Puede y debe rendir más
Publicado el 03/09/18 a las 3:51 pm
Por Luca Veloz Fotografía Juan Angel Urruzola
La Rendición de Cuentas es tomada como un problema de recursos, de números, sin embargo Luis Puig y Carlos Coitiño hablan de la disyuntiva política del Frente Amplio (FA).
Estamos ante la última Rendición de Cuentas de este período de gobierno en que se puede incrementar el gasto. El siguiente será año electoral, por tanto, por mandato constitucional, no habrá espacio para la asignación de recursos. Este hecho marcará la recta final de la segunda administración de Tabaré Vázquez, la condiciona; y considerando que estamos a un año de las elecciones nacionales, el presidente, su gestión y el papel del FA están en balance y escrutinio público. La oposición está lanzada a la campaña, profundiza sus diferencias con el gobierno e intenta hacer ver que el proyecto político fracasó.
Naturalmente este tiempo también generó expectativas en los sectores que ven que esta es la última oportunidad para conseguir los fondos necesarios para cumplir con las políticas comprometidas en el programa del FA.
Al comienzo del quinquenio el gobierno planteó una serie de objetivos de gasto social, entre ellos: Tender al 6% de Producto Interno Bruto (PIB) para Educación y un 1% para Investigación e Innovación (I+D). Equiparación de la inversión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) al de las mutualistas, tomando como parámetro el gasto por persona. Proveer los recursos para la implementación de la primera etapa del Sistema de Cuidados. Así como una inversión de 1.000 millones de dólares para vivienda incluidos en el compromiso de inversiones presupuestales del plan quinquenal de vivienda.
En medio de este panorama que algunos analistas califican como el ‘dilema presupuestal’, donde el gobierno y el FA, por añadidura, deberán navegar por una situación donde no podrán cumplir con las expectativas de todos, la Revista Compañero conversó con los diputados Luis Puig y Carlos Coitiño, para conocer la posición del Espacio 567 y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en este proceso.
El Poder Ejecutivo (PE) parece conforme con el trabajo. El ministro de Economía, Danilo Astori, al comparecer ante la Comisión de Hacienda de Diputados dijo que “la Rendición de Cuentas elaborada por el Gobierno no compromete el equilibrio macroeconómico”.
Al referirse a áreas consideradas prioritarias como la salud, educación, vivienda y seguridad pública Astori argumentó que el proyecto presentado “hace coherentes las restricciones fiscales del país con la necesidad de cautelosos avances en materia programática”.
Al referirse al aumento del gasto de un 0,25% del PIB, previsto por el Ejecutivo, el diputado Luis Puig consideró que más que mesurada, se podría definir más bien como “amarreta”. El incremento definido es de 4500 millones de pesos uruguayos ($), lo que equivalen a algo menos de 150 millones de dólares (U$S). “No se puede decir que sean recursos suficientes para atender un reclamo sobre un compromiso a texto expreso que por más que se establezca bajo el rótulo de ‘tender al 6%’ queda también claro que de esta forma no estamos tendiendo a cumplir con esa meta”, enfatizó Puig.
Al señalar que nadie puede desconocer todo lo que se ha avanzado en estos tres gobiernos del FA en asignación de recursos para las políticas sociales y en particular para la educación, Puig remarcó: “Lo que hoy se plantea en la Rendición de Cuentas es absolutamente insuficiente para cumplir con los compromisos del acuerdo salarial para el año 2020. Como mínimo hoy debemos asegurar el 3,5% de incremento que está pactado. Eso no está cubierto con esta asignación de recursos”.
El mismo ministro Astori en el Parlamento consideró: “Esta es la Rendición de Cuentas de un año preelectoral más austera que conozco, a excepción de la del año 2003, en una circunstancia en que el país estaba atravesando por una situación difícil”.
A pesar de esto, la oposición política de la derecha la califica de ‘disparate’ porque supuestamente no está financiada. “Cuando la oposición te plantea que lo que estás haciendo es aumentar el gasto público y no tenés espalda para asumir los compromisos repiten una receta de la derecha de otros países”, remarcó Puig al insistir que solo es superior a ese año 2003 donde veníamos de una brutal crisis. “Hoy con el crecimiento sistemático de los últimos años no se cumple con la asignación de recursos porque se parte de una premisa de no querer buscar más recursos a través de una reforma tributaria, de incrementar la carga a los sectores que pueden tributar más”, reclamó el legislador.
