Hay empresas que abarcan varios ramos de actividad, y otras que poseen toda una cadena productiva (producción, elaboración, distribución y comercialización).

Las ETNs adoptan diversas formas, pueden tener uno o varios dueños que pueden ser conocidos magnates (Bill Gates, Mark Zuckerberg o Carlos Slim) o anónimos accionistas, pueden tener consejos de administración y presidentes, operar en la bolsa de valores y en algunos casos ser controladas por Estados (Petrobrás). Por el hecho de operar en varios países, y por tener una escala de negocios enorme, en general las ETNs son un conglomerado de empresas que conforman especies de pirámides en las cuales unas poseen a otras hasta llegar a un reducido núcleo que puede controlar decenas de otras empresas (si no más).

Antiguamente las empresas se dividían una matriz en el país de origen y sus filiales en otros Estados. Las filiales operaban en terceros países y transferían sus ganancias a la matriz, drenaban las riquezas de esos países para la gran metrópolis. O producían en la matriz y se abastecían de materias primas en los países de la periferia, a los cuales también vendían los productos industrializados. Hoy en día esa división es menos lineal. La globalización, en primer lugar, alteró la distribución global de la producción. Los países del norte en general pueden aún producir pero en general se han especializado en el desarrollo de productos – tecnología– y en servicios y finanzas. Al mismo tiempo, la aparición de los llamados “paraísos fiscales” (Bermudas, Islas Caimán, Panamá, Uruguay) ha promovido el desplazamiento de las matrices para estados que les ofrecen beneficios tales como el pago casi cero de impuestos. Esta estrategia es un claro ejemplo de que, a pesar de que hasta no hace mucho las empresas en la mayoría de los casos tenían lealtades nacionales, el contexto de globalización y competencia salvaje, combinado con un tipo de gestión cada vez más despersonalizado, hace que inclusive la lealtad a sus países de origen haya sido progresivamente abandonada.

Su carácter transnacional les ha permitido una movilidad y flexibilidad tal que les posibilita aprovechar las distintas ventajas que los diversos lugares del mundo les dan para obtener sus ganancias. Salvo excepciones, se aprovechan de los bajos salarios o las normas laborales bajas para instalar sus plantas productoras, o de las condiciones fiscales favorables que muchos estados les ofrecen, de estándares ambientales menos exigentes o bien de lugares donde es más fácil “comprar” a los gobernantes, a los legisladores o a la justicia. De más está decir que este tipo de “beneficios” está en el origen de la pobreza, la exclusión, la fragilidad de derechos sociales, laborales y ambientales y de la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos.

Gracias a la llamada “tercerización” las empresas no siempre tienen la propiedad de toda la “cadena de valor”, o sea de todos aquellos que producen bienes y servicios, o extraen materias primas para la producción de, a su vez, otros bienes y servicios finales para el consumo. Por ejemplo, las grandes marcas de textiles, o de automóviles, que además de sus filiales y fábricas contratan partes de sus procesos productivos en pequeñas fábricas de piezas, o talleres textiles que producen atuendos que luego serán vendidos con la etiqueta de una gran marca de ropa en la red de negocios de dicha marca. En muchísimos casos, estos entramados las asocian a grupos económicos locales con los cuales hacen negocios y que les facilitan sus operaciones y acceso a las instituciones públicas, con el fin de obtener mejores condiciones para sus inversiones.

Lo más importante es que adoptando la forma que adopten (un banco, un fondo de inversiones, una empresa farmacéutica, una gran cadena de supermercados, una minera, una gran empresa de tecnología) las ETNs, debido a su gran tamaño y peso económico, poseen un poder político y económico que supera a los de muchos países del mundo. Este poder las transforma en actores políticos que, a través de diversos mecanismos, presionan a los poderes públicos para que estos generen reglas, normas y otras concesiones que los beneficien. Y son capaces de derrumbar gobiernos –jueces, diputados, senadores, gobernadores– que se opongan. Si esto sucede con Estados y figuras públicas, es fácil imaginar lo que sucede con las poblaciones y personas más vulnerables o, simplemente, que no cuentan con los mismos recursos económicos y políticos para defenderse en sus territorios.

