miércoles 21 de octubre, 2020

Cuestión de clase

Publicado el 18/03/16 a las 6:30 am

ajedrezPor Hugo Dufrechou

Entre los meses de enero y marzo se cerraron las negociaciones de los grupos y subgrupos que estaban negociando desde 2015. El hecho destacable de esta nueva ronda de negociación colectiva ha sido que en 16 oportunidades el Poder Ejecutivo votó junto a las patronales en contra de los trabajadores, mientras que en ningún caso ocurrió lo inverso. O sea, no se firmó ningún convenio con los trabajadores en contra de los empleadores.

Esto ha provocado una sensación de desconcierto a nivel sindical, sobre todo entre quienes tenían confianza en que el gobierno votaría con ellos en caso de tener que definir una mesa de negociación.

Sin embargo, el presidente Vázquez en cadena nacional despejó cualquier duda al defender la política laboral de su administración y al asegurar su mantenimiento. Para abordar la interrogante sobre el futuro, y encontrar algunas explicaciones sobre lo que pasó, vale la pena repasar un poco parte del proceso que confluyó con las resoluciones de las mesas de negociación resueltas. En primer lugar, cabe analizar los lineamientos elaborados por el Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Mtss) a mediados del año pasado. Estos establecen aumentos salariales nominales diferentes según la catalogación de cada grupo de negociación de acuerdo a: su nivel de actividad, el envío de gente al seguro de paro, o por los subsidios que recibe.

La lógica de los aumentos salariales nominales es el avance de uno de los objetivos explícitos en los lineamientos de la ronda de 2013, pero que sin embargo recién en la actual ronda se efectiviza. Esta tiene como cometido romper con la lógica de determinación salarial de “ajuste por inflación más un aumento real”. Con esta fórmula, el aumento del salario real sólo será posible si la inflación en los primeros 18 meses (o la inflación en los primeros 24 meses para los convenios firmados a tres años) es menor al porcentaje del nivel de aumento.

Para poder mantener el poder de compra de los salarios, en los convenios a tres años se hará un correctivo por inflación al final del segundo año. En los acuerdos a dos años, el correctivo será al final del convenio (también con una espera de 18 o 24 meses). A su vez se mantiene una cláusula gatillo –que hace que si la inflación acumulada desde el inicio del convenio pasa determinado límite, se aplica un ajuste adicional entre la diferencia de la inflación acumulada y el ajuste salarial correspondiente–, que se activa si la inflación anual pasa del 12 por ciento (en los convenios anteriores se fijó una inflación anual del 10 por ciento). Esto deja entrever dos cosas, la primera es que en el mejor escenario (con correctivo de inflación al año) los trabajadores podrían compensar su salario real a los 18 meses (cabe consignar que dado cómo viene la dinámica inflacionaria en la mayoría de los casos nunca va a aumentar). Lo segundo es que al ampliar el límite inflacionario en la cláusula gatillo y al mantener las metas de inflación incambiadas, el gobierno acepta en los hechos que tales objetivos no se cumplirán, haciendo que el aumento generalizado de precios signifique una transferencia de dinero desde los trabajadores y el resto de las personas que reciben partidas fijas de dinero hacia los empresarios, que tienen partidas de ingresos variables. En efecto, el aumento de tarifas de algunas empresas públicas en enero y el último dato de inflación acumulada de 10,23 por ciento dan cuenta de ese fenómeno.

Por último, vale mencionar la importancia que se le da en los lineamientos a la condicionalidad de los aumentos salariales al aumento de la productividad laboral. Más allá de si actualmente hay niveles de productividad deseables o no, esta lógica es peligrosa para la clase trabajadora por diversas consideraciones: a) no es única la forma de medir la productividad, por lo cual se debería discutir cómo se va a captar; b) es difícil identificar cómo recompensar individualmente a un trabajador por su productividad, cuando ésta depende de tareas y procesos colectivos; c) la productividad laboral no sólo depende del esfuerzo y la habilidad de los trabajadores, sino también de otros factores como la organización del trabajo o el nivel de inversión de la empresa –aspecto en el cual, en organizaciones privadas y jerárquicas, los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad; d) también se presenta como un problema la asimetría de información en cuanto a los niveles y la captación de la productividad, es decir, los dueños de la empresa tienen incentivos para esconder la información a los trabajadores; e) por último, suponiendo que se superan todas las trabas anteriores (y varias otras más), aceptar que se aten los aumentos salariales a la productividad es aceptar que la masa salarial no puede disputar el excedente de la producción, por lo cual no puede haber cambios en la correlación de fuerzas sobre la distribución del ingreso.