Ante las preocupaciones de los analistas que señalan las dificultades del crecimiento que pueden desembocar en una retracción de la economía, Puig dijo: “Hay una referencia permanente a la región y lo que incide la situación de Argentina y de Brasil, pero siempre se plantea que a pesar de las presiones por la situación de los vecinos Uruguay sigue creciendo, a un ritmo menor, pero sigue creciendo”.
Al referirse al financiamiento presupuestal el ministro Astori remarcó que esta asignación se cubre “únicamente con recursos genuinos, por lo que su impacto fiscal es cero”, destacó.
En la preocupación del equipo económico está muy presente el equilibrio de las cuentas, con un fuerte planteo de baja del déficit fiscal. En la presentación en el Parlamento Astori volvió a reiterar la reducción del endeudamiento estatal al 2,5%. El jerarca precisó que la meta fue desplazada al 2020 debido a “factores no previstos que incidieron en el resultado fiscal total”. Entre ellos, enumeró la no aprobación del tributo a las pasividades militares, el conflicto salarial con los funcionarios judiciales y el pago de intereses por parte del Banco Central en la compra de dólares.
Para el representante del Espacio 567-PVP el déficit fiscal tiene aspectos de carácter estructural y otros que son coyunturales, como la sequía o la baja producción de la soja que incidieron en el aumento de déficit en este último período. En este sentido, la proyección del PE es que el déficit en el año 2020 alcanzaría 2,5% del PIB lo que significaría una baja importante. “No desconocemos la importancia del precio de los créditos internacionales y la referencia al grado inversor que maneja el Ministerio de Economía, con lo que no estamos de acuerdo es con hacer centro en el déficit cuando aún no se están atendiendo algunas cuestiones que son fundamentales. Lo que hoy está en discusión equivale a una décima del déficit fiscal, al día de hoy U$S60 millones”, dijo Puig, quien argumentó que el país podría utilizar esa variable y que según los datos no aumentaría significativamente el déficit.
Pese a lo que aventuran algunos expertos que asesoran a la oposición, el PE estima que el crecimiento económico del país se ubicará en el 3% del PBI y con una proyección más optimista aun que lo ubica en el 3,5%. “Esta es la base de las previsiones de las cuentas públicas y por esto señalamos que el compromiso de gasto está por debajo de las posibilidades”, remarcó Puig.
Se faltó a la palabra política
El diputado Carlos Coitiño señaló que hay otros componentes que son más preocupantes. Porque según planteó se viene con “un problema que está en el origen” de este proyecto de Rendición de Cuentas.
Para Coitiño “todo parte de un compromiso del compañero presidente de la República, Tabaré Vázquez, que se hizo responsable de la elaboración de la propuesta que se trató en el Parlamento”. El legislador recordó: “En el mes de enero se había comprometido a generar un ámbito donde discutir todos los componentes del proyecto de Rendición de Cuentas. Empezando por un acuerdo del PE, el Parlamento y la orgánica del FA que hubiera permitido examinar cosas que no se han revisado y que tienen que ver con la distribución de la riqueza”.
Al responsabilizar directamente al presidente Vázquez por la falta de un espacio de intercambio y coordinación Coitiño dijo: “No se abrió la discusión sobre el espacio fiscal y a partir de allí te encontrás que estás absolutamente limitado para aplicar recursos a sectores de la sociedad donde estás comprometido. Hay áreas que asumiste compromiso por la vía de las leyes, ahí está la Ley Integral Contra la Violencia de Género que en está rendición no tiene los recursos suficientes para su instrumentación. Otro caso es la Ley de Salud Mental, que se aprobó el año pasado, tiene un plazo para su implementación y no va a tener recursos. Tenemos a la sociedad conociendo avances a través de leyes y no se les habilita recursos para los años 2019 y 2020, es un compromiso que el PE no asume y como resultado aparece la disconformidad social”, remató el legislador.
