martes 20 de octubre, 2020

El Presupuesto Nacional y las Empresas Públicas, Uruguay 2015

Publicado el 31/07/15 a las 11:47 pm

trjboPor Jorge Notaro.


Resumen

De acuerdo a lo que establece la Constitución, dentro de los seis meses de cada nuevo gobierno el Poder Ejecutivo deberá presentar al parlamento un proyecto de Presupuesto Nacional en el que se establecen las actividades que realizará durante los cinco años siguientes, cuánto va a gastar y cómo va a obtener los ingresos. Algunas instituciones como la ANEP o la Universidad de la República pueden presentar sus presupuestos, distintos a los de Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo no puede aumentar los gastos y durante los años siguientes el Poder Ejecutivo (PE) puede proponer aumentos del gasto con la Rendición de Cuentas de cada año.

La discusión sobre el Presupuesto Nacional estuvo centrada en la posibilidad de aumentar los ingresos y los gastos públicos, pero actualmente se desplazó hacia una parte de estos, la inversión de las empresas públicas.

Hay consenso sobre que las condiciones internacionales ya no son tan favorables como en los años previos y también en que la economía del país, medida por el Producto Bruto Interno (PIB), seguirá creciendo.

En el mismo porcentaje que crece el PIB, crecen los ingresos generados en el país. Por lo tanto si no aumentan el gasto público y los salarios en el mismo porcentaje, aumentarán los ingresos del capital. Con el próximo Presupuesto es posible aumentar los ingresos para financiar el aumento del gasto dirigido a mejorar las condiciones de vida de los sectores populares y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal.

Llama la atención que las prioridades del equipo económico, reducir la inflación y llevar el déficit fiscal al 2.5% del PIB, coincidan con las establecidas por la misión del FMI en diciembre de 2014.

La movilización y la lucha del movimiento sindical y popular pueden incidir en las decisiones que se adopten, de lo contrario el gobierno quedaría sometido a las presiones de las cámaras empresariales y los organismos representantes de intereses extranjeros, como las instituciones financieras “multilaterales”, las calificadoras de riesgo, los estudios que asesoran al capital y los medios de comunicación que forman opinión.


1. La coyuntura económica

Teniendo en cuenta los principales indicadores macroeconómicos y sociales, se puede afirmar que la situación es buena, ni brillante ni crítica; si se asignan puntos entre 0 y 10, correspondería un 7, dejando constancia que durante los años anteriores fue un 8. También el Comité de Política Monetaria (COPOM) del BCU consideró que la situación es buena, en el comunicado difundido el 7 de julio del presente año.

1.1. Indicadores macroeconómicos

a) El nivel de actividad económica y los ingresos

El nivel de actividad económica medida por el Producto Interno Bruto (PIB) según el informe de cuentas nacionales del BCU, creció 4% durante enero – marzo de 2015 con relación a igual período del año pasado. Para valorar lo positivo de este resultado se puede tener en cuenta que en la década de mayor crecimiento de la segunda mitad del siglo XX, la tasa anual de aumento del PIB fue de 3.5%. La proyección oficial sobre la evolución del nivel de actividad económica medida por el (PIB) para el período 2015 – 2019 es de un crecimiento a una tasa media acumulativa anual del 2.8%, empezando con 2.5% este año y terminando con 3.0% durante los dos últimos años del período.

En los organismos internacionales (1) existe consenso en pronosticar el crecimiento de la actividad económica del Uruguay desde la CEPAL en abril de 2015 hasta el FMI, en mayo. Este último estimó que en 2015 el PIB aumentará un 2.8% y un promedio del 3.1% anual durante los próximos cinco años; se puede considerar una estimación pesimista, por qué se apoya en considerar que el nivel de actividad económica de Brasil y Argentina caerán en 2015 (-1% y -0.2% respectivamente) y crecerá poco durante los próximos cinco años (1.4% y 0.2% respectivamente) y que en el mismo período el ritmo de crecimiento de China será menor al de los últimos años (6,8% en 2015, 6,3% en 2015-2019). Cabe recordar que las proyecciones del FMI para estos países sobredimensionan los problemas, sus tecnócratas no entienden las políticas que se apartan de sus recetas y durante los últimos años el crecimiento de esas economías fue mayor al proyectado por el FMI. A estos pronósticos se sumó el de la calificadora de riesgo Moody’s que en su comunicado del 21 de mayo de 2015 confirmó la nota de la deuda uruguaya y se sumó a los pronósticos de crecimiento del PIB, con tasas de 2,6% en 2015, 3,1% en 2016 y cercano al 3,5% en 2017.
Las estimaciones del Banco Central del Uruguay (BCU) para el primer trimestre de 2015 ratifican el crecimiento y lo ubican en 4% con relación al mismo período del año anterior. (2)

Si el PIB crece, al mismo tiempo y en el mismo porcentaje crecen los ingresos generados en el país. Por lo tanto es posible aumentar el gasto público y los salarios reales en el mismo porcentaje sin modificar ni el peso del Sector Público en la actividad económica ni la distribución del ingreso. Estos aumentos no sólo son posibles sino que son necesarios para estimular el aumento del PIB, compensando la caída de la demanda externa con un aumento de la demanda interna.

El menor ritmo de aumento de las exportaciones repercutirá en un menor ritmo de aumento del PIB, pero esta caída se puede atenuar con un aumento del consumo de los sectores populares y del gasto público. Será necesario que durante el año 2016 y siguientes los aumentos de los salarios nominales negociados en los Consejos, sean mayores que el resultado de multiplicar el crecimiento del PIB por la inflación proyectadas para cada año, en 2015 y 2016 aproximadamente un 11% (1,028 x 1,08). Con este porcentaje de aumento la participación de la masa salarial (la suma de todos los salarios pagados en un año) en el PIB aumentaría por el aumento del número de trabajadores asalariados, que se puede estimar en torno al 1.5% anual.

En particular que aumente la inversión pública para superar la caída del nivel de actividad que se percibe en la industria de la construcción, por ejemplo con un plan de vivienda para los sectores populares así como nuevos locales para la educación y la salud. Si el gasto público y los salarios no aumentan más del 11%, la actividad económica crecerá menos y el aumento de ingresos será apropiado por los dueños del capital y de la tierra aumentando la concentración.

b) La evolución de la inflación

La inflación durante los 12 meses que van desde julio 2014 hasta junio 2015 fue alta, 8.53%. Sin embargo, desde 2007 la economía funciona con esta tasa, por lo que se puede considerar que no es un problema grave.

