Por Aram Aharonian

Los principales partidos de la variopinta oposición venezolana vienen anunciado su eventual participación en los procesos electorales regionales previstos para diciembre de este año, luego de participar activamente en violentos actos desestabilizadores y terroristas por cuatro meses, una vez se produjeran discretas conversaciones de su dirigencia y representantes del gobierno.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, continúa su trabajo a pesar de las agresiones de la oposición y del gobierno de los Estados Unidos.

El anuncio más llamativo vino de la mano de Freddy Guevara, dirigente del partido Voluntad Popular, integrante de la cúpula que activamente ha promovido la violencia en los meses recientes. Ha señalado al «camino electoral» como la alternativa para consagrar los objetivos del antichavismo en Venezuela. No obstante, hay que revisar estos anuncios desde una perspectiva más amplia, pero no por eso menos detallada.

Es evidente la incrongruencia de la narrativa de la oposición. Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista , Acción Democrática e incluso Voluntad Popular transitarán ahora los caminos electorales, después de desconocer el gobierno de Nicolás Maduro, lo que no garantiza que abandonen los caminos de la violencia. El partido Vente Venezuela de María Corina Machado y Alianza Bravo Pueblo de Antonio Ledezma, han sido tajantes en no participar.

Pero el pragmatismo es evidente: la posibilidad de conquistar gobernaciones y alcadías le daría a la oposición no solo presencia y poder territorial sino acceso a presupuestos. Y hoy no hay forma de predecir cuáles –o cuántas- gobernaciones o alcaldías quedarán en manos de la oposición.

Los dirigentes de la oposición –quizá por estar sobreexpuestos a la información de la prensa internacional- sobrestimaron su propia fuerza y credibilidad, subestimaron la conciencia del pueblo chavista y leyeron en inglés qué significa ser combativo (o sea el estado de ánimo de la gente). Y eso trae primero pase de facturas, cambios, huídas y cambios de posiciones, dentro de una dirigencia de clase alta lejana (siempre) a la realidad y con directivas emanadas desde el exterior.

Y quedaron atrapados en sus propias redes (las sociales), confundiendo la posverdad (las mentiras que ellos lanzaban sobre la radicalización de la población) con la realidad y la verdad, y en la especulación del derrame de los cuadros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero héte aquí que ésta se mantuvo firme.

La oposición desconoció el resultado, la realidad-real, pero igual debió asumir el golpe, lo que obligó a un cambio de táctica –incuso poner en duda el tan cacareado “empate” entre oficialistas y opositores- y de estrategias sobre la marcha: ahora participarán en las elecciones regionales comandadas por el mismo Consejo Electoral al que acusaron de ilegítimo, ilegal, fraudulento, manipulador…

Travestidos de demócratas

Acuden a elecciones tras el fracaso estrepitoso de su estrategia abierta del desplazamiento violento del gobierno, a través de movilizaciones, trancas, paros, plantones, guarimbas y violencia articulada y paramilitarizada, que dejaron más de un centenar de muertos y más de 1.500 heridos en cuatro meses, que tratarán de barrer debajo de la alfombra ante el electorado. Tampoco puede descartarse que la violencia –reducida- continúe, pero ya sin responsables políticos visibles…

Las inscripciones de candidaturas a gobernaciones expirará el 17 de agosto. No se sabe si las candidaturas de la oposición serán unitarias o si los partidos de la MUD irán separados desmembrándose electoralmente. Las pugnas internas son entre los partidos que promovieron activamente la violencia (Voluntad Popular y Primero Justicia) y los que no (Acción Democrática, Avanzada Progresista y Un Nuevo Tiempo), considerados como ala moderada de la oposición.

Henry Ramos Allup, dirigente de Acción Democrática (AD), criticó a aquellos sectores que pretenden salir del gobierno, pero “obstaculizan los mecanismos de participación” o los que se escudan en los “caídos durante las manifestaciones”, para no participar en el proceso electoral. “Si no inscribimos un candidato, más rápido que inmediatamente, el gobierno hace esas elecciones y se llevan las 23 gobernaciones y nos quedamos sin oposición”.

AD es el agrupamiento socialdemócrata histórico, que acompañó la escalada de violencia, pero que apuesta al desgaste del gobierno, sobre todo por el efecto de los ataques económicos. Tiene representatividad en casi todos los estados y intenta ganar gobernaciones y alcaldías acumulando en votos el descontento popular.

En el otro extremo están los grupos alineados en la “resistencia” que rechaza la traición de los dirigentes que aceptaron ir a las elecciones, junto a la reivindicación de las acciones de violencia, Se mueve a través de redes sociales, muchas de ellas manejadas desde Miami. Algunos analistas señalan que no es más que otro nombre de partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular, que los habilita a transitar por ambos caminos: el del terror y el de la democracia a la vez.

Episodios similares al ataque al fuerte Paramacay y/o el bombardeo del helicóptero robado a instituciones públicas, pueden repetiré, pero ya estaríamos hablando de hechos más profesionales y paramilitarizados. Incluso en este escenario electoral, la violencia beneficia a la MUD, pero sobre todo a aquellos que financian la desestabilización que lleve a una intervención extranjera en busca de las riquezas nacionales.

Y quedaron descolocados al consolidarse la Asamblea Nacional Constituyente sin participación de la oposición, por decisión propia. Es más, la MUD ya había anunciado que no participaría de las elecciones regionales y la revocatoria de esa decisión que pone nuevamente en el camino civilizado a una masa opositora que fue convencida de que la aventura violenta sería exitosa.