Alta concentración de riquezas, alta concentración de empresas

Existe un círculo que es vicioso para la sociedad y virtuoso para las empresas. A medida que las ETNs son más grandes económicamente, ejercen mayor poder político sobre las instituciones públicas y los gobiernos, que por esa razón –mecanismos de “captura corporativa” como el financiamiento de campañas, las llamadas “puertas giratorias”, los lobbies, regalos y viajes, y corrupción mediante– comienzan a generar leyes, normas y decisiones públicas que las benefician; ésto a la vez las tornas más grandes y poderosas. Es la historia de la globalización neoliberal iniciada en los años 80 del siglo pasado y profundizada a partir de los 90, después del fin de la Guerra Fría. En estos ya casi 30 años el proceso de concentración económica y de distribución de las riquezas se ha profundizado de forma extrema.

En un reciente informe de Oxfam –que trabaja datos del Crédit Swiss– se afirma que “la distancia entre ricos y pobres está llegando a nuevos extremos» |1| , siendo que “el 1% más rico de la población mundial acumula más riquezas actualmente que todo el resto del mundo junto”. La crisis económica iniciada en 2008 no hizo más que profundizar este proceso. Según el mismo informe, la riqueza de las 62 personas más ricas del mundo aumentó 45% –o más de medio billón de dólares (US$ 542 mil millones)– en los cinco años posteriores a 2010. Al contrario, la riqueza de la mitad más pobre cayó en ese mismo período un 38%.

Al mismo tiempo, son cada vez menos las empresas que controlan diversos sectores de la producción de bienes y servicios a nivel mundial. A través de fusiones y adquisiciones, las empresas van creciendo en su tamaño y dominando de forma crecientemente monopólica diversas cadenas de valor, lo que las vuelve al mismo tiempo mucho más poderosas en términos de la influencia política que ejercen sobre países e instituciones internacionales. En un estudio del Instituto Federal Suizo de Investigación Tecnológica |2| fueron seleccionados los 43 mil grupos empresariales más importantes del mundo y se analizó la forma en que se entrelaza el control de estas empresas. Los investigadores llegaron a una “cifra impresionante que cambió la visión que tenemos del sistema económico mundial: sólo 737 grupos controlan el 80% del mundo corporativo, siendo que, de estos, un núcleo de 147 controla el 40%. Y, de estos 147, 75% son esencialmente grupos financieros”. “Un grupo tan limitado no necesita hacer conspiraciones misteriosas, son personas que se conocen en el campo de golf, o el abierto de Tenis de Australia, hacen arreglos entre sí de forma muy simple y cómoda para ellos”, afirma Dowbor. “Hablar de mecanismos de mercado en este club restringido no tiene mucho sentido.” |3|

La concentración de las empresas conduce necesariamente a una distribución cada vez más concentrada de las riquezas generada por una sociedad. Hay ejemplos muy prácticos de cómo esto se produce en nuestros países. La llegada de un Wallmart o un Carrefour a nuestras ciudades genera instantáneamente un shock en el comercio local, y rápidamente los negocios locales, pequeños mercados y almacenes tienden a desaparecer, o los que sobreviven lo hacen a costa de bajar sus márgenes de ganancia: menos lucro para la familia y menos salarios –o peores condiciones de trabajo– para ellos y sus empleados. Wallmart y otros grandes supermercados extorsionan también a sus proveedores locales, que se ven obligados a bajar los precios para poder venderles sus productos. En definitiva, los grandes tienen más oportunidades de quedarse con las porciones mayores de la riqueza que una sociedad genera. El precio de los productos baratos sale caro, pues estas dinámicas, como vemos en el ejemplo y en los estudios globales, conducen a sociedades cada vez más extremas, donde las mayorías son cada vez más pobres estructuralmente.

