estrategia a construir sino más atada a los aspectos subjetivos de cada grupo.

Ciertas valoraciones con respecto al gobierno actual persisten y se usan como razón para la no movilización, lo que impide que se desarrolle en toda su extensión una táctica de desgaste del mismo, no organizando adecuadamente la resistencia a las políticas de ajuste, dando respuestas parciales a políticas globales de reestructuración y reordenamiento de Estado, lo cual disminuye notoriamente las posibilidades de éxito.

Como resultado de lo anterior, corremos el riesgo de profundizar la creciente indiferencia hacia la actividad política, una baja de la militancia y pérdida de entusiasmo, variables imprescindibles para el armado de una resistencia que permita al menos una plataforma de lucha común que nos deje en mejores condiciones para enfrentar los desafíos que se vienen.

[1] Documento denominado “Notas sobre el resultado del 17 de junio”, 1998, PVP.

TOMADO DE CLARIDAD, DICIEMBRE DE 2020

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