Algunos límites del proyecto progresista para el campo uruguayo
Publicado el 15/05/18 a las 2:50 pm
Por Ramón Gutiérrez1
| Foto Juan Angel Urruzola
1. El abandono de la soberanía: la reducción de la soberanía al acto electoral por parte del pueblo, a la gestión por parte del gobierno de turno o en última instancia a poseer un ejército que cuide las fronteras jurídicas, es de los indicios más claros de que algo importante se perdió en el vehículo político de las fuerzas de cambio. A nivel territorial esto se expresa de manera estridente en la concentración y extranjerización de la tierra (al día de hoy alrededor del 50% de la tierra está bajo forma de sociedades anónimas, el indicador más importante del avance del capital transnacional en la fase primaria) y en la renuncia a la disputa de las cadenas de valor que concentran poder en las fases industrial y comercio exterior, subordinando el interés nacional.
El abandono de la soberanía como finalidad política suprema, del estudio y la acción político-práctica allí donde están los núcleos duros del poder, pero también el abandono de la cuestión nacional como herramienta aglutinadora de intereses de grupos sociales nacionales diversos, coloca a parte importante de la izquierda institucional en un lugar de debilidad teórico-estratégica. Aquella lectura de la contradicción principal entre imperio y nación que hegemonizó organizaciones políticas y sociales de la izquierda y que traía implícita una presunta alianza entre trabajadores y burguesía nacional contra el imperialismo, encuentra hoy un punto de cierre comprobatorio. La burguesía rural (como punta de lanza de la confederación de cámaras empresariales) rompe con el Frente Amplio (FA), pero vuelve a lanzar al ruedo su compromiso con la bandera, señalando al FA como Malinche.
La historia repetidamente ha demostrado que la burguesía nacional (y latinoamericana) jamás enfrenta al imperialismo y se conforma con ser furgón de cola, con administrar el lugar subordinado en la división internacional del trabajo gozando de los privilegios de ser testaferro de los países centrales a costillas de las mayorías locales. Por eso muchos desconfiamos de la certeza empírica, y en última instancia, de la utilidad política de establecer esta contradicción principal y su marco de alianzas implícito. La concertación para el desarrollo existió, dio una prueba concreta de esta fuerza social y política. Sin embargo hoy, tanto en la cuestión agraria, como en la inclusión financiera, la derecha empresarial encuentra en la “cuestión nacional”, su herramienta de cohesión popular señalando que el FA fomenta la concentración del capital en grandes empresas transnacionales (tanto en el agro como en el comercio, cosa que efectivamente ocurre). La derecha utiliza la misma retórica poco creíble del FA.
Al FA le dejó de interesar la soberanía corriendo atrás de los números de la macroeconomía, digamos que la dejó pal costado en su búsqueda de un capitalismo de verdad y no el lumpen capitalismo de la oligarquía nacional. Y los números grandes tienen daños colaterales que el enemigo usa para echar agua a su molino. Al empresariado nacional, cuando la economía muestra un ajuste, le sirve pedir privilegios tales como los que se le asignan al gran capital trasnacional para que realice inversiones millonarias. La crisis teórica de la izquierda se da porque este tipo de contextos son propicios para radicalizar posiciones políticas soberanistas, colocando la contradicción en el seno del empresariado nacional. El sentido político de la lectura de contradicción principal obedece a una realidad empírica, no retórica y debe permitir cambios históricos, no coyunturales. Cuando las fuerzas del capital nacional (micro, mediano y grande) muestran capacidad de movilización política poniendo como problema el avance del capital extranjero, es tarea de la izquierda poner arriba de la mesa una agenda programática y práctica de incremento de la soberanía (conveniente para las mayorías populares) que efectivice a nivel práctico esa contradicción principal. De otra manera, el nacionalismo-bandera barre para adentro también al cuentapropista, al productor familiar y mediano que lo cocina la competencia con los gigantes capitales extranjeros.
