Necesidad de retomar la ofensiva

Publicado el 18/04/18 a las 6:16 pm

Frente Amplio 2018.

Hacia el cuarto gobierno

Movimiento Alternativa Socialista-­‐959 |

Movimiento Cambio Frenteamplista-­‐5005 Partido Comunista de Uruguay |

Partido por la Victoria del Pueblo-­‐Espacio 567 |

Roberto Conde (indep.) |

Abril de 2018

Contenido

La cuestión pendiente de la profundización.

Las medidas para la coyuntura 2018 culminación del período.

La cohesión y el fortalecimiento político.

El Frente Amplio como proyecto transformador de la sociedad uruguaya está viviendo interpelaciones y cuestionamientos desde distintos sectores de la sociedad que debemos ser capaces de asumir y dar respuestas en el corto plazo de unos pocos meses antes de entrar de lleno en el “año electoral” a partir de inicios del año próximo. Teniendo en cuenta además que esta insatisfacción y pérdida de confianza que se puede originar en la sociedad misma, se ve estimulada por una contraofensiva político-­‐ideológica conservadora poderosa, apoyada por el avance de la derecha regional.

El gobierno, la fuerza política y el “frente social” o sea el movimiento popular organizado en pro del proyecto estratégico de justicia social y la plataforma de derechos humanos, tienen,–tenemos– la necesidad de retomar la ofensiva política, ideológica e incluso comunicacional.

Para ello hay que reposicionarse en la conducción de la coyuntura de aquí  a  fin  de  año  y además plantear con claridad la fase siguiente de nuestro  proceso  de  transformación progresista. Ningún pueblo mantiene con vida en el mediano y largo plazo un proyecto político si no tiene bien claro “como sigue esto”. Y hay que tener en cuenta que la idea de agotamiento del proyecto ha sido tomada como punta de lanza por la oposición para ganar espacio en la opinión de la gente.

Hay que recomponer confianza en los próximos meses, solucionar problemas y cuestiones de gran importancia aún no resueltos y además proponerle a la sociedad una visión clara y objetivos concretos para el periodo 2020-­‐2025.

No podemos perder la idea de continuidad del proceso histórico-­‐político del Frente Amplio. El programa para “después” no nos abrirá ningún camino si no retomamos  la  acumulación política ahora, resolviendo la coyuntura y aclarando la perspectiva inmediata.

LA CUESTION PENDIENTE DE LA PROFUNDIZACION

Esta cuestión de la profundización nunca logró consensuarse entre nosotros, y siempre que se la debate se termina en un cruce de reproches sobre si se está mirando el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Es decir, un empate superficial e inoperante.

Sin embargo es la propia realidad la que nos va cercando con los “límites sistémicos” al avance del proyecto. La profundización es precisamente la vía para perforar esos límites, avanzar en lo inmediato  y  desplegar  objetivos  de  mediano  plazo  que  nos  permitan  trazar  con  claridad  la continuidad estratégica de nuestra lucha, y movilizar en la sociedad la fuerza necesaria para llevarla a cabo.

A pesar del retraso en este debate fundamental, el plenario nacional ya produjo un avance al aprobar en julio de 2017 el documento sobre “Estrategia hacia 2020”,  del  cual  podemos extraer la síntesis de lineamientos estratégicos que allí se establecen:

“Debemos:

“Seguir avanzando en la transformación de la matriz  productiva  promoviendo  el  uso sustentable y ordenado de los recursos naturales que reduzca las vulnerabilidades derivadas de la primarización, la extranjerización y concentración de la tierra y las principales cadenas productivas.”

“Ampliar aún más la inversión pública como factor dinamizador de la economía  y  a  la  vez creador de la infraestructura imprescindible para el desarrollo productivo, y  es  aquí  donde juegan un rol insustituible las empresas públicas.”

“Fortalecer la negociación colectiva y mantener el crecimiento de salarios y jubilaciones como factor de distribución de la riqueza y dinamizador del mercado interno.”

“Mantener niveles de equilibrio en la economía y el vínculo de la estructura productiva con los componentes de la matriz de protección social (educación, salud, cuidados, trabajo y seguridad social) y crecer manteniendo y renovando las formas concretas de aplicar el principio de que aporte más el que tiene más.”

“Desarrollar el sector de la economía social y solidaria.”

“Para avanzar en la reducción de las desigualdades, no alcanza con mejorar la distribución de la riqueza, sino  que  hay  que avanzar  al mismo  tiempo  en  la reducción  de  todas las desigualdades: las de acceso al conocimiento y de aprendizajes.”

“Las de género, generaciones, las étnicas y raciales.”

