jueves 29 de octubre, 2020

2017 Y… se mueve, hagamos memoria mirando el futuro

Publicado el 10/12/17 a las 1:46 pm

Editorial a modo de balance en Compañero, la revista N.7  / foto RebelArte /

Como no podía ser de otra manera, dado la fecha, esta revista y esta editorial vienen con aires de balance, pero sobre todo con urgencia de cambios en nuestro Frente Amplio y nuestro gobierno. Así lo irán notando nuestros compañeros lectores a lo largo de los diversos artículos, y como disparador y contexto, las siguientes líneas.

En 2017, la marcha del 8 de marzo, día de la mujer, fue una movilización social importante por la participación masiva de mujeres (y hombres) de todas las generaciones y por la diversidad de consignas y modos de expresión en Montevideo y otras localidades del país. La masividad de la marcha potenció a nivel social la lucha contra la desigualdad de género y afirmó en la agenda el problema de la violencia de género.

Para los trabajadores 2017 fue un año de múltiples conflictos, movilizaciones y paros por despidos, defensa de conquistas, contra las tercerizaciones, defensa de fuentes de trabajo, defensa de los derechos jubilatorios de los “cincuentones”, etcétera. La Rendición de Cuentas de 2017  fue un momento de condensación de propuestas y luchas, con un paro general y movilizaciones cuestionando la ausencia de un espacio de diálogo con el Poder Ejecutivo antes de que entrara el proyecto al Parlamento, planteando el 6% para la educación, la necesidad de más gasto social, y más inversión pública para generar trabajo. Nuevamente en este 2017 el movimiento sindical se movilizó contra un decreto del Poder Ejecutivo de esencialidad, en este caso en la salud.

El 20 de mayo, la contundente marcha por los desaparecidos puso el énfasis en: “Impunidad, responsabilidad de los gobiernos de ayer y de hoy”. Se realizó en Montevideo y en 28 localidades del interior. Sin embargo, días después de esta expresión de la sociedad, el Estado uruguayo faltó a la audiencia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde debía tratarse la situación de la Justicia, las dificultades y omisiones de los 306 expedientes referidos a violaciones de derechos humanos cometidos en el marco del terrorismo de Estado. También faltó ante la presentación de organizaciones sociales para tratar el tema de la falta de transparencia en la designación de la Suprema Corte de Justicia. Hace pocos días la mayoría de la SCJ dictó una sentencia donde incumple abiertamente con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado uruguayo, sentencia que favorece a la impunidad. Junto a este panorama oscuro en 2017, a partir de información de archivos de la dictadura, se logra instalar una Comisión investigadora en el Parlamento sobre el espionaje de inteligencia militar en democracia.

El 29 de setiembre participaron miles de personas, la mayoría jóvenes, en la marcha de la diversidad bajo la consigna “Diversidad es lucha y resistencia. Por una ley integral para personas trans”. Las organizaciones sociales que son motor de esta movilización y de múltiples acciones convocaron a hacer frente a la oleada conservadora en el continente que lucha contra la agenda de derechos y afirmar un discurso y práctica contra toda forma de discriminación.

En salud mental se dio un paso adelante con la aprobación de una nueva Ley de salud mental. Esta ley es resultado de debates y movilizaciones de múltiples actores sociales vinculados al tema, que lograron articular un diálogo con el Frente Amplio (FA) que tenía la voluntad política de avanzar al respecto en este tema. Pese a que la ley no logra conformar a una parte importante de los actores sociales, la continuidad de esta red de actores sociales, institucionales y su articulación con el FA, son los que permitirán seguir avanzando en el proceso de reglamentación y luego en la implementación en el sistema de salud y en la comunidad.

A fines de 2016 FUCVAM comenzó una movilización dirigida a hacer públicas sus propuestas de mejora de las condiciones para las cooperativas de vivienda (créditos con interés social, exoneración del IVA –como a los privados–, transformar en ley el subsidio a la cuota, etc.), resultado de la cual lograron buena receptividad de los legisladores del FA. Como no se tradujo en pasos reales, en 2017 realizaron una gira a nivel nacional que culminó en un acto frente al Ministerio de Economía. En estas dos últimas administraciones del Ministerio de Vivienda (MVOTMA) el cooperativismo de vivienda ha recibido una parte muy significativa del presupuesto total, el problema es que el MVOTMA solo recibe 0,48% del PBI, por tanto no se logra responder a todas las necesidades existentes. FUCVAM es un actor social cooperativo que muchas veces al enfatizar en las necesidades de vivienda social es también la voz de quienes no están organizados y tienen problemas de vivienda.

