Los desafíos de la violencia para la izquierda uruguaya
Publicado el 07/09/18 a las 6:00 pm
Foto | Juan Angel Urruzola
por Marcelo Rossal1
A finales de la década de 1960 un grupo de intelectuales y militantes publicaba un texto precursor tanto de la etnografía como de la educación popular. Se vive como se puede se llama el libro que todavía puede encontrarse por ahí. Este texto fue producto de la inmersión del equipo de intelectuales militantes en un barrio de emergencia y en el cantegril adyacente.2
Para ese año, 1968, los autores señalan a la violencia criminal vivida por las familias como uno de los problemas importantes que tienen: “Y son, precisamente, cantidad de familias bien constituidas, con relaciones normales, las que sufren más notoriamente las consecuencias de importantes grupos de gravitación que viven en la zona, pues, junto a las infracondiciones de vida, y en parte como producto de ellas, las pandillas de delincuentes hacen suyo el barrio. Agreden, roban, queman ranchos, disparan armas de fuego, facilitados por la desconsiderada o inoperante intervención policial”. En esos años la “desconsiderada” intervención policial se había vuelto la norma: “Esta [la Policía] entra en las viviendas a cualquier hora del día o de la noche, sin orden judicial, sin el más mínimo respeto ni consideración por sus habitantes, llevándolos detenidos sin discriminación”.
Es interesante cómo se incluye el concepto de “familias bien constituidas”. Más allá de que sería un anacronismo considerar conservadurismo porque se exprese que hay familias bien y mal constituidas, sabemos que estas “pandillas” son en verdad lo que el sentido común sociológico de la época consideraba, precisamente, familias “mal constituidas”: grupos familiares más o menos extensos que sufren la violencia estructural pero que viven inmersos en una violencia delictual más o menos cotidiana.
Cincuenta años después seguimos con el mismo problema: son los más pobres quienes reciben las consecuencias más terribles de la violencia, tanto de la violencia institucional como de las violencias en general. Por otra parte, las demandas “de seguridad” atraviesan los distintos sectores sociales sin que el gobierno sepa darle respuestas eficaces, en un marco de retroceso de algunos años frente a estos requerimientos. Pareciera que el gobierno ha entendido que hay que atender esta demanda, pero lo ha hecho de una forma poco inteligente, tanto en lo que refiere a la comunicación como en cuanto a la participación. Además de poco inteligente ha sido, y esto es lo más grave, contrario a algunas de las políticas civilizatorias más fuertes que el propio gobierno frenteamplista ha llevado adelante.
Dos ejemplos son elocuentes: las Mesas Locales de Convivencia instauradas por el primer gobierno frenteamplista fueron disminuidas en el momento que más se precisaba de ellas y muchos vecinos, en general los que tienen una trayectoria de militancia, las reclaman. En el 2009 planteamos que las Mesas Locales debían ampliar su convocatoria y que corrían el riesgo de quedar en manos del sector más represivo de los barrios.3 Varios años después, las Mesas Locales, lejos de ampliar su convocatoria, languidecen, mientras proliferan los vecinos alerta. Retirando de escena a las Mesas Locales se ha contribuido a la extensión de experiencias que centran el “problema” en el delito y no en el diálogo sobre cómo mejorar la vida y la convivencia en cada barrio.
En el mismo sentido, hemos tenido una política de comunicación errática que más de una vez ha sido anticivilizatoria: tanto en relación a las armas como en relación a las decisiones judiciales. El respeto a las decisiones judiciales y un discurso acorde con la política de desarme debería estar en el centro de la comunicación del Ministerio del Interior. Lamentablemente no ha sido así y ha contribuido con el populismo punitivo aportándole lo que necesita para su reproducción: un discurso crispado e irreflexivo, de ser posible en formato tweet.
Un hecho de las últimas horas es expresivo de esto que señalo: Una mujer fue detenida por hurtar en vehículos, desde la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior se informó que había quedado en libertad. Más allá de que el Ministerio del Interior debe cumplir su tarea de detener a quien comete un delito, es profundamente inconveniente generar descrédito hacia las instituciones que deben basarse en criterios que garanticen los derechos ciudadanos. Generar descrédito en las instituciones es la herramienta populista por excelencia. Entre la crítica, siempre necesaria, y la descalificación vía tweet hay un Donald Trump de distancia.
No quiero ser injusto. Ha habido importantes avances en el Ministerio del Interior durante los gobiernos frenteamplistas. Empezando por el salario y la notoria dignificación de las condiciones de vida de los funcionarios policiales. No podría configurarse un camino civilizatorio sin una dignificación de los funcionarios.
Pero, ¿a qué aludo con camino civilizatorio? La idea es antigua y corresponde mencionar a Norbert Elias. En términos simples, señalo a la disminución de la violencia social y la moderación de las costumbres. Norbert Elias escribió sobre este asunto en tiempos que el nazi fascismo afectaba a su propia familia. Sus padres no se quisieron ir de Alemania y fueron víctimas del holocausto. Este autor llama la atención con relación a no descansarnos en teleologías que crean en un inexorable curso de la historia, ya que esta tiene marchas y contramarchas. De todas formas, en relación con la violencia pueden verse elementos civilizatorios con el retroceso de la pena de muerte, en el derecho penal que garantiza la presunción de inocencia, en el respeto a las personas que se refugian en un país extranjero, en la protección de niños, niñas y adolescentes, en un cuidado menos tutelar de las personas afectadas por enfermedades mentales o en las políticas que defienden la igualdad de género. La izquierda contemporánea, si ha tomado nota de las experiencias históricas, no podría sino ser la abanderada de este proceso civilizatorio, procurando disminuir las violencias y la desigualdad, pero sin dejar de expandir la libertad.