El presidente honorario del Comité Central del PVP insistió en que este “es el gran problema” que está en el fondo de esta Rendición de Cuenta, y es que “es totalmente insatisfactoria con la deuda social que el FA y su gobierno tienen hoy como problema principal en la perspectiva de la elección nacional del 27 de octubre del 2019”.
En esa oportunidad, según Coitiño, la sociedad comparará la actuación del gobierno y allí aparecerá lo que te comprometiste en el plan de gobierno y no ejecutaste. “Como resultado se confirma una pérdida de respaldo al proyecto”, esto es un problema político para el diputado.
En las anteriores rendiciones ante la falta de previsión de recursos para algunos sectores, se comprometió la instalación de ámbitos de negociación para encontrar soluciones consensuadas. Esto tiene un antecedente inmediato en la anterior Rendición de Cuentas donde se comprometió la instalación de una comisión que buscara fondos para la Educación. Coitiño denunció que “desde el PE se faltó a la palabra política, no se cumplió con la construcción de un ámbito de negociación que efectuara lo que demandaban algunos sectores con representación parlamentaria, entre ellos el Espacio 567 y que a partir de allí se viene con un retraso que se agrava en esta Rendición”.
Coitiño afirmó que el incremento presupuestal para estos dos años está muy lejos de los compromisos con la sociedad y fundamentalmente con los más necesitados que fue el frente de acumulación que tuvo el FA. “Allí están los sectores como vivienda (el MVOTMA tiene un presupuesto del 0,48% del PIB contra el 1% necesario) donde se aplican $160 millones para compromisos de construcción de cooperativas que ya están en desarrollo y que de no concretarse en los próximos dos años sería trágico. Más allá de la proyección de 10 mil viviendas que se construirán aún estamos lejos de una emergencia que está declarada, porque tenemos en Uruguay 25 mil viviendas que se encuentran en condiciones insuficientes para la calidad de vida, a esto se suma un déficit de 50 mil viviendas que no tenemos proyección para cubrir.”
Insistió el diputado: “Lo que está abierta es una discusión estructural del país, que está demorada y que naturalmente no se puede dar en medio de la Rendición de Cuentas y esto es un problema político muy grande. No se arregla no votando, porque si no se vota queda vigente la anterior, que es peor porque no contempla ni ese pequeño incremento”.
Como dato relevante cabe precisar que los presupuestos del 2018 al 2020 están congelados y por ende de no aprobarse la Rendición de Cuentas, no habrá aumento presupuestal por tres años, salvo los ajustes por inflación de los salarios y algunos otros aumentos menores previstos.
Posibles salidas
Desde el Parlamento, llegado el proyecto del Ejecutivo, no hay posibilidad de aumentar el gasto. Pero hay algunos elementos que podrían contribuir a la reasignación de recursos y de esa manera atender determinados incisos. El PVP propuso la adjudicación de destino para los excedentes del Fondo de Estabilización Energética de UTE, son cerca de U$S 170 millones que hoy están en rentas generales. Estos recursos exigen una asignación de destino a través de una propuesta parlamentaria, el PE había planteado a través del artículo 310 del proyecto de rendición adjudicarlos a las inversiones en infraestructura ferroviaria.
El diputado Luis Puig explicó que la propuesta implica que una parte de los excedentes de ese Fondo se destine a cumplir el compromiso salarial con los trabajadores de la Educación, ese ajuste del 3,5% para el año 2020 que no estaba contemplado en el proyecto enviado por el PE.
Otra posibilidad de recuperación de recursos propuesta por el PVP es la incorporación de una contribución pecuniaria coactiva a las jubilaciones militares más altas que sería incluida en la reforma general del Servicio de Retiros y Pensiones Militares. Puig explicó: “Tendrá una proyección diferente al proyecto del tributo a las jubilaciones militares que no tuvo los votos suficientes. Ahora incluido en la reforma podría tener mayor duración en el tiempo y otras tasas de cálculo posibilitarían que baje la asistencia del gobierno al sistema”. Serían unos U$S 60 millones anuales más que se podrían redireccionar a la educación.