La narrativa sigue siendo incoherente y difícil de rearmar. Gastaron tiempo, esfuerzo, presiones, desestabilización para deslegitimar a nivel nacional –pero sobre internacional- tanto al Consejo Nacional Electoral como al proceso electoral constituyente, sin lograrlo. Es más, legitimando a ambos, algo bastante difícil de explicar a la masa opositora, que no entiende tanta consigna contradictoria. Los medios han sobrepasado ampliamente la canalización de la información, para extenderse a la misma producción de acontecimientos políticos, hasta convertirse en los principales movilizadores y operadores políticos.

Ataques económicos e internacionales

De todas formas, este análisis quedaría cojo si no se tienen en cuenta otras dos “fuerzas” de la derecha, la desestabilización económica y el frente internacional-diplomático. Pero la desestabilización sigue y desde el exterior el primer frente de ataque sigue siendo el económico, inflando desproporcionadamente el valor del dólar, tratando de recrudecer el ciclo de malestar popular. Junto al frente económico, el internacional -con Donald Trump como comandante en jefe- no logra sumar triunfos, pese a la ferviente coordinación de México y Colombia de los gobiernos subordinados de la región.

La nueva ofensiva del Dolar Today, precedida por un acoso particularmente agresivo por el establishment estadounidense y sus repetidores locales, piensa cosechar en diciembre los resultados de una hiperinflación en puertas, de no producirse un cambio en la política financiera, en medio de un creciente intento de aislamiento internacional, comandado por Donald Trump desde Washington y Juan Manuel Santos desde Bogotá, y bloqueo financiero que afectan las fuentes de abastecimiento. En estas circunstancias, en Caracas sorprende el cambio de canciller, pese a los buenos resultados de Samuel Moncada.

Tras declarar que la convocatoria constituyente agravaría el cuadro de crisis política en Venezuela, varios gobiernos optaron por medidas unilaterales, concertadas o no con otros países. Declaraciones, congelación de haberes y prohibición comercial para altos funcionarios (como hizo Estados Unidos), retiro de embajadores y anuncios de preocupación o de condena por la realización de la constituyente. Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú y un nutrido grupo de naciones europeas condenaron el proceso y anunciaron que no reconocen esa asamblea constituyente. Perú convocó a una nueva reunión de gobiernos americanos sobre el tema Venezuela, y fue un nuevo fracaso.

La mayoría de las críticas del exterior se centraron en el “carácter corporativista” de la elección, pues los nuevos asambleístas fueron electos sobre una base territorial (364 asambleístas), con un representante por municipio, lo que implicó una sobrerrepresentación de zonas poco pobladas donde el oficialismo es fuerte, y sobre la base de listas de grupos sociales escogidos en la convocatoria (181): trabajadores, pensionados, campesinos, estudiantes, consejos comunales, empresarios, personas con discapacidad e indígenas.

El proceso regional

Los partidos autorizados para participar en los próximos comicios son Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Independientes Por el Progreso (IPP), Unidad Política Popular 89 (UPP 89), Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Partido Unión y Entendimiento (Puente), Nueva Visión para mi País (Nuvipa), Partido Comunista de Venezuela (PCV), Tendencias Unificadas para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaros), Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo Contigo (UNTC) y Movimiento Primero Justicia (MPJ).

A ellos hay que sumar Avanzada Progresista (AP), Voluntad Popular (VP), Movimiento Al Socialismo (MAS), Por la Democracia Social (Podemos), Organización Renovadora Auténtica (ORA), Patria Para Todos (PPT), Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Nuevo Camino Revolucionario (NCR), Copei, Movimiento Político Alianza Para el Cambio (MPAPC) y Unidad Popular Venezolana (UPV).

En las elecciones del 10 de diciembre están convocados a participar un total de 18 millones 094.065 venezolanos. En estos comicios no estarán incluidos los votantes de Distrito Capital, por poseer un régimen especial de gobierno que no prevé la elección de gobernador o de consejo legislativo, ni los venezolanos residenciados en el exterior. Por ello, la data de votantes es menor al total de inscritos en el Registro Electoral, que son 19 millones 854.437 personas.

Rehacer la cultura democrática

Hoy, con una votación de 8 millones, el chavismo es nuevamente la mayoría electoral del país, pero los resultados del 30 de julio derrotaron la violencia y la lógica de confrontación permanente. Desde el mismo días siguiente se abrieron las compuertas del diálogo, tímido aún, entre gobierno y oposición, para atender los problemas urgentes de la sociedad. Hoy por hoy no hay convicción –me atrevería a decir en ninguno de los lados- de la necesidad del entendimiento político.

Antes se debiera avanzar en el respeto mutuo y en la construcción de consensos mínimos y de una agenda común; que reencauce una cultura política para el fortalecimiento de la democracia. Difícil lograrlo mientras desde Washington se insiste en derrocar al gobierno (ya sin preguntarle a los opositores) e imponer sanciones a funcionarios, ahora por el delito de apoyar la Constituyente.

Detrás de esa desesperación están los fondos de inversión, la banca trasnacional, y las corporaciones trasnacionales mineras y petroleras como ExxonMobil, representada por el secretario de Estado estadounidense. Los intereses en el suelo y subsuelo venezolanos están plenamente expresados en la política del senador Marco Rubio y del presidente Trump contra Venezuela. Ellos siguen apostando por la continuidad de la violencia para desestabilizar el panorama político venezolano.