El mito de las inversiones de las empresas extranjeras

No hace falta decirlo, pero las empresas se mueven por el interés propio y sus lucros. No hacen altruismo ni piensan estratégicamente en el bien de cualquier sociedad del planeta, a no ser su “sociedad anónima”. Tenemos que tener esto siempre en cuenta al analizar el interés de los inversionistas extranjeros. En primer lugar, debemos pensar que las empresas extranjeras vienen a por ventajas que no tienen en otro lugar del planeta: 1- menores salarios, 2- derechos sociales y laborales bajos, 3- impuestos y obligaciones tributarias bajas o nulas, 4- acceso fácil y barato a recursos naturales y energía, 5- normas ambientales, laborales y financieras permisivas o inexistentes, y 6- Estados –y sobre todo sus sistemas judiciales– débiles y vulnerables. En segundo lugar, acceso a nuevos mercados para sus productos y servicios. Detrás de cada una de estas ventajas u “oportunidades” se esconde un problema para nuestras sociedades, pues inclusive sociedades cuyos Estados son más poderosos y cuya gran ventaja es el tamaño o el poder adquisitivo de su mercado interno, acaban siendo perjudicadas por la concentración que estimula la entrada de grandes empresas, o el estímulo a la generación de grandes empresas propias.

El resultado del ingreso de las empresas extranjeras no resulta generalmente en grandes beneficios para los países anfitriones. Los casos más extremos reportan explotación intensa de los recursos naturales con impactos ambientales altos para las comunidades locales; movimiento económico reducido a nivel de la región, pues funciona como enclave cerrado; y lucha constante por la apropiación de las ganancias, que queda mayoritariamente en manos de la empresa en vez de los Estados. Se dice generalmente que Estados pobres no podrían “explotar” sus recursos naturales si no es a través de los inversionistas extranjeros. Nosotros sostenemos que se puede hacer de forma distinta, respetando las condiciones de sustentabilidad social y ambiental al mismo tiempo que fortaleciendo la capacidad pública de apropiarse de la renta generada por la explotación extractiva.

El caso de las “maquilas” ilustra otra dimensión de este fenómeno. Trabajos de baja calificación, salario y condiciones de forma transitoria no alteran estructuralmente las condiciones de vida de una determinada sociedad. La gran movilidad de las empresas globales, al mismo tiempo, les permite rápidamente desplazar su producción a un destino más beneficioso –generalmente con salarios aún más bajos–, dejando un legado de desempleo y desestructuración de la producción local que torna las condiciones de las comunidades receptoras más precarias que antes de la llegada de la “inversión”.

De todas formas, la sumatoria de los varios factores aquí mencionados producen en general concentración económica y de riquezas, que son transferidas para fuera del país anfitrión, muchas veces de forma fraudulenta y sin el pago de los impuestos correspondientes. Producen también la desestructuración de la producción local, que al mismo tiempo se transforma de forma gradual en consumidora de tecnologías y productos importados, o dependiente de cadenas de valor internacionales, es decir, cuya lógica de crecimiento no obedece a las necesidades de desarrollo del país anfitrión.

Los servicios públicos son otro ejemplo. Se empeora el servicio cuando los gobiernos los entregan a las transnacionales sea a través de las asociaciones público privadas o de la privatización. La población se transforma en consumidora y sus derechos fundamentales, como el agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, salud, educación, pasan a ser vendidos por estas empresas transformando ciudadanos en consumidores.

La captura corporativa es otro tema que nos impone las transnacionales, en especial en la vida de los trabajadores y sus sindicatos. Varios bufetes de abogados contratados por empresas están actuando en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vinculados a los gobiernos nacionales, para atacar y debilitar el sistema normativo compuesto por normas y recomendaciones que son parámetros mínimos para la defensa de trabajadores y trabajadoras.

