En el número 5 de nuestra revista el compañero Ricardo Giorello alertaba sobre un proyecto de ley que el Parlamento terminó por aprobar en este octubre y que el Poder Ejecutivo tiene para su promulgación. El articulado de la ley 19553 establece una serie de modificaciones a la ley 16.858 del año 1997, denominada ley de riego con destino agropecuario.

Con el fuerte impulso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el gobierno pretende “fomentar y estimular un uso más eficiente del recurso hídrico” para “aumentar la producción y competitividad del sector agrícola”.

Extender la capacidad de almacenaje de agua de lluvia, para potenciar la superficie de regadío es el horizonte planteado por el Ejecutivo. Según datos del año 2009, la disponibilidad en represas y embalses es de 2070 millones de metros cúbicos lo que garantiza el abastecimiento a unas 270 mil hectáreas.

Con los votos de la oposición, desconociendo los reparos planteados por integrantes de la academia y las organizaciones sociales, a partir de esta ley se habilita a los productores a buscar asociaciones para acceder a las obras necesarias para la instalación del sistema de riego multipredial. Como estímulo a la participación privada en el sector la gestión estará a cargo de Sociedades Agrarias de Riego (SAR) que pueden estar integradas por “inversores de otro giro” y que obtendrán importantes beneficios fiscales.

En la exposición de motivos la norma establece que “para este modelo de proyecto, la modalidad de Participación Público-Privado parece atractiva”. La ley prevé también la figura del Operador del Sistema de Riego, agentes privados, no necesariamente productores agrarios, por tanto pueden ser empresarios que busquen obtener ganancias gestionando el agua.

La ley encamina la creación de un Mercado del Agua, con estas figuras de los agentes privados que pueden administrar el agua anteponiendo la ganancia. La ley va “en contra del espíritu” del artículo 47 de la Constitución de la República dijo el diputado Carlos Coitiño, del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), a remarcar que se incorporan al sector del riego actores “totalmente desvinculados del interés en materia de la productividad y que incorporan el interés por la …renta”

A partir de las alertas de la sociedad civil el PVP generó un espacio de elaboración sobre este proyecto, que construyó el posicionamiento representado por el diputado Coitiño durante la discusión en el pleno del Parlamento. Allí el legislador marcó las diferencias notorias que el PVP tiene con el tono de esta ley que deja la puerta abierta a una mercantilización del recurso natural agua, consagrado en la Constitución como un derecho humano.

Antecedente que debemos tener en cuenta es la Reforma Constitucional del año 2004 que obtuvo una adhesión del 67% de  los electores uruguayos para la inclusión a través del artículo 47 de la Constitución de la República el derecho humano al agua y al saneamiento, un bien público y de gestión estatal.

En esa campaña de la Comisión por el Agua y la Vida participaron organizaciones sociales y políticas. En su argumentación en la cámara Coitiño recordó que la reforma exigía una reglamentación y que hoy, a 13 años de esa reforma, todavía conviven con la Constitución algunas empresas privadas que en algunos lugares del país administraban el servicio del agua potable ya antes de aquel último domingo de octubre de 2004.

Luego de intentar incidir en la bancada y reconociendo la necesidad de la aprobación de una norma que regule el riego para la producción, Coitiño planteó las dudas que llevaron al PVP a oponerse a cinco artículos y no votarlos porque ponen en riesgo el patrimonio de todos los uruguayos.

Citando estudios que muestran que como consecuencia del cambio climático los valores históricos de lluvia están alterándose, Coitiño remarcó que “la situación hídrica del país viene registrando un empeoramiento”.

La calidad de agua del país es problemática, con presencia de altos niveles de contaminación producto de la presencia de nutrientes derivados de la agricultura. Las investigaciones demuestran que el aumento de la productividad en cultivos aumenta la presión sobre la materia orgánica del suelo, disminuyendo la productividad primaria neta; empobreciendo el contenido de nutrientes del suelo, lo que lleva al aumento del uso de fertilizantes. Estos excedentes que terminan en los ríos y arroyos favoreciendo las condiciones el desarrollo de floraciones de algas, más aún en los embalses. Esta situación puede generar dificultades a la hora de potabilizar agua para el consumo humano, como ya ha ocurrido en Maldonado y el río Santa Lucía.

La ley 18610 establece que la primera prioridad en el uso del agua es el abastecimiento a poblaciones humanas, y se debe tomar en cuenta no solo la cantidad sino también la calidad del agua que permita su potabilización.

Coitiño recordó que este tema de la ley de riego entró al Parlamento en el año 2016 y ha producido un debate a nivel social que no ha tenido su correlato a nivel político. “Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas del ambiente y la academia han estudiado durante este año y medio este proyecto; y lo han contrastado con la Constitución en el artículo 47 que consagra el derecho al agua. Estás organizaciones advierten sobre la contradicción entre la ley aprobada y la Constitución”, remarcó el legislador.