Por su parte unos meses atrás, en un evento público organizado por asociaciones empresariales, nuestro ministerio de economía, presentó una síntesis de lo que definió como mantenimiento del rumbo estratégico:

“Crecimiento  incluyente. “Apertura al mundo. “Apuesta a la calidad. “Modernización  institucional. “Estímulo a la inversión. “Orden  macroeconómico.”

Este rumbo ha conseguido resultados positivos durante nuestros trece años de gobierno desde 2005 a 2017, a pesar de la crisis global, y mantiene con fundamentos, proyecciones positivas para 2018, lo que constituye el mejor ciclo económico del país desde la primera mitad del siglo pasado.

Sobre esta base, el Frente Amplio ha desplegado el conjunto de políticas de sus sucesivos programas de tres gobiernos. Tenemos consenso  entre  nosotros acerca  de  que  hemos alcanzado un importante avance en nuestros objetivos programáticos, y existe un amplísimo reconocimiento internacional acerca del progreso del país tanto por la calidad  de  sus instituciones, como por la estabilidad económica, por el contenido de sus políticas públicas y por su avance social.

Sin embargo la realidad política de nuestro país muestra que nuestro proyecto en curso, no se ha instalado con un apoyo mayoritario absoluto en la ciudadanía y menos aún cuajado en un nivel de hegemonía social. La  médula  de  nuestra  construcción:  país  productivo  e  innovador con justicia social, se ha puesto en debate.

La visión de nuestro proyecto de país debe ser profundizada porque es precisamente  el corazón de la batalla política decisiva que se libra ahora, no solo con miras a 2025.

Es necesario un balance riguroso para detectar las insuficiencias de política en las áreas más críticas y priorizar las leyes a aprobar y las medidas a aplicar durante este año, con la inclusión de los consejos de salarios y la rendición de cuentas con su proyección para 2019.

En primer lugar, debemos consolidar el consenso interno sobre las prioridades y medidas de este último tramo de gobierno y resolver los temas pendientes, siguiendo las orientaciones marcadas en julio pasado por el plenario nacional y atendiendo los mensajes y planteos que nos llegan desde el movimiento social.

En segundo lugar tenemos que profundizar nuestra comprensión de la realidad, sintetizar y cohesionar nuestra teoría política, lograr un fortalecimiento político para dar la batalla por la opinión pública ahora, y para plasmar luego un programa comprometido y concreto que pueda calar en la sociedad.

LAS MEDIDAS PARA LA COYUNTURA 2018 CULMINACION DEL PERIODO

La cuestión salarial se ha presentado como central en estos primeros meses del año y más allá de la complejidad de la negociación, resulta imprescindible en esta última etapa de gobierno alcanzar tres objetivos:

• Corrección salarial por IPC para garantizar el poder adquisitivo de los salarios.
• Mantener una política de incremento diferencial de los salarios más sumergidos.
• Acelerar el incremento real del salario mínimo nacional.

La rendición de cuentas constituye otro campo de decisión con impacto inmediato en las políticas públicas. El eje de resolución es el espacio fiscal, sin embargo la  realidad exige  un despliegue de políticas que no puede quedar constreñido a un límite rígido sin apreciar todas las posibilidades de obtención y aplicación de recursos y sin un balance completo del avance del programa en la situación actual.

En esta coyuntura nos debemos un debate abierto y no predeterminado, en la fase final del período de gobierno y ante una compleja necesidad de gastos e inversiones. La presión mediática y política de la derecha vendrá del reclamo demagógico de “bajar el gasto” para llevarnos a quedar entrampados en la “austeridad” que nos impida cumplir el programa.

El futuro del Uruguay no se juega en un 0,5% de déficit fiscal, la determinante es política, si la derecha se hace con el poder, la desarticulación de tres lustros de progresismo significarán una pérdida de recursos materiales, sociales e institucionales cuantiosos que le costarán  al  país mucho más que 0,5% para que podamos retomar un día el crecimiento con inclusión y el desarrollo humano con justicia social. Ahí está a la vista la obra de la derecha en la región.

El 6% para educación, salud y fortalecimiento de ASSE, insuficiencia de recursos para vivienda, plan de cuidados e infraestructura serán los ejes del presupuesto.

Sin perjuicio de ello hay que plantear una mirada más profunda sobre nuestro proyecto educativo público, mejorar su cohesión sistémica, mejorar sus resultados y fortalecerlo en la perspectiva de democratización e igualdad que lo fundamenta, con un fuerte compromiso participativo de los docentes y todos los actores sociales e institucionales vinculados a la educación.