La dependencia, par dialéctico de la soberanía, muestra su peor cara cuando bajan los precios de las materias primas. Allí, el destino natural es la explosión de las contradicciones entre el pueblo y la oligarquía (segunda contradicción en boga dentro de la misma izquierda). Mientras la oligarquía, disfrazada de empresariado trabajador multiescala, travestida de amante del vértigo inversor levanta la bandera como si le importara algo el Uruguay, el pueblo permanece en un proyecto político que le promete ser más libre sin territorio, progreso sin conducción de los procesos productivos, satisfacción de necesidades sin disputar el mercado interno a las grandes superficies, independencia sin disputa del comercio exterior, más democracia sin poder, cambio social sin disputa frontal a la cultura consumista. En el fondo, no hay evidencia de que oligarquía y burguesía tengan contradicciones relevantes entre sí, es decir de que sean algo distinto en cuanto a intereses: los vehículos gremiales y políticos de la burguesía son hegemonizados por la oligarquía (una vez más el grupo social más beneficiado económicamente en la década progresista). El movimiento Un solo Uruguay es una muestra fabulosa de que la contradicción entre propietarios rentistas (parásitos) y agricultores (dinámicos: arroceros, sojeros y lecheros) no es un problema político para ellos. Es hora de desembarazarse de esta lectura de la contradicción principal, del fetiche de la etapa que jamás termina (ni siquiera ahora que en el elenco del gobierno del FA casi no quedan representantes de la Federación Rural o de la Asociación Cultivadores de Arroz), porque no habremos de encontrar una fuerza social soberanista que no sea la del movimiento popular. Una cosa es una alianza electoral, táctica y otra una lectura estructural de contradicciones que oriente la estrategia. El problema es de raíz.
2. El modelo de producción nos condena a repetir los valores del capital: Cuando la economía de una nación apuesta al modelo del agronegocio siendo consciente de los daños en la salud y el ambiente (a esta altura con mucha información nacional, regional e internacional que lo demuestra) y no genera mecanismos claros de estímulo para darlo vuelta, está cultivando los valores del capital: anteponer la economía a la salud, el dinero a la vida. Quienes estamos en la producción vivimos la condena de la competencia para sobrevivir. Claro está que hay sobresalientes y pioneros que logran oponer y generar condiciones concretas para un modelo alternativo en su experiencia predial, pero esa no es la norma, el sistema manda, hay renta que pagar, litros de leche, kilogramos de carne y toneladas de granos que producir. La flaqueza de la era progresista no viene dada por el “realismo material” que debe tener, por la necesidad de asumir el lugar donde se está y lidiar con esas contradicciones, no, la debilidad ético-política de la era progresista es su incapacidad para aprovechar hegemónicamente el “campo público”, los recursos que ya están socializados para invertir, arriesgar y anticipar a fuerza de conocimiento y experiencia nuevas alternativas al modelo del agronegocio: esto es, fundamentalmente, la inversión en conocimiento y tecnología para otro modelo de producción en los diversos rubros que componen la economía agraria nacional, la experimentación científico técnica para un modelo centrado en los principios sistémicos de la agroecología, el estímulo a la producción industrial de bioinsumos, la orientación político-técnica para asegurar que las estaciones experimentales públicas de Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Universidad de la República (Udelar), UTU cuya superficie permite la producción a escala comercial, pueda investigar y aprender empíricamente en distintas vertientes de producción no convencional, el estímulo mediante rentas diferenciales en tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC) para que productores familiares, colectivos, cooperativas colonas hagan experiencia comercial en producción agroecológica, líneas específicas transversales dentro de los llamados de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR-MGAP) para el fomento de la transición agroecológica y por último, la formación terciaria (técnica y profesional) a nivel nacional y en el exterior de cuadros técnicos para otro modelo de producción por parte de nuestra Udelar.
