jueves 3 de diciembre, 2020

Aporte sobre emergencia sanitaria y Ley de Urgente Consideración

Publicado el 19/10/20 a las 6:43 am

Por Raúl Olivera Alfaro

  1. Para una evaluación de la acción política del
    nuevo gobierno, una primera cosa que consideramos
    que se debe tener en cuenta es que en la acción del
    gobierno con relación a la emergencia sanitaria también
    existe, aunque más disimulada o perceptible, la misma
    matriz ideológica que en la propuesta de la LUC. Ese es
    un aspecto sustancial que se debe tener presente en el
    momento de pensar y definir las iniciativas políticas por
    parte de la izquierda. La matriz común a que hacemos
    referencia está en el contenido de los ejes temáticos que
    contiene la LUC. Sobre el contenido de dichos ejes temáticos
    como era lógico de esperar, se recibieron diversos
    cuestionamientos por parte de aquellos sectores sociales,
    políticos e inclusive institucionales que se consideraban
    afectados directamente. Esos cuestionamientos se
    refieren principalmente a aspectos muy específicos, que
    podríamos denominar como los efectos colaterales de la
    LUC. Nos parece que se prestó poca o insuficiente atención
    a un aspecto, que, si bien no es específico de un
    artículo en particular, en nuestra opinión es el corazón
    de la iniciativa de la derecha plasmada en toda la propuesta
    de la LUC. De lo expuesto, concluimos, que aun
    con los cambios en algunos aspectos controversiales, se
    mantuvieron.
  2. Según nuestra opinión con la aprobación de la
    LUC se instala en la sociedad la existencia de lo que denominaremos
    el “Enemigo Interno” (la inseguridad, la
    delincuencia incontrolada) y a partir de ello la legitimación
    de la acción creciente del autoritarismo del Estado.
    Se trata, en nuestra opinión, de la misma lógica que se
    predicó y fundamentó en la propuesta de “Vivir sin miedo”
    y que contribuyó al surgimiento de Cabildo Abierto.
  3. Para el PVP es importante entender y valorar
    esa lógica, el rol que juega en la estrategia del gobierno
    de la coalición, porque instala en nuestra sociedad un
    nuevo escenario en el que seguramente se generarán
    vulneración de derechos produciendo efectos negativos
    en todo el tejido social. No es una casualidad que la
    propuesta de la LUC estuviera encabezada por un gran
    número de artículos sobre seguridad y terminara con
    varios de carácter general que instituye la criminalización
    de la protesta social como la futura política estatal.
    Ese es, en nuestra opinión, el corazón de la LUC,
    de ahí nuestra referencia a sus otros efectos, por supuesto
    también relevantes, como colaterales. Es eso,
    reiteramos, según nuestra opinión, lo que afectará los
    principios liberales que ponen límites al poder punitivo
    frente a las legítimas y lógicas protestas sociales cuando
    se le vulneran sus derechos. No es exagerado concluir
    que nos encontramos frente a un nuevo lenguaje de la
    persecución penal según el cual las conductas punibles
    que se plantean para la protesta social, desconocen los
    derechos fundamentales a la libertad de expresión y de
    reunión de acuerdo a los principios democráticos. Nos
    encontramos ante un profundo avance, a un cambio de
    perspectiva de la función punitiva, un cambio en la forma
    de entender la función penal en una lógica donde
    juega un rol importante la construcción del “Enemigo
    Interno”.
  4. Nuestra preocupación por lo que denominamos
    el “Enemigo Interno”, tiene en cuenta que
    el mismo es una construcción social y cultural que
    se instala, se difunde y se justifica a partir de una
    predica metódica, planificada en los grandes medios
    masivos de difusión, y también en las redes sociales.
    Una vez instalado ese enemigo interno –en este
    caso la inseguridad ciudadana o el coronavirus–, el
    Estado, las políticas estatales principalmente de los
    aparatos armados (policiales y militares) adquieren
    la legitimidad para ejercer sobre ese enemigo, la autoridad
    y todo aquel que cuestione esa acción del Estado, es demonizado. Una vez instalada esa lógica en la población, se encuentra abierta la posibilidad de ampliar el espectro de ese enemigo interno, o instalar nuevos enemigos internos, y a partir de las normativas ya diseñadas y legitimadas para combatir el anterior, desplazarlos para combatir al nuevo.
  1. La lógica del Enemigo Interno, motivada por la
    llegada al país del Coronavirus, se desplazó momentáneamente
    de la seguridad ciudadana a la seguridad
    sanitaria. Pasamos de la presentación de las políticas
    estatales de los Ministros de Interior y Defensa nacional
    acompañadas por un despliegue de la policías y militares,
    a una presentación del Poder Ejecutivo conduciendo
    la política sanitaria.
  2. Sin embargo, la existencia o instalación de
    dos enemigos internos (el de la inseguridad y el de la
    emergencia sanitaria) son dos escenarios distintos y su
    enfrentamiento hace necesarios delinear estrategias
    específicas y distintas. No hacerlo sería un error. Hay
    momentos en las confrontaciones políticas, aquellas
    que buscan la realización de distintos intereses, en que
    valen tanto las propuestas o las acciones políticas, como
    la forma en que ellas se plantean; es decir el discurso
    ideológico que las fundamenta y que al ser asumidos
    por la población adquieren la legitimidad necesaria para
    tener apoyo. Debemos reconocer que el relato ideológico
