Ecuador: compromiso y persecusión. Dossier
Publicado el 20/10/19 a las 6:25 am
Lenin Moreno realizó un pacto «histórico» con los movimientos indígenas pero a la vez comenzó la persecusión de sectores sincales y la oposición. Inculimos la evaluación de Atilio Borón, las voces del Frente Unitario de Trabajadores, las denuncias de la agrupación partidartidaria Revolución Ciudadana-Compromiso Social y el análisis de la persecusión política de la oposición.
Un Octubre que fue Febrero
Por Atilio A. Boron
Concluida la supuesta negociación entre la cúpula dirigente de la CONAIE y Lenin Moreno este 14 de Octubre quedó sentenciada la derrota del alzamiento popular. La movilización había comenzado, según un tuit oficial de la CONAIE, para poner fin a “las políticas económicas de muerte y miseria que genera el FMI y las políticas extractivistas que afectan a nuestros territorios.” En la muy completa y detallada “Declaratoria de Agenda de Lucha de Organizaciones de Pueblos, Nacionalidades y Comunidades Indígenas y Amazónicas en Apoyo a la Movilización Nacional y el Ejercicio de Nuestra Autodeterminación”, aprobada en Puyo (Pastaza), el 7 de Octubre de 2019 destacaban como algunos de sus contenidos más sobresalientes el rechazo a “las medidas económicas, denominadas el ‘paquetazo’, y se agregaba que “demandamos la reversión íntegra de la carta de intención suscrita con el Fondo Monetario Internacional cuyo contenido no se ha hecho de carácter público violando la obligación de transparentar los actos del ejecutivo; así como la terminación de los intentos de privatización de las empresas públicas encubiertas bajo la figura de ‘concesión’.” La Agenda y otras declaraciones de la CONAIE también denunciaban “los enormes beneficios que la burguesía sigue recibiendo a través de múltiples políticas de reactivación económica” y diciendo que había llegado el “momento de una acción para conquistar reivindicaciones populares e impedir que la aplanadora de reformas pase sobre la economía de los hogares pobres”. Esto se traducía, según los líderes del movimiento, en escandalosas medidas a favor de los bancos y grandes empresas que fueron exoneradas del pago de 4.295 millones de dólares en impuestos así como la “colonización” por parte de sus representantes de los principales cargos de la administración pública así como la desregulación y precarización laboral exigida en el “paquetazo” del FMI. Recuérdese que las medidas anunciadas por Moreno el 1º de Octubre establecía que los trabajadores de las empresas públicas “deberían aportar cada mes un día de su salario” y que con el objeto de “reducir la masa salarial los contratos ocasionales se renovarían con un 20% menos de remuneración, al paso que el tiempo de sus vacaciones se baja de 30 a 15 días.” A esto había que añadirle el enorme aumento del precio de los combustibles ocasionado por la eliminación de unos subsidios establecidos hacía ya cuarenta años, lo que encarecería casi todas las mercancías de consumo popular y generaría un fuerte recorte en los ingresos de la población.[1]
Sorprende que esta frondosa agenda quedara por completo al margen de la discusión entre la dirigencia de los pueblos originarios y el presidente ecuatoriano. No se entiende, por consiguiente, el triunfalismo que trasuntan algunos protagonistas y observadores del conflicto al hablar de la “negociación” que puso fin a la revuelta. Salvo la cuestión del precio de la gasolina –sin duda importante- todo lo demás sigue intacto, como si la enorme movilización popular en contra de las imposiciones del FMI no hubiera ocurrido. Los temas que hacían al “paquetazo” asombrosamente quedaron fuera de la discusión, lo mismo que el reclamo, anteriormente expresado por la dirigencia indígena, de revertir la carta de intención firmada con el FMI “de manera