En junio de 2005 se firmó un acuerdo con el FMI con un programa para el período 2005 – 2008 que, entre otras metas, proyectaba un crecimiento del PIB al 4% anual y la reducción gradual de la inflación al 1% anual para llegar a 2008 al 3.5%. (3) La meta de reducción de la inflación nunca se alcanzó y sin embargo, durante los diez años de gobierno del FA no generó ningún problema al resto de la actividad económica. Desde hace varios años la inflación medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) se sitúa por encima del límite superior de la banda establecida como meta por el BCU.

El correr del tiempo demostró que reducir la inflación no era tan fácil ni tan importante. Diez años después del acuerdo con el FMI la inflación es más del doble de la meta por lo que se puede afirmar que la política de estabilización de precios fue ineficaz. Este resultado no impidió que aumentaran el nivel de actividad económica, la inversión, el número de personas ocupadas y los salarios reales comprendidos en el Índice que elabora el INE, lo que permite concluir que un aumento del IPC del 8% anual es compatible con un funcionamiento de la economía considerado exitoso.

Se puede hipotetizar que la inflación es resultado de: a) el aumento de los precios internacionales de los productos que el país produce, consume y exporta, principalmente alimentos como la carne vacuna, el trigo y los lácteos; b) el tipo de cambio ya que los precios internacionales en dólares se traducen a pesos uruguayos multiplicando por la cotización del dólar, si sube se acelera inflación y si baja contribuye a estabilizar los precios; c) la política económica que permite que los cambios de los precios internacionales y del tipo de cambio se transmitan directamente a los precios internos; los mercados que no son de competencia y por lo tanto ningún vendedor baja los precios para ganar compradores.

Durante 2015 la caída de los precios internacionales de los alimentos que el Uruguay produce, exporta y consume, debería trasladarse a los precios internos y operar como un factor de estabilización de los mismos. Como los mercados no son de competencia sino que son oligopólicos, y no existen controles de precios ni entes testigos, la caída de los precios se trasladará sólo en parte a los precios internos. En este contexto el BCU puede permitir el aumento del tipo de cambio y como resultado final el aumento del IPC se ubicará en torno al 8% anual. Cabe observar que si el porcentaje de caída de los precios internacionales es menor que el aumento del tipo de cambio, aumentará la rentabilidad de la cadena agroexportadora.

c) El déficit fiscal

El déficit fiscal pasó de 2.5% del PIB en 2013 a 3.5% en 2014, es necesario reducirlo por qué para que el sector público pueda gastar más que sus ingresos se tiene que endeudar; para bajar el déficit se puede aplicar la receta del FMI y gastar menos, o aumentar los ingresos cobrando más impuestos al capital.

1.2 Indicadores Sociales

La tasa de empleo es muy alta, el 59.2% de la población mayor de 14 años tenía un trabajo en el período enero – abril de 2015, los que significa más de un millón seiscientas mil personas; la tasa de empleo aumentó desde 2006 y alcanzó un máximo en 2014 con 60.4%.

Los salarios comprendidos en el índice que elabora el Instituto Nacional de Estadística están en su máximo nivel desde el retorno a la democracia y el número de personas que tienen un ingreso tan bajo que se consideran pobres es el mínimo del período. Estos buenos resultados no implican desconocer que 690.000 trabajadores tuvieron un ingreso mensual inferior a $ 15.000 durante 2014 (ver ICD – Salarios 2014: diagnóstico de cara a los próximos Consejos de Salarios en la web del ICD) o que 33.8% de la población presentó al menos una carencia crítica en la satisfacción de sus necesidades básicas según las estimaciones del MIDES.

2. El Presupuesto Nacional

2.1 Procedimiento y resultados recientes

La Ley de Presupuesto Nacional es el instrumento de política económica y social más importante, establece las actividades que realizará el Sector Público, los recursos que se asignarán para el cumplimiento de estas actividades y se llaman gasto público, y como se van a obtener los ingresos necesarios para poder gastar.

El procedimiento está establecido en la Constitución de la República (ver Sección XIV – de la Hacienda Pública). Se aprueba para cinco años y el que se discutirá este año tendrá vigencia desde enero de 2016 hasta diciembre de 2020. El Poder Ejecutivo (PE) prepara un proyecto y lo presenta al Poder Legislativo, que lo puede modificar sin aumentar el gasto. Cada año el PE puede proponer aumentos del gasto con la Rendición de Cuentas.

En el artículo 220 de la Constitución se establece una lista de instituciones públicas que pueden proyectar sus presupuestos y tienen que presentarlos al PE, que los podrá modificar pero tendrá que enviar al parlamento los presupuestos originales y los modificados. Estas instituciones son el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP), la Universidad de la República (UDELAR), el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE). En el Cuadro 1 se presentan los ingresos y gastos públicos en 2013 y 2014 como porcentaje del PIB.c1

 

2.2 Los gastos públicos

Durante 2014 el gobierno gastó 290.7 miles de millones de pesos (aproximadamente 12.500 millones de dólares) incluyendo solo el saldo neto de ingresos menos egresos de las empresas públicas y los gobiernos departamentales. Como se aprecia en el Cuadro 1 el déficit fiscal, que se calcula como la diferencia entre los ingresos y gastos públicos, pasó de un 2.4% del PIB en 2013 a 3.5% en 2014. El aumento del déficit fiscal resultó de dos aspectos principales: a) una caída de la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI), por la reducción del pago de IRAE por las empresas públicas en el equivalente al 0.6% del PIB (4); b) un aumento de todos los componentes del gasto corriente, desde las remuneraciones hasta los intereses de deuda pública. Se observa que la inversión pública redujo levemente su relación con el PIB (3.5% en 2013, 3.4% en 2014) y por lo tanto, no contribuyó al aumento del déficit.

2.3 Los ingresos públicos

En el Cuadro 2 se presenta la recaudación de los principales impuestos en 2014 y la importancia relativa de cada uno en el total recaudado. Se observa que el 61.6% de la recaudación fue por impuestos al consumo, el 29.9% a la renta (de este total, 12.6% al trabajo) y el 6.6% a la propiedad.

C2

El IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) es el 25% de las utilidades no distribuidas por las empresas; las exoneraciones del pago de este impuesto por diversas causas alcanzaron a 828 millones de dólares en 2012, último año con información disponible (5). En el IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) la Categoría I se paga por ingresos del capital (utilidades distribuidas, alquileres, intereses de depósitos entre otros) y la Categoría II se paga por los ingresos del trabajo. Como se puede apreciar en el Cuadro 1, la recaudación por el impuesto sobre los ingresos del trabajo es casi seis veces más que la del impuesto sobre los ingresos del capital.

