jueves 29 de julio, 2021

Ley de Urgente Consideración: el andamio del gobierno

Publicado el 18/03/21 a las 6:56 am

Por Daniel Gerhard

Con casi 500 artículos, la coalición de derechas del gobierno aprobó en 90 días, una “ley de leyes”, que desanda importantes avances de los gobiernos progresistas, e incluso pone en riesgo, viejos derechos de la población uruguaya.

La ley, como el presupuesto nacional, significa un ajuste de lo público a lo privado, y de abajo a arriba. Esta ley refuerza las herramientas del Estado para defender la propiedad privada y a los empleadores, en un período de acumulación de capital, pérdida de trabajo y salario. Esta sacralización de la propiedad privada es propia de la ideología neoliberal del gobierno y sus componentes, y el carácter represivo, es muestra de la conciencia de que importantes sectores del país no se sentarán resignados a ver como retroceden en sus conquistas.

Antes de ir a sus contenidos, comentar que esta ley se ordena en once secciones, que bien podrían ser cada una de ellas una ley en sí misma. Además, integra temas de diferentes jerarquías, lo que dificulta el debate y hace imposible justificar el mecanismo de “urgente consideración”.

Como es casi imposible comentar cada uno de los 476 artículos, de los cuales un centenar son de moderada relevancia, otros nos son malos (la creación del Instituto Nacional de la Granja, por ejemplo), vamos a los sí nocivos, y que están comprendidos en los 135 artículos que buena parte del movimiento social uruguayo está promoviendo derogar.

Sin duda que la sección primera, que abarca la “seguridad”, procedimientos penales y policiales, es una de las más nefastas. La solución que encuentra la derecha a este problema continental y de larga data, son las mismas medidas que fallaron en el continente y a lo largo de la historia; más discrecionalidad a la policía (libertad para actuar como quiera) y penas más largas, así como nuevos delitos. De los 135 artículos a derogar, 33 refieren a esta sección. Como ejemplo ponemos el artículo 11, “agravio a la autoridad policial”, en este nuevo delito se considera punible afectar el “honor” del policía. Esta formulación es terriblemente abarcadora, ya que no se trata de un insulto exclusivamente, y entran expresiones y formas de trato que muchas veces los mismos policías emplean gratuitamente. Lo que sustenta en parte esta sección, es esa idea machacada por más de una década de que “la policía esta de manos atadas”. Argumento absolutamente falso. En los últimos dos meses de gobierno frenteamplista la policía abatió (dio muerte) a 15 personas en ejercicio de sus funciones. Ninguna fue procesada, o sea, se entendió que procedió dentro de reglamento. ¿Tan restrictivo es este reglamento? ¿Cuántas personas hay que abatir para que la derecha entienda que se les da margen de maniobra a los funcionarios policiales?

Los artículos del 118 al 126 refieren a la inteligencia del Estado y la información secreta, no se rechaza la creación de la secretaría, pero si sus características, para ello se eliminarían 3 artículos.

A partir del 127 hasta el 206 son los artículos de educación, de los cuales nos proponemos derogar 34, como se puede ver en la papeleta a firmar. Estos artículos son los que jerarquizan al Ministerio de Educación y Cultura, o sea, el actor político, por sobre los profesionales y trabajadores de la educación. Es curioso que esta sea la propuesta del gobierno, ya que la derecha se ha pasado hablando de la “politización” en la educación. Esto se da en detrimento de la participación de los trabajadores de la educación, quienes tienen la formación y experiencia. Además se proponen direcciones gerenciales para los centros educativos, con lógicas privadas y competitivas entre los centros. Creer que lo que tiene lógica privada funciona mejor es sumamente equivocado, e ideológicamente obtuso: no se puede comparar los resultados de lo público, que a todos (o a casi todos) abarca e integra, con los de lo privado, que solo es para los que pueden pagar y donde opera una lógica selectiva. Además está sobradamente demostrado que los resultados educativos tienen más que ver con los contextos socioeconómicos que con otras variantes. Dicho de otra manera, las instituciones públicas de Carrasco y Pocitos, alcanzan similar nivel que las privadas. Pero en educación más que en nada, a la derecha la evidencia no le importa.

