martes 27 de octubre, 2020

Pensar la convivencia por la izquierda

Publicado el 27/08/18 a las 6:30 am

Foto | Juan Angel Urruzola

por Valeria Rubino1

Durante los últimos dos meses la discusión sobre “seguridad” que hace más de diez años viene fabricando la derecha uruguaya (fiel copia de una receta internacional) cobró un giro inesperado. Con ojos atónitos nos toca contemplar cómo varios actores de nuestro gobierno de izquier-da saltan al ruedo con un discurso penalizador y anti pobre, propuestas de medidas ultrarepresivas y visiones sobre cómo abordar nuestra forma de vincularnos como sociedad que, no solo no corresponden a militantes de izquierda, sino que para peor corresponden a un paradigma sobre seguridad que ha fracasado a lo largo y ancho del planeta, sembrando un tendal de muertes que crece día a día.

Ante esto, ha llegado quizás la hora de debatir en serio. Es momento de dejar de reaccionar solamente frente a cada una de las medidas fragmentadas (a cual más terrible además) que nos proponen, y plantear fuerte y claro nuestra visión sobre el asunto. Pues no es cierto que la izquierda no tiene propuestas frente al aumento de los delitos y sobre todo de la violencia social. De hecho son los países que optaron por un paradigma de izquierda como forma de enfrentar esta última, los únicos que han logrado realmente disminuir los delitos violentos.

Tampoco es cierto que estos países son de otro planeta. En lugares como Holanda o Noruega también enfrentaron la curva creciente de violencia delictiva que se expande por el mundo. Tuvieron que pensar qué hacer frente al crecimiento del narconegocio y su potencial transformación (más tarde confirmada en el resto del planeta) en uno de los negocios más fuertes, organizados y rentables de nuestra época. La diferencia es que, mientras en el Tercer Mundo y gran parte de Europa compramos la patética receta yanqui de la “lucha contra las drogas”, un puñado de países donde la represión no es la forma socialmente aceptada de resolver los problemas, optaron por otro camino.

Para expresarlo en otras palabras, en el mundo se opusieron dos paradigmas sobre seguridad al comenzar el siglo: uno que plantea el aumento exponencial de los aparatos represivos (asociados además al nacimiento y crecimiento de la industria multimillonaria de la seguridad privada) centrado en la persecución a dos tipos de delitos: los delitos económicos y la producción y distribución de drogas al interior de fronteras; y otro que se planteó dedicar el aparato represivo a priorizar la prevención y persecución a los delitos violentos de cualquier tipo, generando a la vez sistemas de mediación y entendimiento como eje central de las políticas de convivencia.

El primer modelo ha dejado como saldo en menos de dos décadas: 

• centenares de miles de muertes; 

• una industria multinacional de tráfico de la cual viven millones de personas, pero que no está obligada a respetar las leyes laborales, ni a aportar con impuestos al Estado (de hecho se trata de un sistema empresarial donde las trabajadoras y trabajadores no pueden reclamar derechos pues si lo hacen irían a prisión además de perder su fuente de ingresos);

• estructuras delictivas fuertemente armadas y organizadas, que se instalan y desarrollan fundamentalmente en los contextos de mayor vulnerabilidad socioeconómica… aumentando el desamparo de quienes viven allí;

• generaciones enteras de adolescentes y jóvenes que pasan a engrosar los mencionados ejércitos, y en muy pocos años pierden la vida o ingresan al sistema carcelario para no salir nunca más;

• cárceles superpobladas donde los Derechos Humanos no existen, y donde se gestan dos fenómenos paralelos: el híperdesarrollo de verdaderas “escuelitas del crimen”, con sistemas de reclutamiento, adoctrinamiento y disciplinamiento creados y sustentados por el crimen or-ganizado; y a la vez una nueva faceta de la industria de la seguridad: las cárceles privadas. Sin ir más lejos, la empresa CCA, que gestiona la mayor parte de las cárceles de Estados Unidos, se encuentra entre las empresas de mayor cotización en Wall Street;

• costos económicos multimillonarios a los Estados, asumidos por toda la población, para mantener un sistema que enriquece aun más a los ricos, y empobrece aun más a los pobres;

• costos políticos permanentes para los gobiernos progresistas, pues mientras no se supere el paradigma de la “seguridad” y la “lucha contra las drogas” los gobiernos están obligados a gastar cada día más en “mano dura”, para dar una batalla que perderán sin remedio pues este paradigma no arroja nunca resultados positivos.

