Por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ante la Ley de Urgente Consideración

Publicado el 03/03/20 a las 6:00 pm

Declaración del COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DEL URUGUAY

POSICIONAMIENTO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN

El Comité de los Derechos del Niño del Uruguay (CDNU), es una coalición de organizaciones no gubernamentales, sociales y  culturales, creada en el año 1991 a partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Estado uruguayo. Su principal cometido es realizar un seguimiento exhaustivo en las condiciones del respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes,  promoviendo  su  cumplimiento  efectivo  y  visibilizando  aquellas  situaciones  que implican una vulneración a los mismos.

En el marco de esta tarea vemos con preocupación un conjunto de aspectos incluidos en el Anteproyecto  de  Ley de  Urgente Consideración  dado  a  conocer  recientemente  por  el  gobierno electo presidido por Luis Lacalle Pou, debido al impacto que muchos de sus artículos tendrían en la población de niñas, niños y adolescentes.

Previo a las elecciones nacionales de octubre , junto a la Asociación Nacional de ONG’s para el  Desarrollo  (ANONG),  elaboramos  el  documento  programático   “Uruguay   2020:  10  puntos estratégicos  para  establecer  la  infancia  como  prioridad” . Este  documento  fue  presentado  y entregado en mano a representantes y parlamentarios de los partidos políticos en carrera electoral (entre ellos integrantes de la coalición de gobierno), manteniendo reuniones de carácter formal, teniendo como corolario la firma de un compromiso en acto público. En esta hoja de ruta se refleja nuestro   posicionamiento   sobre   las   políticas   de   niñez   y   adolescencia,   ofreciendo   algunas propuestas concretas de acción para establecer efectivamente la infancia como prioridad.

Sin  embargo,  entendemos  que  el  anteproyecto  de  ley  presentado  no  solamente  no contempla nuestras sugerencias, sino que en muchos casos es claramente contradictorio con ellas.

Por  este  motivo  deseamos  señalar  los  siguientes  aspectos  que,  entendemos,  deben  ser considerados a la brevedad:

• Nos preocupa la utilización del mecanismo constitucional de Ley de Urgencia para el tratamiento de aspectos vinculados a infancias y adolescencias.  El Artículo Nº 168 de la   Constitución   Nacional   prevé   este   mecanismo   que   tiene,   como   característica principal, el hecho de que existe un plazo máximo para el tratamiento parlamentario del proyecto de Ley. En caso de que las Cámaras no aprueben el proyecto dentro de los plazos  estipulados,  el  proyecto  se  considera  tácitamente  aprobado  por  el  Poder Ejecutivo.  Entendemos  que  esta  población  debe  ser  una  prioridad  de  las  políticas públicas en nuestro país; sin embargo, la elaboración de políticas públicas de infancia requiere de destinar tiempos adecuados para el estudio de las mejores alternativas de acción, dando participación a niñas, niños y adolescentes y a las organizaciones de la  sociedad  civil.  Ninguno  de  los  aspectos  vinculados  a  infancias  y  adolescencias dentro del texto del anteproyecto requiere, a nuestro entender, de una resolución normativa  de  carácter  “urgente”;  y  otros  aspectos  que  sí  podrían  llegar  a  ser considerados de este modo se encuentran omitidos en dicho documento.

• Nos  alarman  diversos  artículos  incluidos  en  los  Capítulos  1,  2  y  3  de  la  Sección  I “Seguridad Pública” del anteproyecto. Los Artículos Nº 11, Nº 14, Nº 22, Nº 23, Nº 41 y Nº  42;   y   el  Artículo  Nº  450  incluido  en  el  Capítulo  1  de   la  Sección  X   “Otras disposiciones”. Todos estos artículos permiten un aumento de la discrecionalidad de las fuerzas de seguridad, desconociendo que ya en la actualidad ocurren repetidos episodios  de  detención  arbitraria  de  adolescentes  que  acarrean  vulneraciones  de derechos.  Es   relevante   además   tener   en  cuenta  que  la   gran  mayoría   de  esas detenciones    arbitrarias    y    vulneraciones    se    suscitan    en    contextos    socio económicamente menos favorables.

• Vemos con preocupación los artículos Nº 62, Nº 63, Nº 64 y Nº 65, contenidos en el Capítulo V de la Sección I “Seguridad Pública del anteproyecto, referidos en su totalidad a la normativa sobre menores privados de libertad. A nuestro entender este Capítulo implica,  en  su  conjunto,  una  grave  regresión  en  materia  de  derechos  humanos, aumentando  a  10  el  máximo  posible  de  años  para  las  medidas  privativas  de  la libertad; rigidizando aún más un conjunto de aspectos contenidos en la Ley Nº 19.055 (cuya derogación ya hemos solicitado en repetidas oportunidades), y proponiendo la conservación de antecedentes penales de menores  de 18 años que hayan cometido ciertos delitos.

• A raíz de lo anteriormente expuesto deducimos que el conjunto de elementos incluidos en   la   Sección   I   “Seguridad   Pública”   del   anteproyecto   implicarían,   en   caso   de instrumentarse, un rápido colapso del Sistema Penal Juvenil tal y como se encuentra funcionando actualmente. El aumento de penas y personas privadas de libertad no generan resultados positivos, lo que se demuestra en que la población carcelaria y las medidas  punitivas  han  aumentado  sostenidamente  en  el  tiempo  en  el  Uruguay,  no dando respuesta efectiva a los reclamos de seguridad.

• Nos  alarma  la tendencia  a  la mayor  centralización  de las políticas  educativas en la figura   del   Ministerio   de   Educación   y   Cultura   bajo   el   entendido   de   que   estas modificaciones  orgánicas  e  institucionales,  tratadas  a  través  del  mecanismo  de urgencia, podrían impactar en la situación real que viven niñas, niños y adolescentes en el marco del sistema educativo. Entendemos que el sistema educativo requiere de transformaciones estructurales, pero que las mismas deben ser emprendidas con la participación  de  todos  los  actores  involucrados  y  atendiendo  especialmente  a  la situación de niñas, niños y adolescentes más vulnerables.

• Nos preocupan los aspectos comprendidos en la Sección VIII “Desarrollo social y salud”, en los que las mismas institucionalidades existentes (el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay -INAU-), continúan siendo rectores,  articuladores  y  ejecutores  del  conjunto  de  políticas  sociales  vinculadas  a infancias  y  adolescencias.  Nuevamente  queda  en  evidencia  la  no  existencia  de  un Sistema de Protección Integral para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la superposición de tareas en los mismos organismos y  agencias del Estado. Ligado a esto, inquieta especialmente el Capítulo 2 de dicha sección referido a las “mejoras” en el régimen de adopción y la falta de referencias claras en el anteproyecto al principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.

A raíz de los puntos mencionados, entendemos que el Anteproyecto de Ley de Urgente Consideración implica una regresión en materia de derechos humanos. Solicitamos  al gobierno entrante  la  posibilidad  de  revisar,  en  primer  lugar,  el  mecanismo  de  presentación  del  presente anteproyecto dado que, como se ha mencionado, consideramos inadecuado el tratamiento de estos aspectos a través de una Ley de Urgencia; y en segundo lugar, los aspectos de dicho anteproyecto que afectan a niñas, niños y adolescentes.

Quedamos  a  disposición  de  las  nuevas  autoridades  gubernamentales  y  parlamentarias para  dialogar  y  buscar  las  mejores  alternativas  posibles  para  garantizar  normativamente  las condiciones adecuadas para el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes.