Brasil hacia el neoliberalismo de guerra
Publicado el 28/05/18 a las 5:37 pm
Por Ángel Vera
| Foto Midia Ninja
El juicio que sufre el ex presidente Lula es un grave problema continental que hace a la estrategia de las izquierdas de Nuestra América frente a los Estados Unidos. Abordarlo requiere no solo repasar la táctica de los actores de la lucha de clases. También exige repensar autocríticamente cómo encaró la izquierda la estrategia de transformaciones estructurales en el régimen representativo y cuales son los movimientos genético-estructurales que impulsan la actual coyuntura en Brasil.
Los hechos y los medios
Salvo excepciones, la historia de América Latina es la historia de las intervenciones militares. Golpes dados por los antiguos gorilas al servicio de la dominación oligárquica o por las dictaduras de seguridad nacional desde los años sesenta con el patrocinio y las instrucciones de Washington. Solo en el siglo XX América Latina sufrió 325 golpes de Estado. En el siglo XXI las clases dominantes han refinado las viejas fórmulas de desestabilización ante los gobiernos “progresistas”. Un antecedente ineludible lo constituyó el golpe cívico-militar contra el presidente Salvador Allende en Chile. Sin embargo, los ataques y restricciones contra las expresiones democráticas han sido actualizados. Conceptos como golpes “blandos”, “constitucionales”, “de mercado”, etcétera, intentan conceptualizar esta realidad. Como sintetiza Marcos Roitman, se trata que “el gobierno legítimo en su origen, se torne ilegítimo en su actuación. Acusaciones de corrupción, malversación de fondos, tráfico de influencias, violencia, inseguridad ciudadana, desabastecimiento, inflación, caos, todo suma para reclamar la vuelta a la normalidad. Es decir, restablecer la constitución bajo las pautas de un golpe blando”1. En otro lugar hemos definido estos métodos de desgaste y desestabilización como intervenciones múltiples, no lineales, de amplio espectro, con iniciativas diversas, rápidas y simultáneas.2 Estas son las pautas de las guerras híbridas escritas por las agencias imperiales.
El caso del ex presidente Lula es una continuación del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, un verdadero abuso del derecho, perpetrado por el poder político, económico y financiero, la presión del monopolio mediático y del ejército golpista. Paralelamente, el presidente interino Michel Temer, con solo un 5% de aprobación y un 72% de desaprobación según las encuestas,3 se dedica a un insensible desguace de los programas populares del PT.
Mientras escribimos estas líneas un conjunto de fuerzas intenta la proscripción de Lula para las próximas elecciones. En efecto, Lula está sometido a un juicio político construido por la Fiscalía a partir de una cadena de delaciones premiadas que incluye al ex senador Delcídio do Amaral a cambio de la revocación de su prisión preventiva. La palabra de un delincuente tiró a la papelera la presunción de inocencia de un ex Presidente. Resulta sintomático resaltar que el juez Sergio Moro, quien impulsa la Operación Lava Jato, recibió instrucciones en el “Program of Instruction for Lawyers” en la Harvard Law School. También en el International “Visitors Program” del Departamento de Estado norteamericano con visitas a agencias e instituciones de Estados Unidos encargadas del combate al lavado de dinero. Participó en forma destacada en el “Projeto Pontes: construindo pontes para a aplicação da lei no Brasil” sobre “contra-terrorismo” dictado también por el Departamento de Estado. En este último seminario concurrieron miembros selectos de la Policía Federal, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Además de brasileños, asistieron argentinos, mexicanos, costarricenses, panameños, paraguayos y uruguayos. Así lo reveló un informe filtrado por Wikileaks.4 Más recientemente Moro también fue conferencista en Washington sobre “La Importancia de los medios de apoyo a las investigaciones criminales” y en Pennsylvania sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho. Todas estas actividades más las acciones de inteligencia y vigilancia sobre políticos brasileños realizadas en los últimos años sugieren una asociación conjunta con la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Esta es una verdadera escuela de “lawfare” o “guerra jurídica”.5
La incriminación contra Lula sigue agitada por el oligopolio mediático, la élite corrupta y una reacción política manifiestamente fascista. Nos referimos al Presidente Temer, a muchos de sus ministros y a gran parte de su bloque legislativo que tienen causas por corrupción. También aludimos a políticos neoliberales y en particular a su sector de ultraderecha. Cabe destacar expresamente a Jair Messias Bolsonaro, un admirador de Pinochet, racista, misógino, homofóbico, partidario de la pena de muerte, la castración, la tortura y la censura de prensa. Bolsonaro, del Partido Social Liberal, es el candidato mejor posicionado después de Lula (34%) con un 16% para las próximas elecciones según Datafolha.6
La tensión institucional llegó a su punto culminante antes de la sesión del Supremo Tribunal Federal a través de directas presiones cívico-militares. El comandante del Ejército Eduardo Villas Bôas, el titular de Defensa Joaquim Silva e Luna y el Ministro de Seguridad Pública Raúl Jungmann aprobaron la posibilidad de un golpe militar si Lula no era encarcelado. Como era de esperar Bolsonaro se puso a las órdenes. Obviamente, instituciones de Derechos Humanos condenaron estos extremos.
