Ley de riego y más… / Revista Compañero 5
Publicado el 23/08/17 a las 6:30 am
Ricardo Giorello1 |
A fines de marzo de 2016, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento para su consideración, una serie de artículos, que de ser aprobados, modificarían la ley de riego n.º 16.858 con destino agropecuario.
Impulsada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) tiene como objetivo “fomentar y estimular un uso más eficiente del recurso hídrico, para mejorar la productividad y sostenibilidad del sistema agrícola”.
Se trata de aumentar la capacidad de almacenaje de agua de lluvia, para extender la superficie de regadío, de 220.000 a 500.000 hectáreas.
Para alcanzar esos objetivos se promueve la construcción de embalses multiprediales, financiados bajo la modalidad de participación público-privada. Su gestión está a cargo de sociedades y asociaciones agrarias de riego que pueden admitir capitales provenientes desde fuera de la actividad agropecuaria, obteniendo importantes beneficios fiscales dentro del marco de la ley de promociones.
Se crea además, la figura del operador del sistema de riego, encargado de elaborar los acuerdos contractuales entre los concesionarios y los productores agrarios.
En primera instancia, no debería levantar resistencias este proyecto, pues tiene por finalidad aprovechar el agua cuando abunda y distribuirlo cuando escasea (generalmente en verano). Sin embargo, en diversos ámbitos de la sociedad uruguaya se han oído voces discrepantes, especialmente de los movimientos sociales, asociaciones vinculadas al agua, organizaciones ambientalistas y académicos relevantes vinculados con el tema.
Entre las objeciones al proyecto de ley se encuentran las vinculadas a la orientación del mismo. Este no va por el camino que a partir de la reforma constitucional de 2004 se empezó a recorrer en el país, donde el agua es un derecho humano fundamental, un bien público y de gestión estatal.
Las sociedades y asociaciones agrarias de riego y los operadores del sistema, pueden comercializar el recurso acuático y recibir inversiones de capital, conformando de esta manera, un MERCADO DE AGUAS, violatorio al artículo 47 de la Constitución.
Las observaciones ambientales también tienen su peso. En la exposición de motivos del proyecto de ley se expresa que “… además de los aumentos de productividad se espera que mejore la calidad del suelo…”.
Esta afirmación no se corresponde con los últimos trabajos científicos publicados recientemente en nuestro país.
De ellos surge que el aumento de la productividad de los cultivos impacta negativamente sobre la materia orgánica del suelo, disminuyendo el contenido de nutrientes y la productividad primaria neta, por lo que se hace necesario incrementar el uso de fertilizantes. El aporte de fósforo por esta vía, sumado al tiempo de residencia del agua en los embalses, crean las condiciones para que las floraciones y el crecimiento de cianobacterias puedan desarrollarse, afectando de esta manera (aguas abajo) la calidad y el abastecimiento de agua potable a poblaciones humanas.
Un ejemplo de este proceso fue la aparición en marzo de 2013 de floraciones en el río Santa Lucía que abastece de agua potable al 60% de los habitantes del país.
La políticas económicas centradas en el aumento del PBI ejercen una presión importante sobre los recursos naturales (agua, suelo, aire). En Uruguay se producen alimentos para casi 30 millones de personas y seguirá en aumento, intensificándose la producción y expandiéndose sus fronteras agrícolas, en especial, los cultivos de verano, como el maíz y la soja.
Leyes como la Ley de riego traen efectos ambientales negativos para el país, pero también a este planeta que está mostrando sus límites y que nos anuncia que es tiempo de tomar en serio sus señales. El calentamiento global con sus consecuencias (presentes y principalmente futuras) es una de ellas.
El efecto invernadero responsable de ese calentamiento es producto de la liberación a la atmósfera de toneladas de dióxido de carbono, provocado por la industria, los automóviles, la deforestación que reduce la captura de carbono y, la agricultura y ganadería que liberan gas metano con efectos más dañinos que el CO2.
El aumento del nivel de los océanos producido por la pérdida de glaciales y del incremento de extracción de agua de los acuíferos, la rápida desaparición de especies en tiempos geológicos brevísimos, de ecosistemas, pérdidas de suelos, etcétera, son otras de esas consecuencias.
Hoy la ciencia está hablando muy claro con respeto al futuro de nuestro planeta. O buscamos alternativas entre todos a esta gigantesca voracidad del sistema capitalista o no habrá más amaneceres.
1 |Militante del PVP-567 Rivera y estudiante de la Licenciatura en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Centro Universitario de Rivara (CUR).
