Por políticas éticas y contracíclicas

Publicado el 08/06/16 a las 6:00 pm

Por Antonio Elías

El 7 de julio de 2015, en una nota publicada en “Voces”,  decíamos que había comenzado el ajuste y quienes los iban a pagar. En aquel momento, decíamos en:

“El Frente Amplio ha ganado las últimas elecciones porque para la mayoría del pueblo, especialmente los trabajadores, las políticas públicas aplicadas – más allá de luces y sombras – han sido mejores que las realizadas por los gobiernos de derecha.

Los resultados obtenidos se sostienen en dos pilares: uno, exógeno, la situación internacional fue muy favorable lo que permitió un fuerte crecimiento de la economía, que se está desacelerando desde 2012; dos, endógeno, se llevó adelante una política de conciliación de clases que benefició a los capitalistas y a los trabajadores,  a la vez que asistió a los sectores más carenciados.

Para continuar con esas políticas en condiciones económicas adversas existe una gran dificultad: el carácter asimétrico de la conciliación de clases. En efecto, lo que recibió el capital en carácter de exenciones tributarias por promoción de inversiones y zonas francas es por largo plazo y está protegido por tratados internacionales; lo que recibieron los trabajadores en condiciones laborales y mejoras salariales se puede modificar rápidamente a través de leyes, decretos y disposiciones.”

En ese marco se inscribe el proceso de ajuste de las cuentas públicas, llamado en 2015  “moderación y prudencia” y en 2016 “consolidación fiscal”, que impactarán negativamente en el nivel de vida de los trabajadores, los pasivos y el amplio grupo de sectores carenciados que solo cuentan con las políticas sociales. El gran capital, fundamentalmente transnacional, seguirá protegido por las zonas francas y la ley de promoción de inversiones; los empresarios locales, sobre todos los más pequeños, se verán afectados por la contracción económica.

Ajuste primera parte:

El 14 de mayo de 2015 la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remitió a las empresas públicas un instructivo para la elaboración presupuestal de los ejercicios 2015 y 2016. Los lineamientos incluían: la “eliminación del 25% de las vacantes existentes al 1° de junio de 2015 y de las que se generen a partir de esa fecha” (por cada 4 egresos 3 ingresos) y, complementariamente,  “las Empresas no podrán incrementar la plantilla de personal existente al 1° de junio de 2015 cualquiera sea su relación (personal presupuestado y contratado, zafrales, eventuales y contratos a término”. Todo esto sin un estudio de dimensionamiento de las necesidades objetivas de cada organismo, en particular el Banco de Previsión Social cuya demanda se servicios se ha incrementado sustancialmente por las políticas sociales que ha implementado el gobierno.

“Las partidas para bienes y servicios  para el ejercicio 2015 deberán reducirse un 5% en términos reales respecto a las partidas ejecutadas en el 2014 y las correspondientes al 2016 un 3% adicional en relación a las presupuestadas en 2015. Las inversiones 2015-2019 no podrán superar el promedio de ejecución del período 2005-2014.

Los lineamientos para la Administración Central para formulación del presupuesto del período 2015-2019 incluyeron: la reducción de los gastos de funcionamiento en un 20% respecto a la ejecución de 2014, depurada de los gastos discrecionales no permanentes; “el presupuesto de inversiones incluirá en la línea de base créditos por un monto equivalente al nivel de ejecución  2014, depurado de las inversiones extraordinarias”, el ejecutado fue 88% de los créditos asignados. Las retribuciones personales, por su parte, se ajustaran “a la masa salarial de 2014 y se reducirá el monto no ejecutado a un máximo de 10% de esa masa”, poniendo así un tope al crecimiento de la masa salarial, lo que se complementa con “se exhorta a los incisos a minimizar el ingreso de nuevo personal a  situaciones estrictamente necesarias”.

Ajuste segunda parte:

Comencemos por la reducción mayor, los gastos que “postergan” para 2018, o sea que no se ejecutaran en 2017 y que alcanzan los 2.964 millones de pesos a valores de enero 2015, lo que en dólares de esa fecha implican 124 millones de dólares.

