2° DOSSIER. Elecciones 2019. El enfoque de la economía política.
Publicado el 26/12/19 a las 6:34 am
La semana pasada repasamos tres miradas desde la sociología, la política y la ideología acerca de la derrota electoral del Frente Amplio. En este segundo Dossier reunimos los artículos de tres economistas: Rodrigo Alonso, Antonio Elías y Jorge Notaro. Notaro analiza las condicionantes económicas de la derrota. Elías critica la inscripción de la política de los últimos gobiernos dentro de la institucionalidad capitalista para administrar la crisis. Y Alonso plantea los límites de “lo progresista” y los dilemas estratégicos del cambio de etapa de la economía y la política uruguaya.
Las condicionantes económicas del resultado electoral
Por Jorge Notaro
La derrota electoral del FA en octubre fue tan profunda que no se pudo superar con la inmensa repuntada de noviembre. La explicación requiere tener en cuenta múltiples condicionantes que se han señalado en los numerosos análisis difundidos, como la pérdida de las raíces en el movimiento social, el abandono de la lucha ideológica, la falta de estímulo a la participación de las bases, la subvaloración de los problemas de seguridad o los posibles errores de la estrategia electoral y del candidato. Esta nota se limita a analizar el papel de las condicionantes económicas.
El gobierno y en particular el equipo económico no percibieron que después de una primera década de importantes mejoras, desde 2015 la situación se estancó o se deterioró lentamente para una parte de la población. Para varias decenas de miles de personas las condiciones materiales de vida en 2014 fueron mejores que en 2019. Estas personas precisan un cambio y como el FA ofreció continuidad, optaron por las propuestas de la oposición. El deterioro se manifestó en:
a) Problemas de ingresos: estancamiento del número de personas pobres y del salario real. Durante los primeros diez años de gobierno del FA el número de personas pobres tuvo una acelerada reducción hasta llegar a 335.000 en 20114; en 2015 se enlenteció esta tendencia y en 2018 las personas pobres fueron 284.000. El salario real, es decir el poder de compra del salario, en enero – octubre de 2019 aumentó un 1% con relación al año anterior.
b) Problemas de empleo: pérdida de empleos, deterioro de la calidad del empleo y aumento del número de personas desempleadas. El número de personas trabajando alcanzó un máximo en 2014 con 1.677.700 y al año siguiente comenzó una persistente reducción hasta llegar a enero – setiembre de 2019 a 1.611.816, es decir, 65.884 personas menos. Las personas con empleos de buena calidad fueron 1.224.721 en 2014 y en enero – setiembre de 2019 fueron 1.165.343, es decir, 59.378 menos. Aumentó el número de personas desempleadas que en 2014 fueron 118.800 y en enero – setiembre de 2019, 41.278 más.
c) Pérdida de medios de producción: tierras y empresas. El número total de explotaciones agropecuarias se redujo un 21.4% entre el 2000 y 2011; de ese total el 91% fueron explotaciones de menos de 100 hectáreas (Arbeletche 2015). Los cierres fueron particularmente graves para los tambos y según la Asociación Nacional de Productores de Leche entre marzo de 2016 y junio de 2019 cerraron 223 tambos, el 9% del total. También los productores de miel sufrieron pérdidas por la muerte de las abejas por el efecto de la fumigación de agrotóxicos. En un plano más general, la Liga de Defensa Comercial informa que el número de concordatos desde 2017 hasta 2019 fueron más de 100 por año y sólo es superado por el número de concordatos de la crisis en 2002.
Se llegó a las elecciones con impactos negativos de la política económica. Si el equipo económico no estuviera tan rígidamente apegado a esperar del funcionamiento de los mercados y tuviera en cuenta que los indicadores macroeconómicos son promedios que resultan de situaciones muy distintas, podría haber adoptado algunas medidas heterodoxas con mejores resultados. Menciono sólo cuatro como ejemplo:
i) Emisión de deuda pública por mil millones de dólares para capitalizar un fondo fiduciario que financie la construcción de vivienda popular en sus diversas formas
ii) Emisión de deuda pública por mil millones de dólares para capitalizar un fondo fiduciario que financie la compra de tierras para entregar a los aspirantes a colonos
iii) Apoyo del BROU a las actividades de la construcción y de los colonos con créditos blandos e inclusión de las mismas en la ley de promoción de inversiones exonerándolas de impuestos.
d) Comprar la deuda de Venezuela con la industria láctea. Se habría evitado el cierre de muchos tambos así como la quiebra de PILI en Paysandú.