inconsulta.” No sólo esto: también quedaron sepultados en el olvido, al menos por ahora, el hecho de que Moreno hubiera llegado al gobierno con el programa de la Revolución Ciudadana del ex presidente Rafael Correa que contemplaba continuar aplicando las medidas de corte pos-neoliberal que habían sido encarnizadamente combatidas por las elites económicas del Ecuador y con una agenda que reposicionaba a ese país en línea con los gobiernos progresistas de la región, pugnando por emanciparse de la pesada tutela que Washington tradicionalmente había ejercido sobre las naciones ubicadas en lo que con tanto respeto por nuestros pueblos denominan el “patio trasero” de Estados Unidos. Mediante una espectacular voltereta política Moreno malversó ese mandato con una velocidad y radicalidad pocas veces vistas al tiempo que convirtió a Rafael Correa -quien hasta el día de la toma de posesión no se cansaba de decir que había sido una de las más señeras figuras del Ecuador, sólo superado por Eloy Alfaro- en un nefasto personaje causante de las mayores desgracias jamás padecidas por el Ecuador y a quien persiguió – y persigue- con enfermiza saña y sin tregua. Moreno no sólo revirtió el camino transitado por Correa sino que lo hizo sometiéndose vilmente a los mandatos de Washington: abandonó el ALBA; entregó una base militar en Galápagos (uno de los últimos refugios incontaminados de la humanidad); desalojó a las autoridades y funcionarios de la UNASUR del edificio construido en las afueras de Quito, precisamente sobre la línea ecuatorial; y se puso de rodillas ante Donald Trump para satisfacer con inigualada ignominia (en un continente pródigo en lamebotas del imperio) los menores caprichos del emperador Por empezar, tratar de destruir la Unasur y promover el nefasto Grupo de Lima para atacar a la Revolución Bolivariana. En suma, Ecuador pasó de la autodeterminación nacional conquistada por el gobierno de Correa a ser un “proxy”, mejor dicho: un estado-peón que se limita a obedecer las órdenes emanadas de Washington y de las corruptas oligarquías dominantes en el Ecuador. Nada, absolutamente nada de esto, apareció en las “negociaciones” que la dirigencia de la CONAIE mantuvo con Moreno y que puso fin al conflicto. Tampoco hubo en esa peculiar “negociación” una condena de la brutalidad de la represión policial y militar, los muertos (mínimo diez), casi 100 desaparecidos, centenares de heridos y encarcelados, estos últimos por millares, y nada se dijo sobe el pedido de dimisión de los ultra-reaccionarios ministros del Interior y Defensa y sobre los atropellos a los derechos humanos. ¿Toda la conmoción que sacudió al Ecuador fue tan sólo por el precio de la gasolina? ¿Y qué hay del “paquetazo” del FMI? Por lo visto los montes parieron un ratón.
Permítasenos ofrecer algunas conjeturas para tratar de desentrañar lo ocurrido y sus razones. Primero, lo que caracterizó esta revuelta fue su tremenda debilidad ideológica y política que mal podía ocultare bajo lo multitudinario de su convocatoria. Pero carecía de una dirección política motivada por un genuino deseo de cambio y de oposición al régimen gobernante. En realidad, vistas las cosas con la ventaja que otorga el paso del tiempo, podría decirse con un cierto dejo de exageración que fue una disputa al interior del proyecto morenista y nada más, y que el espontaneísmo de la protesta gatillada por el decreto del 1º de Octubre fue visto con beneplácito por sus conductores, para nada interesados en una elevación del nivel de conciencia de las masas insurgentes. El resto era una hojarasca retórica que tenía por finalidad más confundir a las masas que clarificar su conciencia y el sentido de su lucha. Segundo, la traición de Moreno encuentra su espejo en la de algunos de los más connotados dirigentes de la CONAIE, en especial