Resistir la ofensiva del capital y avanzar hacia la justicia social
Publicado el 10/09/19 a las 6:30 am
Por Antonio Elías*
En el contexto de una importante crisis económica, el Frente Amplio alcanza el gobierno en 2004, que mantiene en 2009 y 2014, teniendo siempre mayorías parlamentarias. En el proceso para acceder al gobierno el FA desdibujó su programa histórico de cambios, y en el marco de una estrategia “realista”, incluyó una amplia política de alianzas para captar el voto del centro político.
El FA en el gobierno no se planteó en ningún momento aplicar políticas antiimperialistas y anti oligárquicas, no solo como práctica socio político limitada por una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico de su accionar. Las definiciones programáticas se fueron diluyendo: primero, en forma ambigua; luego, frontalmente para obtener el aval de los señores del «mercado».
Los tres gobiernos del FA, con sus matices y diferencias, se inscribieron dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para administrar la crisis. Renuncian a su lucha contra el neoliberalismo y asumen las reformas institucionales de “segunda generación” del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo. Los cambios son fuertes en el plano electoral, mínimos o nulos en lo ideológico, pero en lo económico e institucional se profundiza el capitalismo.
1.- Profundización capitalista
La derrota electoral de los partidos políticos tradicionales no implicó una capitulación ideológica de la ortodoxia económica y el pensamiento único. Por lo contrario, se constituyó un equipo económico, el cual rige la economía del país hasta el día de hoy, que impulsa los cambios institucionales que favorecen la penetración transnacional y que garantizan el predominio de las reglas del mercado en el marco de una inserción capitalista subordinada.
La potencial alternativa por izquierda se transformó en continuidad y profundización del mismo modelo que se aplicaba desde hace varias décadas con un énfasis mucho mayor en la inversión extranjera directa (IED). Las ventajas otorgadas al capital foráneo han generado un fuerte proceso de extranjerización de los principales recursos del país. Como contrapartida se pierde el control nacional del proceso productivo y se cuestionan aquellas decisiones estratégicas que podrían repensar el desarrollo nacional sobre bases más autónomas.
La piedra angular de la propuesta era y es atraer inversión extranjera. El modelo que se impulsa desde hace catorce años asume como premisas que: a) el crecimiento de un país depende de las inversiones (argumento indiscutible, aunque debería precisarse el tipo, calidad y objetivo de las mismas); b) en el país no hay ahorro disponible para realizar esas inversiones; c) se requiere inversión extranjera, la cual vendrá al país si se cumplen ciertas condiciones imprescindibles: estabilidad macroeconómica, cumplimiento estricto de las reglas de juego y aval de los organismos multilaterales.
A partir del supuesto de que cualquier modificación de las reglas establecidas generará incertidumbre entre los potenciales inversores (supuestamente imprescindibles para ampliar la capacidad productiva), se asumen los siguientes “mandamientos”: cumplirás los contratos; no tocarás las Administradoras Financieras de Ahorro Previsional; firmarás Tratados de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones con quien sea (se empezó en 2005 con los Estados Unidos); eliminarás o reducirás al mínimo los monopolios públicos; honrarás la deuda externa.
El modelo de acumulación profundiza la primarización basada en los agro negocios, con algunas características importantes: a) lógica de extracción con el único propósito de apropiarse de la renta de los recursos naturales; b) proceso ampliado de re-primarización de las exportaciones, c) el creciente proceso de mercantilización de la tierra, incluso con el papel del capital ficticio (especulativo, sin intención de producir), profundiza la concentración de la propiedad; d) incremento del papel de las empresas extranjeras como el agente fundamental de la lógica extractivista, explotadora y depredadora.
Muestra de ello son las concesiones realizadas en el acuerdo firmado con la empresa UPM para que lleve adelante la instalación de una pastera en el centro del país. Nuevamente se priorizan los impactos económicos favorables que genera un mega proyecto sobre los impactos de mediano y largo plazo en la economía nacional y en el medio ambiente. En este caso se adicionan, además, una serie de requerimientos en inversiones del estado en infraestructura, principalmente ferroviaria – severamente cuestionada por los perjuicios y peligros que generará en los centros urbanos pueblos por donde atraviese-, y en regulaciones laborales que limitan los derechos de los trabajadores, incluso con imposiciones sobre el sistema educativo, con el agravante que la empresa finlandesa UPM se reserva el derecho de invertir o no, a pesar de que se hayan cumplido con todas sus demandas.