3. El abandono de la propiedad privada como problema: otro síntoma de la degradación política de la izquierda, problema acentuado por los cuadros cultivados, posgraduados en Europa y Estados Unidos, es el abandono de la disputa de la propiedad del suelo. Lo importante no es la propiedad sino el uso dirán. Lo importante es todo. Si historizan el devenir de la propiedad del suelo en cada sitio en donde estudiaron verán pasar violentas revoluciones, reformas agrarias, planificaciones de producción soberanistas, economía de guerra permanente para asegurar la producción básica para las naciones, subsidios cuantiosos para la producción primaria allí donde la economía industrial y de servicios es millonaria para garantizar poblamiento del territorio y producción de alimentos. Pero además, en nuestra formación social (a diferencia de los países centrales), la propiedad social del suelo es la única garantía de ensanchar la base democrática de la nación, de efectivamente hacer justicia redistributiva, de efectivamente acumular ahorro público para hacer transformaciones estructurales durante el alza de precios de las materias primas.
El INC posee aproximadamente el 4% de la tierra y viene adquiriendo unas 10.000 hectáreas por año. Si logramos mantener el ritmo, en unos 1500 años el territorio será público. Son demasiadas generaciones. El Uruguay además sigue siendo fundamentalmente ganadero (más de 10 millones de hectáreas) y si bien sus indicadores han mejorado (por avances técnicos en distintos niveles de la cadena, pero sobre todo por el crecimiento de los encierros para terminación), el problema de la estructura de propiedad de la gran estancia, sigue dando cuenta de una parte del problema agrario: los rentistas por un lado (último censo 25% de la tierra arrendada), los niveles de desempeño productivo (índices reproductivos y de ganancia de carne por hectárea) por debajo del potencial y, por último, la circulación del dinero (la concentración de la tierra concentra riqueza que no necesariamente circula en la economía nacional, fluye en inversiones al Paraguay, en bancos extranjeros, en consumo suntuario o en avance sobre ramas de la economía determinantes para la hegemonía política como las cadenas de los medios de comunicación). Cabe mencionar que se estima en 1400 millones de dólares la renta del suelo apropiada por los dueños de la tierra en 2017.
Nuevamente, no se trata de decir que esa es una lucha fácil, se trata de decir que esa es “la lucha” en el Uruguay. Puede la izquierda convencerse de que el capitalismo ha demostrado ser la máquina productora de riqueza más alucinante, que la competencia y la carrera detrás del lucro han demostrado ser más eficientes que cualquier planificación para estimular la producción. Pueden, hay razones empíricas para ello, tantas como para asegurar que esa carrera la ha ganado el capital a fuerza de guerra y sangre, y tanta evidencia como para decir que esa fuerza es un caballo desbocado con anteojeras que arrasa medio ambiente y humanidad sin que le tiemble el pulso, y que la única manera de sujetarla es el freno de la propiedad pública soberana de los recursos estratégicos. En Uruguay la tierra es “el recurso estratégico” por excelencia.
La propiedad privada se constituye para cumplir una función social. Aun con estas reglas de juego, cuando la propiedad privada atenta contra el interés nacional puede ser violentada públicamente. El parasitismo rentista es el ejemplo más claro sobre lo que se debe avanzar, primero con el monitoreo del mercado de arrendamiento, segundo interviniendo allí donde no perjudique al sector productor arrendatario; el incremento de los impuesto sobre la propiedad a las grandes extensiones + el tope a las extensión de tierra bajo una misma empresa (y testaferros) como garantía de que no se concentre tanto poder y tanta riqueza en pocas manos, son elementos que, junto con la vitalización del ordenamiento territorial, los planes de cuencas y los planes de uso de suelo, cambiarían el paisaje del mercado de tierras, haciéndolo más propicio para el avance de la propiedad pública.
4. El abandono del papel promotor-cogestor del Estado en la economía productiva. El complejo forestal es 100% transnacional y no existen indicios de transitar a un proceso de apropiación nacional creciente del valor, o de generación de capacidades nacionales que garanticen mayor poder sobre esta rama productiva en ninguna de sus fases. Digamos que entregamos ahí por lo menos 1.000.000 de hectáreas de soberanía + la zona franca donde están las pasteras, manteniendo sí la changa de peonato para arreglarles los caminos. A cambio, un boom de inversión y laburo en la construcción de la planta, un puñado de trabajadores calificados estables y algún pastoreo en los bajos de las forestales. Por necesidad ponele que uno le sale a ese cruce, pero como proyecto permanente no resulta muy atractivo.
