jueves 29 de julio, 2021

La naturaleza del movimiento sindical uruguayo: un debate necesario

Publicado el 16/03/21 a las 2:13 am

Por Raúl Olivera Alfaro[1]

La reciente suspensión del sindicato policial (Sifpom), y otros asuntos vinculados a la actividad y las resoluciones del PIT-CNT, vienen siendo objeto de debates públicos, no siempre objetivos.

No es mi propósito entrar en los debates actuales, sino ir al tema de fondo, donde las disputas sobre los motivos que dieron lugar a la suspensión del sindicato policial son, en mi opinión, un efecto colateral de un error original: la habilitación para que los integrantes de un aparato del Estado que detenta el uso de las armas y actúa subordinado a las directivas políticas de los gobiernos de turno, sean del signo que sean, integren la conducción de un movimiento sindical de las características y la historia del PIT-CNT.

Desde 1962, en que con 18 años ingresé a la Administración de Ferrocarriles del Estado, he mantenido una estrecha relación y militancia en el movimiento sindical, hasta el día de hoy.

En 1971, desde la dirección de la Federación Ferroviaria, trabajé para que dicha federación se integrara a la vieja CNT y en algunas oportunidades integré su Mesa Representativa.

Posteriormente, en los últimos años de la década de 1980, recién salido de la cárcel, trabajando en la industria pesquera, contribuí a la fundación de la hoy desaparecida Coordinadora Uruguaya de Trabajadores de la Industria Pesquera y la representé en el proceso de refundación de la unidad de los trabajadores en el PIT.

Reintegrado a mi condición de ferroviario, milité y representé a la Unión Ferroviaria, único gremio sobreviviente de la vieja federación.

Finalmente, cuando las políticas neoliberales llevaron a la casi extinción de los ferrocarriles en Uruguay, distribuyendo a miles de ferroviarios por distintas reparticiones del Estado, culmina mi actividad laboral en el Poder Judicial, representando a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.

Se llamara CNT, PIT o PIT-CNT, es esa proeza en que las distintas corrientes sindicales comprendimos y tratamos de transmitir la importancia estratégica de la unidad de acción de los trabajadores en una herramienta de lucha común. Fui parte de numerosos y arduos debates, en los que algunas veces fui mayoría y las más de las veces, minoría.

En todos esos debates, el tema de fondo era resolver cuál era la mejor forma para que el movimiento sindical fuera, frente a la arbitrariedad patronal o al autoritarismo estatal, el “escudo de los débiles” más eficaz, sin olvidar que su objetivo final era llegar a una sociedad sin explotados ni explotadores. Esa era y debe ser la naturaleza, el ADN del movimiento sindical organizado en torno a su convención.

Desde que dejé la actividad laboral, a fines del siglo pasado –a pesar de desempeñar hasta el día de hoy distintas responsabilidades en su Secretaría de Derechos Humanos–, he tratado de no intervenir en las decisiones cotidianas del movimiento sindical relacionadas con el mundo del trabajo. No por desinterés o por no tener opinión sobre ellas, sino por otra razón sustancial: estoy convencido de que, para ser un buen sindicalista, hay que ser un trabajador, y ello supone vivir las mismas condiciones que aquellos a quienes se pretende representar. Ese convencimiento me lleva a ser coherente con mi actual condición de militante en el movimiento sindical, pero alejado del mundo del trabajo.

Sin embargo, hay momentos en que uno percibe que se está caminando por límites que pueden estar afectando aspectos fundamentales de esta herramienta de lucha a la que se ha entregado muchos años de la vida, que tiene su razón de ser en estar comprometido con la lucha contra la arbitrariedad patronal y el autoritarismo estatal. Es en ese contexto en el que considero necesario opinar, con respeto y argumentos.

Tengo meridianamente claro que existe actualmente una radical diferencia entre cómo evaluamos el contenido de 135 artículos de la ley de urgente consideración desde el movimiento sindical y otras importantes organizaciones del movimiento popular con las que históricamente hemos compartidos luchas y con las que actualmente nos esforzamos, material y humanamente, para hacer realidad el referéndum, y la forma en que lo hace el hoy suspendido sindicato policial. Suspensión con la que se puede estar o no de acuerdo, tal como lo registra un resultado logrado con las normas que regulan el funcionamiento de su Mesa Representativa, y no por decisión de “grupos radicales minoritarios”, como se sostiene.

No se trata de una diferencia menor, pues ella implica dos aspectos fundamentales que están en el matriz de nuestro movimiento sindical: en primer lugar, cómo nos paramos frente a los desafíos democráticos, las tentaciones y la materialización del autoritarismo estatal, y en segundo lugar, el papel que como ciudadanos y trabajadores organizados asumimos frente a esos desafíos.

La inclusión del sindicato policial en un movimiento sindical como el PIT-CNT produce contradicciones insalvables. No alcanza con el hecho de que vivan de su salario.

¿Se trata de una discriminación arbitraria y cargada de prejuicios, o de considerar que no están en condiciones de llenar los requisitos para que su pertenencia a la conducción del movimiento sindical no sea un hecho contra natura?

Creo que es, o debería ser, lo segundo. La inclusión del sindicato policial en un movimiento sindical como el PIT-CNT produce contradicciones insalvables. No alcanza con el hecho de que vivan de su salario. Su inclusión va contra la naturaleza de un movimiento sindical como el actualmente organizado en el PIT-CNT.

En 2006, formalmente la Policía Nacional de Uruguay obtuvo el derecho a sindicalizarse, y me parece bien, porque soy partidario de que los policías y hasta los soldados, que en función de una lógica utópica de guerra, sufren condiciones casi feudales en manos de los oficiales, se organicen para defender sus intereses. Pero eso no quiere decir que considere que ese tipo de organización, aunque se denomine “sindicato”, integre el PIT-CNT, una organización cuya naturaleza y fines no son los mismos.

El PIT-CNT no es sólo la organización de quienes viven de un salario, ni siquiera es una organización cuyos fines y objetivos están exclusivamente vinculados con el mundo del trabajo.

El ADN del movimiento sindical uruguayo, por ejemplo, es el que se fue construyendo a lo largo de la historia, en distintos episodios donde la arbitrariedad patronal y el autoritarismo estatal ahogaron con sangre sus justas reivindicaciones. Es esa historia la que se recuerda y homenajea los 8 de marzo, los 1º de mayo.

¿Quién dispara actualmente los perdigones contra las recientes protestas del pueblo chileno, del boliviano, del nicaragüense y muchos otros? Los aparatos represivos del Estado, siguiendo las directivas de su conducción política. Ese es el quid del asunto.


[1] Raúl Olivera Alfaro es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT y coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu.

TOMADO DE LA DIARIA, 15 de marzo de 2021 .

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