Jaime Vargas, que arrojó por la borda sus propios muertos y desaparecidos para obtener a cambio la promesa –entiéndase bien, “la promesa”- de un nuevo decreto que sólo un iluso, o un perverso cómplice, puede creer que significará desandar el camino del total sometimiento al FMI. Cabe esperar una profunda discusión en el seno de la CONAIE porque hay indicios de que un sector de la dirección, y no pocos en sus bases, no están de acuerdo con lo pactado con el régimen de Moreno. No sólo con lo acordado por Vargas sino también con el papel jugado por Salvador Quishpe, ex Prefecto de Morona y encarnizado enemigo de Correa y cuya animosidad hacia éste lo llevó a forjar un obsceno contubernio con Moreno. No es para nada arriesgado pronosticar que este conflicto latente no tardará en estallar. Tercero, el presidente se movió con astucia, bien aconsejado por Enrique Ayala Mora, presidente del Partido Socialista del Ecuador y algunos otros mercenarios de la política ecuatoriana (unidos por su enfermizo rencor que tienen con el ex presidente Correa) como Pablo Celi, Juan Sebastián Roldán y Gustavo Larrea, asiduos visitantes y correveidiles de “la embajada” (por no calificarlos de “agentes”) quienes le indicaron de qué modo tenía que negociar con los indígenas: promesas, gestos simpáticos, fotos, un montaje televisivo, exaltación de la falsa unidad tipo “somos todos ecuatorianos”, una fraternidad de opereta a cargo del camaleón mayor de la política latinoamericana, Lenín Moreno, para hacer que los rebeldes se vuelvan a sus comunidades dejando el campo despejado para que luego el gobierno prosiga sin tropiezos con su proyecto. Cuarto, el éxito de la estrategia del gobierno se monta también en un hecho tan cierto como lamentable: la profunda penetración de las ideas de la “antipolítica” en la sociedad civil del Ecuador, que concibe a los partidos como incurables nidos de corrupción, amén del virulento y sostenido ataque contra el correísmo y todo lo que se le parezca, la complicidad del poder judicial en convalidar la sistemática violación del estado de derecho durante la gestión de Moreno y el papel manipulador de la oligarquía mediática que no cesó de (mal)informar y desinformar a lo largo del conflicto. Quinto, que si bien la insurgencia indígena contó con el apoyo de amplios sectores de la población, éstos no fueron sino un coro que acompañó pasivamente las iniciativas de la dirigencia de la CONAIE. No de otro modo puede interpretarse el hecho anómalo de que sólo la dirigencia de esa organización (muy influida, es sabido, por algunas ONGs que actúan en el Ecuador y que son los invisibles tentáculos del imperio e inclusive algunas agencias federales del gobierno de Estados Unidos) hubiera estado sentada en la mesa de las negociaciones. ¿Y los otros sectores del campo popular, qué? Nada. De golpe y porrazo se esfumaron todos sus otros componentes y todo aquello sólido “se disolvió en el aire”, sin dejar huellas en el conflicto. El debilitamiento de los partidos y sindicatos facilitó enormemente las cosas para el gobierno y para la dirigencia conservadora de la CONAIE. No deja de ser un dato vergonzoso y extravagante que el principal blanco de ataque de ésta hubiera sido Rafael Correa y no el verdugo que estaba asesinando a sus seguidores en las calles de Quito. Esto revela la hondura de un conflicto entre el ex presidente y aquella organización que en esta coyuntura sirvió para impedir que el correísmo, así como otras fuerzas políticas y sociales, pudieran converger en la conducción de la revuelta. Es más, el gobierno encarceló a varios de los más importantes líderes del correísmo, comenzando por nada menos que la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, sin que hubiese la menor protesta de la dirigencia de la CONAIE ante semejante atropello.
