EL RETORNO AL PAÍS DE LOS AUTORES DEL SECUESTRO Y ASESINATO DE BERRIOS
Publicado el 21/11/16 a las 2:49 pm
Por Raúl OLIVERA ALFARO
El Estado uruguayo que no supo o quiso castigar a los militares que con la complicidad de policías secuestraron y asesinaron a Eugenio Berrios, paradójicamente, terminará oficiando de carcelero de lo que el Estado chileno sí investigó y finalmente condenó. Recordemos que once militares chilenos y tres uruguayos fueron condenados como responsables de esa conducta criminal.
Considerar esa situación solamente a partir de que es el simple resultado – en el caso de los militares uruguayos que vuelvan a Uruguay -, de la aplicación del Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre los Estados Parte del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile, u otro acuerdo suscrito por Uruguay, es al menos, distraerse frente a otros aspectos que casualmente están hoy en el orden del día: nos referimos a la actuación ilegal de los servicios de inteligencia del Estado en democracia.
Esta situación por ejemplo, también debería verse a partir de la forma peculiar y privilegiada que el Estado uruguayo le dispensa como carcelero a los reos, cuando estos son militares o policías que delinquieron en el marco del terrorismo de Estado. En ese entorno, debería considerarse, por ejemplo, la eventualidad de que aparezca un nuevo “gesto humanitario” del juez de ejecución de sentencia al que se sume la fiscalía, y estos condenados tengan el indebido beneficio de la prisión domiciliaria.
Esa operación entre los servicios de inteligencia de Chile y Uruguay que instalaron el escenario en el que finalmente fue asesinado Eugenio Berrios, y la actuación ilegal de los servicios de inteligencia que acontecieron en democracia, interpelan la capacidad y la voluntad política de los tres poderes del Estado uruguayo para erradicar definitivamente todo vestigio del autoritarismo estatal. Ninguna de estas situaciones puede confinarse únicamente en las responsabilidades de quienes las ejecutaron materialmente. Sería una buena y sana señal para la salud democrática que el sistema político y judicial no desaproveche esta oportunidad y lleve hasta sus últimas consecuencias el establecimiento de las responsabilidades que correspondan en ambos casos.
Nota: El autor es integrante de la Secretaria de DD.HH del PIT/CNT.