En vivienda existe un plan quinquenal de vivienda en marcha con escasa asignación de recursos. Se hace necesario convertir a la vivienda en una prioridad y realizar un incremento significativo de recursos para cambiar esta situación. Aumentar la capacidad de respuesta a las necesidades de vivienda de los sectores de bajos recursos y para resolver situaciones de urgencia habitacional. Asimismo existen proyectos de ley e iniciativas en el Parlamento que abordan otros problemas de vivienda que deben ser aprobadas en esta gestión para avanzar: exoneración del IVA a las cooperativas y los diferentes programas sociales de vivienda; aprovechamiento del stock de vivienda disponible (inmuebles abandonados o en desuso); regulación, al menos parcial, del mercado de alquileres, etcétera.

Exige una particular atención el nudo de exclusión social y reproducción de la pobreza que se genera a partir de los fenómenos retroalimentados de deserción educativa y  desempleo juvenil. A pesar del intenso esfuerzo de la política pública aplicada, los resultados nos están exigiendo solventar mejor esta situación que resulta clave para sostener el progreso económico-­‐social.

En lo que refiere a la cuestión clave del empleo, se está revelando un comportamiento esperado de la variable en cuanto a que el crecimiento económico  actual  está  generando menos puestos de trabajo que los necesarios para mantener el techo del desempleo en el 7% (aunque no sea el óptimo), a pesar de que se llevan adelante en forma permanente programas de capacitación y formación para facilitar la inserción laboral. Es necesario fortalecer los recursos asignados al desarrollo de políticas públicas activas de empleo.

Es necesario aplicar más intensamente las políticas previstas en nuestro programa de impulso a la economía social (tanto para bienes como para servicios), y al desarrollo de la colonización con sus formas asociativas actuales.

Además de los subsidios y los fondos de apoyo hay que incrementar las políticas de fomento en todas sus dimensiones,  incluyendo la inversión  pública en recursos  de  base  claves  como tierra y tecnología. Aún a sabiendas de que esta cuestión desborda la discusión estricta del espacio fiscal.

En relación con los antiguos deudores de BHU y ANV se concretará una solución de justicia social para estas familias que se orienten en los criterios utilizados en los convenios firmados por FECOVI y FUCVAM con la ANV, donde se quitan la totalidad de los colgamentos, multas y recargos. Y que sean solo aplicados en los casos de “única vivienda” y titulares de un préstamos de categorial social (anteriores a la ley 18125 del BHU).

Existen varios proyectos de ley en el Parlamento para aprobación en esta gestión que avanzar en la afirmación de los derechos de la/os trabajadores: 1) Fondo de Garantía por Insolvencia Patronal, 2) Inclusión laboral para personas con discapacidad, 3) modificación a la Ley sobre trabajo nocturno, 4) contra las Tercerizaciones, 5) descanso para trabajadores con turnos rotativos. Dos de ellas, –discapacidad y trabajo nocturno– votadas por unanimidad en  la Cámara de diputados en 2016.

En materia legislativa también se deberá concretar la reforma de la Caja Militar (Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas), el impuesto a las altas jubilaciones y pensiones militares, y avanzar en la modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

En la cuestión  de  los derechos humanos y la  agenda de  derechos fortalecer los ámbitos de participación, ampliar la agenda de derechos, contra la cultura punitiva y la impunidad en los delitos de lesa humanidad. Es necesario avanzar con mayor decisión en la implementación de políticas contra la violencia de género.

También dar un salto en calidad en las políticas de memoria, verdad y justicia, para que se convierta en una política pública, que avance realmente la justicia y la memoria colectiva. Ante los obstáculos para el desarrollo de las cientos de causas radicadas en los juzgados penales de todo  el  país  y  el  desconocimiento  de  hecho  por  parte  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  del sistema interamericano de derechos humanos es necesario desarrollar acciones que impidan que el Uruguay caiga por incumplimiento de sus obligaciones en responsabilidad internacional.

LA COHESION Y EL FORTALECIMIENTO POLITICO

Nuestro discurso se ha resquebrajado y por momentos nuestra unidad de acción también.

El capítulo 1 del programa 2014 establece la idea de desarrollo como síntesis de nuestro proyecto  político:

“Una estrategia de desarrollo y las metas asociadas deben presentarse en relación al tiempo histórico en que se vive, incluyendo el contexto internacional que lo caracteriza y la imagen objetivo de país y sociedad en el horizonte definido.”

“… con un horizonte de mediano plazo, una estrategia de desarrollo  debe  poner  particular énfasis en la dirección de la transformación estructural y del cambio tecnológico compatible con los equilibrios macroeconómicos, y centrada en los objetivos de desarrollo humano, igualdad y sustentabilidad ambiental.”

Esta sigue siendo hoy en 2018, la definición medular de nuestra acción política.

Entramos en una época de balance, conclusiones y nuevas proyecciones que nos permitan fortalecernos interna y externamente, y diseñar una visión actual del proyecto hacia 2025.