2.4 Los resultados de las empresas públicas en 2014

El resultado que se obtiene de restar de los ingresos de las empresas públicas, los gastos realizados, no es un indicador de eficiencia. Si una empresa monopólica como ANCAP, UTE u OSE aumenta el precio de los bienes y servicios que vende, puede lograr ingresos mayores que los gastos así como grandes ganancias. También pueden lograr que los ingresos superen a los gastos con otras dos medidas, no invertir o financiar las inversiones con deuda. El análisis de la eficiencia requiere tener en cuenta otros aspectos de la gestión que muestren como se utilizan los recursos, desde el trabajo hasta los equipos, las técnicas utilizadas o la organización.

De acuerdo a la información del Ministerio de Economía y Finanzas difundida en su página web (ver www.mef.gub.uy) los ingresos menos los gastos corrientes del conjunto de empresas públicas, si no se tienen en cuenta las inversiones, tuvo como resultado un superávit que aumentó los ingresos del sector público en el equivalente a 1.6% del PIB tanto en 2013 como en 2014. Si se tienen en cuenta las inversiones que realizaron las empresas públicas, el resultado es deficitario, gastaron más de los ingresos que tuvieron, por el equivalente al 3.7% del PIB en 2014. Invirtieron el 14.8% de sus ingresos, aproximadamente 1.055 millones de dólares.

Se observan dos situaciones en el grupo de empresas públicas, por una parte UTE, ANP y AFE que tuvieron superávit a pesar de las inversiones realizadas; el mayor superávit fue el de UTE con 76 millones de dólares aproximadamente y se logró con una inversión de 478 millones de dólares. Por otra parte, ANTEL, ANCAP y OSE que tuvieron déficits, gastaron por encima de los ingresos; el mayor déficit corresponde a ANTEL con 277 millones de dólares, aunque sus ingresos corrientes fueron mayores que sus gastos corrientes, el déficit resultó de invertir 431 millones de dólares (información proporcionada por el economista Pablo Da Rocha del Instituto Cuesta Duarte).

En las empresas monopólicas como ANCAP es muy fácil generar un superávit, alcanza con aumentar el precio de los combustibles; tendría un impacto sobre el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) que es el indicador que se utiliza para medir la inflación. Se puede considerar una segunda medida teniendo en cuenta que las naftas que vende ANCAP pagan dos impuestos, el IVA y el Impuesto Específico Interno (IMESI) con tasas entre 14% y 17%; por lo tanto se puede aumentar en esos porcentajes el precio de las naftas, suspender el cobro del IMESI, aumentarían los ingresos de ANCAP, no se modifica el precio al consumo ni se impacta en el IPC y el MEF tendría que sustituir lo que deja de recaudar con otros ingresos. Por último cabe una tercera posibilidad para tener superávit sin reducir las inversiones, financiarlas con deuda pública. Hace poco tiempo UTE ofreció 100 millones de dólares en certificados del Fideicomiso Financiero Pampa, a 20 años con una rentabilidad garantizada de 4% anual en dólares que podría llegar a un 11% según los resultados del emprendimiento, un parque eólico. Recibió demandas por 400 millones de dólares, es decir que hay residentes en el país que todavía disponen de 300 millones de dólares y están dispuestos a utilizarlos comprando títulos de deuda pública.

Las críticas que ponen énfasis en la situación de estas empresas públicas no hacen referencia a otras situaciones que requieren utilizar una parte de los ingresos públicos, el déficit del Banco Central de Uruguay (BCU) de 348 millones de dólares o a la asistencia para el pago de las pasividades militares que fue de 391 millones de dólares en 2014.

Los anuncios del equipo económico sobre la futura inversión en infraestructura de 3.000 millones de dólares en los próximos cinco (600 millones por año) se refiere a edificios para la enseñanza y la salud, carreteras, ferrocarril, puertos y otros medios de transporte. Pero no se refiere al total de la inversión pública que en los años 2013 y 2014, como se ha visto, fue de 2.000 millones de dólares anuales y preanuncia un recorte en la inversión que amplía la capacidad de producción de bienes y servicios de las empresas públicas como ANTEL, ANCAP o UTE.

Para profundizar el análisis sobre las empresas públicas en el Uruguay se puede consultar el libro editado por Daniel Chávez y Sebastián Torres “La reinvención del Estado. Empresas públicas y desarrollo en Uruguay, América Latina y el mundo” así como los análisis de Pablo Da Rocha que se difunden en la web del Instituto Cuesta Duarte. La información utilizada se puede verificar en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas www.mef.gub.uy.


3. La perspectiva de clase

Es posible otra política con otro punto de vista de clase que cargue los costos sobre la oligarquía y reduzca la plusvalía, con otro diagnóstico que se ajuste a la realidad y no encubra los intereses de los explotadores. Para los sectores populares la propuesta es aumentar los impuestos al capital y sus ingresos, que están en niveles sin precedentes como resultado de las condiciones internacionales y la política económica. Las medidas pueden ser gravar a los que tienen ingresos extraordinarios derivados de la renta de la tierra con detracciones sobre las exportaciones de algunos bienes con baja transformación; o a los capitales especulativos con un impuesto sobre la entrada y salida de capital; o a las empresas aumentando las tasas del IRAE; o a los más ricos, aumentando la tasa del impuesto al patrimonio, bajando el mínimo no imponible y actualizando los valores de los bienes (tierras, edificios) que están aforados por debajo de sus precios de mercado.

Con esta perspectiva de expresión de los intereses de los sectores populares, la Mesa Representativa del PIT CNT aprobó el documento “PRESUPUESTO NACIONAL 2016 – 2020. Análisis y Propuestas” elaborado por el Instituto Cuesta Duarte (ver la página web cuestaduarte.org.uy). El documento estima con rigor el aumento del gasto público necesario para implementar seis objetivos prioritarios y la forma de obtener los ingresos públicos necesarios. En lo que sigue se desarrollan algunos aspectos que se consideran complementarios de este documento, abordando algunos temas no tratados

3.1 El Presupuesto, los trabajadores y las clases dominantes

Las perspectivas de clase sobre el presupuesto son contradictorias, como reflejo de sus intereses. Los sectores populares precisan que mejore la educación pública, desde la escuela hasta la Universidad, y para lograrlo se precisan más locales, más maestros y profesores y mejores remuneraciones. Lo mismo ocurre con la salud pública, los sectores populares precisan más hospitales, más médicos y que se eliminen los copagos que limitan el acceso a las mutualistas. También precisan que aumente el gasto público para atenuar los problemas de vivienda y medio ambiente.