En términos de tecnología, las empresas globalizadas desarrollan sus productos y servicios en determinados lugares del planeta, en general los países del Norte, en centros de tecnología como los existentes en California en Estados Unidos. Y detentan las patentes que constituyen hoy en día una de las principales fuentes de lucro para las empresas, en particular esto es relevante para la industria farmacéutica, dominada por laboratorios europeos y norteamericanos. En esas condiciones la posibilidad de desarrollo de tecnologías propias por parte de países en desarrollo se ve extremadamente limitada. Con mejores condiciones y apoyos públicos en los países desarrollados, las empresas que invierten en los Estados emergentes llevan sus propias tecnologías, pagan royalties a sus matrices y en muy pocas ocasiones interactúan y desarrollan sus productos en otros lugares. Se perpetúa así la relación de dependencia de los países en desarrollo de las tecnologías importadas.

Las concesiones impositivas a los inversionistas, la evasión fiscal, la salida de riquezas, no empoderan al sector público, que se torna dependiente de esas inversiones y por ello más vulnerable a los chantajes que ellas puedan ejercer, es decir, fundamentalmente a la amenaza de salir o quedarse en el país. Es un cuadro de pérdida de soberanía y de las herramientas que un pueblo necesita para conducir su destino en pos de un desarrollo autónomo, sustentable e inclusivo.

La “Arquitectura de la impunidad” versus el Acceso a la justicia para los afectados por la operación de las ETNs

La asimetría de poder entre las empresas y las personas o comunidades afectadas por sus operaciones –como en los casos de desplazamiento por impactos ambientales, impactos en las condiciones de subsistencia económica, persecuciones a líderes o defensores de las comunidades, abusos sobre los derechos humanos, perjuicios sobre consumidores y usuarios por prácticas abusivas, u otros impactos socioecómicos– redunda en una aplicación de la justicia “asimétrica”, en la cual los derechos de los poderosos valen más que los de los afectados. El poder de chantaje sobre los gobiernos, así como su poder para contratar los mejores abogados, son los métodos “legales” que les posibilitan tener interpretaciones de la justicia que les favorecen. En el peor de los casos, amenazas, violencia y corrupción complementan este panorama que resulta en que los afectados tienden a ser “disuadidos” de iniciar o continuar los procesos legales, o persuadidos para aceptar tratos rebajados que generalmente eximen a las empresas de costos o penas mayores.

La concentración de riqueza y poder resulta en una creciente impunidad corporativa en materia de violaciones a diversos derechos humanos, laborales, ambientales. Esta impunidad se basa en un sistema de privilegios extraordinarios y “súper-derechos” para las ETNs, establecidos a través de mecanismos de captura corporativa de las funciones legislativas del Estado y frecuentemente con la complicidad activa de los gobiernos. Esto permite a las transnacionales continuar actuando con impunidad al costo de violaciones diseminadas de derechos humanos y de los pueblos, y de la destrucción sostenida del planeta.

Según el Profesor Jeffrey Sachs, “(tenemos) una cultura de impunidad basada en la expectativa bien comprobada de que los crímenes corporativos son rentables.” |4| Estas informaciones resultan del estudio de las mayores transnacionales del mundo. Casi todas en los últimos cinco años fueron acusadas o multadas por lavaje de dinero, fraude, soborno, espionaje corporativo. Esto no tiene que ver con ser buena o mala empresa: esto dice respecto a una estructura de poder e impunidad que significa que los lucros corporativos pueden ignorar, esconder o deliberadamente disimular cualquier coste social y ambiental de sus operaciones.