Este ajuste de egresos, que se presenta en millones de pesos, afectará fundamentalmente a organismos que atienden necesidades sociales básicas de educación y salud, entre otros: Administración Nacional de Educación Pública (793); U. de la República (544); U. Tecnológica (100); INAU (200); ASSE (350); Hospital de Clínicas (55); Instituto Pasteur (20).  Se afecta también a organismos relevantes para el desarrollo del país como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (100) y el Programa de Ciencias Básicas (12) y el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (48).

Para la Administración Central se resuelve reducir en 5% el rubro 0, retribución de servicios personales (50.680), eliminándolos de los créditos no ejecutados, por lo cual si se mantuvieran los valores de 2015 se podrían reducir 2.534 millones de pesos. A esto se agrega que se limitan los ingresos a dos por cada tres vacantes generadas.

Los gastos ejecutados de funcionamiento ($ 14.578 millones) e inversión ($ 13.657) no se ajustaran por la inflación, lo que implica, con una inflación de 10%, un “ahorro”, pérdida de poder adquisitivo, que alcanzaría a $ 2.820 millones.

Se anunció, además, que se aprobaría una Ley que reformaría la Caja Militar para reducir una asistencia financiera que fue de U$S 400 millones en 2016, que se reducirían los excesivos gastos de distribución de gas y combustible de ANCAP, que se controlaría el aumento extraordinario de los gastos del Banco de Previsión Social debido a las licencias por enfermedad.

Lo cual, sin duda, apunta en la dirección correcta dado que en esos casos es notorio la improcedencia de dichos gastos. Por esa línea debería trabajarse, lo cual implica tomar todas las  medidas que correspondan para evitar las pérdidas económicas y los altísimos costos políticos de, por ejemplo, ANCAP, y PLUNA.

Sí la información de la Contaduría General de la Nación, publicada en el Boletín de Información Presupuestal a Diciembre/2015 con los ajustes al mes de Febrero/2016, es correcta el ajuste de los gastos será mucho mayor que los 150 millones señalados por el Ministro de Economía.

Otro camino económico es posible

Al terminar la nota en julio de 2015 sosteníamos que: “El desafío para el FA es y será mantener  los niveles de ingreso y calidad de vida de los trabajadores y pasivos – conservando así su base social – y trasladando los costos de la “pálida” a los grandes empresarios que gozan de los privilegios fiscales. Lo cual  implicaría confrontar con el capital, un verdadero giro a la izquierda, pero ese no ha sido el camino elegido: las variables de ajuste van a ser, como antes, los salarios y las pasividades.”

Hoy agregamos, que la tendencia de la economía nacional sigue siendo negativa: primero fue desaceleración, luego estancamiento y, muy probablemente, será recesión, debido, entre otras causas, al ajuste fiscal.  Obviamente, no es creíble el crecimiento de la economía que presenta el equipo económico no son creíbles, al igual que no lo fueron los que presentaron con el presupuesto quinquenal.

En este marco de dificultades económicas objetivas parece imprescindible redefinir la política económica buscando la reactivación económica utilizando los múltiples instrumentos de la política fiscal que no son, en sí mismos, ni de izquierda ni de derecha, solo se podrán definir en esos términos en función de los intereses afectados.

En momentos de dificultades económicas el  Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, debe dar el ejemplo, ordenando una reducción de su retribución total sujeta a montepío. Lo cual implicará – por lo que dispone el  Artículo N° 21 de la Ley 17.556 (1) – que se reduzcan, automáticamente, en igual porcentaje las retribuciones de la estructura jerárquica (2) de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Eso será, simple y llanamente, retomar un principio ético fundamental de los militantes de izquierda “primeros en el sacrificio y últimos en el privilegio”.

NOTAS

(1) “Ninguna persona física que preste servicios personales al Estado, cualquiera sea la naturaleza del vínculo y su financiación podrá percibir ingresos salariales mensuales  permanentes, por todo concepto, por el desempeño de todas sus actividades, superiores al 60% de la retribución total sujeta a montepío del Presidente de la República”.

(2) Los funcionarios de carrera no serán afectados por esta medida: el artículo 16 de la Ley N° 18.996, determina que para ellos “se tomará como base el valor de los sueldos nominales de dichos cargos al 1° de enero de 2010, actualizado en la oportunidad y sobre los mismos porcentajes en que se actualizaron y actualicen en el futuro los sueldos de la Administración Central”.

El autor es Master en Economía, docente universitario, Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR) y miembro de la REDIU.

Publicado en el Semanario “Voces”, Montevideo, el 2 de junio de 2016.