Asimismo, el capital trasnacional avanza sobre la ganadería y el arroz, además de su papel transversal en todos los rubros agrícola y forrajero a través de la proveeduría de insumos que trazan el paquete tecnológico que utilizamos y que determina que gran parte de la riqueza que producimos circule hacia fuera de fronteras pagando royalties y agroquímicos en general.
En Uruguay, la tradición en este aspecto es innegable con Conaprole (Cooperativa Nacional de Productores de Leche) como faro que ilustra un mecanismo de combinación de Estado y productores en la cogestión inicial de la industria y finalmente la cooperativa haciéndose cargo por completo. Preocupa particularmente este abandono en la carne, rubro de la economía tradicional, de enorme importancia, cuyo techo no ha sido explorado a nivel cuantitativo ni cualitativo; rubro estable y con distintos elementos de la política nacional y su base productiva que le agregan valor de dudosa apropiación social. La apuesta solo a instituciones que junten actores de la cadena, generen información, etcétera, sin participar directamente en la economía es de un impacto al menos cuestionable en el avance de la democracia económica. Aun manteniendo la lógica de competencia, puede tenerse como norte la participación activa para construir un “conaproca” que juegue en la cancha grande directamente, que regule el mercado por su mera existencia, que abra cancha en el comercio exterior por experiencia propia y saber el tamaño de esa tajada.
5. Continuar el proyecto demográfico de la oligarquía: el modelo que hace crisis incluye a todos los desarrollismos. Crecer a expensas de la riqueza agropecuaria sin dar cuenta de eso en la distribución demográfica, en el trabajo, en el agregado de valor, en los circuitos cortos de consumo que genera el poblamiento, en la inversión científico-técnica es parte de la crisis. El crecimiento motevideano a expensas del vaciamiento rural es parte de la crisis porque no hay evidencia de que la ciudad genere economía sostenible para este crecimiento. El proyecto demográfico centralizado es hijo de la derrota artiguista primero y de la necesidad de la propiedad privada de la gran estancia después y todos los desarrollismos fueron cómplices porque encontraron su base de apoyo en la población ciudadana y porque el poder terrateniente es rabioso. Convencerse de que hay un problema demográfico, que no hay equilibrio socio económico posible si la población no da cuenta de la riqueza originaria rural, implica tomarse en serio la descentralización montevideana primero y de las capitales departamentales después. Para eso, la democratización de la tierra es el cacho de poder, el cacho de seguridad imprescindible para que exista proyección de las familias en el campo y para que exista más dinamismo económico en los pequeños pueblos. Claro está que no se piensa en pasar de 5% a 50% de población rural, pero no es alocado pensar en duplicarla (son los niveles de población rural de Chile y Nueva Zelanda) o triplicarla (es el nivel de Estados Unidos y Europa).
6. Abandono de la planificación: cuando del “me vengo acostumbrando a la razón del enemigo” adolorido de Zitarrosa, se pasa a asumir de hecho la razón del enemigo hay que preocuparse. El abandono de las nociones de planificación como si fueran engendradoras de todo pecado, como si fueran naturalmente autoritarias e ineficientes, no dejan de ser sintomáticas de una crisis ideológica. La planificación en sus diversas variantes (centralizada, descentralizada, técnica, participativa) cumple una función primordial en una sociedad democrática. Solo algunos ejemplos para graficar esta crisis: el avance de la ciudad sobre suelo fértil en Montevideo rural, la ciudad continúa expandiéndose horizontalmente cuando en el mundo crecen hacia arriba y cada milímetro cuadrado de tierra fértil cuenta cuando la población mundial sigue aumentando y la producción de alimentos seguirá siendo fundamental. La forestación de tierra agrícola del litoral (por razones de conveniencia de flete a industria) haciendo pulpa de celulosa para consumo suntuario de papel, donde puedo producir alimentos. El avance de la agricultura en suelos residuales con el boom de precios alterando ecosistemas ganaderos, destruyendo