En defensa de las empresas públicas

Publicado el 14/11/17 a las 6:30 am

Entrevista a Gabriel Portillo del Frente Sindical León Duarte 

Por Brenda Bogliaccini

La Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE) se declaró en conflicto y plantea la necesidad de defender las empresas públicas, denuncia privatizaciones encubiertas y recortes, y pide más inversión. Para conocer más sobre este conflicto entrevistamos a Gabriel Portillo, responsable del Frente Sindical León Duarte (FSLD).

¿Qué expresa este conflicto, que está pasando en las empresas públicas?

Me parece una buena iniciativa empezar a discutir de un conflicto que tiene poca visibilidad y que además da la sensación de que “otra vez los funcionarios públicos haciendo paro”.

Las empresas públicas y su defensa supone una problemática muy amplia. No hace referencia a la privatización como la vivimos en la década de los 90, cuando se vendían las empresas –y luego veíamos sus fracasos–, actualmente el ejemplo emblemático puede ser Pluna. La Compañía del Gas también está hoy en el tapete. ¿Qué pasó con la privatización de la Compañía del Gas? Primero fue Gaseba del Grupo Gaz de France con sus despidos e inclumplimientos, y luego vino Petrobras ¿hoy qué vamos hacer con ellos? Eso es un aspecto y el otro es cómo las empresas públicas se van degradando a través de privatizaciones encubiertas como pueden ser las PPP (Participación Público-Privada), los contratos como los que tiene UTE con los molinos privados que son una privatización de largo plazo, porque son contratos de veinte años. Todo esto partiendo de un supuesto –el mismo o parecido al de la década de los 90–, para la falta de inversión pública que sostenía que el Estado debía ser solo regulador, no podía ser empresario ni productivo. Hoy también tenemos ese debate que nunca se saldó, con estos recortes tampoco parece viable que el Estado logre administrar inversiones.

En la gestión anterior del Frente Amplio, durante el gobierno de Mujica hubieron inversiones en las empresas públicas, ¿ha habido un viraje en este aspecto?

Sí, hubieron inversiones y creo que habría que evaluarlas por empresa, porque existieron comportamientos distintos. En ANTEL hubo inversiones con la fibra óptica y la necesidad de universalizar internet, en ANCAP hubo inversiones –más allá que hoy sean polémicas–, y en UTE las hubo pero a lo largo de todos estos años UTE invirtió unos 1.500 millones de dólares y los privados US$5.500 millones, por lo tanto esa magnitud de inversión privada a UTE y a algunas otras empresa se procesa como una privatización, las razones que se exponen son diversas del por qué no se podía invertir. En la carpa de la MSCE durante el conflicto hubo una excelente charla de Jorge Notaro y Pablo Da Rocha, entre otra cosas sobre cómo es la contabilidad de las empresas, donde la totalidad de las inversiones públicas se miden en el año y no en la cantidad de años en que se va a pagar y, por lo tanto, siempre el balance es una pérdida, eso se podría corregir, pero no se ha hecho.

¿Qué efecto tiene ese tipo de contabilización?

Tiene el efecto de aumentar el déficit fiscal y todos los derivados de ese aumento. Pero es un déficit fiscal irreal, porque en realidad no se va a gastar toda esa plata en ese año. Si vos te comprás una casa de cien mil dólares y vas a pagar cinco mil dólares por año durante treinta años, no te pueden decir que debés ese primer año los cien mil dólares. En los países de la región no se contabiliza de la misma manera, y esto habrá que debatirlo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) o con el equipo económico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Junto con las privatizaciones la MSCE hace referencias a la existencia de recortes, ¿no hay una continuación de las políticas de inversiones?

Exactamente, hay un recorte de cómo venían siendo las inversiones en las empresas públicas. En el memorándum de la OPP a las empresas públicas están clarísimos todos los niveles de recortes, entre ellos se incluye el ingreso genuino de personal. La defensa de las empresas públicas pasa también por el ingreso de personal. Para llevar a la población la mayor calidad de servicios públicos como los que brindan las empresas públicas, sin inversión de personal nuevo no es posible y tiene otras consecuencias: las tercerizaciones y los contratos. Tenemos algunas prestadoras muy importantes en el caso de ANTEL, UTE y OSE, y para nosotros es imprescindible que el servicio público que se dé a través de estas empresas se preste con calidad y eficiencia. Para ello es necesario una buena formación de los funcionarios, y eso también forma parte del memorándum de recortes que aumentan, porque en 2015 se iban a cubrir una vacante cada dos y ahora se cubre una de cada tres, entonces eso va afectar el servicio y además se va a gastar lo mismo o más pero por la vía de las contrataciones y tercerizaciones.

En las demandas de la MSCE también está el tema de la libertad sindical y de los decretos de esencialidad, el cumplimiento del convenio salarial y la negociación colectiva. ¿Cuáles son los problemas de los trabajadores públicos? 