Como se anunciaba al principio de esta nota, las condicionantes económicas son sólo una parte de la explicación de las decisiones electorales. Probablemente no son las más importantes ya que no se puede esperar la transmisión automática a las decisiones electorales. Frei Betto, analizando la derrota del PT en Brasil, subrayó algunas condicionantes que se deberían tener en cuenta en el debate sobre la explicación del reciente resultado electoral, por ejemplo «El trabajo que yo llamo de alfabetización política no se hizo»… «Vencer en las próximas elecciones pasó a ser más importante que ir adelante por reformas estructurales que respaldaran un proyecto de país»… «Nos dedicamos a administrar un proyecto dentro de la estructura capitalista globocolonizada. No hay globalización sino globocolonización, que es la idea de colonizar el planeta con un solo modelo, el consumista y hedonista.»
Bibliografía citada
Arbeletche, P. (2015) Agronegocio y concentración: el caso de Uruguay
Frei Betto (2018) Fallamos en la educación política del pueblo, Caras y Caretas, Montevideo.
Tomado de CLARIDAD, 12 de diciembre de 2019 – Número 29
Análisis de una derrota esperada
Por Antonio Elías
En la primera vuelta de las elecciones nacionales, 27 de octubre, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, obtuvo una votación del 28,6% y el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, alcanzó un 39%. Dado que la legislación electoral exige para ser electo en la primera vuelta el 50% de los sufragios emitidos (incluye votos en blanco y nulos), se convocó al balotaje.
En la misma noche del 27 de octubre dieron su apoyo público al candidato de la derecha en el balotaje los líderes de la oposición: Ernesto Talvi, Partido Colorado, con12,3% de los votos; el general retirado Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, con 11%; Pablo Mieres, Partido Independiente, 1%; Edgardo Novick, Partido de la Gente, 1%.
El 5 de noviembre, la coalición “multicolor” de cinco partidos firmó un documento conjunto, el “Compromiso por el País” (https://partidocolorado.uy/documentos/compromiso.pdf), haciendo constar que: representaban el 53% de los votos emitidos; tenían 56 bancas en la Cámara de Representantes (integrada por 99 diputados); lograron 17 bancas en el Senado (integrada por 30 senadores y el vicepresidente de la República).
Si en el balotaje (24 de noviembre) todos los votantes de la coalición hubieran apoyado a Lacalle hubieran obtenido más del 50% de los votos, sin embargo, fue 48,71% a 47,51%, lo que implica un cambio sustancial de preferencias. Cabe destacar que las encuestadoras hasta el jueves previo a la elección estimaban que la diferencia sería entre 5% y 7%, pero el resultado fue de solamente 1,2%.
La reducción de diferencias se explicaría por tres razones: dos de ellas refieren a técnicas de campaña –se pasó de los actos masivos a la búsqueda de votos persona a persona; la campaña para traer frentistas del exterior– la tercera, es la principal y la políticamente más importante. Guido Manini Ríos1, senador electo por Cabildo Abierto, el partido de la corporación militar, dirigió un video a las tropas identificando al Frente Amplio como un enemigo de las fuerzas armadas y pidiendo que no lo votaran (https://www.youtube.com/watch?v=x8Qx5ewUqGs), a lo que se sumó un comunicado del Centro Militar, típico de la guerra fría, en un estilo Bolsonaro que llama a extirpar el marxismo, asumiendo que el Frente Amplio es una fuerza marxista (https://www.martes.com.uy/comunicado-centro-militar).
Vale la pena considerar en este contexto las afirmaciones de una alta autoridad de las Fuerzas Armadas brasileñas: “Jair Bolsonaro no es pura ideología, detrás de todo eso está la estrategia de la cúpula de las Fuerzas Armadas de construir un presidente propio, encargado de imponer lo que denomina una «nueva democracia». Esta consistirá en un programa político ultraconservador y uno económico ultraliberal, con los condimentos de una participación activa de los militares en la vida política y la misión de arrancar de raíz a la ‘izquierda que engaña a la sociedad«. 2
También se difundió un WhatsApp (https://www.elobservador.com.uy) enviado por un comando autodenominado “Barneix” en el que se amenaza a los soldados: “Sabemos quién sos y contamos con tu voto y el de tú familia para salvar a la Patria. Es una orden. Las órdenes se acatan y el que no lo haga es un traidor. Sabemos como tratar a los traidores. (…) Empezamos a volver”3. Para completar el panorama, el Presidente del Centro Militar, que fue candidato a diputado por Cabildo Abierto, declaró éste lunes que no descarta que lo que está pasando en la región pueda pasar en Uruguay y que las Fuerzas Armadas –que tienen “monopolio del uso de la violencia”– están preparadas para actuar.