Una de las principales razones sistémicas para la impunidad corporativa generalizada es lo que los movimientos sociales conceptualizamos como la “arquitectura de la impunidad”: el marco normativo asimétrico que proporciona a las transnacionales “súper derechos” a través de la Lex Mercatoria (el marco legal que protege los intereses de los inversionistas), con los Tratados de Libre Comercio, los Tratados Bilaterales y Plurilaterales de Inversiones, la mayoría de los cuales incluyen mecanismos de resolución de controversias que permiten a las empresas transnacionales procesar a los gobiernos. Mientras, por otro lado, todas las normas jurídicas diseñadas para proteger los derechos humanos y patrones ambientales son minadas. Las prescripciones de políticas de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, bien como la Organización Mundial del Comercio (OMC), también tienen su rol en esta arquitectura de la impunidad.

Los instrumentos jurídicos de la Lex Mercatoria son vinculantes y tienen mecanismos de aplicación. Como el Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC (mediante el que gobiernos pueden procesarse entre si por incumplimiento del régimen de liberalización comercial establecido bajo presión corporativa). O el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, a través del cual empresas pueden procesar gobiernos y son frecuentemente premiadas con mega compensaciones. En 2013, el CIADI multó al gobierno de Ecuador con 2,3 mil millones de dólares por finalizar el contrato con Occidental Petroleum Corporation (OPC), aunque haya sido esa empresa la que primero rompió el contrato con la administración ecuatoriana. La suma demandada contra Ecuador representa el 59% del presupuesto del año de 2012 para educación y el 135% del presupuesto anual de salud en el país.

En conclusión, la construcción de la “arquitectura de la impunidad” le ha dado más derechos a los inversionistas: leyes de patentes farmacéuticas y de semillas, normas de flexibilización laboral, desregulación y privatización de servicios que mercantilizan, por ejemplo, el derecho a la educación y la salud, otras normas que protegen a las empresas de la acción de los Estados para actuar en defensa del interés común, por ejemplo, a través de regulaciones para cuidar el medio ambiente o la salud pública.

Violaciones a los derechos humanos y la acción de las empresas

Hay situaciones de violaciones a los derechos humanos derivadas de la acción directa o indirecta de las ETNs; son situaciones de casos específicos, o sistémicas a nivel global, como la responsabilidad de las ETN por el cambio climático, o del capital financiero mundial concentrado en los bancos por la crisis financiera mundial y sus secuelas. Este debate internacional, que ya posee unos 40 años, entró fuertemente en la agenda a través de casos paradigmáticos y graves de violaciones que tenían como responsables a ETNs. El caso que inicia este recuento es el de la injerencia política ejercida por la estadounidense International Telephone and Telegraph Company (ITT) en los años 70 en Chile, y que acabara con el Golpe de Estado y la muerte del presidente Salvador Allende. Luego casos como el de Bophal en la India en 1984, por la liberación de gases tóxicos de la planta de pesticidas de la Union Carbide (adquirida luego por Dow Chemicals), que mató a tres mil personas de forma directa y otras diez mil indirectamente, impactando a más de ciento cincuenta mil que todavía hoy sufren los efectos. O el crimen contra los indígenas Ogoni, en Nigeria. La presión de Shell y su actividad petrolera generó situaciones de opresión sobre este pueblo, que concluyeron con la muerte de varios de sus integrantes, y que hasta hoy día afectan gravemente el medio ambiente en la zona del Delta del Níger. |5|

Más recientemente el asesinato de Berta Cáceres y otros dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que resiste al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca; o de Sikhosiphi “Bazooka” Radebe, activista contra la minería en Mdatya, Amadiba, Sudáfrica; o los asesinatos de líderes sindicales en Colombia y Guatemala; o el desastre en la localidad de Mariana en el estado brasileño de Minas Gerais, que por negligencia criminal de las empresas mineras Vale, BHP y Samarco, provocó la muerte de diecisiete personas y el mayor desastre ambiental que Brasil haya visto en su historia.

Son estos los casos extremos de violaciones a los derechos humanos que tratamos en la actualidad y que envuelven iniciativas de ETNs. A lo largo de estos 40 años el debate ha cobrado relevancia a nivel internacional y en particular en el ámbito de Naciones Unidas. Sin embargo, no se ha podido avanzar de forma tal que se pueda ofrecer condiciones fiables y abarcativas de acceso a la justicia a las poblaciones como la hondureña, sudafricana, india, guatemalteca, colombiana, y de tantos otros países generalmente del Sur global, que sufren los impactos de la acción económica de las empresas.