FA, Poder Ejecutivo y la base social del proyecto frenteamplista

Como siempre decimos en el PVP, son la participación y la movilización popular las que generan las condiciones para los cambios. Estas luchas –y muchas otras menos visibles– son la fuente de toda acción política transformadora.

¿Cuál ha sido la relación entre estas demandas y el Frente Amplio y el Poder Ejecutivo (PE)? El relacionamiento del PE con estas luchas nos interpela como Frente Amplio. Así como también la relación entre el PE y la fuerza política.

El poder de decisión está concentrado en el Ejecutivo y en muchos aspectos de las políticas públicas en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esto se expresó claramente en la Rendición de Cuentas en las dificultades para la afirmación de políticas sociales por falta de recursos. Esta primacía de las decisiones del MEF y de su resistencia a procurar nuevas fuentes de ingresos al Estado –en particular gravar al capital–, ha impedido avanzar en el cumplimiento del 6% para la educación, incrementar los recursos para la vivienda y de otras políticas sociales.

En la Rendición de cuentas de este año –como en 2016– se condensaron las divergencias existentes en el FA sobre política económica y sobre la visión estratégica de un plan de desarrollo. En estos momentos, con la firma del contrato con UPM emerge nuevamente este debate junto con el de cuáles deben ser las condiciones para acordar con la inversión extranjera y multinacional (soberanía, exoneraciones, impactos ambientales, etc.). Está en cuestión cuál debe ser nuestra estrategia a mediano y largo plazo que nos permita desarrollarnos y encontrar caminos sustentables de superación de la dependencia de la inversión extranjera y de las exportaciones de materias primas. La apuesta a la apertura, al estímulo de la inversión extrajera y de los megaproyectos, sumada a la carencia de un plan nacional de desarrollo han tenido un efecto de concentración de propiedad de la tierra y del poder económico, una mayor presencia de empresas transnacionales, una expansión de las zonas francas, que afectan en lo inmediato y en el mediano y largo plazo la capacidad de definir nuestro proyecto de desarrollo nacional y limitan por tanto nuestra soberanía. Los incipientes movimientos sociales en torno a la defensa del ambiente son aliados que deben aportar en este tema, ya que son variadas las sensibilidades y los caminos que desembocan en la necesidad de un cambio de modelo y de sistema.

Hemos tenido múltiples avances en la recuperación y desarrollo de derechos y calidad de vida de amplios sectores sociales. Hemos iniciado la reforma de la salud, promovido la descentralización, realizado una primera reforma tributaria, creado el Mides y promovido políticas sociales, laborales, culturales, educativas, etcétera. Este año en particular avanzamos en la concreción del Sistema Nacional de Cuidados.

Sin embargo, la realidad nos está interpelando a través de las movilizaciones y demandas de la sociedad, del malestar social que todos percibimos, del alejamiento de los votantes del FA y de muchos frenteamplistas de su militancia y compromiso con la fuerza política.

Debemos ser sensibles a esta situación, comprender sus razones y buscar soluciones. Es imprescindible una autocrítica para poder recuperar y fortalecer el vínculo con la base social del proyecto frenteamplista.

Un contexto regional hostil 

Estamos en una región donde las clases dominantes y los gobiernos a su servicio están en algunos casos intentando y en otros casos implementando un ajuste de cuentas con los trabajadores, una ofensiva de recuperación económica que pasa por la rebaja de las condiciones sociales y el recorte de beneficios y derechos de los trabajadores. Nos presionan e intentan chantajear con la deslocalización de sus emprendimientos, en algunos casos los concretan como es el reciente cierre de la empresa Sherwin-Williams, multinacional norteamericana con gerencias brasileras y argentinas que decidió no producir más en nuestro país, cerrando la planta para producir en Brasil. Como estas son varias las empresas que están cerrando en la medida que se produce un dumping social en la región, lo cual va acompañado de una ofensiva patronal a los efectos de presionar para acercarnos a la situación de Brasil. Las cámaras empresariales cuando hablan de competitividad hablan de la rebaja del salario, flexibilización laboral y precarización de las condiciones de trabajo y beneficios sociales.

Este ajuste de cuentas va junto a una ofensiva conservadora y punitiva contra todas las movilizaciones, y contra los avances en la agenda de derechos.

Es imperioso que las fuerzas progresistas y de izquierda en la región hagamos una profunda reflexión y autocrítica para comprender las causas de nuestro debilitamiento y en algunos casos de cierta apatía con que sectores populares contemplaron su caída y retroceso.