De acuerdo a la canasta que utiliza el INE para calcular el IPC, el 30% de las familias de ingresos más bajos gastan el 0.5% de sus ingresos en educación y el 8.3% en salud, mientras que el 30% de las familias de ingresos más altos gastan el 3.5% de sus ingresos en educación y el 12.6% en salud. Estos datos muestran claramente que las familias de altos ingresos compran servicios privados de educación y de salud.

A la oligarquía no le interesa la enseñanza pública, la salud pública o la construcción de viviendas. Mandan a sus hijos a la enseñanza privada donde pagan de 5.000 a 10.000 dólares por alumno cada año; atienden la salud de sus familias con seguros privados; compran al contado viviendas de un millón o más de dólares. Como consecuencia les interesa que baje el gasto público para pagar menos impuestos.

Las clases dominantes a través de los economistas a su servicio y los principales medios de comunicación a su disposición, hacen terrorismo exagerando los impactos negativos de la coyuntura internacional. Es cierto que bajarán las exportaciones a Argentina, Brasil y Venezuela, que el PIB va a crecer poco, que el déficit fiscal y la inflación son altos, que la tasa de interés en los mercados internacionales puede aumentar. Pero es sólo una parte de la verdad.

Si se quiere reducir el déficit, la aritmética que se enseñan en la escuela indica que es necesario aumentar los ingresos, bajar los gastos o ambos al mismo tiempo. El déficit fiscal se reducirá durante 2015 por el aumento los ingresos públicos por tres vías: a) por la recaudación del Impuesto al Patrimonio sobre los inmuebles rurales, a lo que se podrá sumar en 2016 el impuesto de primaria sobre los inmuebles rurales; b) por qué el costo de la energía será más bajo que en el año anterior por la caída del precio del petróleo y la incorporación de fuentes más baratas, las tarifas se mantendrán, aumentará el excedente de ANCAP y UTE que se transfiere a rentas generales y también los pagos por IRAE; en UTE la sequía puede reducir la generación de energía hidráulica y como consecuencia, su aporte a los ingresos públicos; c) por la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de reducir los gastos de las empresas públicas en términos reales para aumentar el aporte a rentas generales hasta alcanzar el 1% del PIB.

La lógica económica indica que el déficit fiscal se puede financiar colocando más títulos de deuda pública o aumentando la emisión de papel moneda. En el primer caso, teniendo en cuenta que el movimiento internacional de capitales en el Uruguay no tiene restricciones, si las tasas de interés y los plazos se adecuan a las condiciones de los mercados internacionales se logrará colocar el monto necesario; como consecuencia se generan tres formas de transferencias de ingresos, a) de las generaciones futuras, que deberán hacer frente al pago de intereses y tal vez de amortizar la deuda, hacia las generaciones actuales que disfrutan de mayores ingresos; b) de las actividades productivas generadoras de riqueza hacia el capital financiero; c) si una parte de la deuda es adquirida por no residentes, se produce también una transferencia de ingresos hacia el exterior. La segunda instrumentación es aumentar la emisión, con dos posibles resultados, aumentar el circulante (M1) o acompañar el aumento de la emisión con medidas de esterilización para mantenerlo sin cambios. Si aumenta el circulante, la mayor liquidez en poder del público puede tener como destino el ahorro si se ofrecen condiciones motivantes (por ejemplo unidades indexadas al IPC o dólares, con tasas mayores a las que se ofrecen en el exterior a igualdad de plazos); la demanda de bienes de consumo que podría estimular el aumento del nivel de actividad, de las importaciones o de los precios; la demanda de moneda extranjera que se podría inmovilizar como ahorro o enviarse al exterior, en cualquier caso, reduciendo las reservas internacionales netas del BCU. Si se adoptan medidas para mantener el circulante sin cambios, se puede colocar deuda de regulación monetaria con las transferencias de ingresos ya analizadas o aumentar los encajes, medida que también admite opciones según se paguen o no intereses a los bancos.

A los materialistas no nos llama la atención que los asesores de empresas compartan la receta del FMI para combatir la inflación, bajar los salarios y el gasto público. Este punto de vista lo presentan Gabriel Oddone de la consultora CPA/Ferrere (involucrada en el caso PLUNA), Julio de Brun secretario de la Asociación de Bancos y Pablo Roselli de la consultora Deloitte en Radio El Espectador (ver en la web de Radio El Espectador las entrevistas del programa “En Perspectiva” del 15 de agosto de 2007 y del 23 de mayo de 2012). Tampoco sorprende que en la gama de medidas que proponen, nunca incluyan aumentar los impuestos al capital y sus ingresos.
Los medios: Raúl Nuñez y Gerardo Sotelo en CX 8 Radio Sarandí; Código País (Silva, Ladra y Lessa), Santo y Seña

3.2 La recomendación del FMI

El Fondo Monetario Internacional, que expresa groseramente los intereses económicos del capital financiero y políticos del imperialismo norteamericano (6), se anticipó a las propuestas de la oligarquía local y repite la misma receta de hace cincuenta años para el Uruguay (7) que también es la misma actualmente para Grecia o España. Se ha demostrado que los préstamos del FMI son sensibles a la proximidad política de los países con sus principales accionistas (Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido), medida por las votaciones en las Naciones Unidas y por el comercio (8).

La política macroeconómica del gobierno del Frente Amplio es la misma que en el período anterior, según consta en las declaraciones del FMI y mantuvo como objetivo prioridades la estabilización de los precios, condicionando a este objetivo la evolución del gasto público y de los salarios. Se firmó un acuerdo con el FMI en junio de 2005, se lograron mayores plazos y financiación complementaria de la deuda externa y ser aceptaron exigencias de reducción de la inflación y de mejorar el resultado fiscal. El comunicado de prensa del FMI destacó que “La política monetaria continuará centrada en `base money targeting´ en el contexto de un régimen de tipo de cambio flexible hasta que las condiciones permitan cambiar a un `inflation targeting framework´¨. Durante el primer trimestre del 2005 el gasto público real no crecería mas de 1.5% y la meta de inflación para los doce meses desde abril hasta marzo de 2006 se establecía entre 5.5 y 7.5 por ciento. El 30 de noviembre de 2006 el Consejo de Dirección del FMI destacó que la recuperación de la economía uruguaya había superado las expectativas y que era necesario mantener el superávit primario de 4% del PIB para “reducir la carga de la deuda y anclar la credibilidad de la política” (9).