Estos lineamientos marcan un claro retroceso para la clase trabajadora, no deben verse únicamente como un viraje conservador del gobierno en materia laboral, hay que ampliar la mirada para entender este movimiento. Concibiendo al Estado como la síntesis de la correlación de fuerzas en el interior de la sociedad, la hipótesis que planteamos es la de un nuevo avance de las clases dominantes en el terreno político-económico. Este avance puede tener como punto de partida el año 2013, cuando las principales cámaras empresariales lanzaron el documento “Aportes para una agenda de mejora. La competitividad y el desarrollo de Uruguay”, donde se expone un programa económico político con muchos puntos de contacto con los lineamientos del Poder Ejecutivo.

La beligerancia de los sectores empresariales está alentada por el desaceleramiento de la economía, la caída de los precios de las materias primas y, como consecuencia, la pérdida de captación de renta extraordinaria. Esto genera que los sectores empresariales necesariamente operen para cambiar la correlación de fuerzas de modo de ampliar sus márgenes de rentabilidad, atacando el salario (directo en el caso de los consejos de salarios, pero también el indirecto, exigiendo menor gasto público o atacando a las empresas públicas).

Este avance ha hecho mella en el gobierno, al aceptar la premisa de una suerte de “curva de Phillips” original,1 en la que el salario real atenta contra el nivel de empleo. Este precepto también lo expuso el presidente Vázquez, al contestarle indirectamente al Pit-Cnt el pedido de modificación de los lineamientos para los consejos de salarios (en especial en la modificación del tiempo de ajuste por inflación para 12 meses), al decir: “en el plano de las negociaciones salariales, y a los efectos de evitar un mayor impacto negativo sobre el empleo se requiere mantener los lineamientos salariales diseñados en 2015”.

Por otro lado, está presente el combate a la inflación partiendo de la perspectiva de cortar la “espiral de precios y salarios”.2 Sin embargo, un estudio de la consultora Cinve demuestra que para el caso uruguayo (y para el período poscrisis hasta 2012), los aumentos salariales sólo se trasladan en un 30 por ciento a precios. La elección del ataque a los salarios para el combate de la inflación debe ser entendido como una política de clase, dado que mientras se ataca el salario, el gobierno permite la depreciación del dólar para compensar la rentabilidad de los sectores exportadores, así como incrementa las tarifas de las empresas públicas para aumentar los ingresos del Estado sin tener que proponer una nueva modificación de la estructura tributaria.

Durante este año vencerán los convenios colectivos de 126 subgrupos, donde destaca la mayor parte de la industria así como la construcción. Se prevé un año cargado de conflictos, que –tal cual ha venido sucediendo a nivel regional– profundizará la puja entre las clases para poder modificar a su favor la correlación de fuerzas sociales. Independientemente de la buena voluntad, el pasado político o la ideología de los representantes del gobierno, los reales actores de esta partida serán las organizaciones de las clases en pugna: partidos, sindicatos, cooperativas, cámaras empresariales y medios de comunicación. La reivindicación de la acción política en un contexto estructural desalentador, así como la independencia de las organizaciones de clase, serán las claves para la intervención en esta etapa.

NOTAS

* Integrante de la Cooperativa Comuna.

1. La curva de Phillips expresa una relación inversa entre salario real y empleo. Esta constatación la hizo el economista neozelandés Alban William Phillips, que en 1958 llevó adelante un estudio llamado “The relationship between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom 1861-1957”, y cuyas conclusiones se han tomado como regla general para el sistema capitalista, a pesar de que él mismo en su estudio las relativiza.

2. Se le dice “espiral de precios y salarios” al fenómeno que haría que un aumento de salarios se traslade directamente a los precios generando un alza inflacionaria directa. Ante esta suba de precios, los salarios deberían volver a aumentar para no perder poder de compra y se reiniciaría el ciclo generando una espiral.

TOMADO DE BRECHA, 10/3/16.

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