ANTE EL RESULTADO EN PRIMERA INSTANCIA DEL JUICIO EN ROMA.

Publicado el 25/01/17 a las 3:16 am

Por Raul Olivera

1.-La reciente sentencia dictada en el juicio de Roma, sin duda parece apuntar a fortalecer determinadas impunidades, y justifica el sentimiento de frustración que produjo en quienes aspiraban a que se hiciera justicia.

2.-El futuro conocimiento de los fundamentos de esa determinación que deja impune a Néstor Trocoli, y la insólita y descabellada visión sobre las responsabilidades materiales del terrorismo de Estado del Plan Cóndor, sin duda abrirá saludables debates sobre las formas más efectivas de combatir los autoritarismos estatales y las estrategias judiciales desarrolladas y a desarrollar.

3.-El prolongado y casi siempre solitario esfuerzo que las víctimas y organizaciones de la sociedad civil vienen realizando desde hace décadas para que los crímenes del terrorismo de Estado no quedaran impunes, originó en el pasado diversos caminos y estrategias.

4.-Fue en ese marco, cuando las políticas de impunidad de los gobiernos democráticos pretendieron liberar al Estado de su obligación de esclarecer y castigar las graves violaciones a los derechos humanos, no dudamos en acudir a los estrados judiciales de Argentina, España, Italia y ante organismos internacionales (CIDH, ONU, etc).

5.-La recuperación de los niños apropiados; el procesamiento y condena de algunos criminales en nuestro país; la condena de Manuel Cordero en la Argentina; los efectos que produjeron las causas en España; la propia sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman y el reconocimiento de la existencia del Plan Cóndor, fueron parte de ese esfuerzo desde la sociedad civil que contribuyó a fortalecer el Nunca Más, al tiempo que contribuía a reparar a las víctimas, sus familiares y a la propia sociedad.

6.-Ese camino ensayado, nunca pretendió librar al Estado uruguayo de lo que fue, es y será su obligación: hacer efectivo de forma eficaz el proceso de verdad y justicia.

7.-Con serenidad y sin claudicar en nuestra lucha por verdad, justicia y nunca más, aspiramos a que el Estado uruguayo asuma en esta causa y principalmente en aquellas que actualmente se sustancian en los tribunales nacionales las responsabilidades que específicamente le corresponden.

Secretaria de Derechos Humanos y Políticas sociales (PIT-CNT)

Montevideo, 23/01/2017.