En su último informe sobre Uruguay de la misión del FMI de diciembre de 2014 señala que “Llevar la inflación al centro del rango meta del Banco Central sigue siendo una prioridad clave. La misión recomienda un esfuerzo desinflacionario que incluya el mantenimiento de la orientación de la política monetaria restrictiva, una estrategia encaminada a reducir la indexación retrospectiva de los sueldos, y medidas para reforzar la influencia del Banco Central en las expectativas inflacionarias a través de una comunicación prospectiva. También sería conveniente dar mayor autonomía al Banco Central. Para mantener la deuda pública neta en una trayectoria decreciente, la misión recomienda mejorar el déficit fiscal como mínimo 2,5% del PIB en los próximos cinco años. Esa mejora podría lograrse combinando un gasto publico moderado con medidas que incrementen los ingresos del sector público.” (Ver Declaración al término de una misión del FMI a Uruguay. Comunicado de Prensa No. 14/575 12 de diciembre de 2014 en (http://www.imf.org/external/spanish/np/sec/pr/2014/pr14575s.htm). En síntesis, bajar la inflación, un criterio de ajuste de salarios que no asegura su aumento real y moderar el gasto público, una forma de decir no aumentar el gasto público.

En España, Italia y Grecia la receta incluye otras medidas para “contraer la demanda” como reducir el gasto público social bajando sueldos y pasividades, cesando funcionarios públicos y vendiendo empresas del Estado. Se precia un superávit muy grande para pagar a los acreedores, principalmente bancos alemanes. La fórmula es muy conocida en América Latina donde se han utilizado estas medidas recomendadas por el FMI y que en nombre de la ciencia empobrecen a los sectores populares para que las clases dominantes no asuman las pérdidas de sus malos negocios.

Christian Lagarde, Directora del FMI, tiene un ingreso de 40.000 dólares por mes, subsidio para el alquiler, no paga impuestos por ser funcionaria internacional, viaja en primera clase y se aloja en hoteles cinco estrellas y recomienda, con cinismo y crueldad, que se bajen los salarios y las pasividades, que se aumente el IVA y que se contraiga la demanda expulsando al desempleo y al hambre a los trabajadores de los países en crisis (The Guardian, 30/06/15)

3.3 La política alternativa

3.3.1 Compensar caída de demanda externa

a) Demanda interna, gasto público y salarios

Hay consenso en que caerán las exportaciones pero las propuestas para responder a esta reducción de la demanda externa son múltiples. La opción del FMI es contener el gasto público, la receta que ha fracasado a lo largo y a lo ancho del mundo. Con un enfoque apoyado en el análisis de Keynes, así como de los premios Nobel norteamericanos Krugman y Stiglitz, tres economistas burgueses pero lúcidos, se puede compensar la caída de las exportaciones con aumento de la demanda interna, en particular, salarios e inversión pública.

Es el momento de recordar algunos puntos del programa de gobierno del Frente Amplio aprobados en el último congreso y que a continuación se transcriben sintéticamente: considerar la posibilidad de aumentar la presión tributaria a la población de más alto ingreso, a los sectores con ganancias extraordinarias o poderosos patrimonios, al consumo importado de bienes suntuarios o competitivos con la producción nacional con una muy baja calidad; considerar además un uso más selectivo de la promoción de inversiones; revisar el esquema de presiones tributarias sectoriales en función de un proyecto de desarrollo nacional al servicio de una economía que privilegie el agregado de valor; avanzar en el incremento de la alícuota del IRAE u otras herramientas tributarias para las actividades de renta excepcional vinculadas al uso de recursos naturales y la concentración de la tierra; considerar la creación de un adicional a la distribución de dividendos que se transfieren al exterior, en la medida que no viole convenios o acuerdos internacionales.

De esta larga lista de posibles medidas, se puede optar por aumentar los impuestos al capital y sus ingresos, por qué llevan diez años de grandes ganancias y pagan muy pocos impuestos. Si hay voluntad política para recortar la plusvalía, el Presupuesto puede aumentar el gasto para mejorar las condiciones de vida de los que tienen bajos ingresos, redistribuir la propiedad de una parte de los medios de producción y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal.

También puede ser oportuno utilizar una parte de las reservas para pagar intereses de deuda externa, en un momento en que las condiciones internacionales impulsan la cotización del dólar al alza y por lo tanto la mayor oferta no genera atraso cambiario. Permitiría que la parte del gasto público que se destina a pagar intereses de deuda, que como se aprecia en el Cuadro 1 aumentó de 2.8% del PIB en 2013 a 3.0% en 2014, quedara disponible total o parcialmente para otros usos como aumentar el gasto en educación

b) Complementación productiva en el MERCOSUR

Las dificultades para aumentar las exportaciones a los países de la Unión Europea ratifican la necesidad de promover la complementación productiva en el MERCOSUR incluyendo a Venezuela y Bolivia.

Se requiere complementar el Tratado de Asunción que puso en marcha el proceso de integración con una perspectiva liberal, esperando que al eliminar los impuestos a las importaciones entre los países de la región y fijar un arancel externo común, los mercados se encargarían de orientar la asignación más eficiente de los recursos reestructurando las economías de los países miembros.

El enfoque liberal fracasó y debe ser sustituido por otro que reconozca el MERCOSUR como proyecto político y el protagonismo de los gobiernos en el proceso de integración, negociando los procesos de reestructura, aumentado el arancel externo común para proteger el mercado interno regional y coordinando las políticas con relación a las inversiones extranjeras.

Se trata de pasar de la competencia entre los países a la cooperación y construir poder para enfrentar la dominación imperialista en sus múltiples manifestaciones.

3.3.2 Inversión pública, empresas públicas y soberanía nacional

En la literatura que toma los aportes de Carlos Marx como referencia no hay consenso sobre el papel del Estado y de las empresas públicas, participando de la actividad económica, en el capitalismo. Algunos autores consideran que el avance del Estado sobre algunas actividades económicas recorta el espacio del capital y contribuye al proceso hacia la superación del capitalismo. Otros autores, por el contrario, afirman que de esta forma el Estado asume actividades de baja rentabilidad que no interesan al capital o contribuye a crear condiciones para aumentar la tasa de ganancia asumiendo una parte de los costos.

