Las traiciones de Lenin Moreno

Publicado el 18/04/20 a las 12:22 am

Por Angel Vera

Desde hace un mes la explosiva situación crítica de Ecuador fue cruzada por la emergencia sanitaria del COVID-19. La impactante tragedia necesita ser bien contextualizada a partir del ajuste neoliberal, las protestas sociales y las persecusiones políticas.

Lenin Moreno y la restauración conservadora en Ecuador

Lenin Moreno tiró a la basura el programa que agitó en su elección. Lo sostiene un bloque de poder compuesto por el sector financiero bancario, las cámaras empresariales y los medios de comunicación. Obviamente está alineado al Fondo Monetario Internacional y a Washington. Esta alianza exigía una política de “descorreización del Estado”. Ese fue el núcleo de la consulta popular de febrero de 2018.

La lógica del proceso apuntó, en primer lugar, al desmontaje del Estado desarrollista-distributivo de la Revolución Ciudadana. El nuevo régimen económico absolutamente subalterno a las políticas de Washington, fue consagrado con visita del Vicepresidente de EE.UU. Michael Richard Pence en 2018. Ecuador volvió a orbitar la geopolítica estadounidense: retomó los ejercicios militares de la UNITAS, la USAID regresó al país, Ecuador se retiró de la UNASUR y por último, firmó un nuevo acuerdo con el FMI. No fue un hecho menor el de abrir las puertas de su Embajada en Londres a los agentes del Servicio de Policía Metropolitano para entregar a Julian Assange .

El viraje de Lenin Moreno no se realizaría sin múltiples resistencias populares. Simultánemente, el camino exigía la persecución política del Movimiento Revolución Ciudadana y la proscripción del ex-presidente Rafael Correa.

Lenin Moreno y la represión sangrienta de la protesta

El año pasado el pueblo ecuatoriano sufrió un fuerte “paquetazo”, “tarifazo” en nuestros términos, del gobierno de Lenin Moreno.  Estas medidas  generaron la reactivación del movimiento indígena, los transportistas y los estudiantes. Por lo que  el ajuste económico fue acompañado de represión y la imposición del Estado de Excepción.

Las “Jornadas Progresivas de Lucha” de la Confederación Nacional Indígena de Ecuador (CONAIE), absolutamente indepediente y crítica de Revolución Nacional, habían llegado a romper el diálogo con el gobierno de Moreno y a la siguiente conclusión:

 “Estamos observando cómo el Estado en su conjunto forma parte de un avance del conservadurismo, el fascismo y el sentido común más reaccionario.

(…)

“A esto se suma una apología de la violencia institucional y el racismo, con la popularización del discurso de la seguridad para incrementar la presencia de la represión policial y dejar sin resolver los graves problemas sociales y económicos del país” (26/9/2019)

A partir de este punto el documento propuso la clara confrontación contra las políticas fondomonetaristas de Lenin Moreno, llamó a la unidad de acción del campo popular y levantó un amplio programa de defensa de los derechos humanos y comunitarios.

Entre el 3 y el 13 de octubre, el gobierno ecuatoriano instaló la represión, la criminalización, la persecución y la estigmatización a la protesta como política de Estado. Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violación al derecho a la vida en el marco de las protestas. La Defensoría del Pueblo del Ecuador registró 1192 detenidos, 1340 heridos y 11 luchadores asesinados como consecuencia del uso excesivo y arbitrario de la fuerza estatal.

Ante el turbulento clima político, Lenin Moreno llegó a trasladar la sede de su gobierno a Guayaquil, la ciudad-puerto, residencia de una oligarquía racista y clasista, hoy epicentro de la pandemia en Ecuador.

A través de la mediación de la ONU en Ecuador y la Conferencia Episcopal,  un conjunto de organizaciones populares agrupadas en el Parlamento de los Pueblos comenzaron un diálogo con el Gobierno de Moreno. El diálogo culminó con la presentación de la “Propuesta al País” por parte de las asociaciones populares (31/10/2019). No está de más recordar que Moreno acusó al «correísmo» de los desmanes. Obviamente, la plataforma nunca tuvo debida respuesta. Sin embargo,  el levantamiento indígena y popular logró la derogación de la liberalización de los precios del combustible y el paquete de ajustes económicos del llamado decreto 883. A comienzos de 2020, los movimientos sociales iniciaban la preparación de una nueva ola de protestas.

Lenin Moreno y las arbitrariedades del Poder Judicial contra el «correísmo»

Al principio nos referimos a la “descorreización del Estado”. Esta estrategia tuvo varios movimientos. Fue necesario que un Consejo Transitorio, conformado por siete «notables» nominados por Moreno, purgara el sistema judicial. Con estas maniobras ilegales e ilegítimas fueron destituidos: el fiscal general, el presidente del Consejo de la Judicatura y otros funcionarios. También se violó el reglamento  del Poder Legislativo y se utilizó de manera escandalosa la Asamblea Nacional.