La realidad hoy de los funcionarios públicos y sus organizaciones es que tienen una débil negociación colectiva. Cuando existe una pobre negociación colectiva es porque tenés un patrón autoritario y eso es lo que está pasando en las empresas públicas. Patrones entre comillas porque no son los dueños de las empresas, pero fungen como tal, no se respetan los convenios laborales y no se discuten los presupuestos de las empresas (inversiones, ingreso de personal, etc.). Habría que analizar la historia de la Federación de Funcionario de OSE (FFOSE) con su directorio y ver cómo fueron más de diez veces a la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) para resolver problemas, algo que es inexplicable, pero es así. Además el esquive represivo que provocó un paro del Pit-Cnt con concentración en el Ministerio de Trabajo por el decreto de esencialidad a los compañeros de la Salud, que fue una salida realmente autoritaria. Un decreto de esencialidad en la salud cuando hay guardias gremiales –esto nos hace recordar el decreto de esencialidad de 2015 contra la educación– es una salida autoritaria, ni Sanguinetti con 65 días de huelga había decretado esencialidad en la educación, y acá con tres días de paro se decretó la esencialidad en la educación en 2015, por lo tanto hay un derive autoritario.

¿Habiendo guardias gremiales en la salud de todas maneras se decretó la esencialidad?

Hubieron negociaciones con el Pit-Cnt y de todas formas se lanzó el decreto de esencialidad. Pero además el Pit-Cnt no hace un paro en balde, si lanza un paro con la velocidad que lo lanzó es porque efectivamente hubo una situación grave.

A esto le sumamos que en las empresas públicas fue muy reiterado el decreto 401, que es altamente represivo y tiene sus orígenes en la época de Pacheco Areco. Ese decreto dice que no te descuentan por el día de paro, sino te descuentan proporcional al daño que ellos calculan –de manera arbitraria– que uno hace por la labor que no cumple, entonces es realmente muy grave. Se aplicó a compañeros de la Federación ANCAP (FANCAP) como cinco veces y en la UTE dos o tres veces. Hubo situaciones de conflictos sindicales pero ninguno que atentara contra el abastecimiento de un servicio público, no hubo una conmoción donde nos quedáramos sin luz o sin servicios, pero igual se aplicó, por eso digo que esta es una deriva autoritaria del gobierno y creo que afecta la negociación colectiva. Porque para tener una buena negociación colectiva, tenemos que tener confianza entre las partes, nos podemos poner de acuerdo o no, pero si no nos tenemos confianza entre las partes la negociación colectiva no funciona.

La negociación colectiva de los públicos es la contradicción de los gobiernos progresistas, no solo en Uruguay sino también en la región. El ejemplo más claro de ausencia de negociación colectiva es la Rendición de Cuentas del 2017 cuando el Ejecutivo presenta el proyecto y se les da para analizar dos días, cuando las negociaciones colectivas se tenían que realizar antes de que el proyecto fuera al Parlamento. No negocian con los trabajadores. Después se modifica a partir de su pasaje por el Parlamento, pero su envío es con ausencia de una negociación colectiva real. Además de ser el proyecto de rendición de cuentas que todos conocemos, en el caso de la educación con la falta de recursos para cumplir con los convenios salariales que habían firmado en 2015, por eso se habla también de violaciones de convenios.

Defender las empresas públicas tiene el supuesto de un papel que imaginan que deben cumplir, ¿qué papel deben jugar en este proceso, en este momento?

Las empresas públicas cumplen un rol fundamental, ya que tienen que brindar soluciones a la población que ninguna empresa privada haría. Podemos ver cómo las tarifas de UTE y OSE tienen un componente de subsidio, también ANCAP lo tiene a través del supergás que tal vez no sea lo mejor, pero no se está pagando todo lo que se debería pagar, y la pregunta que hay que hacerse siempre es si un privado lo agarra, ¿qué es lo que pasaría? Es un aspecto que vemos sobre todo cuando miramos la región con las multinacionales operando en Argentina y en Brasil.

Además sigue vigente lo que dijo en su momento José Batlle y Ordóñez en la inauguración de la UTE de que extendemos el servicio, impedimos que se nos vayan recursos al exterior, y utilizamos esos recursos para expandir nuestra capacidad de producción.

Lo que les falta a las empresas públicas es el tema de las unidades reguladoras. Nosotros entendemos que las unidades reguladoras deberían estar compuestas también por ciudadanos, porque allí se discuten, por ejemplo, las tarifas y nosotros consideramos que estas tienen que ser discutidas por el conjunto de los usuarios. Como forma de profundizar la democracia, esto es clave como experiencia de gestión y participación ciudadana. Esto que fue impulsado desde la Coordinadora de Sindicatos de la Energía, pero no lo logramos.

