miércoles 16 de octubre, 2019

Menos asentamientos y más barrios

Publicado el 07/10/19 a las 6:42 am

Por José Freitas

¿Cuántos asentamientos irregulares hay en Uruguay? ¿Hay más asentamientos irregulares hoy que en 2005? ¿Surgen nuevos asentamientos irregulares?

Recién en 2006 se publicó el primer informe de gobierno para caracterizar el fenómeno de los asentamientos irregulares (AI); no existían registros previos que arrojaran una mirada nacional comparable. Ese estudio identificó 672 AI en todo el país, con diferente grado de antigüedad, pero la mayoría surgidos en las décadas de 1980 y 1990. El creciente fenómeno de ocupaciones irregulares de predios públicos y privados no tuvo un lugar central en las políticas de los gobiernos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle. A fines de 1990 empezó a funcionar el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, pero fue recién en el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2009) que se comenzó a estudiar en detalle el fenómeno para rediseñar políticas específicas. Hasta la fecha se han hecho tres estudios (Programa de Integración de Asentamientos Irregulares/Programa de Mejoramiento de Barrios –PMB–): en 2006, en 2012 y en 2018.[1] El último relevamiento es de 2018 y registró 607 asentamientos en total en el país, cifra muy inferior a los 672 AI del relevamiento de 2006, que muestra una reducción de más de 10% del total.

Entonces, en el gobierno de Vázquez no sólo se empezó a medir y a estudiar el fenómeno de los AI, sino que a partir de 2006 se puso en marcha una política urbana y habitacional progresiva que frenó su crecimiento y empezó a revertirlo. En el informe de 2011 ya se verificaba un cambio en la tendencia creciente de los años 90 y una reducción de la cantidad de personas que residían en asentamientos. La población total del país aumentó 1,4% en el ciclo intercensal 2004-2011, pero se redujo 8% en los AI.

Desde 2005 hasta hoy se han regularizado 91 asentamientos y otros 50 están en etapa de obra o en proyecto. Basta recordar los grandes asentamientos de las décadas pasadas, que se expandieron y que parecían impenetrables, cobijando situaciones sociales y ambientales muy complicadas para sus pobladores y su entorno más próximo. Esos asentamientos se eliminaron y se transformaron durante estos años: el de 25 de Agosto; el de Las Duranas y Joanicó, en Batlle y Ordoñez y el arroyo Miguelete; el de Isla de Gaspar, en Malvín; el de Las Láminas, en Bella Unión, y el de San Antonio, en Maldonado, entre otros, hoy son barrios integrados y áreas recuperadas de la ciudad.

Pero la ocupación irregular es una de las formas de acceso al suelo que persiste en el país y que aún no logró resolverse; por lo tanto, requiere una mirada crítica, así como una revisión permanente de la actuación pública. Es evidente que el abordaje debe ser integral, para remediar y para prevenir: vivienda, empleo, salud, educación, conectividad. La situación irregular de la vivienda no es el único problema de los hogares, ni la falta de vivienda fue la única causa de la existencia de la vivienda irregular. Así, no alcanza con resolver un solo asunto –por ejemplo, la vivienda–, sino que se trata de combinar políticas para generar oportunidades de integración e inclusión, de construir más barrio. En los informes publicados se recoge que la actuación pública en estos años ha buscado una articulación con las acciones de otros organismos, combinando obras de infraestructura y soluciones habitacionales con acceso a atención de salud, a capacitación y a apoyo para la inserción laboral.

Se hace necesario discontinuar el periplo que determina que en los viejos y nuevos asentamientos ocurra una circulación de población entre los asentamientos, seguramente más intensa que la movilidad desde las áreas formales hacia estos. “Esta circulación genera un mercado irregular del suelo y la vivienda, que se renueva constantemente con lotes que se crean a partir de espacios vacantes en asentamientos recientes y viviendas que se venden entre ocupantes”[2]. A su vez, esto recibe la presión de una mayor tasa de natalidad característica de los hogares más pobres.

Hay que comprender el fenómeno para romper la secuencia y el espiral; abordar la necesidad de suelo y vivienda de costo accesible en el mercado formal, pero también la gestión del suelo público, y evitar la especulación de áreas vacantes, sin uso.

Las políticas integradas son el único camino, y las barreras entre las instituciones son el mayor obstáculo que se va superando progresivamente en un Estado diseñado para actuar por sectores de política pública. Hay que trabajar de forma coordinada y simultánea desde los programas vinculados a la precariedad urbana y habitacional (PMB, Juntos, MEVIR y realojos) y combinar acciones con los otros organismos (intendencias, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Administración Nacional de Educación Pública, Administración de los Servicios de Salud del Estado, OSE, UTE). Es necesario pasar a una actuación por proyecto; es decir, apostar a que todas las instituciones actúen en simultáneo en un mismo territorio. Esta parece ser una estrategia esperanzadora para alcanzar tanto la profundidad como la sostenibilidad de las acciones.

No sólo en los AI persisten las situaciones de pobreza y exclusión más críticas, sino que allí se concentra población que vive y reproduce niveles de exclusión inaceptables. Vivir en un asentamiento implica carencias muy importantes para las familias, pero especialmente supondrá múltiples dificultades a futuro para las generaciones que crecen con sus derechos vulnerados.

Los comentarios de Luis Lacalle Pou, desde la desinformación sobre el tema, no aportan nada; las propuestas de su programa simplifican, carecen de acciones reales y más bien retroceden y estigmatizan.

En el país no sólo hay menos asentamientos que en 2002, sino que también se logró la reducción de la pobreza, el desempleo, la mejora de los salarios y el desarrollo de un sistema de protección social que ha transformado la situación de los hogares más vulnerados. De todas formas, no hay tiempo para mostrar logros; se requiere un nuevo nivel de políticas integradas que alcancen mayor velocidad en la superación de la precariedad urbano-habitacional concentrada. Reducir la cantidad de AI y construir más barrio es posible.

José Freitas es director nacional de Ordenamiento Territorial.

[1]: http://pmb.mvotma.gub.uy/archivo_documentos. El informe 2006 y el 2012 están elaborados a partir de los datos del censo 2004 y 2011 respectivamente.

[2]: Informe Asentamientos recientes en Uruguay 2018. http://pmb.mvotma.gub.uy/archivo_documentos

Tomado de LA DIARIA, 16/9/19

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