Este accionar de miembros de la “corporación militar” generó un rechazo de la sociedad civil que se expresó, no solo en un sorpresivo apoyo a la fórmula del FA, sino que además fue cuestionado por dirigentes políticos, movimientos sociales y periodistas de todos los medios de comunicación. El mensaje de la sociedad fue claro: la democracia se respeta.
El nuevo escenario
A pesar del apretado resultado de la segunda vuelta, el resultado final de las dos elecciones es que la coalición de derecha tiene mayoría parlamentaria en ambas cámaras y la presidencia del país, lo que implica un cambio casi total en la elite gobernante.
Una diferencia significativa entre la coalición perdedora y la ganadora, es que el Frente Amplio nació en 1971 y tiene múltiples mecanismos para garantizar el cumplimiento de las decisiones (disciplina partidaria), en cambio, la coalición de derecha es un agrupamiento electoral, recién constituido, y sin ninguna experiencia común de gobierno.
Dentro del Frente Amplio hay un desplazamiento del voto hacia la izquierda: el Movimiento de Participación Popular que dirige José Mujica, tiene 24 diputados y 6 senadores; el Partido Comunista y sus aliados tienen 2 senadores y 6 diputados; el Partido Socialista tiene 1 senador y 3 diputados, sumados son 8 senadores en 13 y 33 diputados en 42.
Debe destacarse, además, que el partido de la corporación militar, obtuvo 3 senadores y 11 diputados por lo cual tiene un peso fundamental dentro de la coalición “multicolor”, porque son la minoría que garantiza la mayoría parlamentaria. Cabildo Abierto se inscribe en el avance, tanto en nuestro continente como en el mundo, de los partidos de ultraderecha, profundamente regresivos y desestabilizadores de la democracia.
Uno de los puntos más relevantes del nuevo escenario es la modificación sustancial de la inserción geopolítica del país, el nuevo gobierno plantea “La defensa de la Democracia y los Derechos Humanos a nivel regional será promovida en el marco de la OEA y todas aquellas instancias que busquen reafirmar tales objetivos (por ejemplo, el grupo de Lima).” (Partido Nacional, Programa de Gobierno 2020-2025, pg. 30, https://www.partidonacional.org.uy/).
Impulsaran una inserción económica internacional “libre de condicionamientos ideológicos”, apuntando a priorizar: el acuerdo de Asociación Estratégica con la Unión Europea; la flexibilización del Mercosur, para posibilitar la firma de tratados de libre comercio con terceros países sin necesidad del aval de los países miembros; las relaciones con la Alianza del Pacífico.
A su vez, se mantendrá la política de apertura a la Inversión Extranjera Directa, y se continuará con la construcción de la cuestionada segunda planta de UPM, sobre el Río Negro. Se plantean incrementar la inversión (básicamente extranjera) a través de la Participación Público Privada, a través de “Modificar el régimen, con el fin de reducir plazos legales, eliminar superposiciones y costos burocráticos, aumentar los atractivos para invertir…” (Punto 5, Compromiso por el País).
Desde el punto de vista macroeconómico plantean un fuerte ajuste fiscal, proponen reducir el gasto y no aumentar los impuestos. Esto reducirá, entre otros, el personal que tiene vínculos laborales directos con el Estado y el número de trabajadores tercerizados que se contratan a través de empresas y ONGs. Elaboran un presupuesto “base cero”, que implica no aumentar los gastos discrecionales, aquellos que dependen únicamente de la voluntad del gobierno (insumos, inversiones, cantidad de personal, etc.).
La asistencia financiera al sistema de seguridad social se tratará de reducir a través de “reformas paramétricas del régimen jubilatorio por solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social, así como con perfeccionar el pilar de ahorro individual” (p. 88, Programa del Partido Nacional). Estas medidas implicarán pérdidas en el monto de las pasividades de los trabajadores que se jubilen en el futuro.