“Al ‘bajen el costo del Estado’ que reclama la derecha le estamos ofreciendo una posibilidad de un ahorro en la asistencia al Servicio del Pensiones y Jubilaciones Militares, pero no se logró la adhesión de los sectores que después quieren recortar la inversión social porque supuestamente el Mides gasta mucho”, reclamó Puig.
La discusión de fondo
Cuando se habla del ‘dilema presupuestal’, se centra la discusión sobre lo finito de los recursos, pero allí hay una etapa previa que es de dónde provienen esos fondos y hasta dónde el Estado puede explorar sobre nuevas fuentes de financiación genuina, como dice Astori.
Desde el Espacio567- PVP se observa con preocupación la actitud del Ejecutivo que mantiene una rigidez en la política tributaria. El Ministerio de Economía que viene sosteniendo que de ninguna manera maneja la posibilidad de cambiar la ecuación tributaria, generar nuevos impuestos ni aumentar los existentes.
El diputado Puig argumentó al respecto: “Acá debemos dejar claro que cuando se plantea que no quiere generar nuevos impuestos o aumentar los existentes, tendríamos que saber a qué sectores se refiere el equipo económico. Porque no es lo mismo recargar a los trabajadores con nuevos tributos, ya tienen bastante carga en sus espaldas. Que apostar a los sectores que tienen una capacidad contributiva superior, que además han generado y acumulado riqueza durante los últimos años”.
Puig fue determinante en la valoración al señalar que “queda claro que la afirmación al barrer de ´no vamos a generar más impuestos´, a priori, no se puede decir que sea una prédica de la izquierda”.
Para el Espacio 567 primero habría que definir cuáles son los sectores que están en condición de tener una mayor capacidad contributiva, para poder luego distribuir en los sectores donde es necesario aplicar y profundizar las políticas sociales.
Desde el sector se viene insistiendo en la necesidad de ampliar el espacio fiscal revisando la gran cantidad de exoneraciones tributarias con que se beneficia al gran capital. Durante las últimas Rendiciones de Cuenta el Estado ha confirmado sistemáticamente una renuncia fiscal superior a los U$S 1800 millones anuales. Las exoneraciones, que en su mayoría vienen desde la ley de inversiones, están planteadas bajo diversos criterios y por diferentes vías. Más allá de las diferencias de origen y forma, sí está claro que la magnitud les reviste una importancia gravitante. El PVP lo propuso hace dos años atrás, ya desde aquella época el Poder Ejecutivo rechazó la posibilidad.
Hoy el argumento que está esgrimiendo el Gobierno es que ante las dificultades con el empleo no va a generar más impuestos al sector que puede promover inversiones que son las que producen empleos. “Sin embargo nos parece que habría que analizar también que con estos bajos impuestos que paga el capital y con las exoneraciones tributarias tampoco están generando puestos de trabajo”, dijo Puig.
Estas renuncias podían ser justificadas en el marco de crisis muy profundas como la del 2002 que obligaba a grandes sacrificios, pero no responden a la realidad de hoy. “Sería un elemento fundamental analizar de qué forma podríamos ampliar los recursos del Estado para poder volcarlos a políticas sociales”, señaló Puig.
Al mismo tiempo se ha rechazado sistemáticamente aumentar el impuesto a las ganancias empresariales a través del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). “Hemos planteado un cambio en esa tasa plana de aporte del 25%, que se cobra a partir de la reforma tributaria del año 2007, con una proyección de llevarla al 30%.
Esto está sustentado en un aumento sistemático de lo recaudado por IRAE, a pesar de la enorme proyección de evasión en este impuesto, esto solo puede ser producto del aumento de las ganancias empresariales. “Ante el argumento utilizado para desalentar cualquier modificación de los esquemas de ganancia de las empresas, tendremos que clasificar y así definir qué sectores están con una situación compleja; y cuáles están ganando mucho. En este marco decimos que no es adecuado plantear que no se tocarán las exoneraciones de aquellos sectores que sí lo pueden hacer. Esto debilita la generación de recursos para el Estado.
Estamos de acuerdo en disminuir la carga fiscal de los que viven de un ingreso pero entendemos que debemos revisar la capacidad contributiva de los otros sectores”.