Para concluir: lejos de haber triunfado lo que realmente ocurrió fue la consumación de una derrota de la insurgencia popular, cuyo enorme sacrificio fue ofrendado sin nada concreto a cambio y para colmo en una falsa mesa de negociaciones. Una dirigencia indígena que o bien es ingenua o si no corrupta porque, parafraseando lo que decía el Che a propósito del imperialismo, “¡a Moreno no se le puede creer ni un tantito así, nada»! Y esta dirigencia le creyó al “capo” de un régimen francamente dictatorial y corrupto hasta las vísceras. ¡Le creyó a un personaje como Moreno, traidor serial que si faltó a sus promesas cien veces lo hará ciento y una, sin escrúpulo alguno y muriéndose de risa de los negociadores indígenas! Claro que el presidente también salió debilitado del conflicto: tuyo que huir de Quito y montar una negociación, fraudulenta pero vistosa y eficaz ante las cámaras de televisión. El FMI le reprochará su actitud y volverá a la carga, obligándole a cumplir con lo que pactó, pese a las promesas que le hiciera a la CONAIE. No pasará mucho tiempo antes que las masas populares del Ecuador, no sólo los pueblos originarios sino también las capas pobres de la ciudad y el campo, los sectores medios empobrecidos y desempoderados, en fin, la mayoría de la población del Ecuador caiga en la cuenta de la gran estafa perpetrada por Moreno y sus torvos asesores con la imperdonable complicidad de la dirigencia de la CONAIE y decidan tomar las calles nuevamente. Es una venerable tradición del pueblo ecuatoriano que derrocó a varios presidentes reaccionarios y si esta vez, cuando hizo un esfuerzo increíble, las cosas salieron mal es probable que en su segura resurgencia los resultados sean muy distintos. Trazando un paralelo con la historia de la revolución rusa lo que vimos en Ecuador parecía ser un Octubre y resultó ser un Febrero. Por eso el “Kerenski” ecuatoriano todavía se mantiene en el poder, como se mantuvo el ruso hasta que le llegó su Octubre. Más pronto que tarde también al ecuatoriano le llegará su Octubre y, si las masas populares algo aprendieron de esta lección en el futuro no se equivocarán y cuando se rebelen se desembarazarán de su dirigencia entreguista y pondrán fin a un régimen cipayo, inmoral y retrógrado como pocos ha habido en la historia de Nuestra América.
Frente Unitario de Trabajadores anuncia movilización para el 30 de octubre
Objetivos de la marcha:
- No al Acuerdo con el FMI por las repercusiones en los trabajadores y los pueblos
- No a la flexibilización laboral
- No a los despidos masivos en el sector público y privado
- Defensa de la Seguridad Social del IESS y el BIESS
- Combate a la Corrupción y la impunidad
- Defensa de la naturaleza y el agua
- Rechazamos las concesiones que es privatización de las áreas estratégicas.
Tomado de Metro Ecuador, 17/10/19
Revolución Ciudadana-Compromiso Social: «que se cumpla el plan de Gobierno que los ecuatorianos votamos»
Mediante una rueda de prensa, ambas bancadas expresaron su rechazo ante el allanamiento a una de sus sedes por parte de La Fiscalía General del Estado (FGE).
Dentro de este caso, la Fiscalía y Policía han realizado varios allanamientos, dentro de ellos las viviendas de Pabón, Virgilio Hernández, Christian G, y Pablo D. En estas diligencias, las autoridades se incautaron de equipos tecnológicos, teléfonos, dinero en efectivo, sustancias sujetas a fiscalización y documentación.
“Nos deslindamos de todos los actos de violencia que han ocurrido en todos estos días de protestas y rechazamos categóricamente el afán del Gobierno por vincularnos a ellos”, dijo Luisa González, líder del movimiento Revolución Ciudadana-Compromiso Social.
En este marco, señaló que como movimiento han liderado únicamente 4 marchas en lo que va del Gobierno de Lenín Moreno y en las cuales se ha solicitado rectificación de las medidas económicas que han tomado “y que se cumpla el plan de Gobierno que los ecuatorianos votamos”, manifestó, al mismo tiempo que resaltó que estas acciones han sido llevado de forma pacífica.
Entretanto, el Gobierno de México asila en su Embajada en Ecuador a la asambleísta Gabriela Rivadeneira, desde el sábado 12 de octubre. También se refugiaron en la sede diplomática los asambleístas Luis Fernando Molina (alterno), Soledad Buendía y su cónyuge Edwin Jarrín, Carlos Viteri y su cónyuge Tania Pauker; y Leonidas Aníbal Moreno Ordóñez, funcionario de la Prefectura de Pichincha.
Sobre este tema, Marcela Aguiñaga aseguró que están siendo veedores de cada una de las causas que se han aperturado en contra de sus compañeros y solicitó que los procesos estén apegados a la ley.