El debate tiene como contexto la consideración de que en la sociedad capitalista la actividad económica se organiza por una minoría que dispone de riqueza y la transforma en capital comprando la capacidad de trabajar de la mayoría, obligada a vender su capacidad de trabajo para generar un ingreso que le permita subsistir. Se produce para vender y obtener ganancia, lo que permite al capital realizar la plusvalía, acceder a altos niveles de consumo, continuar acumulando, dominar y explotar a la mayoría. Cabe señalar que otra parte de la población ni compra ni vende capacidad de trabajo, utiliza la que tiene con algunos medios de producción de su propiedad y venden los bienes o servicios producidos, como los agricultores familiares o los trabajadores por cuenta propia.

Desde principios del siglo veinte, como enseñó Lenin, el capitalismo ingresó a una fase imperialista y la expansión del capital convirtió a una parte de los países y regiones en colonias sin gobierno propio o en países dependientes que eligen sus gobiernos con una aparente autonomía pero sus decisiones son condicionadas por el capital. Las clases dominantes de los países dependientes se asocian con el capital imperialista, gerencian la dependencia y se apropian de una parte de la riqueza generada.

La dependencia condiciona pero no determina las decisiones de los gobiernos, que tienen un margen de autonomía que aumenta según el respaldo de las organizaciones populares y se ejerce según la ideología predominante. Los países latinoamericanos, excepto Cuba, son dependientes y sus gobiernos utilizan el margen de autonomía disponible de diversa forma. En un extremo de esta gama de formas de ejercicio del gobierno se ubican Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, que confrontan con las múltiples expresiones del imperialismo, como los fondos buitres, las agencias calificadoras de riesgo, las empresas transnacionales o el gobierno de los Estados Unidos. En el otro extremo se ubican los países que aceptan la dominación imperialista sin resistir, como México, Panamá, Colombia, Perú y Chile; en este momento participan de un nuevo instrumento de dominación que es la Alianza del Pacífico.

En los países dependientes el debate sobre el papel de las empresas públicas agrega una nueva interrogante ¿son el resultado del uso del margen de autonomía que tienen los gobiernos y contribuyen a reducir la dependencia, o por el contrario, son un instrumento de dominación que contribuye a adaptar el país a las necesidad del capital imperialista?

En este artículo no se pretende dar respuestas generales y abstractas a las interrogantes planteadas, por el contrario, se limitará a aplicar la recomendación de Lenin para intentar un “análisis concreto de una situación concreta”, la del Uruguay en la actualidad. Las empresas públicas pueden contribuir a reducir el campo del capital, desmercantilizar actividades que ya no se realizarán para vender con ganancia y reducir la dependencia si toman a su cargo actividades estratégicas o imprescindibles para que los sectores populares ejerzan sus derechos.

Al mismo tiempo corresponde señalar que en el Uruguay actual, como resultado de un conjunto de condicionantes que no se van a explicitar, el Estado no puede encargarse de todas las actividades económicas por qué tiene limitaciones en su capacidad de invertir, de endeudarse y de gestionar. Por ejemplo, el Estado no puede gestionar con funcionarios públicos un bar o una peluquería.

Reconocer estas limitaciones tiene dos implicancias. En primer lugar es imprescindible elegir las actividades en las qué el Estado va a asumir la producción de bienes y servicios. Segundo, elegir que sujetos colectivos de la actividad económica pueden participar del proyecto emancipador y por lo tanto se pueden apoyar y asociar, como por ejemplo las empresas autogestionadas por los trabajadores, los agricultores familiares o algunas pequeñas y medianas empresas en las que el parón también trabaja.

Como un antecedente se puede recordar que en 1911 y 1912, José Batlle y Ordoñez fundó el Banco de la República que creó las líneas de crédito rural e industrial que contribuyeron de forma significativa al desarrollo estas actividades; el Banco Hipotecario al que se le asignó el monopolio de los préstamos hipotecarios, facilitó el acceso a la vivienda de los sectores populares y evitó que fueran asfixiados por el capital; el Banco de Seguros al que se le asignó el monopolio de los principales seguros. Enfrentó una embestida de las embajadas de Inglaterra y de Francia que querían que esas actividades fueran una oportunidad de negociaos para sus capitales.

La década de los años noventa fue de auge del neoliberalismo en los países dependientes con proyectos de privatizar las empresas públicas, los que en nuestro país fueron impulsados por las corrientes políticas dirigidas por Luis Alberto Lacalle Herrera y Jorge Batlle (en algún caso con el apoyo del Nuevo Espacio dirigido por Rafael Michelini).

Las privatizaciones fueron enfrentadas con éxito por el movimiento popular, que consideró que las empresas públicas formaban parte del patrimonio del país, juntó firmas para convocar a plebiscitos y logró el voto mayoritario contra las privatizaciones. El proyecto neoliberal conservador recurrió a un plan B, no invertir en estas empresas y por esta vía reducir su incidencia; algunos de los casos más groseros fueron el de AFE y el del Correo, que dejaron el espacio económico libre para el capital en el transporte automotriz de carga y pasajeros, así como para los numerosos correos privados.

Para que las empresas públicas cumplan su función en un proyecto político emancipador es imprescindible el permanente aumento de las inversiones que incorporen los cambios técnicos para aumentar la competitividad y la eficiencia. Definiendo la eficiencia como el logro de los objetivos políticos y económicos con la menor utilización de recursos posible, es imprescindible la evaluación periódica de la gestión y el diseño de estrategias, por qué no se puede permitir el derroche de recursos que implica la ineficiencia. Será necesario revisar el sistema de relaciones laborales, la organización del trabajo, la formación profesional y los sistemas de remuneraciones, heredados de los gobiernos neoliberales conservadores.

Hoy las actividades estratégicas incluyen, en una lista incompleta, la información, las comunicaciones, las energías alternativas, la producción de alimentos y el agua potable; el capital imperialista quiere apropiarse y busca con el TISA facilitar el logro de este objetivo. Por eso es importante que el Estado aumente las inversiones en: a) de ANTEL en el cableado de fibra óptica que democratiza el acceso a internet, la construcción de ANTEL Arena y el cable submarino que comunica a Uruguay con el resto del mundo; b) en UTE en nuevos parques eólicos y la generación de energía solar; c) en el INC comprando tierras para arrendar a los productores agropecuarios familiares promoviendo el cuidado del medio ambiente y la producción de alimentos; d) en OSE para mejorar la calidad del agua y revertir la contaminación de la cuenca del Río Santa Lucía.