infraestructura de primera importancia (casas, alambrados, tajamares). La ausencia de planificación seria en la granja, rubro centrado en el mercado interno que provoca un libre mercado depredador que hace que las crisis de sus productores sean la norma y no la excepción, que el desperdicio de alimentos no procesados industrialmente sea brutal y que la tajada en la cadena comercial sea desigualmente repartida, perdiendo los productores como eslabón más débil y los consumidores finales (trabajadores). La enunciación sin contenido de que existirán planes de cuenca y ordenamiento territorial que no mandatan a nadie. El agotamiento político e ideológico explica que un gobierno no ejerza su soberanía allí donde la tiene ganada por voluntad popular. En el fondo, ese es el triunfo final del adversario: convencernos de nuestra incapacidad para gobernar, de que la mano invisible del mercado siempre toma mejores decisiones que la voluntad colectiva. Del otro lado, el capital planifica de manera centralizada y autoritaria para decenas de años y avanza sobre todo el planeta sin titubeos, planifica guerras, planifica campos de refugiados, planifica pozos petroleros, planifica paneles solares, parques eólicos, carreteras, aeropuertos, edificios, bases militares, cambios de gobiernos, asesinatos de dirigentes sociales y políticos. El capital no deja librado nada al azar, conoce el tamaño del hambre de su bestia y quienes son las presas necesarias para darle de comer hoy, mañana, pasado y en 50 años.
7. El abandono de la lucha simbólica. En la carrera del progresismo por legitimarse como gestor frente al sentido común de derecha, se olvida de hacer política, de acumular conciencia y voluntad transformadora, no da batallas donde tendría un ejército supernumerario frente a un puñado de adversarios. Una de esas batallas simbólicas es el combate a la concentración y la extranjerización de la tierra mediante la expropiación de Estancias ganaderas gringas de gigantesca escala (decenas de miles de hectáreas de campo natural, en frontera. Este paisaje vergonzoso existe: multimillonario extranjero + castillo + securatas en la portera + decenas de miles de hectáreas + muchas cabezas de ganado).
Otra batalla ganada que decide evitar es la regulación estricta del uso del suelo de la cuenca del Santa Lucía o expropiación para que la propiedad pública lo garantice. Cualquiera de esas medidas contarían con amplio apoyo popular y golpearían simbólicamente en parte del problema agrario: la pérdida de soberanía en un rubro que nos vio nacer como nación y que puede ser realizado sin dificultades por productores y trabajadores nuestros y el avance de un modelo perjudicial nada más ni nada menos que en la cuenca que abastece de agua al área metropolitana donde se radica la mayor parte de la población.
Aquí nomás en Porto Alegre, la cuenca que abastece a la ciudad es tierra pública y en dichas tierras solo puede producirse de manera agroecológica so pena de ser expulsado de las tierras por el ejército. Esa condición, generó un sistema colectivo de regadío extremadamente avanzado en el asentamiento de reforma agraria Filhos de Sepe con más de 400 familias y generó también, junto con la voluntad política del Movimiento Sin Tierra, condiciones para el desarrollo en Río Grande do Sul de un paquete tecnológico sofisticado y soberano de arroz ecológico que reporta más beneficio económico que el convencional.
Claro está que el símbolo es una herramienta para afianzar un camino trazado por marcos legales claros. Los marcos están. Repasemos: si deseo repoblamiento de la campaña (ley 18187), si deseo una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación (ley 11029), si deseo cuidarme del avance del poder extranjero sobre la tierra (ley 19283, solo para estados), si deseo ordenar el territorio (ley 18308), si deseo planificar el uso de las cuencas hidrográficas (ley 18610), debo además de legislar y reglamentar, dar señales de que hay un camino que se va a transitar. Claro está que hay otras leyes que contraponen sus intereses a estas que enumero: no pretendo ser legalista aquí. Sí parece evidente que cuando no hay lucha simbólica donde podría haberla, hay evidencia de un camino que no se desea transitar.