“Que se investigue respetando el estado de derecho. El estado de derecho no le pertenece a la derecha o a la izquierda, le pertenece a los millones de ecuatorianos que somos”, enfatizó Aguiñaga.
Tomado de Pichincha Universal, 17/10/19
Cómo se construyó el expediente para dividir la protesta y perseguir a «los correístas»
Luego de seis días de protesta, el 7 de octubre, el gobierno de Lenín Moreno mudó la capital ecuatoriana de Quito hacia Guayaquil, declarando estado de excepción en todo el país.
La medida, a un día del paro nacional, tendía a resguardar las instituciones claves del Estado, como el poder ejecutivo, para evitar un cierre técnico que derivara en el derribo del gobierno, como sucedió en eventos similares de la historia de Ecuador.
Ese mismo día, Moreno acusó al presidente Nicolás Maduro de haber activado, junto a Rafael Correa, un plan de desestabilización contra su gobierno, tal como al inicio del paro nacional lo hiciese su Ministra de Seguridad, María Paula Romo.
Anticipándose a la decisión oficial, el periodista ecuatoriano Andersson Boscán, uno de los directores del medio La Posta, de fuerte tendencia anti Correa, lanzó el mismo 7 de octubre una queja contra los organismos de inteligencia de Ecuador por no haber advertido la «llegada de agentes de inteligencia cubanos y venezolanos con fines desestabilizadores».
El paquete de salida de esta matriz de opinión quedó completamente cerrado el 8 de octubre a las 10:52 de la mañana, cuando el periodista Casto Ocando, residente en Miami, filtró que el expresidente Correa organizaba la «operación» desde Venezuela.
Unas horas después, Correa publicó un video desde su apartamento en las afueras de Bruselas, Bélgica, desmintiendo por completo esta afirmación.
Ese mismo día, el asambleísta Yofre Poma, primer dirigente cercano a Correa detenido, fue presentado ante la justicia por supuestamente haber paralizado el funcionamiento del Oleoducto Transecuatoriano.
La acusación, realizada por la Fiscalía, se dio un día antes de que la ministra Romo acusara a la gobernadora de Pichincha, Paola Pabón, de querer causar «terror y caos» en el país. La palabra terror, con el pasar de los días, sería repetida una y otra vez por los voceros del gobierno.
Según la opinión de Celi, este tipo de acciones demostraron que en el país había en marcha «un proceso conspirativo en función de subvertir el orden democrático».
Rápidamente la denuncia de este funcionario, nombrado por Moreno, fue utilizada para acusar a los seguidores de Correa de «destruir pruebas de corrupción en su contra».
Otro de los elementos centrales, para engordar aún más el expediente conspirativo «apoyado» desde Venezuela y Cuba, fue la detención de 17 conductores venezolanos de Uber en las afueras del aeropuerto de Quito.
Según Andersson Boscán y su sospechosa clarividencia, los detenidos tenían en su poder la ruta del vicepresidente y se habrían hecho pasar por conductores de Uber para realizar un ataque contra el segundo al mando en Ecuador. Un día después, 15 de ellos quedaron en total libertad por no haber pruebas en su contra.
Todo este clima de opinión, sin lugar a dudas, se solidificó el sábado 12 de octubre cuando se conoció de antemano que el gobierno de Moreno aplicaría un toque de queda en Quito en el marco de una convocatoria al diálogo, según el periodista de La Posta, Juan Eduardo Vivanco. Quien, además, denunció que Quito estaba «bajo un plan orquestado por mafias para tomar el control del Estado».
Colaboró en esta tesis el expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Salvador Quispe, al afirmar ese mismo sábado que «el correísmo había tomado el control de la movilización» para impedir que los indígenas negociaran con el gobierno.
Este adelantamiento a los hechos generó que, una vez anunciado el inicio de una negociación entre el gobierno y el movimiento indígena, se ordenase, finalmente, un toque de queda en Quito.