Para reducir el costo país y lograr mejoras en la competitividad de precios llevarán adelante un proceso devaluatorio que, como es obvio, reducirá el poder adquisitivo del salario y las pasividades.
Los derechos de los trabajadores están en cuestión, en la medida que: eliminaran el derecho de ocupación de los lugares de trabajo en el sector privado (extensión del derecho de huelga); intentaran reducir el contenido y ámbito de aplicación de los Consejos de Salarios; pretenden, además, reglamentar el derecho de huelga y exigir personería jurídica a los sindicatos.
En esencia podríamos sostener que el “Compromiso por el País” y los programas de los partidos que integran la Coalición de derecha se alinean con los planteos de las Cámaras Empresariales (http://www.ciu.com.uy/innovaportal). Al respecto recomendamos ver el análisis crítico que presentamos en el Semanario “Voces” (http://semanariovoces.com/contra-el-manifiesto-del-capital-por-antonio-elias/).
Las responsabilidades del progresismo
Existen múltiples ejes de análisis para tratar de explicar lo sucedido: errores en la estrategia electoral, malos candidatos, características de la campaña, etc.; los medios de comunicación masivos se impusieron en la población con una campaña favorable para la derecha; se perdió el peso de los grupos del FA que competían por el centro político con los partidos tradicionales, implosión del Frente Líber Seregni; las capas medias pagaron el ajuste fiscal del tercer período de gobierno (2015-2019) y los desheredados del sistema que –en la necesidad de sobrevivir cada día, buscan la protección de los “poderosos” sin importar el partido– fueron los más afectados por el estancamiento de la economía y la pérdida de empleos.
Todas las razones señaladas tienen una parte de la explicación, a nuestro entender el factor fundamental es que el Frente Amplio hizo un corrimiento al centro dejando de lado su programa. Recordemos qué en el contexto de una importante crisis económica, el Frente Amplio alcanza el gobierno en 2004, que mantiene en 2009 y 2014, teniendo siempre mayorías parlamentarias.
En el proceso para acceder al gobierno el FA desdibujó su programa histórico de cambios, y en el contexto de una estrategia “realista” incluyó una amplia política de alianzas para captar el voto del centro político.
El FA en el gobierno no se planteó en ningún momento aplicar políticas antiimperialistas y antioligárquicas, no solamente como práctica sociopolítica limitada por una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico de su accionar. Las definiciones programáticas se fueron diluyendo: primero, en forma ambigua; luego, frontalmente para obtener el aval de los señores del «mercado».
Los tres gobiernos del FA, con sus matices y diferencias, se inscribieron dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para administrar la crisis. Renunciaron a su lucha contra el neoliberalismo y asumieron las reformas institucionales de “segunda generación” del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo. Los cambios son fuertes en el plano electoral, mínimos o nulos en lo ideológico, pero en lo económico e institucional se profundiza el capitalismo dependiente.
En el tercer gobierno trato de administrar la caída de precios internacionales, el estancamiento productivo, el aumento del déficit fiscal con un ajuste fiscal gradual sobre el salario directo e indirecto de los trabajadores sin afectar al capital.
En efecto, la modificación del ciclo económico mundial y su impacto en el precio de las materias primas provocó una caída global de los ingresos del país. Las políticas de conciliación de clases (socialdemocracia) requieren recursos para atender los intereses del capital y del trabajo. Hasta el 2014 se mantuvieron con dificultades, pero luego el ajuste afectó fundamentalmente a los trabajadores y no al capital.
La inseguridad, el crecimiento de los delitos sobre las personas y la propiedad, se transformó en un problema muy importante, que más allá de que la población uruguaya esté en mejores condiciones de seguridad que otros países del continente, lo que compara la gente es su situación actual respecto a su situación anterior y, objetivamente, empeoró.
No se hizo ninguna política contra el capital transnacional, por el contrario, se lo favoreció ampliamente (Ley de promoción de inversiones, Zonas Francas, libertad absoluta para mover sus capitales). Tampoco se hicieron políticas de preservación del ambiente, las cianobacterias contaminan los ríos y las costas como consecuencia de los fertilizantes que aumentan las ganancias del agro negocio.