Simultáneamente, fue tomando consistencia y juridicidad el caso “Sobornos 2012-2016”, un montón de sospechas y testigos objetables, desconocidos, que dieron vida al espectro de las coimas de Odebrecht. Cosa extraña, el propio Correa decidió expulsar de Ecuador a esa empresa durante su mandato.  Agréguese como elemento sustantivo una campaña mediática nacional e internacional de desprestigio. De este modo el proceso judicial se transforma en un espectáculo muy parecido a un linchamiento mediático. Todo muy similar a los casos montados contra Lula y Cristina Fernández. Cada uno de los elementos se enmarca en la definicion de Lawfare o «guerra jurídica» contra un candidato y un movimiento capaz de competir seriamente en las próximas elecciones.

Otro componenente de las arbitrariedades del lawfare es la participación directa o indirecta de agencias estadounidenses en distintas direcciones: financiamiento a ONGs; canalización de información sesgada o falsa a través de la gran prensa; y el apoyo con materiales, equipo e instrucción a investigadores, fiscales y jueces.

Lenin Moreno y su Gobierno Pandémico

A la crisis económico-social se ha superpuesto la crisis sanitaria. El 29 de febrero se descubrió el primer caso de COVID 19 en el país. El 11 de marzo ya existía un estado de emergencia. El 16 de marzo se impuso el Estado de Excepción y el cierre de fronteras. Ya era tarde. El sistema sanitario colapsó, las morgues colapsaron, las funerarias cerraron sus puertas y reinó la corrupción, una mediación endémica ente el Estado y la Sociedad ecuatorianos. Los médicos comenzaron a mandar a morir a las personas a sus hogares. No tenían nada que ofrecer. No existen datos fidedignos sobre cuántos miles de guayaqueños fallecieron en sus casas sin diagnóstico.  A partir de entonces se creó una Fuerza de Tarea Conjunta para levantar los cadáveres de las calles con capacidad de trasladar 100 por día. Se habían acumulado al menos 1300 cuerpos insepultos en la provincia de Guayas y seguían cayendo. Actualmente hay una línea 911 y un WhatsApp para este servicio que promete tardar un máximo de 12 horas en hacerlo en urnas de cartón. Del manejo absurdo de la información y las cifras dadas por el Gobierno solo puede decirse que existió un insólito subregistro del número de fallecidos.

Hoy el país muestra la mayor proporción de contagios y muertos per cápita del continente. La terrible tragedia humana del COVID-19 con epicentro en Guayaquil se debe en gran parte a las políticas de ajuste fondomonetaristas, la desigualdad social, la precariedad e informalidad laboral, la demora en implementar los test de diagnóstico y la ausencia de respuestas a la población más vulnerable.

La propagación del virus en los centros carcelarios provocó alarma por la vida de los presos comunes y los presos políticos. Entre estos últimos se encuentra el exvicepresidente Jorge Glas.

La pandemia y el Estado de Excepción sirvieron para que los grandes grupos económicos comenzaran una política de despidos intempestivos, selectivos y masivos, ilegítimos. Esto conllevó una pérdida generalizada de derechos laborales, mayor precarización y mayor vulnerabilidad de las grandes mayorías con la pasividad del Poder Ejecutivo.

Conclusiones

La respuesta gubernamental a la pandemia fue negligente y limitada. El COVID-19 descubrió las insuficiencias del servicio de salud pública bajo un régimen neoliberal que cumple rigurosamente las orientaciones del FMI. Lenin Moreno priorizó el pago de la deuda externa a la salud.

Mientras el pueblo sufre el impacto de la pandemia, la cuarentena y el Estado de Excepción, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia condenó a Correa a 8 años de prisión y a 25 años de  proscripción. Junto a él, a otras 19 figuras políticas. Esta decisión se tomó durante la vigencia del estado de excepción cuando solo se darían audiencias en flagrancia. La persecusión política contra el ex presidente y su Revolución Ciudadana está desnuda.

Pero este juego no terminaría aquí. El gobierno está considerando el aplazamiento de las elecciones presidenciales y legislativas del 7 de febrero del 2021. Desde el exilio Correa manifestó: «¡Claro que con esta persecución hacen daño en el corto plazo! Pero en el largo plazo solo nos vuelven invencibles. No podrán cambiar el curso de la historia. ¡Resistiremos y venceremos!”

Por otra parte, la pandemia solo ha contenido y postergado las nuevas olas de protestas populares que a la larga o a la corta estallarán tras la pandemia. Este 13 de abril, la CONAIE volvió a levantar la plataforma del año pasado ante la actitud obsecuente del Presidente Moreno frente al FMI. Así caracterizó su gobierno: «la crisis social se agrava fundamentalmente por las decisiones económicas del gobierno, reflejando indolencia, incapacidad e incompetencia para manejar los recursos públicos«. El comunicado culmina así: «Las demandas del movimiento indígena, el movimiento sindical, las organizaciones populares, el movimiento de mujeres y el pueblo en general se junta para empujar un programa de unidad». Y el 16 de abril la CONAIE y su Colectivo Nacional declararon que el movimiento no está dispuesto a soportar más castigos de los que ha dado ya la incapacidad de Lenin Moreno para enfrentar la crisis sanitaria y la angustiosa situación económica.

En resumen, Lenin Moreno traicionó a sus electores, a la ciudadanía, a su Pueblo y a Nuestra América. Solo los movimientos y los partidos populares en sintonía podrán enfrentar el poder de las élites.