Por otro lado, unos pocos países europeos decidieron recorrer el camino inverso, proponiendo la reparación del daño frente a los delitos económicos cotidianos; la concentración de recursos especializados en el combate al tráfico internacional de drogas y no en el narcomenudeo (y por ende persiguiendo las rutas del dinero y no a las personas que sirven de “emisarias” y se quedan con muy poco del reparto); y priorizando el accionar del aparato represivo en la prevención de las situaciones de violencia física y riesgos a la salud humana, en coordinación estrecha con las políticas sociales. Sus resultados son:

• menos delitos que el resto de los países del mundo. Y de hecho disminución de los delitos respecto a los valores de principios de este siglo;

• como consecuencia, menos y mejores cárceles, donde se trabaja con las personas intentando encontrar el origen de la violencia en cada caso, para, como dicen ellos “combatir el delito, y no a la persona”;

• como consecuencia, las menores tasas de reincidencia del planeta.

¿Parece cuento de hadas? Pues no, se trata de realidades.

Intentando entonces aportar al debate en ese sentido hace unos días publicamos en La diaria un artículo donde se hacen algunas propuestas desde una mirada ideológica y técnica muy concreta2.  Nos pareció bueno traer esos aportes fundamentales a este número de Compañero, con la intención de avanzar en la construcción por izquierda de un debate sobre convivencia que se salga de los titulares terroristas de estos tiempos. En él tratamos de aportar algunas propuestas vinculadas al sistema penal uruguayo –que plantean una perspectiva alternativa a la expresada en la reforma del Código del Proceso Penal presentada por el Poder Ejecutivo–, estableciendo 4 principios (protección a las víctimas, reparación del daño material, promoción de la reparación moral a través del entendimiento entre las partes, combatir al narcotráfico en serio) que creemos deberían estar en el fundamento de nuestro sistema de abordaje a las situaciones de violencia, y por ende orientar cualquier reforma:

1. La protección a las víctimas: en nuestro sistema penal anterior y en la reforma al Código del Proceso Penal (CPP) propuesta actualmente por el Ministerio del Interior, el principal valor a defender es la capacidad punitiva del Estado (o sea el afán de castigar) quedando en un segundo o tercer plano lo que realmente debería importar, que es proteger antes que nada a las víctimas de delitos. En ese sentido es indispensable evitar la revictimización. Las víctimas de delitos no deben ser obligadas a trasladarse de sus casas, a realizar múltiples e interminables declaraciones, a revivir una y otra vez los hechos. Por ende en un sistema serio el procedimiento policial y judicial reducirá al máximo las instancias en que las personas deben declarar, y asegurará, so pena de sanciones, que cada oficial, técnico, perito o profesional interviniente haya revisado todos los antecedentes disponibles antes de tomar declaraciones o realizar pericias a las víctimas y a quienes ellas indiquen como testigos, de forma tal de evitar la reiteración de preguntas cuando no existe un fundamento técnico para ello.

En los casos específicos de violencia sexual, violencia basada en género, delitos sexuales o violentos cometidos contra menores, explotación sexual y trata de personas, la justicia penal no podrá suspender ninguna de las medidas de protección determinadas previamente por los juzgados civiles competentes, debiendo mantenerlas por el período de duración de las investigaciones.

Si los juzgados civiles en cualquiera de los delitos mencionados en el apartado anterior no hubieren determinado medidas de protección, será obligación del juzgado penal establecer las mismas acorde a lo solicitado por la Fiscalía, a fin de que el período de investigaciones no resulte en un incremento de riesgos para las personas denunciantes o las posibles víctimas.

La Fiscalía será responsable de solicitar al juez/a las medidas necesarias para cumplir con este precepto de seguridad y protección para las víctimas, debiendo realizar dicha solicitud en un período no mayor a 24 horas de haber sido notificado/a de la denuncia. En los casos de los delitos mencionados no se podrá realizar formalización si la misma no va acompañada de la solicitud de las medidas de protección que se estiman necesarias, y en caso de no solicitarse, fundamentando las razones por la cual el/la Fiscal entiende que no existen riesgos potenciales.