En un proyecto de profundización de la democracia y avance en materia de conciencia debemos practicar experiencias nuevas de construir ciudadanía, las empresas públicas nos dan esa posibilidad, no quiere decir que esto solucione el problema, ni que sea la panacea, pero en esos ámbitos tendríamos como ciudadanos mayor información y peso, podríamos llegar a generar capacidad de organización. Pero eso no se ha dado, nosotros dimos un gran debate cuando la creación de la URSEA (Unidad Reguladora de Servicios de Electricidad y Agua) para proponer que debería salir de OPP porque estaba demasiado concentrada en el Ejecutivo. Salió de OPP pero quedó en el Ministerio de Industria. Y así vemos como está hoy la URSEA que es casi nominativa, no tiene prácticamente ningún rol. Las tarifas en Uruguay no pasan por la URSEA, se fijan en un acuerdo entre UTE y el Poder Ejecutivo y básicamente por lo que dice el MEF.

En el imaginario de mucha gente y en algunos discursos se reitera que las empresas públicas son poco eficientes, es un sentimiento que aparece cuando la gente va hacer trámites al Estado, ¿las empresas públicas son empresas eficientes? 

Las empresas públicas son eficientes, pero la eficiencia no solo se mide por una contabilidad con superávit, eso es un aspecto y podría ser discutible. La eficiencia la deberíamos medir en la calidad del servicio que se presta y en este sentido todavía queda para trabajar, pero se ha avanzado. ANTEL ha avanzado en la calidad del servicio. En UTE vemos el avance cuando comparamos los niveles de corte que había a finales de los 80 y principio de los 90 y los niveles de corte hoy, vemos un grado importante de avance que prácticamente a nadie se le ocurre que puede quedarse sin luz, eso requirió inversión en instalación, en mantenimiento, etcétera.

Las empresas públicas tienen mucho para mejorar todavía, pero con recortes de inversión, con falta de personal y con algunas privatizaciones que impiden muchas veces manejar con soberanía el tema de las tarifas, vamos complicados. Al estar tan comprometidos con determinados pagos se hace difícil bajar tarifas, pero las tarifas forman parte de otro capítulo que podríamos hablarlo con más profundidad en otro momento.

Te referiste a los ciudadanos usuarios participando y ¿los trabajadores tienen espacios de participación en alguna decisión de estas empresas? 

No, por eso te hablo de falta de negociación colectiva. La ley de negociación colectiva de públicos no abarca solo el convenio salarial y las condiciones laborales, está todo. Los convido a que lean la ley de negociación colectiva de los públicos y allí vamos a ver como a los trabajadores nunca se nos da la posibilidad de discutir las inversiones, dónde tienen que ir, cuáles son las prioridades. Lo que hemos podido manejar mejor –cuando ha habido posibilidades– han sido los ingresos de personal, por un problema de peligro de conflicto, es decir si hace algunos años no entraba personal a Central Batlle, no se prendían las máquinas. Pero no es una relación en torno a plantearse cómo construimos con los trabajadores un proceso de una transformación de las empresa públicas.

En Uruguay tenemos un gobierno del FA en un sistema capitalista y si nos planteamos una perspectiva de transformación ¿qué rol juegan las empresas públicas en este proceso en términos de soberanía económica y política?

Cuando defendíamos las empresas públicas en la década de los 90, lo hacíamos sobre la base de varios aspectos: la soberanía nacional, la posibilidad de ser independientes del punto de vista económico, del punto de vista tecnológico, tenía que ver con el tema tarifas y no marginar a la población. Tenían y tienen que ver con la calidad de vida de la gente.

Cuando el gobierno progresista asume con una serie de empresas públicas fortalecidas a partir de la lucha, se fueron fortaleciendo más, en el caso de UTE y ANCAP con muchas debilidades de inversión, ANTEL era la que estaba un poquito mejor, el puerto también. Cuando digo fortalecidas me refiero en la defensa y conciencia ciudadana de que las empresas públicas iban ayudar a levantar un gobierno progresista. Junto con todas las dificultades que tiene el gobierno progresista, además que no le vamos a meter mano al capital, si todavía encima no teníamos las empresas públicas, íbamos a tener un problema mayor. Hoy en plena crisis es importante el aporte a rentas generales de las empresas públicas. Por lo tanto, tienen un aporte económico significativo, pero tienen que ver también con la apropiación de saberes, de tecnología, de experiencia por parte de los trabajadores y de la gente, que nos posibilitan pararnos allí y pensar en una transición a otro sistema que no sabemos cuál es en principio, pero que va a formar parte en esa transición. Le encontramos sentido cuando vemos que esto nos posibilita aprendizajes, soberanía, y en todo caso detener abusos que todavía existen. Los trabajadores y los usuarios debemos aprender, es fundamental que el conjunto de la ciudadanía uruguaya seamos ciudadanos de verdad, que no solo votemos cada cinco años, sino que también participemos de la vida económica, política y social, a través de los instrumentos que vayamos construyendo, si no tenemos ninguno de estos instrumentos es muy difícil avanzar.