La sección cuarta, que va del 207 al 290 (de los cuales proponemos refrendar 16) se titula “Economía y Empresas Públicas”. Mucho ha variado entre el borrador y lo votado, quitando algunos graves artículos sobre Ancap y Antel, que intentarán impulsar en otras leyes. De todas formas tampoco se garantiza que el precio de la nafta sea igual en todo el país, aumentado la desigualdad geográfica, exponiendo a los que viven en el interior más profundo a pagar más que las estaciones cercanas a la refinería. Junto a estas injusticias, se encuentran otros artículos como los que van del 227 al 232, referidos a la promoción de las pequeñas y medianas empresas, de las cuales nada tenemos que decir. Si rechazamos el capítulo que integra esta sección denominado “Libertad financiera”, en donde el empleador terminará, por la vía de los hechos, decidiendo el medio de pago del salario, dando espacio a maniobras en detrimento de los trabajadores. A su vez se aumenta exponencialmente el monto que se podrá realizar al contado, pasando de algo menos de 4.500 dólares a más de 100.000. Esto es un gran facilitador a la evasión y el blanqueo de dinero, pero ellos le llaman libertad.

La sección quinta, Eficiencia del Estado, incluye la creación del Ministerio de Ambiente, con la cual estamos de acuerdo. También cambia algunas reglas referidas a las compras públicas. Esta sección no se modificaría con la consulta contra los 135 artículos.

De la sexta sección vamos contra dos importantes artículos, sobre el sector agropecuario, proponemos eliminar los que componen el primer capítulo que reforma el Instituto Nacional de Colonización (357 y 358), ya que distorsiona el concepto de colono y debilita enormemente la cartera de tierras del instituto. Luego se suceden una serie de capítulos, en absoluto urgentes, con los que no tenemos reparos; fortalecimiento del Instituto Nacional de Carnes, la creación del Instituto Nacional de la Granja,  y del Instituto Nacional de Bienestar Animal.

Por ello saltamos así al artículo 392, de la sección siete (de la cual también vamos por dos artículos) , sobre Relaciones Laborales y Seguridad Social. Este peligroso artículo sólo establece que “El Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente.” Mucho se ha hablado de que pone en peligro la ocupación, y es cierto, ya que esta podría ser entendida como algo “no pacífico” casi que por definición. Además, incluso una carpa en la puerta de la empresa, en donde haya un intercambio hostil con los que sí entran a trabajar, algo muy posible, puede también estar fuera de la ley y levantada por la policía.

De la sección octava, Desarrollo Social y Salud, se propone derogar otros dos artículos, los que modifican el régimen de adopción, entendiendo que quitan garantías y ponen en el centro al mundo adulto (403-404)

La política de Vivienda corresponde a la sección novena, donde se ofrece un régimen de alquiler sin garantía. Este podría resultar una facilidad para inquilinos sin espalda, pero se vuelve un boomerang porque en definitiva la garantía del dueño del inmueble es la policía, con desalojos exprés en caso de atraso, y casi exprés aún a los buenos pagadores. Por ello se propone derogar todo lo referido a desalojos, que en definitiva anula el régimen en sí. Estos son los artículos que van del 426 al 459, sumando así 34.

La sección décima referida al Código Civil es breve (461 al 467) y no generó mayores reparos.

Finalmente la sección once, titulada “Otras disposiciones”, que va del 468 al 476, o sea, hasta el final. Allí se rechazan los 9 artículos que se encuentran ordenados en dos capítulos, el titulado “De la protección a la libre circulación” y el siguiente, “Portabilidad numérica”. El primero afecta lo que conocemos como piquete. Entendemos que la medida del piquete no se utiliza en este país de forma liviana ante la primera dificultad, suele ser una medida desesperada de gente ya sin alternativas. Por ello la defendemos y reivindicamos. El siguiente capítulo entendemos que debilita a Antel, que empezaremos a encontrar personas cuyo celular comienza con 099 pero sus titulares se pasaron a otra empresa.

Firmar contra los 135 artículos de la LUC es habilitar el debate más amplio, es frenar los impulsos neoliberales y represivos del gobierno. Firmar es cuidar el Uruguay de los derechos y las garantías de todos y todas.  

TOMADO DE LA HUMANIDAD, 13/3/21

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