Aporte sobre emergencia sanitaria y Ley de Urgente Consideración
Publicado el 19/10/20 a las 6:43 am
Por Raúl Olivera Alfaro
- Para una evaluación de la acción política del
nuevo gobierno, una primera cosa que consideramos
que se debe tener en cuenta es que en la acción del
gobierno con relación a la emergencia sanitaria también
existe, aunque más disimulada o perceptible, la misma
matriz ideológica que en la propuesta de la LUC. Ese es
un aspecto sustancial que se debe tener presente en el
momento de pensar y definir las iniciativas políticas por
parte de la izquierda. La matriz común a que hacemos
referencia está en el contenido de los ejes temáticos que
contiene la LUC. Sobre el contenido de dichos ejes temáticos
como era lógico de esperar, se recibieron diversos
cuestionamientos por parte de aquellos sectores sociales,
políticos e inclusive institucionales que se consideraban
afectados directamente. Esos cuestionamientos se
refieren principalmente a aspectos muy específicos, que
podríamos denominar como los efectos colaterales de la
LUC. Nos parece que se prestó poca o insuficiente atención
a un aspecto, que, si bien no es específico de un
artículo en particular, en nuestra opinión es el corazón
de la iniciativa de la derecha plasmada en toda la propuesta
de la LUC. De lo expuesto, concluimos, que aun
con los cambios en algunos aspectos controversiales, se
mantuvieron. - Según nuestra opinión con la aprobación de la
LUC se instala en la sociedad la existencia de lo que denominaremos
el “Enemigo Interno” (la inseguridad, la
delincuencia incontrolada) y a partir de ello la legitimación
de la acción creciente del autoritarismo del Estado.
Se trata, en nuestra opinión, de la misma lógica que se
predicó y fundamentó en la propuesta de “Vivir sin miedo”
y que contribuyó al surgimiento de Cabildo Abierto. - Para el PVP es importante entender y valorar
esa lógica, el rol que juega en la estrategia del gobierno
de la coalición, porque instala en nuestra sociedad un
nuevo escenario en el que seguramente se generarán
vulneración de derechos produciendo efectos negativos
en todo el tejido social. No es una casualidad que la
propuesta de la LUC estuviera encabezada por un gran
número de artículos sobre seguridad y terminara con
varios de carácter general que instituye la criminalización
de la protesta social como la futura política estatal.
Ese es, en nuestra opinión, el corazón de la LUC,
de ahí nuestra referencia a sus otros efectos, por supuesto
también relevantes, como colaterales. Es eso,
reiteramos, según nuestra opinión, lo que afectará los
principios liberales que ponen límites al poder punitivo
frente a las legítimas y lógicas protestas sociales cuando
se le vulneran sus derechos. No es exagerado concluir
que nos encontramos frente a un nuevo lenguaje de la
persecución penal según el cual las conductas punibles
que se plantean para la protesta social, desconocen los
derechos fundamentales a la libertad de expresión y de
reunión de acuerdo a los principios democráticos. Nos
encontramos ante un profundo avance, a un cambio de
perspectiva de la función punitiva, un cambio en la forma
de entender la función penal en una lógica donde
juega un rol importante la construcción del “Enemigo
Interno”. - Nuestra preocupación por lo que denominamos
el “Enemigo Interno”, tiene en cuenta que
el mismo es una construcción social y cultural que
se instala, se difunde y se justifica a partir de una
predica metódica, planificada en los grandes medios
masivos de difusión, y también en las redes sociales.
Una vez instalado ese enemigo interno –en este
caso la inseguridad ciudadana o el coronavirus–, el
Estado, las políticas estatales principalmente de los
aparatos armados (policiales y militares) adquieren
la legitimidad para ejercer sobre ese enemigo, la autoridad
y todo aquel que cuestione esa acción del Estado, es demonizado. Una vez instalada esa lógica en la población, se encuentra abierta la posibilidad de ampliar el espectro de ese enemigo interno, o instalar nuevos enemigos internos, y a partir de las normativas ya diseñadas y legitimadas para combatir el anterior, desplazarlos para combatir al nuevo.
- La lógica del Enemigo Interno, motivada por la
llegada al país del Coronavirus, se desplazó momentáneamente
de la seguridad ciudadana a la seguridad
sanitaria. Pasamos de la presentación de las políticas
estatales de los Ministros de Interior y Defensa nacional
acompañadas por un despliegue de la policías y militares,
a una presentación del Poder Ejecutivo conduciendo
la política sanitaria. - Sin embargo, la existencia o instalación de
dos enemigos internos (el de la inseguridad y el de la
emergencia sanitaria) son dos escenarios distintos y su
enfrentamiento hace necesarios delinear estrategias
específicas y distintas. No hacerlo sería un error. Hay
momentos en las confrontaciones políticas, aquellas
que buscan la realización de distintos intereses, en que
valen tanto las propuestas o las acciones políticas, como
la forma en que ellas se plantean; es decir el discurso
ideológico que las fundamenta y que al ser asumidos
por la población adquieren la legitimidad necesaria para
tener apoyo. Debemos reconocer que el relato ideológico
que fue construyendo la derecha y que fundamentó
la decisión del titular del Ejecutivo relacionada con el
Fondo Coronavirus y la actuación frente a la pandemia,
fue eficaz; logró un nivel de legitimidad muy importante.