En el Uruguay de estos últimos años la libertad se ha expandido, conquistando para sectores sociales enteros la posibilidad de desarrollarse en el marco del respeto de sus derechos: el matrimonio igualitario y la identidad de género hoy son una realidad que no se opone en modo alguno a que los Consejos de Salarios otorguen a los trabajadores un espacio instituido en el cual defender sus salarios y condiciones de trabajo. Pareciera ser el deber de la izquierda defender a la par la libertad y la igualdad.
Por otra parte, frente a la demanda de seguridad debería ofrecerse, en el mismo sentido civilizatorio, un programa de mitigación de las violencias basado en la cultura de la paz. Un programa de izquierda debería partir de la convicción cierta de que la impunidad viene haciéndonos daño desde hace décadas, pero que a pesar de lo negativa que es, no se la combate con el encarcelamiento y la tortura sino con la justicia, el reconocimiento y el diálogo.
En tal sentido, las iniciativas de justicia restaurativa –forma de pensar la justicia donde lo central son las necesidades de las víctimas y los responsables del delito, y no el castigo a estos últimos ni el cumplimiento de principios legales abstractos. En un proceso de justicia restaurativa, las personas involucradas resuelven de manera colectiva cómo lidiar con las consecuencias de la ofensa y sus implicaciones futuras– podrán producir un escenario que promueva la paz y el diálogo en los distintos espacios locales. Algo tan importante como la justicia restaurativa debe ser explicado a la ciudadanía en términos simples y claros: seguramente el pedido de disculpas y la restitución del bien sea más efectivo que la cárcel para las personas involucradas en un hecho delictivo. ¿Realmente queremos que un joven que nos roba un celular en la calle vaya preso largo tiempo? ¿No será que si explicamos bien las cosas, la amplia mayoría de la población prefiere la restitución del bien, las disculpas y la realización por parte de quien ha delinquido de algún trabajo que beneficie a toda la sociedad y no la vida dañada en el encierro y la violencia?
Por otra parte, un programa basado en la cultura de la paz debería explicar con claridad las razones por las cuales armarse es negativo. No debería haber mayores dudas al respecto. Entiendo que desde concepciones modernas, sean revolucionarias o liberales, el armarse es un derecho ciudadano tanto para enfrentar la opresión como las posibles agresiones de los particulares. Sin embargo, desde una concepción civilizatoria podemos ver que las sociedades con menos armas tienen menor violencia letal. Pero si igual quisiéramos una sociedad armada, deberíamos hacerlo al modo suizo y no al modo estadounidense. En el caso suizo, los ciudadanos tienen una larga historia de defender la paz en su territorio en base a la milicia y la producción de su propio armamento. Así han mantenido los suizos su independencia y su unidad en la diversidad desde tiempos medievales. En Estados Unidos, en cambio, todo pasa por el mercado y también las armas se compran en las tiendas como objetos fetiche, de consumo y juego. Como muestran los estudios sobre muertes violentas, los Estados Unidos superan en siete veces al resto de los países de alta renta pertenecientes a la OCDE.4
Un tercer asunto pasa por las políticas de drogas. Uruguay ha venido llevando adelante una política de defensa de los derechos humanos en el marco de su política de drogas. En este sentido, el país ha desechado –no solo en el discurso– el concepto de guerra contra las drogas y ha promovido a la reducción de daños como la estrategia central para su política. Para el desarrollo de una cultura de la paz en el ámbito de las políticas de drogas habría que diseñar nuevas estrategias de control de la oferta de drogas. Para algunas familias la venta de sustancias ilícitas (especialmente cocaína y pasta base de cocaína) es una solución para sus vidas, pero también es claro que los conflictos entre quienes comercian con estas sustancias son fuertes reproductores de la violencia. Seguir el modelo estadounidense no es una buena idea tampoco en este punto. El aumento de la presión punitiva llena las cárceles de gente pero no mitiga la violencia. La evidencia reciente muestra que el aumento de la presión punitiva sobre los mercados de drogas aumenta los crímenes violentos.5
En Uruguay –como en Estados Unidos– las cárceles se llenan de pobres. El desarrollo de una cultura de la paz no puede desdeñar la influencia de la desigualdad en el delito, así como la existencia de actividades ilícitas que son buenas para proveer a las familias. En ese sentido, la violencia estructural (producto de la desigualdad) y la violencia institucional (en cárceles pero también en todo tipo de instituciones) que afectan en mayor medida a los sectores más pobres de nuestra sociedad se reproducen en el marco de la moralidad tradicional de género (una ideología de género machista que legitima la resolución violenta de las controversias) y la presión insaciable del consumismo, que juntas producen un escenario que facilita las estrategias delictivas de provisión y que es adverso para el desarrollo de una cultura de la paz.
De todas formas, hay importantes espacios de diálogo y paz en los sectores populares y los métodos no son distintos a los que se propusieron en 1968. En mis años de experiencia etnográfica he apreciado como muchas mujeres de sectores populares se rebelan frente a las violencias vividas y tienen profundos cambios de vida; también pude observar el impacto de la educación popular en la trayectoria de muchos de mis interlocutores. Los autores de Se vive como se puede partieron al encuentro de los uruguayos más desfavorecidos con la intención de comprenderlos para poder influir en el cambio de sus condiciones de vida, pero no fueron a este encuentro desde una posición vanguardista de superioridad, sino desde el planteo de Paulo Freire, que implica una concepción basada en la existencia de diferentes conocimientos y experiencias que son válidas para caminar hacia una sociedad más justa y más libre, que, necesariamente, es una sociedad con menos violencia.