Inmediatamente, los manifestantes que quedaron en la calle en este contexto fueron culpados de un nuevo incendio a la Contraloría y un ataque al canal privado Teleamazonas, propiedad del banquero ecuatoriano Fidel Egas.
Ambos hechos fueron considerados «actos terroristas» atribuyéndoselos a turbas violentas del «correísmo».
Luego de seis días de protesta, el 7 de octubre, el gobierno de Lenín Moreno mudó la capital ecuatoriana de Quito hacia Guayaquil, declarando estado de excepción en todo el país.
La medida, a un día del paro nacional, tendía a resguardar las instituciones claves del Estado, como el poder ejecutivo, para evitar un cierre técnico que derivara en el derribo del gobierno, como sucedió en eventos similares de la historia de Ecuador.
Ese mismo día, Moreno acusó al presidente Nicolás Maduro de haber activado, junto a Rafael Correa, un plan de desestabilización contra su gobierno, tal como al inicio del paro nacional lo hiciese su Ministra de Seguridad, María Paula Romo.
Anticipándose a la decisión oficial, el periodista ecuatoriano Andersson Boscán, uno de los directores del medio La Posta, de fuerte tendencia anti Correa, lanzó el mismo 7 de octubre una queja contra los organismos de inteligencia de Ecuador por no haber advertido la «llegada de agentes de inteligencia cubanos y venezolanos con fines desestabilizadores».
El paquete de salida de esta matriz de opinión quedó completamente cerrado el 8 de octubre a las 10:52 de la mañana, cuando el periodista Casto Ocando, residente en Miami, filtró que el expresidente Correa organizaba la «operación» desde Venezuela.
Unas horas después, Correa publicó un video desde su apartamento en las afueras de Bruselas, Bélgica, desmintiendo por completo esta afirmación.
Ese mismo día, el asambleísta Yofre Poma, primer dirigente cercano a Correa detenido, fue presentado ante la justicia por supuestamente haber paralizado el funcionamiento del Oleoducto Transecuatoriano.
La acusación, realizada por la Fiscalía, se dio un día antes de que la ministra Romo acusara a la gobernadora de Pichincha, Paola Pabón, de querer causar «terror y caos» en el país. La palabra terror, con el pasar de los días, sería repetida una y otra vez por los voceros del gobierno.
A partir de este momento hay un claro punto de aceleración en las vocerías públicas y comunicacionales donde la protesta se dividió entre la «legítima», realizada por el movimiento indígena, y la violenta desestabilizadora, llevada a cabo por «elementos infiltrados correístas, financiados por Venezuela».
Uno de los elementos centrales de esta argumentación reposó el 8 de octubre en la denuncia del Contralor de la República, Pablo Celi, en contra de grupos «organizados que atacaron la sede del organismo en función de destruir documentos que sustentan responsabilidades penales en investigaciones en curso».
Según la opinión de Celi, este tipo de acciones demostraron que en el país había en marcha «un proceso conspirativo en función de subvertir el orden democrático».
Rápidamente la denuncia de este funcionario, nombrado por Moreno, fue utilizada para acusar a los seguidores de Correa de «destruir pruebas de corrupción en su contra».
Otro de los elementos centrales, para engordar aún más el expediente conspirativo «apoyado» desde Venezuela y Cuba, fue la detención de 17 conductores venezolanos de Uber en las afueras del aeropuerto de Quito.
Según Andersson Boscán y su sospechosa clarividencia, los detenidos tenían en su poder la ruta del vicepresidente y se habrían hecho pasar por conductores de Uber para realizar un ataque contra el segundo al mando en Ecuador. Un día después, 15 de ellos quedaron en total libertad por no haber pruebas en su contra.
Todo este clima de opinión, sin lugar a dudas, se solidificó el sábado 12 de octubre cuando se conoció de antemano que el gobierno de Moreno aplicaría un toque de queda en Quito en el marco de una convocatoria al diálogo, según el periodista de La Posta, Juan Eduardo Vivanco. Quien, además, denunció que Quito estaba «bajo un plan orquestado por mafias para tomar el control del Estado».