ETNs y Estados aliados se han opuesto de forma sistemática a la adopción de normas vinculantes a nivel internacional, que las obliguen a pagar por los crímenes cometidos por los diversos actores involucrados en sus operativas. Nos referimos también a las empresas que forman sus “cadenas de valor”, las empresas tercerizadas, o los proveedores que trabajan en la punta de la cadena para compañías internacionales que pretenden no responsabilizarse por los crímenes cometidos en los diversos eslabones de tales cadenas. Un caso reciente ha sido el del desastre de Rana Plaza, un edificio en Bangladesh que albergaba talleres de costura donde trabajaban miles de personas para grandes marcas globales (entre ellas Benetton), en condiciones deplorables. Pese a la advertencia de que el edificio estaba a punto de colapsar el trabajo continuó, y al derrumbarse la construcción produjo la muerte de más de mil ocupantes, incluyendo muchísimas mujeres. Consideramos que la responsabilidad debe extenderse a toda la cadena de valor, y por ello, Benetton también es responsable por las condiciones de trabajo de las costureras del Rana Plaza, y tiene que asumir los costos derivados de ello.

La negación de herramientas jurídicas para hacer valer los derechos humanos a nivel internacional es combinada con medidas que pretenden maquillar la negativa actitud de Estados y empresas. Se trata de la adopción de códigos y principios voluntarios que tratan el tema –e incluso lo detallan bastante–, pero que en la práctica, dado su carácter no obligatorio, no han sido eficientes para impedir que las violaciones ocurran. Por ello los llamamos maquillaje, porque las empresas “hacen de cuenta” que se preocupan para que su imagen no se vea dañada de forma directa, pero concretamente no resuelven ningún problema. El Pacto Global |6| de la ONU lanzado por Koffi Annan en 1999, o los Principios Orientadores sobre Empresas y Derechos Humanos |7| adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011, se encuentran entre los casos más importantes y actuales de este tipo de instrumentos engañosos.

Afortunadamente, la movilización social continúa y la sensibilidad de algunos gobiernos produjo una novedad en este cuadro. En junio de 2014, una votación apretada en la ONU abrió mediante una resolución la negociación entre Estados de un instrumento vinculante (Tratado) |8| internacional en materia de derechos humanos y empresas. Las negociaciones ya han comenzado y, al mismo tiempo que han significado una victoria para los pueblos, constituyen sin duda una esperanza para aquellos que sufren directamente la violación de sus derechos y no encuentran justicia ni resarcimiento a nivel nacional.

Los pueblos se movilizan y reivindican sus derechos y soberanía.

Una de las historias más recientes y paradigmáticas de oposición popular al avance del poder corporativo y del neoliberalismo mundializado se remonta a los años 90 del siglo pasado, con el surgimiento de las resistencias a las privatizaciones, al endeudamiento, a la apertura y desregulación criminal de nuestras economías, al debilitamiento de nuestros Estados y de las herramientas a su alcance para salir de la pobreza y caminar hacia el desarrollo sustentable de nuestros países, en armonía con la naturaleza. Desde los orígenes estuvo claro que la agenda de la globalización neoliberal, del libre comercio y la libre inversión, era la agenda de las grandes ETNs y su apetito por nuestros mercados, recursos naturales y, como ya mencionamos, innumerables ventajas para ejercer la explotación de trabajadores, trabajadoras y el medio ambiente.