Hoy los homicidios por violencia machista representan casi un 15% de los asesinatos totales. Igual porcentaje suman las muertes ocurridas en el marco de delitos a la propiedad. Sin embargo, gastamos 20 veces más dinero en intentar combatir estos últimos que en proteger a las potenciales víctimas de los primeros. Ante la duda de “¿por qué no tenía puesta una tobillera?” en algunas ocasiones la respuesta es “el juez o la jueza era re machista”… pero en la abrumadora mayoría de los casos la respuesta es: NO HAY MÁS TOBILLERAS. Y esto no solo porque se destina poca plata a prevenir las muertes de mujeres, sino porque además muchas veces las tobilleras se están usando para mantener vigilados a quienes cometen delitos económicos o vinculados al narcotráfico. Como verán, para los defensores de la “mano dura” las víctimas poco importan.

2. El segundo elemento central sería la reparación del daño material. Nuevamente, nuestro sistema penal anterior a la reforma, y desafortunadamente la nueva reforma propuesta, se centran en el castigo del Estado, no permitiendo que las víctimas puedan ser efectivamente compensadas o reparadas en el daño material causado, aun cuando estas lo prefieran. Así el sistema se vuelve completamente perverso, porque denunciar un delito solo implica mayores daños materiales a las víctimas que deben estar permanentemente gastando tiempo y dinero para satisfacer las necesidades del sistema penal, además de soportar daños psicológicos para sí mismos, sus familias, y las personas que testifican sobre lo acontecido, a causa de la necesidad de revivir ese momento traumático una y otra vez.

Para nosotros es indispensable cambiar entonces el principio rector del procedimiento en los casos de delitos contra la propiedad, siempre que estos no hayan resultado en lesiones (ya sean estas graves o no) u otro tipo de abusos al cuerpo de la víctima. En estos casos donde no existe violencia física, el sistema penal debe permitir, siempre que la víctima esté de acuerdo, que él/la culpable de un delito pueda reparar el daño material compensando económicamente a la primera. 

Sin embargo, como no creemos que la justicia deba ser una para ricos y otra para pobres, sostenemos que este pago debe realizarse con horas de tareas comunitarias en instituciones estatales, contabilizadas con un equivalente por hora al salario mínimo nacional, y descontando: un 10% destinado a fortalecer los apoyos a víctimas de delitos violentos y otro 10% destinado a compensar por esta tarea a el/la funcionario/a público encargado de supervisar directamente las tareas encomendadas (en ninguno de los dos casos el Estado podrá utilizar ese dinero para otros fines). Una vez alcanzado en este régimen el total de las pérdidas materiales causadas por el delito, el Estado pagará a la víctima dicho importe y la persona culpable habrá cumplido su pena.

Para garantizar que esto funcione, deberá ser obligatorio que todos los niveles de Gobierno así como los Poderes Judicial y Legislativo garanticen tareas, materiales y funcionarios supervisores en todas sus oficinas a lo largo y ancho del país. Nota: si no tomamos esta precaución, seguramente le terminemos pidiendo a un pibe que vive en Casavalle que se tome dos bondis y viaje tres horas para llegar al lugar donde le toca cumplir la pena para poder reparar a la víctima, y el señor de Carrasco que es culpable de estafa llegue muy cómodo en su auto con aire acondicionado. Lamentablemente en el sistema capitalista siempre nos parece bien que sufra el pobre y llamamos barbarie a que sufra el rico.

3. Un tercer elemento: la promoción de la reparación moral a través del entendimiento entre las partes. Cuando la víctima lo quiere, debe permitírsele poder entablar una mediación cuidada con el infractor, en un ambiente de protección. No es tolerable que a aquellas personas que desean el entendimiento antes que ser responsables de una denuncia que lleva a un castigo, el Estado les niegue esa posibilidad. Existen técnicas aplicadas en varios países del mundo que permiten esta mediación, con profesionales adecuado para facilitarla. Tomemos quizás como ejemplo el sistema holandés, ya que en los Países Bajos la tasa de homicidios es de 0,1 por cada 100.000 habitantes, frente al triste 8,1 que alcanza hoy nuestro país, o el también terrible 4,7 de Estados Unidos. 