Colaboró en esta tesis el expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Salvador Quispe, al afirmar ese mismo sábado que «el correísmo había tomado el control de la movilización» para impedir que los indígenas negociaran con el gobierno.
Este adelantamiento a los hechos generó que, una vez anunciado el inicio de una negociación entre el gobierno y el movimiento indígena, se ordenase, finalmente, un toque de queda en Quito.
Inmediatamente, los manifestantes que quedaron en la calle en este contexto fueron culpados de un nuevo incendio a la Contraloría y un ataque al canal privado Teleamazonas, propiedad del banquero ecuatoriano Fidel Egas.
Ambos hechos fueron considerados «actos terroristas» atribuyéndoselos a turbas violentas del «correísmo».
Teleamazonas, por su lado, al igual que el resto de medios privados, calificaron al cacerolazo contra Lenín Moreno como uno realizado por la ciudadanía de Quito a favor de la «paz» en Ecuador (y por ende del toque de queda).
Por su parte, una vez aplicado el estado de excepción, el movimiento indígena se resguardó en la Casa de Cultura en Quito, lugar donde en reiteradas oportunidades fue reprimido, mientras que la expresidente de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, se asiló en la embajada de México ante el peligro de ser detenida bajo la acusación de terrorismo e instigación a la rebelión, como un día después le sucedería a la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce.
En este contexto, el diálogo el domingo 13 se inició con una declaración del presidente de la Conaie, Jaime Vargas, donde recomendó investigar a los políticos visibles vinculados a Correa por la violencia registrada en los últimos días.
Medios colombianos como RCN reseñaron, en la misma línea, supuestas tácticas de guerrillas empleadas por los manifestantes, y la existencia de escudos comprados por el expresidente ecuatoriano para generar violencia en las calles de Quito.
El lunes 14 de octubre, bajo estos argumentos, fue detenida la gobernadora de Pichincha, Paola Pabón, y uno de sus colaboradores, ambos acusados de participar en un plan de «desestabilización financiado desde el extranjero».
La misma acusación pesó contra el secretario del partido de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, luego de allanar su casa y la sede de la fuerza política en Quito. De los allanamientos, se tomó como pruebas del plan insurrecional la existencia de escudos, cajas fuerte con dinero, material de protestas, y una suma de efectivo embutida en el colchón de una cama.
Por otro lado, el expediente conspirativo fue presentado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por parte del canciller de Ecuador, José Valencia.
Valencia hizo referencia a un plan violento ejecutado por manifestantes que emplearon tácticas de guerrilla urbana, y fueron infiltrados por 41 agentes de Venezuela, sin citar ningún nombre ni lugar de detención de los mismos, al igual que lo realizado con los 17 conductores venezolanos detenidos fuera del aeropuerto de Quito.
La denuncia cumplió el objetivo. Además de cerrar el ciclo de impulso de esta matriz de opinión que, según el secretario de Estado, Mike Pompeo, era observada con atención por Estados Unidos.
Así, más allá de la operación, se prefigura la utilización de este expediente para criminalizar a Venezuela en el mismo tono que intentó hacerlo Iván Duque en la ONU con el supuesto apoyo del país al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En Ecuador, mientras tanto, la Fiscalía se encarga de desarmar la estructura orgánica del partido de Rafael Correa con la persecución de sus liderazgos, amparándose en el clima de opinión generado posterior a la protesta.
Su lugar en el sistema político ecuatoriano ahora pretende ser ocupado por el liderazgo de la Conaie, fortalecido en las protestas, quien acaba de anunciar sus intenciones de fundar un partido y presentar un candidato presidencial en 2021.
El dato que cierra por completo esta trayectoria es el anuncio de que Estados Unidos colaborará con la Fiscalía de Ecuador en la investigación de los «hechos de violencia», registrados en los días de protestas contra el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Siendo este último el gran absuelto ante el tribunal de los medios que al hipertrofiar el papel de venezolanos y «correístas» y cuya responsabilidad estructural quedó más blanqueada y lavada que el dinero sucio de las cuentas offshore de los funcionarios del actual gobierno ecuatoriano.