La vinculación y los efectos de la aplicación de esta regulación generan nuevas incertidumbres porque habilita el ingreso de nuevos actores en la gestión de los recursos hídricos. “Las Sociedades Agrarias de Riego –explicó Coitiño–  que antes de esta modificación debían tener un vínculo con la producción agrícola, a partir de este nuevo texto hoy pueden ser integradas por empresas de otros giros que no estén directamente involucradas en la producción. Y por tanto abre la puerta para el ingreso de empresas que identifiquen en estas inversiones una oportunidad de negocio e interés por la renta, especulando con un bien que es primordial para pequeños productores. Aquí  puede entrar la contradicción con el artículo 47 que establece el agua como un derecho para toda la sociedad”.

Una de las prioridades para el diputado Coitiño es “cómo asegurar a esos pequeños productores para que el mercado no los enfrente al espejo de la necesidad cuando se tengan que medir con contraparte con mayor poder de capital”.

En segundo orden se deben fijar las reglas claramente porque según señaló “no se determina, en este texto, el canon vigente”.

La nueva ley toma el camino de la privatización, opuesto al recorrido del Plan Nacional de Agua y la participación descentralizada de los sectores sociales.

Al marcar el posicionamiento Coitiño identificó el tema de fondo: “El choque de trenes que se plantea entre las miradas productivistas que pueden, llevadas al extremo, forzar el sistema para alcanzar el mejor rendimiento de los proyectos y el desarrollo del modelo de producción sin medir las consecuencias; y las miradas ambientalistas, que algunos tildan de fundamentalistas, pero que plantean la justa necesidad de adecuar la producción al cuidado del ambiente. La tensión entre la productividad y el medio ambiente exige un camino de tránsito y un cuidado especial del Estado”.

Estas miradas con diferencia de paradigmas parecen estar instaladas.  El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca mantiene una preocupación histórica por la pérdida de suelo en el país y ha puesto el esfuerzo en la conservación y recuperación de ese recurso. Han adaptado los sistemas de producción para ello. Desde otros sectores de la academia, vinculados a la Facultad de Ciencias, se advierte que esta visión puede dejar escapar un análisis de las consecuencias de los proyectos productivos sobre la biodiversidad de nuestra agua. Dicen los científicos que una pérdida de nutrientes tolerable para el suelo, al escurrir sobre el cause de un río o arroyo puede multiplicar exponencialmente su peligrosidad contaminante.

La visión sobre que el agua que corre es pérdida, razonamiento esgrimido por el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, es una idea economicista de la producción y que no considera a las aguas como escenario de la riqueza de la biodiversidad.

Los ríos y arroyos son sistemas continuos y comunicados en la medida en que realicemos embalses se irán fraccionando los sistemas favoreciendo la extinción de especies, como ya ha pasado en el Río Negro donde se han perdido especies migratorias.

Según los datos del año 2009 solo seis departamentos del país que se nutren de represas y tajamares para el agua; y otros cuatros departamentos que se abastecen de agua para la producción de arroz. Según esos datos el 88% del agua disponible para la producción se encuentra en estos departamentos.

Esto marca un determinante geográfico para el acceso al agua de riego y condiciona este elemento que permite mejorar los rendimientos productivos.

En el cierre de la exposición el diputado Coitiño se comprometió a hacer un seguimiento: “Porque la definición del canon y la reglamentación que establece este proyecto, y que viene atrasada del articulado anterior, serán determinantes.

El canon debe incorporar el precio del regadío y el Estado debe regular el acceso de todos al recurso determinando el precio para restringir los avatares del mercado.

La relación entre lo ambiental y lo productivo está estipulado en el artículo 47 a través de la mediación social en las Comisiones de Cuenca.

El Frente Amplio debe avanzar sobre propuestas modificativas que aseguren la equidad del acceso y vigilar que se cumpla el espíritu del artículo 47 de la Constitución”, concluyó el representante del PVP.

Ahora debe trabajarse en conjunto con la sociedad civil en propuestas correctivas.  La definición no debe ser técnica sino política, porque estamos en una sociedad democrática y no debemos sucumbir a la dictadura de la tecnocracia que deposita en los expertos y el arte de sus números  la vida de la gente. Pero será peor aún si tomamos como verdad absoluta una mirada parcial de la realidad que puede dejar por fuera alguno de elementos de este complejo sistema al que todos estamos subidos, y que se llama mundo.

Hoy está pendiente la reglamentación de la ley, ya aprobada por el Parlamento, y que necesita que a través de la discusión amplia sobre los criterios y protocolos para su implementación despeje las incertidumbres y asegure el derecho humano de todos a este recurso que está respaldado en nuestra Constitución.