Un punto de vista distinto sobre el papel de las empresas públicas lo manifestó Jorge Polgar, PHD por la Universidad de Georgetown, Vicepresidente del BROU e integrante del equipo económico desde 2005. En una polémica sobre el déficit fiscal y la inversión pública en el blog Razones y Personas, el 3 de julio escribió “Pero, en definitiva, el centro del asunto, o al menos otro aspecto relevante de la discusión, es si las inversiones de las empresas públicas son rentables. Además, y menos presente en el debate, es sí las inversiones son pertinentes al cometido de la empresa, en particular teniendo en cuenta que la finalidad de cada empresa pública está definida por ley”.

El argumento de Polgar es contradictorio, sobre el final destaca que hay que tener en cuenta la pertinencia de las inversiones de acuerdo a la finalidad de cada empresa pública definida por la ley pero al principio afirma que las inversiones deben ser rentables, lo que no está en las leyes de creación de estas empresas y es groseramente anticonstitucional. Si las empresas buscaran rentabilidad en sus inversiones, el agua potable, el saneamiento, la energía eléctrica y la telefonía, nunca hubieran llegado más allá de los barrios donde viven las familias de ingresos altos y medios, y nunca hubieran llegado a la periferia de Montevideo, a los pueblos del interior o al medio rural del país.

Considerar que las inversiones de las empresas públicas tienen que ser rentables no tiene fundamentos teóricos, académicos, científicos o técnicos; es una toma de posición política, ideológica, resultado de un sistema de valores, que responde a un punto de vista de clase que no se analizará aquí. Cabe señalar que el punto de vista de Polgar es compartido por el Frente Líber Seregni así como por la mayoría de los economistas de los partidos de oposición.

Para un monopolio es fácil tener ganancias si fijan precios altos a los bienes o servicios que producen. No ocurrió en las empresas públicas durante los últimos años por que se utilizaron como instrumento de la política de estabilización de precios y al mismo tiempo, sin que dejaran de recaudar. Así por ejemplo las naftas que vende ANCAP, además de pagar el IVA, pagan el Impuesto Específico Interno (IMESI) con tasas entre 14% y 17%; por lo tanto si se suspendiera este impuesto, se podrían aumentar los precios en el mismo porcentaje, aumentarían los ingresos de ANCAP y el MEF tendría el problema de buscar otras fuentes para sustituir esos ingresos.

Como ejemplo de comportamiento de los monopolios privados se puede analizar el caso de Montevideo Gas, que vende el gas natural por cañería en Montevideo y es propiedad de Petrobras. En los últimos doce meses, desde junio de 2014 a la fecha, los precios internacionales del gas natural se redujo un 50% según las estadísticas del FMI y sin embargo, los precios al consumidor no cambiaron. El precio lo fija el MIEM a propuesta de la URSEA, pero hasta el momento han permitido el aumento extraordinario de las ganancias de la empresa.

Con relación al proyecto ANTEL Arena, de un costo estimado en 80 millones de dólares, caben dos comentarios. En primer lugar, es sólo el 0.5% del gasto anual del sector público, el ahorro de suspender la obra es irrelevante. Segundo, los senadores del Partido Nacional Javier García y Luis Lacalle Pou consideran que la obra puede continuar pero se debe ofrecer a la inversión privada, propuesta consecuente con su punto de vista liberal y antagónica con la preocupación por expandir la actividad del Estado y reducir la del capital.

El caso de OSE plantea una interrogante sobre cómo financiar las inversiones ¿con impuestos que paga toda la población o con el criterio de que el que rompe paga? Si se opta por lo primero, es una forma de socializar las pérdidas de actividades que tuvieron altas ganancias. Si se opta por el segundo criterio, se puede implementar con un adicional al Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas que grave a las actividades que contaminan la cuenca del Santa Lucía

La situación de las carreteras es similar a la de OSE, es imprescindible invertir para reconstruirlas y se planta la misma opción sobre el financiamiento ¿con impuestos que paga toda la población o con el criterio de que el que rompe paga? Si se opta por lo primero, es una forma de socializar las pérdidas de actividades que tuvieron altas ganancias. Si se opta por el segundo criterio, se puede implementar con peajes o un impuesto adicional sobre los peajes, que aumenten de acuerdo al peso transportado; en cada peaje se instala una balanza electrónica en el suelo, el peso de cada vehículo pone en marcha el cálculo de lo que tiene que pagar y el programa imprime el ticket que queda a disposición de los que cobran. Los fleteros transferirían este costo a los precios y lo tendrían que pagar, por ejemplo, las plantas de celulosa así como los exportadores de soja y otros bienes agropecuarios.

Para profundizar este debate, del que aquí sólo se realiza una introducción esquemática, además de la colección de Frente Obrero en la que se encuentran numerosos aportes, se puede consultar algunas páginas web como por ejemplo la que incluye una amplia literatura desde Carlos Marx hasta el Ché, pasando por Trotsky y Rosa Luxemburgo (https://www.marxists.org/espanol/index.htm). También se puede consultar Marxismo Crítico ( http://marxismocritico.com/), Centro de Estudos Marxistas http://www.ifch.unicamp.br/cemarx/site/ y Herramienta. Debate y crítica marxista (http://www.herramienta.com.ar/revista-web/herramienta-web-11).

4. El movimiento popular

A principios del siglo veinte, Lenin diferenció a los países imperialistas, un reducido grupo con gran acumulación de capital, de las colonias y los países dependientes que se incorporaban al capitalismo por la exportación de capital desde los primeros. Los países dependientes a diferencia de las colonias tenían un gobierno propio, pero sus decisiones estaban subordinadas al capital extranjero. Transcurrió un siglo desde la publicación de este artículo y se procesaron múltiples cambios en el mundo, pero no perdió vigencia el imperialismo como sistema de relaciones internacionales económicas, políticas y militares, producto de la internacionalización del dominio de la oligarquía financiera surgida en los países avanzados del proceso de centralización del capital.

Estas relaciones vinculan dos polos contradictorios con intereses antagónicos: las clases dominantes de los países imperialistas articuladas con las clases dominantes de los países dependientes y las clases dominadas de los países dependientes. El desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción en los países dependientes está condicionado por el de los países imperialistas por el desarrollo desigual y combinado, el atraso de un conjunto de países es condición necesaria para el desarrollo de otros, se integran ajustándose los segundos a las características de los primeros, formando un todo que es el Imperialismo. Tiene como consecuencia la deformación de la estructura económica de los países dependientes por el crecimiento de aquellas actividades requeridas por la las economías dominantes así como la transferencia de riqueza en forma de intereses de deuda externa, ganancias de inversiones extranjeras, precios bajos para las exportaciones y altos para las importaciones.