Por último, lo fundamental, no hubo lucha ideológica contra los principios y valores del sistema socioeconómico vigente. Esa falencia es una responsabilidad compartida, como señala Rubén Montedonico (“Uruguay en el trance electoral”, Semanario “Voces”, 21/11/2019, pg. 23) “El FA, asimismo, cortó las poleas de trasmisión que lo ligaron con sus bases y pasó a ser una mutualidad cupular donde lo principal se debatió entre líderes; debe añadirse la escasez –en general– de una arquitectura clasista de la central sindical y el papel secundario de la universidad pública.”
Notas:
1 Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas desde el 2 de febrero de 2015 hasta el 12 de marzo de este año, cuando fue destituido por el Presidente de la República, después de insubordinarse al criticar a la Justicia Civil y al Poder Ejecutivo, ocultando información que incriminaba a uno de los principales asesinos y torturadores de la dictadura cívico militar (1973-1984).
2 https://www.ambito.com/bolsonaro-un-lider-construido-pos-un-nuevo-proyecto-poder-militar-n4035789
Artículo publicado en el #38 del Boletín “Nuestra América XXI. Desafíos y alternativas”, del Grupo de Trabajo: “Crisis y Economía Mundial” del CLACSO y en el Semanario “Voces”, 12 de diciembre de 2019, Montevideo, Uruguay. Tomado de Rebelión, 20-12-2019.
La otra transición
Los límites de lo progresista.
Por Rodrigo Alonso
El resultado de una elección no se determina exclusivamente por la estrategia electoral, el desempeño del candidato ni los aciertos o los errores de la campaña. Por lo general, las elecciones son el resultado de una condensación de procesos de años o décadas. La reciente elección coincide con la fase de caída de un ciclo económico expansivo iniciado en 2005. En 2015, aproximadamente, la economía uruguaya alcanzó una suerte de meseta en relación con su dinamismo para continuar creciendo y agregando satisfactoriamente demandas diversas. Mientras que entre 2005 y 2014 el Pbi creció, en promedio, un 5 por ciento anual, entre 2015 y 2019 lo hizo en valores cercanos al 1 por ciento.
El fin de un ciclo expansivo no tiene por qué determinar mecánicamente la derrota del oficialismo: la clave está en cómo se tramita políticamente el fin del auge y qué relato pasa a ordenar el tablero de lo simbólico. En ese sentido, los representantes de los capitales de base agraria a inicios de 2018, nucleados en Un Solo Uruguay, veían su rentabilidad afectada por una baja de los precios de las materias primas que no resultó compensada por la suba del tipo de cambio. Salieron, entonces, a disputar que el ajuste recayera sobre los asalariados y el gasto estatal, y comenzó a erosionarse la base electoral del Frente Amplio (FA), fundamentalmente en el Interior, donde el entramado social tiene por sujeto protagónico (si no en número, en potencia política) el pequeño y mediano capital y a los terratenientes.
En aquella ocasión, la estrategia del gobierno fue defensiva y de contención; planteó medidas menores de renuncia fiscal para aliviar algunos segmentos y, de este modo, dejó pasar la oportunidad para instalar un debate sobre aspectos relevantes, como la apropiación de la renta agraria en un país primario‑exportador como Uruguay. Alrededor de 1.500 millones de dólares anuales (2,5 por ciento del Pbi) son apropiados por, valga la redundancia, los propietarios de tierras, por concepto de renta. En vistas de la acentuada concentración del suelo agrario, año a año opera un enorme mecanismo de distribución regresivo del ingreso para la sociedad en su conjunto. A quienes les preocupa la transferencia de ingresos desde los sectores que trabajan hasta los que no trabajan deberían poner el foco en este fenómeno, que representa un monto más de diez veces superior al de las transferencias monetarias a los sectores más pobres.
La narrativa que decodificó el malestar de la derecha fue: los problemas son un Estado que gasta mucho y los sectores parasitarios que han vivido por encima de sus posibilidades, y no fue posible oponer otra que identificara los privilegios del capital terrateniente como parte fundamental del problema.
Cambio de etapa
El triunfo de la “coalición multicolor” expresa y coincide con un cambio de etapa de la economía y la sociedad uruguaya. La otra transición, quizá la más relevante, es la que nos aleja de un ciclo claramente ascendente, de unos diez años (2005‑2015), a uno de meseta (2015‑2019), que ahora desemboca en un escenario que puede ser de ajuste y estancamiento. Uruguay llega con un delay de un lustro a su destino latino-americano. El incremento del déficit fiscal, que empieza a incrementarse ya en 2012, es un síntoma de la existencia de una tensión distributiva que es absorbida por el Estado en la forma de déficit fiscal.