8. La timidez en el apoyo financiero a la economía social: Sabidas son las malas experiencias del FONDES (Fondo para el desarrollo) con algunas cooperativas. Sin embargo, existe, por desconocimiento, una enorme incapacidad de diferenciar riesgos. Hay una noción básica que debe estar en la política agraria: el agronegocio se basa en su capacidad de riesgo, no es que sean ningunos cracks, mucho menos que conozcan mejor que nosotros las condiciones naturales de nuestras tierras y su adaptación a los distintos rubros. Varios porrazos se han llevado los gringos que quisieron enseñarnos como producir leche y otros tantos los pooles de siembra que fueron los primeros en clavar la uña. Esa capacidad financiera cuasi infinita le permite diversificar en distintos tipos de negocios y en distintas regiones. Eso no lo puede hacer ningún oriental, siempre tenemos las de perder en esa carrera. No es un problema de eficiencia en una rama de producción, es un problema de espalda. Si además sumamos a ello que cuando accede un grupo de trabajadores o un productor familiar a la tierra deben trabajar como burros para capitalizarse y sobrevivir a la vez pagando renta, entenderemos que su capacidad material y subjetiva de asumir riesgos es nula, comienza la carrera perdiendo por goleada (esa carrera es la que se inaugura cada año con las nuevas 10.000 hectáreas de tierra que se asignan, además de parte de la vieja colonización descapitalizada. Es por tanto un problema político serio y concreto). Esta premisa es determinante para que como pueblo asumamos lo siguiente: es el ahorro público quien debe dar capacidad financiera a la economía social y debe hacerlo asumiendo dos elementos: 1) el interés, la gracia y el plazo pesa y mucho cuando parte de la rentabilidad (del apalancamiento del crédito) la usás para crecer (capitalizarte porque arrancás a producir sin un mango y sin capital, ni ganado), 2) el riesgo es distinto cuando estás bancando ganado o herramientas que cuando estás bancando flujo.
Hay que facilitar volumen sustantivo de recursos cuando lo que se precisa es ganado o herramientas porque el riesgo del Estado como agente financiero es bajo, siempre tiene contra qué ir. En el flujo sería deseable intervenir porque en general los intereses no bajan de 12% efectivo anual en dólares en cualquier plan de cultivos, el doble del que cobra el Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), por ejemplo. No es disparatado pensar en incorporar el mecanismo de retenciones de porcentaje de producto para las herramientas financieras (es lo que hace Conaprole con el FSDAL, con República Microfinanzas, con un campo de recría, etc.), que permitan acceder a los productores familiares declarados a un interés más bajo para financiar flujo, sin riesgo para el Estado. En la lechería está aceitado. En la ganadería, es cuestión de ponerle pienso pero puede articularse con cooperativas que hoy día hacen tarea de consignatario de ganado o lana y por tanto liquidan (es decir, pueden retener), igualmente para el caso agrícola.
El planteo es sencillo, los montos para apoyar a los productores, colectivos o cooperativas deberían ser sustantivamente más grandes asumiendo que sin ellos no pueden competir jamás y que el riesgo que asume el Estado no necesariamente es tan grande. Los intereses para la fase de capitalización del emprendimiento deben estar subsidiados y es preciso manejar un período de gracia para que el capital que se adquiere devuelva producción. Valga el siguiente ejemplo práctico: los campos de recría lecheros se resienten porque los tamberos envían menos terneras. Precisan meter ganado. Pueden comprarlo. Pues el tope de INACOOP es U$S 20.000 (un camión de vacas de invernada) que no alcanza a llenar una muela de un campo de recría que precisa cargarse con 200 o 400 cabezas. Mientras marean para conseguir plata, el campo de recría acumula deuda por renta y pasto sin comer que no se vuelve kg de carne (un despropósito). La banca privada hoy da más facilidades que el sector público para capitalizarse.
Entender que la cuestión financiera es crucial y que ese riesgo debe ser compartido porque a la economía social le cuesta asumir riesgos subjetivamente, pero también, porque a diferencia de los ricos que jamás pierden (incluso cuando funden bancos), los productores familiares y los trabajadores si tienen mucho que perder. Sobra decir que no se trata de timbear guita, pero donde hay razones para arriesgar arriesgue, sino el proceso de avance de la economía social en el agro es demasiado lento, eventualmente con desgastes de las fuerzas sociales irreparables.
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