La dependencia tiene múltiples manifestaciones y la dominación se ejerce utilizando distintos mecanismos que limitan la capacidad de decisión de los gobiernos de los países dependientes. Se destacan las condiciones que imponen los organismos multilaterales (BID, Banco Mundial, FMI) para otorgar créditos, las empresas calificadoras de riesgo, los asesores de inversionistas del exterior, los tratados de protección de inversiones y los acuerdos comerciales (OMC, Mercosur). Señala Harnecker (2009::7) “la mayor parte de las grandes decisiones no son adoptadas por los parlamentos sino por entidades que escapan a su control: las grandes agencias financieras internacionales (FMI, BM); los bancos centrales autónomos, las grandes corporaciones transnacionales, los organismos de seguridad nacional. Hoy pareciera ser que los grupos dominantes toleran mejor el triunfo de candidatos de izquierda porque estos tienen cada vez menos posibilidades reales de modificar la situación imperante”.

Los países de América Latina, excepto Cuba, son dependientes, condicionados por el imperialismo norteamericano que se asocia a sectores de las clases dominantes locales para ejercer el poder político, deformar la estructura económica y apropiarse de parte de la riqueza generada. Los equipos económicos se refieren a esta situación con un eufemismo cuando dicen “no hay que tomar determinada medida por qué sería una mala señal para los mercados” ¿de que se está hablando? Los mercados no tienen vida ni capacidad de resolver, los que resuelven son personas, los dueños del capital, lo que quieren decir es que hay que hacer lo que quieren porque de lo contrario se pueden generar graves consecuencias económicas. Se observa una gran diversidad de organización y de grados de desarrollo de las economías nacionales entre las que establecen relaciones de poder; complejas interrelaciones entre las clases sociales, los movimientos sociales, los Estados nacionales, los organismos económicos y políticos internacionales y las economías de los países. De los 6.000 millones de habitantes, más del 20% vive en China; un 25% en India, Pakistán y Bangladesh y un 10% en África en economías con fuerte presencia de organización precapitalista.

La dependencia condiciona pero no determina la evolución económica, política y cultural de los países dependientes. Los “tigres asiáticos” primero y los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) actualmente son ejemplos de crecimiento dependiente o casos que demuestran los límites de la dominación imperialista para impedir el crecimiento autónomo de los países de menor desarrollo relativo. Es posible diseñar e implementar estrategias de crecimiento económico que contribuyan a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la población, dentro de lo que permite esta condicionalidad así como a construir alianzas de sujetos colectivos para enfrentar la dominación y la explotación.

La estrategia de desarrollo puede expresar y articular un conjunto de actores sociales y políticos que contribuyan a estos cambios y al mismo tiempo, a modificar las relaciones de poder, ya que las transformaciones que se derivan de su puesta en práctica implican una redistribución de costos y beneficios, tanto en términos económicos (ingresos o condiciones de existencia) como políticos (relaciones de poder).

Los sujetos colectivos del contexto del sistema político contribuyen a explicar las decisiones de política económica y entre ellas al Presupuesto nacional. El grado en que las demandas se transforman en medidas que implican la inclusión de algunos y la exclusión de otros, generando apoyos y oposiciones. La política económica siempre admite opciones de modo que las decisiones del gobierno y los comentarios de la oposición, las manifestaciones de las organizaciones patronales o de las sindicales y populares, dependen de condiciones precientíficas que incluyen ideología y valores, tácticas y culturas. Las decisiones que adopte el gobierno distribuirán de distinta forma los costos y los beneficios económicos sobre distintos grupos sociales y generaciones.

Las propuestas, la movilización y la lucha del movimiento sindical y popular pueden incidir en las decisiones que se adopten, que de lo contrario dejarían sólo al gobierno sometido a las presiones de las cámaras empresariales y los organismos representantes de intereses extranjeros, como las instituciones financieras, las calificadoras de riesgo, los estudios que asesoran al capital y los medios de comunicación que forman opinión.

En el Uruguay capitalista y dependiente el Estado participa en la actividad económica orientando la actividad privada con medidas de política económica o directamente cobrando impuestos, gastando o como productor bienes y servicios a través de las empresas públicas. Es inevitable respetar al capital, porque de sus decisiones dependen los niveles de inversión y de empleo. Pero el reconocimiento de la dominación del capital no impide utilizar al máximo los márgenes disponibles para las decisiones del gobierno y erosionar su poder progresivamente, si se aspira a construir una sociedad sin dominación ni explotación.

NOTAS

(1) El Banco Mundial en su informe Global Economic Prsopects de junio de 2015, en la página 176 presenta pronósticos para 23 países de América Latina y el Caribe, pero no incluye a Uruguay.

(2) BCU (2015) Informe trimestral de cuentas nacionales. Enero – marzo de 2015. Montevideo, junio

(3) IMF (2005) Press Release No. 05/136 June 8

(4) Ver Ministerio de Economía y Finanzas. Comunicado sobre Resultado del Sector Público Consolidado a diciembre de 2014. En www.mef.gub.uy.

(5) Ver www.dgi.gub.uy Gasto tributario

(6) Ver por ejemplo Khor, Martin (2002) Una crítica a la política de condicionalidad y al papel del FMI en http://www.redtercermundo.org.uy; Historia crítica del FMI en http://www.obela.org/; El FMI, la deuda externa y la crisis en http://www.mecon.gov.ar/; Evaluación del IEO en http://www.ieo-imf.org/ieo/; Toussaint, Eric (2004) Los programas de ajuste estructural definidos por el FMI y el Banco Mundial. En La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos. 2ª. Ed.. CLACSO en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/touss/cap11.rtf

(7) Ver por ejemplo Couriel, Alberto y Lichtensztejn, Samuel (1967) El FMI y la crisis económica nacional. Montevideo, FCU, 1967

(8) Barro, Robert J. y Jong-Wha Lee (2002) IMF PROGRAMS: WHO IS CHOSEN AND WHAT ARE THE EFFECTS? Working Paper 8951http://www.nber.org/papers/w8951NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH

(9) Traducción propia de “to reduce the debt burden and anchor policy credibility.” IMF (2006) Press Release No. 06/301.Diciembre 22.

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