Fortalecer una perspectiva de izquierda y transformadora

Para el PVP es necesario coordinar fuerzas para fortalecer una perspectiva común de izquierda y transformadora en el FA, que recupere el vínculo con los sectores sociales base de nuestro proyecto. En ese camino hemos venido construyendo con la Agrupación Arerunguá de Salto, las agrupaciones de Colonia, Canelones, Rocha, San José, Rivera, Maldonado, Montevideo, Cerro Largo y con independientes el Espacio 567. Este año fue de avances, conformamos su Mesa Ejecutiva, realizamos tres encuentros nacionales (Salto, Colonia, Canelones) y estamos preparando el cuarto en Maldonado, porque sin un fortalecimiento organizativo y político de propuestas alternativas de izquierda y de su capacidad de incidir en el FA no es posible generar un cambio de rumbo.

El impulso de la candidatura de Roberto Conde a la presidencia del FA nos permitió un intercambio político enriquecedor con los frenteamplistas y también la creación de un ámbito de intercambio y de coordinación de iniciativas políticas con los sectores que apoyaron su candidatura.

Asimismo el Frente Sindical León Duarte ha sido una herramienta para el impulso de las leyes de los trabajadores, apoyando a los diputados Puig y Coitiño del PVP en la presentación de las leyes: contra las tercerizaciones, Fondo de Garantía de Insolvencia Patronal, Ley de descanso de los trabajadores de turnos rotativos y la  modificación de la Ley sobre trabajo nocturno; así como apoyar a la Ley de cuota en empleos para personas con discapacidad. El FSLD ha impulsado el debate y la coordinación en el movimiento sindical sobre los caminos para defender y avanzar en los derechos de los trabajadores y la necesaria autonomía del movimiento sindical.

Para el PVP y el Espacio 567 estamos en un momento clave del proyecto frenteamplista, se están presentando los límites de las políticas implementadas por el FA desde su arribo al gobierno. Por ello presentamos una plataforma en mayo de este año donde señalamos las que nos parecen son las prioridades a impulsar en estos más de dos años de administración que restan, así como las líneas generales con una mirada de mediano plazo. Afirmar un camino transformador supone consolidar las conquistas y también avanzar en los compromisos pendientes y en las demandas que la movilización popular nos plantea.

Cumplir compromisos 

Quedan más de dos años de esta administración de gobierno. El peor escenario para el FA sería encerrarnos en la lucha electoral, haciendo nuevas promesas sobre compromisos incumplidos.

Tenemos la Rendición de Cuentas de 2018 donde debemos fortalecer las políticas sociales y cumplir con el programa comprometido: educación, vivienda, salud, sistema nacional de cuidados, política de lucha contra la violencia de género, asegurar una solución justa en sus jubilaciones a los “cincuentones” y en vivienda a los deudores del BHU y ANV.

En educación asegurar el 6% y la Universidad de la Educación. En vivienda convertirla en una prioridad y aumentar significativamente su presupuesto (pasar del 0,48% al 1%).

Para esto deberemos impulsar y fortalecer las organizaciones sociales y también promover el debate y la movilización en el FA.

Para cumplir con estos objetivos es necesario obtener recursos, y para ello el Estado debe disponer de más ingresos. Entre las propuestas: reforma de la Caja militar e impuesto a las jubilaciones más altas; aumentar el IRPF al capital (hacerlo progresivo); revisar el impuesto al patrimonio; modificación de la ley respecto a la devolución de los excedentes de aportes al FONASA; revisar la política de exoneraciones.

Debemos avanzar en los derechos de las y los trabajadores, empezando por votar ya en el Senado los proyectos aprobados en Diputados (Discapacidad y modificación de Nocturnidad) y aprobar los proyectos de ley presentados (Fondo de garantía de insolvencia patronal, Tercerizaciones y descanso para turnantes). Impulsar el incremento de salarios de los sectores de menores ingresos y de políticas de empleo para los jóvenes y mujeres. Asimismo promover que se regularicen y formalicen el trabajo precarizado y tercerizado, de aquellas tareas que hacen a las funciones de los Entes y Servicios del Estado.

En Derechos Humanos se deberá pelear para que el FA y el PE den pasos más decididos para que Uruguay cumpla con sus compromisos internacionales y para que avancen los juicios contra los delitos de terrorismo de Estado. El alto grado de estancamiento en verdad y justicia, el espionaje, la mentira y la osadía de sectores militares saboteando y amenazando las investigaciones, y con esto la misma democracia, no pueden ser patrimonio tolerado tras tres gobiernos frenteamplistas.

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