Son estos datos probablemente los que me llaman a preguntarme por qué un señor que mucho debería saber sobre este tema, como lo es un Ministro de la Suprema Corte, dice que hay que copiar el sistema de Estados Unidos, y no el de los Países Bajos. En los países escandinavos en general es donde están los menores índices de criminalidad… ¿por qué no copiarles a ellos entonces? La verdad es que a mí me gustaría caminar hacia un país que como Holanda tiene como problema la falta de criminales, y la necesidad de generar fuentes de trabajo para los funcionarios de sus ex prisiones. Si a alguien le interesa ahondar en este tema, puede comenzar por un curioso artículo de la BBC titulado “La Insólita crisis de Holanda: la escasez de delincuentes”. Si se siente motivado a partir de esto, puede meterse de lleno a la literatura especializada… pero no a la que se especializa en capturar criminales (o sea los profesionales y técnicos de la Policía en todo el mundo), cuya fuente de trabajo depende de que haya cada vez más delincuentes. Sino en la literatura especializada que escriben quienes se dedican a reducir la cantidad de crímenes y criminales… y lo logran. 

4. Cuarto elemento: combatir al narcotráfico en serio. Para ello, hay que parar de facilitarles el dinero y los jóvenes que sirven de carne de cañón. Mientras el negocio del narcotráfico ofrezca ingresos 10 o 20 veces mayores a los que ofrece el mercado de trabajo no convenceremos a los gurises (cada vez más jóvenes), ni a las jefas de hogar con muchos hijos que viven en la pobreza (cada vez menos sumisas), de abandonar este camino. La única forma de luchar contra el Narcotráfico es regular la producción, distribución y consumo de las drogas. Así quienes vendan estas sustancias deberán garantizar que sus empleados sean mayores de edad, que lo que venden sea lo que dicen vender, que quienes lo consumen sepan realmente todas las consecuencias de hacerlo y, a través de los impuestos, tendremos millones de dólares al año para combatir a quienes quieran mantener el mercado informal, y para abrir tantos centros terapéuticos como sean necesarios para que estén realmente bien atendidos quienes quieren dejar de consumir y están mal enganchados. Hoy los homicidios por ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico representan el 45% del total de asesinatos al año. Es tiempo de preguntarse qué vale más: ¿la vida de las personas o la obsesión del Estado de ser quien define cuáles drogas son legales y cuáles no? Porque recordemos que no todas las drogas son ilegales. De hecho el alcohol, que según la propia OMS es la que mayor estrago genera en todos los países del mundo, se compra sin problemas en cualquier supermercado.

Creemos que los datos existentes expresan con claridad que estas propuestas tendrían mucho mejor chance de mejorar la vida cotidiana de todos los barrios del país… perdón, exceptuando los barrios privados en los que se alojan la mayor parte de quienes obtienen cifras multimillonarias de los negocios que acabamos de mencionar.

Si a estos y otros cambios en el sentido de un proceso de humanización de las políticas de seguridad, le sumamos que el millonario ahorro que significarían se gastara en políticas sociales, seguramente podríamos dejar de creer la enorme mentira mediática de que esta creciente situación de violencia es inexorable. Hoy el país gasta más de 700 millones de dólares al año en el Ministerio del Interior y más de 400 en el de Defensa, con lo cual suman alrededor de 1200 millones de dólares al año en aparatos destinados a la violencia. El presupuesto del MIDES es de poco más de 200 millones. Saquemos cuentas.

Nos parece que queda claro con este puñado de ejemplos que existen otras propuestas sobre seguridad y convivencia que no giran en torno a aumentar el gasto en represión o recortar las garantías individuales de las ciudadanas y ciudadanos de este país. Se vuelve entonces urgente la tarea de poner en debate estas y otras múltiples propuestas que, aunque la gesta sea difícil, nos otorguen a nosotras y nosotros, a cada persona en el barrio, la fábrica, el liceo, el soberano derecho de pensar nuestra sociedad más allá de las posturas tremendistas que los medios de prensa al servicios de los poderosos nos quieren imponer como pensamiento único. ¡A no bajar los brazos!

1|Militante feminista y de la diversidad, y del Colectivo Ovejas Negras. Es integrante de la Mesa Ejecutiva del Espacio 567. Actualmente se desempeña como Directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. 

2|Valeria Rubino, “Qué pena tanta inseguridad”, La diaria, 8 de junio de 2018. 

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