Más sobre protestas y violencia estatal
Publicado el 11/09/19 a las 12:24 am
Todavía resuenan los ecos de los hechos del 5 de setiembre, el debate sobre el vandalismo en un acto de protesta y el uso indiscriminado de la violencia por parte de la policía. Al respecto compartimos la entrevista al diputado Luis Puig y el comunicado de la Universidad de la República que se suma al del PIT-CNT y SERPAJ. El tema del modelo productivo continúa pendiente.
Luis Puig: «el peligro de vulneración de la democracia»
El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) emitió una declaración donde repudia el “empleo de la violencia del Estado” contra “quienes hacen uso de su derecho a la protesta”. Así alude a la represión policial que se aplicó el jueves en el Centro contra un grupo de manifestantes que rechazan la nueva planta de UPM.
La declaración advierte que la represión afectó no solo a los manifestantes sino también a los transeúntes que estaban en la vía pública.
Este accionar policial y otros hechos de represión a estudiantes de los liceos de Aires Puros y de Solymar generan una “criminalización de la protesta” que “vulnera la democracia”, dijo a Informe nacional el diputado del PVP, Luis Puig.
Declaración de la UDELAR sobre represión policial en la marcha contra injerencia de UPM
Montevideo, 10 de setiembre de 2019
A la opinión pública:
El día 5 de setiembre nuestra sociedad padeció nuevamente el uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos policiales, destinado a reprimir la protesta social. Esto ocurrió en el marco de una movilización citada “en repudio a la injerencia de UPM en la educación” en el centro de Montevideo. Esta marcha fue reprimida utilizando palos y balas de goma, dirigidos en forma
indiscriminada a manifestantes y demás personas que se encontraban en ese momento en la vía pública. La policía detuvo a cinco personas que permanecieron varias horas incomunicadas hasta que fueron visitadas por un abogado, presentando dos de ellas heridas agudas. Tras el aviso a fiscalía se ordenó la liberación de una de ellas. Posteriormente la policía vuelve a reprimir de forma violenta a quienes se encontraban en la comisaría reclamando la liberación de los restantes detenidos. Allí fueron detenidas dos personas más, que fueron liberadas el viernes por la noche. La fiscalía no encontró elementos para formalizar a ninguno de los detenidos, por lo que todas las personas fueron liberadas.
La Universidad de la República manifiesta su preocupación por el hecho puntual, así como por la reiteración de hechos similares. En ocasión de las detenciones tras la marcha por el agua del 22 de marzo de este año, el CDC declaró: «Los militantes sociales y políticos, que expresan sus demandas –aun cuando ellas sean molestas- deben ser amparados en el ejercicio de su derecho. Afirmamos que su presencia fortalece a la democracia y debe ser vista como algo positivo y no ser objeto de sospecha y vigilancia. El disenso y la protesta son derechos inalienables consagrados en la Constitución y el derecho internacional, siendo el deber del Estado protegerlos y garantizarlos. La creciente expansión del aparato tecnológico y logístico desplegado para combatir la delincuencia o mejorar los servicios gubernamentales debe limitarse en su uso a esos fines. Es preciso frenar la expansión del punitivismo en nuestra sociedad. Eventos como la persecución, vigilancia e infiltración de manifestaciones contravienen estos principios en la medida que intentan inhibir o criminalizar la protesta social.” En aquella actitud de sospecha se enmarca la represión a la que asistimos como sociedad el pasado jueves 5 de setiembre y en ese sentido es menester señalar enfáticamente que la apuesta por la represión para tratar con el disenso no debe ser naturalizada, en tanto estas prácticas son propias de los tiempos más oscuros de la historia de nuestro país. Por el contrario, las libertades públicas deben ser defendidas y expandidas con urgencia.
La Universidad de la República, en uso del mandato legal, reitera su llamado al gobierno para que revise las prácticas policiales señaladas y convoca a la sociedad en su conjunto a estar alerta ante la extensión de este tipo de prácticas.
Rodrigo Arim
Rector