No podríamos hacer este proceso sin asumir como una cuestión  central  previa  el  debate acerca del “agotamiento” o los “límites” del proyecto progresista en la región. Cuál es su significado, y como afecta a nuestro país.

Encarar como dice el programa, “el tiempo histórico que se vive, incluyendo el contexto internacional”, para evaluar la situación nacional, y trazar la perspectiva horizonte 2025.

La región, tomemos si se quiere la más inmediata; el subcontinente sudamericano que definimos desde el inicio de nuestro ciclo como espacio estratégico de integración para el desarrollo, no ha podido alcanzar esos objetivos. No ha habido complementación económica ni encadenamientos productivos, ni avances significativos en la inversión en proyectos comunes en energía e infraestructuras y conexiones. El ELC (espacio de libre comercio en lenguaje de Aladi 2008) ha quedado a medio camino y nuestro mercado común (en lenguaje Mercosur) es un mero planteo. En comercio internacional las estrategias de negociación de la región también están fragmentadas en bloques subregionales o en negociaciones bilaterales individuales.

La coordinación de políticas públicas de nuestros países  (consejos  de  Unasur)  es  casi inexistente, y la ciudadanía sudamericana otro mero planteo. La integración como palanca de desarrollo ha fracasado una vez más en esta etapa aunque no debemos de ninguna manera abandonarla como objetivo estratégico fundamental. Aún con la  irrupción  de  China  como actor principal, nuestra relación con la región sigue siendo determinante para nosotros.

La derecha noratlántica dominante desde hace tres décadas en el llamado mundo occidental ha debilitado conscientemente los sistemas multilaterales globales, incluida la OMC. Las decisiones se toman en el G20, pero el poder económico real está en las corporaciones trasnacionales cuyas matrices se encuentran en Europa y Estados Unidos. En este marco de debilidad de una hipotética gobernanza global se ha desatado una disputa geopolítica y económica global en un escenario que ya puede definirse claramente como multipolar.

La derecha sudamericana en el poder, aunque se ve necesitada de negociar con China, siempre se ha respaldado en el poder de los Estados Unidos, y mantiene una visión pro norteamericana (aun con Trump) del escenario internacional, incluyendo la cuestión geopolítica y militar, y defiende  como  dogma  la  libertad  de  comercio  bajo  las  condiciones  establecidas  por  los expertos de las trasnacionales y no por los acuerdos de los estados en la OMC que están casi paralizados.

Esta realidad internacional-­‐regional, genera condiciones que no son las más propicias para el avance de nuestro programa progresista en  tanto debilitan en  extremo la cooperación internacional, y limitan la soberanía y las capacidades regulatorias y de gobierno del estado nacional, sobre todo cuando es chico y está –como nosotros– iniciando un proceso sostenible de desarrollo. No se pueden desconocer estas condiciones, pero aceptarlas “porque el mundo es así” abre el camino a la vulneración de nuestro programa,  que  es  la  síntesis  de  nuestra unidad política para la acción y para el logro de los objetivos de desarrollo del país.

Es necesario avanzar en inserción comercial internacional sin amputar las capacidades del estado, empezando por el perfeccionamiento de nuestros acuerdos con China y otros países, y rechazando las cláusulas de sometimiento contenidas en los textos tipo euro-­‐norteamericanos.

Aún en este escenario restrictivo tenemos posibilidades de seguir avanzando si reafirmamos la estrategia de cumplir el programa, pero necesitamos una discusión más profunda y a la vez más clara de cuál es el contenido de la transformación estructural de la  que  se  habla  en nuestro programa 2014.

El pensamiento latinoamericano ha elaborado constantemente teoría sobre desarrollo. En una definición sustancial, podemos entenderlo como “el proceso por el cual se avanza en los tres frentes –el cambio estructural con sostenibilidad ambiental, la  convergencia  (hacia  las economías en la frontera tecnológica internacional) y la igualdad social en un contexto global que expone a las economías de la región al desafío permanente de sortear y sobrellevar la ‘restricción externa’ al crecimiento” (Ocampo 2011).

Lo que acostumbramos llamar “nuestro proyecto de país” va en esa dirección, sin embargo no contamos con una visión clara de la fase en que nos encontramos y una definición integrada de los objetivos inmediatos por alcanzar, y las vías de avance, que supere la fragmentación de la gestión por áreas, y le permita a la población comprender de modo general el rumbo del país para mantener la confianza en el proyecto político.

Esto es insuficiencia de discusión y síntesis dentro de la fuerza política, y en la relación fuerza política-­‐gobierno. El fortalecimiento político vendrá de esta síntesis (que debe garantizar la cohesión de discurso y la unidad de acción), y de la fortaleza moral y organizacional de nuestro frente para desplegar la lucha en el momento actual, con la que estamos comprometidos.