    que fue construyendo la derecha y que fundamentó
    la decisión del titular del Ejecutivo relacionada con el
    Fondo Coronavirus y la actuación frente a la pandemia,
    fue eficaz; logró un nivel de legitimidad muy importante.
    No reconocer eso, es perder de vista un dato importante
    del escenario político actual. Nos parece que eso nos
    sucedió, le sucedió a la izquierda en general, cuando
    le prestó muy poca atención a una parte sustancial,
    fundacional del discurso de la derecha: “Yo no hago
    política, yo gobierno”; el Estado neutro, por sobre la política.
    Asentada en esa lógica Lacalle Pou, no propone,
    resuelve. Se apropia de una parte de los recursos de una
    parte de la sociedad. Hasta pensó hacerlo por decreto.
    Independientemente del carácter de la medida, de si es
    justa o no, es una decisión que instala formas de autoritarismo
    estatal, disfrazada de decisión de gobierno y no
    como política desde el gobierno.
  3. Nos parece que el autoritarismo estatal es hoy el
    centro del debate, cómo neutralizarlo. Esa lógica de que
    no se hace política, que se gobierna, instala una legitimidad
    de las políticas autoritarias. La lógica del enemigo
    interno, se desplazó de la seguridad ciudadana, a la
    seguridad sanitaria, con lo que ello ya empieza a implicar.
    El enemigo es el que protesta, el que se opone a la rebaja
    salarial o reclama que otros también aporten, etc.
  4. En principio lo que hoy está planteado son diversas
    confrontaciones de intereses, que puede resultar
    difícil etiquetarlas como claras confrontaciones de
    clases. Por un lado el interés lógico del progresismo
    defendiendo sus políticas de 15 años conduciendo
    el Estado, que no podemos catalogarlas como políticas
    clasistas. Por otro lado, el interés de importantes
    sectores de la sociedad, no necesariamente sectores
    de clase, de no perder determinadas conquistas en la
    agenda de derechos. Ese a grosso modo sería lo que
    se denomina el campo popular o el bloque de los
    cambios. Frente a ese campo están quienes pretenden
    marginar en el futuro a la izquierda, al progresismo
    de la conducción del Estado, desarrollando distintas
    estrategias articuladas con el acuerdo político que posibilitó
    la existencia de la coalición. En este campo de
    intereses, la acción del gobierno logra apoyos en sectores
    que corresponderían estar en el campo popular.
    En tanto hablamos de intereses, estos son legítimos o
    no, por eso es importante desnudar aquellos elementos
    que legitiman las distintas políticas.
  5. Hay otro elemento que nos interesa incorporar
    en estos aportes y se refieren a qué relación mantienen
    con los hechos del llamado pasado reciente. Creemos
    que la atención que mereció y nos merecen las conductas
    criminales del terrorismo de Estado llevadas a cabo
    por la dictadura cívico-militar, es una línea de reflexión
    que debería tenerse muy en cuenta. No queremos que
    las consideraciones que me merecen aquellos hechos,
    adolezcan hoy de un error que se cometió, una omisión
    que padeció la mayoría de la izquierda, al haber
    dejado en un segundo plano el desentrañar el pensamiento
    de las fuerzas armadas y los sectores civiles que
    la acompañaron, o que posteriormente la respaldaron
    o justificaron; nos referimos a la inmensa mayoría hoy
    aglomerada en la coalición de gobierno.
  6. Existió un discurso, un relato que intentó dotar
    de sustento ideológico, político y jurídico al accionar
    del conglomerado cívico-militar de la dictadura. Se trató
    de una operación de largo aliento pues se extendió
    luego de que concluyera lo que la dictadura denominó
    como el “Proceso de Institucionalización Democrática”.
    Sin exagerar, creemos que se trató de un esfuerzo para
    sentar bases conceptuales y doctrinarias que justificaran
    y legitimaran tanto la acción represiva en el pasado
    reciente, y como una futura presencia determinante de
    los aparatos represivos en la vida política, económica e
    institucional.
  7. Aunque parecería que nos metemos en un análisis
    de la autocrítica de la actuación en los 15 años de
    gobierno del progresismo, creemos que, a la luz de ello,
    hoy es fundamental profundizar en ese aspecto, nos
    será útil para posicionarnos en algunos dilemas actuales
    referidos al papel de los aparatos que detentan el
    uso de las armas (fuerzas armadas y policiales). Es ahí,
    justamente donde apreciamos con justicia uno de los
    grandes debes de las políticas progresistas: la obligación
    democrática de eliminar de los institutos que detentan
    el uso de la fuerza armada, todo vestigio del pensamiento
    tutelar sobre la sociedad. Ese último aspecto ha sido
    claramente expuesto a partir de la labor ilegal de los
    servicios de inteligencia, que en el trascurso de la vida
    democrática del país continuaron su accionar, en la lógica
    del mismo enemigo interno que fue blanco de la
    represión dictatorial.
  8. Nuestra visión es cuestionadora de las visiones
    triunfalistas que supusieron que la visión mesiánica
    de las fuerzas armadas fue definitivamente derrotada y
    abandonada por las fuerzas armadas luego de la derrota
    del plebiscito de 1980.

Raúl Olivera Alfaro es Coordinador Ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu (OLI) e integra el Comité
Central del PVP.

Tomado de «Compañero, la revista«, setiembre|octubre 2020.

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