Como decía, la fase de auge permitió que se sumaran una serie de demandas al reparto: se incrementaron los salarios reales alrededor de un 50 por ciento, el desempleo alcanzó niveles históricamente bajos, se ha utilizado parte del plusvalor para sostener el Mides y sus políticas sociales, y se multiplicaron emprendimientos (capitales) en diversas áreas de la economía. El problema planteado ahora es cuánto de esto es sostenible para el precario capitalismo uruguayo sin la década de crecimiento económico empujada por el boom de las materias primas.
La posibilidad de consolidar una etapa más restrictiva en materia económica pone sobre la mesa el problema de los límites de “lo progresista” como modalidad de gestión de nuestra economía periférica y del conflicto social que despliega. ¿Hasta dónde una gestión progresista, entendida como una política que no se propone deteriorar condiciones de vida ni derechos populares, pero tampoco pretende alterar la estructura económica dada ni los privilegios de la elite económica, es capaz de conservar los equilibrios macroeconómicos en este nuevo escenario?
En los próximos años no lo sabremos, porque la elección la ganó la “alianza de los ajustadores” y la perdió la “alianza de los que tienen que ser ajustados”. Lo contrario pasó en Argentina. Salvando las distancias, hoy Uruguay, aunque en mejores condiciones, arriba a un escenario similar al de Argentina en 2015, y en 2024 podremos ser Argentina hoy. Conviene seguir de cerca los dilemas del gobierno del Frente de Todos en el país vecino, porque seguramente también serán los nuestros llegado el caso.
El advenimiento de un cambio de etapa nos coloca, como sociedad, ante la disyuntiva de cómo se va a distribuir socialmente el ajuste. Históricamente, tanto en Uruguay como en la región el tránsito desde una fase de auge y agregadora de demandas hasta otra de carencia y desagregación se ha tramitado de forma conflictiva y ha dado lugar a giros bruscos en materia política, en ocasiones más drásticos que una simple alternancia electoral, como ocurrió con el fin del auge de la segunda posguerra en el Cono Sur.
Es pertinente preguntarse si las contradicciones que se han incubado en la fase de ascenso tienen la fuerza disruptiva suficiente como para tensionar el propio pacto de gobernabilidad inaugurado en la reapertura democrática. El devenir de los procesos políticos de la región parece ir en ese sentido; lo mismo que el crecimiento de una derecha ultraconservadora, militar y con una llegada popular expresada en Cabildo Abierto, que, lejos de contentarse con oficiar como la fracción militar del bloque conservador, da muestras de tener un proyecto de poder propio. Los resultados electorales recientes parecen indicar un escenario de mayor polarización, que estrangula y limita el flanco izquierdo por fuera del FA, y reduce el hábitat político de las expresiones más centristas del conjunto del espectro partidario.
El dilema estratégico
El fuerte empuje del pueblo frenteamplista para remontar una elección que se veía perdida, el repliegue del partido oficialista a la oposición en buenas condiciones políticas (el FA está lejos de desmoronarse) y la relativa fortaleza del movimiento popular uruguayo anuncian que hay condiciones para imponer un bloqueo social al ajuste antipopular o al menos hacer pagar caro el costo político por ello. Pero que haya condiciones políticas para bloquear parcialmente un ajuste, como el que está precisando el capitalismo uruguayo para los próximos años, no resuelve las contradicciones de fondo.
En tal sentido, las fuerzas de izquierda y progresistas nos enfrentamos al siguiente dilema estratégico. Si bien representamos un obstáculo para que el capital pueda reestabilizarse en esta fase de estancamiento, aún no tenemos ni la potencia política ni el desarrollo programático necesario para torcer el rumbo inercial de la economía uruguaya hacia el deterioro de las condiciones de vida de una parte relevante de su población.
La contienda electoral dejó un clima de deliberación política. Es clave que los debates que tengan lugar no se limiten únicamente a un balance de estrategias electorales, sino que también nos permitan interpretar con claridad los signos del cambio de etapa y profundizar la discusión sobre qué tipo de alianza, estructura militante y batería programática son necesarias para las nuevas circunstancias.