De todas formas, resistencias puntuales o localizadas a la instalación de empresas, o a la privatización de servicios públicos, u otros tipos de intervención de las ETNs quedaron en su especificidad local o contribuyeron con la oposición sistémica al neoliberalismo junto con otros movimientos. El agravamiento de los impactos, sin embargo, fue aglutinando nuevas alianzas en la resistencia. De particular importancia han sido las resistencias a los proyectos mineros, al extractivismo y los llamados megaproyectos de infraestructura, que en América Latina se fueron articulando a lo largo de los últimos diez años. Campesinos actuando contra las empresas de transgénicos y los pesticidas, mujeres contra la explotación en las maquilas y otros lugares de trabajo, indígenas por la defensa de sus territorios, trabajadores y trabajadoras en la defensa del trabajo decente, poblaciones HIV positivas luchando por el derecho a los medicamentos, diezmado por las empresas detentoras de patentes, entre otros grupos y organizaciones de afectados, comenzaron a focalizar su acción sobre aquellos que están por detrás de las violaciones: las ETNs.

Al mismo tiempo, articulaciones de afectados, movimientos y organizaciones de Europa y América Latina, acumularon trabajo y construcción conjunta a través de Tribunales Permanentes de los Pueblos, cuyas sesiones dejaron en claro el tamaño del problema derivado por la intervención de las empresas –en particular las europeas, pero no solo- sobre los territorios de nuestra región. De ese trabajo surgió luego la “Campaña Global para Desmantelar el Poder de las Corporaciones y detener la Impunidad” |9|, un espacio de alcance mundial para la articulación de campesinos, ambientalistas, mujeres, indígenas, jóvenes, sindicalistas y activistas de todos los continentes, afectados y/o movilizados por los abusos del poder de las corporaciones transnacionales.

En este contexto es importante mencionar la experiencia de los sindicatos con los Acuerdos Marcos Internacionales, un instrumento negociado entre una empresa multinacional y una federación sindical mundial, con el fin de establecer una relación entre las partes y garantizar que la compañía respete las mismas normas en todos los países en los cuales opera ¿no hace referencia a uno en especial no?, porque si es así mejor explicitarlo. La mayoría de esos Acuerdos hace referencia a convenios internacionales: las normas de la OIT, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La naturaleza voluntaria y no vinculante de estos Acuerdos y la inexistencia de un marco jurídico mundial hacen que su aplicación dependa en gran medida de la buena voluntad de las empresas, por lo que estas experiencias son insuficientes, aunque válidas. La conciencia sobre la dimensión del conflicto entre el derecho de los pueblos a su soberanía y las ETNs, pese a no ser nueva, ha ganado en los últimos tiempos nitidez y se ha transformado en eje central de las resistencias populares. Entre otras razones, porque ha quedado al desnudo la influencia desmedida de los intereses particulares sobre el más común de nuestros bienes, que es nuestra democracia, la forma que nuestros países tienen hoy de definir el alcance de la soberanía popular. La privatización de la democracia, que la captura corporativa produce, nos alerta y moviliza de forma urgente en nuestra región y el mundo.

Referencias / Bibliografía

Berrón, Gonzalo “Derechos humanos y empresas transnacionales. Una discusión urgente”, Nueva Sociedad, Nº264, Buenos Aires, Agosto de 2016 http://nuso.org/articulo/derechos-h…

Brennan, Brid “Reflexiones sobre el poder de las corporaciones”, TNI, 2014, https://www.tni.org/es/art%C3%ADcul…

Campaña Global para desmantelar el poder de las corporaciones y poner fin a la impunidad. http://www.stopcorporateimpunity.or…

Dowbor, Ladislau, “A rede do poder corporativo mundial”, São Paulo, 2012 – http://dowbor.org/2012/02/a-rede-do…

Grupo Intergubernamental de Trabajo para un Tratado sobre Derechos Humanos y Empresas. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HR…

Oxfam, febrero de 2016, “Una Economía al servicio del 1%”, https://www.oxfam.org/sites/www.oxf…

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Vitali, Glattfelder e Battistoni, Zurich, “The network of global corporate control – revisited”, Zurich, 2011, http://j-node.blogspot.com.br/2011/…