En conclusión podemos resumir algunos elementos tácticos sustentados en esta fase: 1) El debate judicial tiende a exacerbar el maniqueísmo, a mermar los apoyos de las fuerzas populares y a denigrar a sus portavoces, sustituyendo el argumento racional por la “convicción” y el insulto. 2) Se intenta acorralar y paralizar a la izquierda mientras el Ejecutivo expande la militarización del control social, transmitiendo el miedo a la acción colectiva para promover el despojo de los derechos populares conquistados. 3) Los principios democráticos vigentes son devaluados en aras del orden, la paz, la seguridad y la eliminación de la resistencia. 4) La derecha radicaliza su discurso político e intenta ganar las calles en apoyo de las fuerzas golpistas.
Reformismo y geopolítica
El “golpe blando” es solo el inicio de una nueva etapa. Detrás hay una lucha geopolítica que exige la desestructuración de un país sometido a la hegemonía de los Estados Unidos.
Históricamente Brasil se convirtió en una “plataforma de expansión del capital multinacional” bajo la hegemonía estadounidense7 sufriendo un proceso de pérdida de soberanía, desnacionalización, dependencia y subalternización de la burguesía. Aun así la burguesía logró concentrar capital, ganar control político e influencia ideológica. Para conseguirlo debió completar el ciclo de industrialización, consolidar el mercado interno, impulsar la expropiación rural y sobre todo promover las capacidades organizativas inter-burguesas.
Bajo una dictadura de casi tres décadas se habían establecido las condiciones necesarias para el empuje neoliberal. La concentración de capital vía privatizaciones, el despojo de bienes comunes, instituciones y derechos, requirió el disciplinamiento de los trabajadores. En los años 80 y 90 el proceso de mercantilización, los nuevos procesos de expropiación y extracción de plusvalía, requirieron una nueva agenda pública hegemónica. Para ello se ensayó la “pobretología”8 auspiciada por el Banco Mundial, el BID y el oenegismo. Se trata de una metodología que aborda la pobreza como un problema ajeno a la precarización y la exclusión social de la mercantilización de la vida. Esta ideología mercantil-filantrópica toma las formas de “responsabilidad social empresarial”, “voluntariado”, “tercer sector”, oenegismo y emprendedurismo para borrar la pobreza como cuestión social. Su finalidad refuerza ideológicamente la estabilización del régimen representativo bajo situaciones de penuria.
Con la llegada de Fernando Henrique Cardoso a la presidencia ya se imponía una burguesía internamente hegemónica pero cada vez más dependiente. Las clases subalternas, extensas y heterogéneas, habían sido sometidas a truculentas políticas de represión selectiva, a la regulación legal de sus derechos, al encuadramiento burgués de sus reivindicaciones, a la cooptación y a la negociación de los conflictos.
El advenimiento de la “Era Lula” fue fruto de un largo y esforzado ciclo de luchas populares. Luiz Inácio Lula da Silva asumió la presidencia en 2003, en un momento de escasez de productos de materias primas, crecimiento de los precios de los commodities, reducción de transferencias de recursos en el mercado de crédito internacional y de desempleo estructural regional. A estos elementos debemos agregar el agotamiento del patrón de financiación pública conducido por las políticas de privatización y liquidación de las empresas estatales y los servicios públicos.
Los gobiernos del PT frenaron las privatizaciones directas e incentivaron las public-private-partnerships (PPPs). Mientras la coyuntura internacional fue favorable promovió políticas redistributivas mejorando notoriamente la situación de la población más sumergida y las condiciones de vida de los trabajadores. El crecimiento de la tasa de ganancia empresarial fue acompañado de aumentos del salario medio y compensaciones de los efectos sociales negativos.
Por otra parte, en la vorágine de la reproducción del capital imperialista mundial, el lulismo impulsó el comercio exterior, la expansión de capital imperialista subalterno y el acercamiento a nuevos socios globales extra regionales a través de los BRICS. Fue una apuesta a la reproducción de la burguesía más allá del dominio imperial norteamericano.
Las dificultades sociales tras crisis mundial de 2008 coincidieron con la confirmación del descubrimiento de las grandes reservas petroleras del Pré-Sal por Petrobras. Este no es un hecho menor para la geopolítica hemisférica. Por otra parte, se agitaban nuevos movimientos de masas. Empezó cierta erosión de la base social del PT, en particular de los sectores medios. También se endurecía la ofensiva de la derecha y particularmente la campaña del monopolio mediático.
Tras el “golpe parlamentario” que destituyó a Dilma Rousseff, se ha reabierto un brutal proceso de expropiación, de ajuste, privatizaciones directas, reforma del sistema seguridad social, reforma laboral, congelamiento del gasto público por veinte años, entrega del petróleo del Pré-Sal, venta del control accionario de Electrobrás y un largo etcétera..9 Nuevamente queda a la vista el carácter implacable del imperialismo norteamericano saturado por la actual confrontación geopolítica mundial.
Comenzamos este artículo hablando del “golpe blando” a Rousseff y la persecución judicial a Lula. Hacia el final solo podemos subrayar el endurecimiento de la situación expresada en los asesinatos de líderes sociales como Marielle Franco. La radicalización de la derecha obedece a causas estructurales. No se trata solo del desarme del proyecto lulista. Hablamos de “Un ajuste justo”,10 un paquete de medidas elaboradas por el Banco Mundial a pedido del presidente interino. Ya no se trata de una futura farsa electoral sino de la imposición del neoliberalismo de guerra, de la desestructuración de la República al mando de presidentes ilegítimos, corruptos y al servicio de los Estados Unidos.
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