2.- Conciliación de clases asimétrica
Como contrapartida del proceso de profundización capitalista, los gobiernos del FA buscaron su legitimación a través de un conjunto de cambios institucionales y políticas que favorecieron a trabajadores y pasivos, así como la contención de las situaciones de máxima pobreza. Una política de conciliación de clases, que permitió mejorar los ingresos reales de los trabajadores, aunque en términos relativos aumentaron más los ingresos del capital y se acrecentó la concentración de la riqueza acumulada.
Conciliación asimétrica, porque los beneficios obtenidos por los trabajadores pueden ser revertidos por cualquier gobierno. Se pueden modificar o derogar normas legales para eliminar avances tan importantes como reimplantación de los Consejos de Salarios – ampliado a rurales y domésticas-; fueros sindicales; permitir las ocupaciones; garantizar los cobros de derechos laborales cuando no cumplen empresas tercerizadas; ley de ocho horas al sector rural; leyes de negociación colectiva pública y privada.
Los capitalistas, por su parte, reciben grandes exoneraciones tributarias: tanto en las Zonas Francas, que han expandido en el interior y en las ciudades; como a través de la Ley de Promoción de Inversiones, que se ha modificado para ampliar los beneficios. Lo que se complementa con la Ley de Asociación Público Privada que garantiza los beneficios de los inversores.
Estos subsidios al capital transnacional están fuertemente protegidos por tratados de protección de inversiones y de libre comercio que garantizan que en caso de incumplimiento del Estado este deban enfrentar demandas internacionales y pagar enormes indemnizaciones.
3.- El impacto de la crisis
Durante casi una década los precios de las materias primas tuvieron precios mucho más altos que en períodos anteriores y eso posibilitó un aumento significativo de los recursos de que disponía el FA para financiar la conciliación de clases asimétrica. En este periodo se logran mejoras en el bienestar de la población, sin embargo, no se resolvieron los problemas distributivos al momento de generar riqueza, ni se tomaron medidas contra la riqueza acumulada.
La actividad económica, primero se desaceleró, luego se estancó y, probablemente, entrará en recesión. En estos períodos – cuando cierran empresas, cae el empleo, crece el déficit fiscal, comercial y la deuda externa – se expresa con meridiana claridad la desigualdad jurídica entre el trabajo y el capital.
Con la agudización de la crisis el FA ha perdido posibilidades económicas para mantener la conciliación clases y hace caer la carga del ajuste estructural sobre los trabajadores. Por un lado, pauta salarial nominal para el sector privado, reducción del gasto público social presupuestado, aumento del Impuesto a las Retribuciones Personales del factor trabajo, precarización y restricciones al derecho de huelga; por otro lado, apertura de la economía a través de la firma de un TLC de nueva generación con Chile, una propuesta de TLC con China (que no avanzó por el rechazo de Argentina y Brasil), y solicitud de ingreso como Estado Asociado a la Alianza del Pacífico.
Se ha planteado que existe de un “bloque político social para los cambios” que se contrapone al proyecto de “restauración conservadora” de la derecha. Si nos atenemos a lo señalado en esta nota, dicho bloque incluye sectores que defienden los intereses del capital y que han predominado en la conducción económica del país. Quiere decir que rechazar la “restauración conservadora” no implica, como contrapartida, el apoyo irrestricto al llamado “bloque político social de los cambios”, como si fuera una fuerza homogénea cuyo objetivo es defender los intereses de los trabajadores.
Las contradicciones entre el capital y el trabajo se agudizan porque los empresarios reivindican y exigen recortes en el gasto público, reducción de impuestos, flexibilización laboral y reforma de la seguridad social. Los capitalistas pretenden compensar los costos de la crisis con un aumento de la sobreexplotación de los trabajadores.
Los ajustes fiscales, los procesos devaluatorios y la flexibilización laboral son contrarios a los intereses de los trabajadores – activos y pasivos – que nuevamente son la variable de ajuste de la economía y que, inexorablemente, perderán poder adquisitivo y calidad de vida.
En este contexto, las tareas inmediatas de los trabajadores organizados y sus aliados es resistir las políticas regresivas que reclama el capital. Esto implica tratar de detener los ajustes fiscales, la caída de los salarios, la reforma regresiva de la seguridad social, a la vez que evitar la apertura indiscriminada del país a los intereses del capital extranjero. Resistencia, que debe darse, en el marco de la lucha por los objetivos definidos por el PIT-CNT, en 2004, para la etapa: un país productivo, con justicia social y profundización democrática.
TOMADO DE «PROPUESTAS EN DEBATE» Número 1 / agosto 2019
También fue publicada en el sitio de REDIU.
* Director de INESUR, Mr. en Economía, docente de la Universidad de la República (1985-2017), miembro de la REDIU y Vicepresidente de la SEPLA.