No reconocer eso, es perder de vista un dato importante
del escenario político actual. Nos parece que eso nos
sucedió, le sucedió a la izquierda en general, cuando
le prestó muy poca atención a una parte sustancial,
fundacional del discurso de la derecha: “Yo no hago
política, yo gobierno”; el Estado neutro, por sobre la política.
Asentada en esa lógica Lacalle Pou, no propone,
resuelve. Se apropia de una parte de los recursos de una
parte de la sociedad. Hasta pensó hacerlo por decreto.
Independientemente del carácter de la medida, de si es
justa o no, es una decisión que instala formas de autoritarismo
estatal, disfrazada de decisión de gobierno y no
como política desde el gobierno. - Nos parece que el autoritarismo estatal es hoy el
centro del debate, cómo neutralizarlo. Esa lógica de que
no se hace política, que se gobierna, instala una legitimidad
de las políticas autoritarias. La lógica del enemigo
interno, se desplazó de la seguridad ciudadana, a la
seguridad sanitaria, con lo que ello ya empieza a implicar.
El enemigo es el que protesta, el que se opone a la rebaja
salarial o reclama que otros también aporten, etc. - En principio lo que hoy está planteado son diversas
confrontaciones de intereses, que puede resultar
difícil etiquetarlas como claras confrontaciones de
clases. Por un lado el interés lógico del progresismo
defendiendo sus políticas de 15 años conduciendo
el Estado, que no podemos catalogarlas como políticas
clasistas. Por otro lado, el interés de importantes
sectores de la sociedad, no necesariamente sectores
de clase, de no perder determinadas conquistas en la
agenda de derechos. Ese a grosso modo sería lo que
se denomina el campo popular o el bloque de los
cambios. Frente a ese campo están quienes pretenden
marginar en el futuro a la izquierda, al progresismo
de la conducción del Estado, desarrollando distintas
estrategias articuladas con el acuerdo político que posibilitó
la existencia de la coalición. En este campo de
intereses, la acción del gobierno logra apoyos en sectores
que corresponderían estar en el campo popular.
En tanto hablamos de intereses, estos son legítimos o
no, por eso es importante desnudar aquellos elementos
que legitiman las distintas políticas. - Hay otro elemento que nos interesa incorporar
en estos aportes y se refieren a qué relación mantienen
con los hechos del llamado pasado reciente. Creemos
que la atención que mereció y nos merecen las conductas
criminales del terrorismo de Estado llevadas a cabo
por la dictadura cívico-militar, es una línea de reflexión
que debería tenerse muy en cuenta. No queremos que
las consideraciones que me merecen aquellos hechos,
adolezcan hoy de un error que se cometió, una omisión
que padeció la mayoría de la izquierda, al haber
dejado en un segundo plano el desentrañar el pensamiento
de las fuerzas armadas y los sectores civiles que
la acompañaron, o que posteriormente la respaldaron
o justificaron; nos referimos a la inmensa mayoría hoy
aglomerada en la coalición de gobierno. - Existió un discurso, un relato que intentó dotar
de sustento ideológico, político y jurídico al accionar
del conglomerado cívico-militar de la dictadura. Se trató
de una operación de largo aliento pues se extendió
luego de que concluyera lo que la dictadura denominó
como el “Proceso de Institucionalización Democrática”.
Sin exagerar, creemos que se trató de un esfuerzo para
sentar bases conceptuales y doctrinarias que justificaran
y legitimaran tanto la acción represiva en el pasado
reciente, y como una futura presencia determinante de
los aparatos represivos en la vida política, económica e
institucional. - Aunque parecería que nos metemos en un análisis
de la autocrítica de la actuación en los 15 años de
gobierno del progresismo, creemos que, a la luz de ello,
hoy es fundamental profundizar en ese aspecto, nos
será útil para posicionarnos en algunos dilemas actuales
referidos al papel de los aparatos que detentan el
uso de las armas (fuerzas armadas y policiales). Es ahí,
justamente donde apreciamos con justicia uno de los
grandes debes de las políticas progresistas: la obligación
democrática de eliminar de los institutos que detentan
el uso de la fuerza armada, todo vestigio del pensamiento
tutelar sobre la sociedad. Ese último aspecto ha sido
claramente expuesto a partir de la labor ilegal de los
servicios de inteligencia, que en el trascurso de la vida
democrática del país continuaron su accionar, en la lógica
del mismo enemigo interno que fue blanco de la
represión dictatorial. - Nuestra visión es cuestionadora de las visiones
triunfalistas que supusieron que la visión mesiánica
de las fuerzas armadas fue definitivamente derrotada y
abandonada por las fuerzas armadas luego de la derrota
del plebiscito de 1980.
Raúl Olivera Alfaro es Coordinador Ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu (OLI) e integra el Comité
Central del PVP.
Tomado de «Compañero, la revista«, setiembre|octubre 2020.
