martes 27 de octubre, 2020

Una política de vivienda de izquierda

Publicado el 23/07/15 a las 10:48 pm

VIVPor Benjamín Nahoum

Una de las cosas que define a una política social de izquierda es la preocupación por las condiciones de vida de la población, entre ellas la vivienda. Derechos humanos básicos, como la salud, la educación y el trabajo se ven gravemente resentidos cuando la situación de vivienda es de precariedad.

En su edición del 3-VII-15 Brecha informó que en la sesión del Consejo de Ministros del 17 de junio, según Búsqueda, el presidente Tabaré Vázquez planteó que “todas las políticas del gobierno deben tener un giro a la izquierda” (entrecomillado de Búsqueda), proponiendo debatir qué es ser de izquierda hoy, y “¿cómo llegamos al socialismo?” (entrecomillado de Brecha, basado en sus propias fuentes).

En el momento en que se está elaborando el presupuesto (1), en que éste se constituye en el debate mayor de la política nacional, y en que, desde algunas tiendas, a izquierda y derecha, una vez sí y otra también se pide mesura en gastos e inversiones, como abriendo el paraguas ante la avalancha de reivindicaciones, no puede pasar desapercibida la importancia del planteo del presidente.
En el campo de la vivienda y el hábitat, en particular, después de dos períodos de gobierno frenteamplista en que, por diferentes razones, las prioridades de inversión fueron otras, y de otros tres gobiernos, los anteriores, en que el Estado se limitó a fomentar la participación empresarial privada, vía mercado, tanto en la promoción de programas de vivienda como en su financiación y asignación, parece haber llegado la hora en que el Estado asuma un papel protagónico. Porque una de las cosas que define a una política social de izquierda es la preocupación por las condiciones de vida de la población, y entre ellas ocupa lugar principal la vivienda, satisfactor directo de ese derecho esencial, pero también soporte del cumplimiento de otros derechos humanos básicos, como la salud, la educación y el trabajo, que se ven gravemente resentidos cuando la situación de vivienda es de precariedad.

Los primeros dichos del presidente Vázquez en la materia no habían sido demasiado auspiciosos, sin embargo. En su discurso por cadena de radio y televisión el 1 de marzo, al asumir por segunda vez la Presidencia, Vázquez dedicó un par de párrafos al tema de la vivienda y señaló que “una política de vivienda es una política de largo plazo, cuyos resultados no se miden por la cantidad de llaves entregadas sino por la calidad de las viviendas construidas y además por la posibilidad de acceso a las mismas”. Ninguna de estas cosas es contradictoria con las otras, pero estamos lamentablemente acostumbrados a que la preocupación por la calidad asome cuando hay que justificar cantidades escasas. La ministra del ramo, arquitecta Eneida de León, dio posteriormente un giro a las palabras del presidente, agregando a su “no se miden” el necesario “exclusivamente”. (2)

El programa de gobierno del Frente Amplio, aprobado por el Congreso de 2013, había evaluado como primer logro a señalar de los gobiernos del FA en materia de vivienda y hábitat “la utilización de una batería de instrumentos diversos para atender los diferentes problemas”, cuya enumeración ocupa luego un largo párrafo del documento, y entre los desafíos a enfrentar en el nuevo período señalaba que habría que proveer “los recursos necesarios para llevar adelante las acciones necesarias”. La repetición no debe leerse como un error de sintaxis sino en el sentido de enfatizar la importancia de pasar de “lo posible” a “lo necesario”.

¿Qué es lo necesario? En primer lugar acabar con las situaciones de emergencia habitacional, tal como lo establece el programa de gobierno del Frente, situaciones que se estiman en el orden de las 15 mil viviendas. Pero también atender al déficit cuantitativo, que integran los casos de familias que habitan unidades irrecuperables o lo hacen como agregadas (déficit que el Ministerio de Vivienda estima en 52 mil y otros investigadores en unos cuantos miles más), y al cualitativo, cuya solución es el mejoramiento y no la construcción de nuevas viviendas, ya que se trata de carencias de superficie, servicios, terminaciones, etcétera. Y es necesario mantener asimismo la batería de programas creada en la década pasada, que atiende algunos de los problemas mencionados pero también a otros muy importantes, como las garantías para acceder al alquiler.
Es claro que no se trata sólo de dinero, pero sí que se trata también de dinero, y que, sin recursos, las mejores intenciones, como pasó con el Plan Juntos, y las mejores ideas, de las que se plantearon muchas, sólo conseguirán arañar el problema, sin entrarle a fondo. ¿Cuánto dinero se necesita para entrarle de una vez al problema de la vivienda? El presupuesto del quinquenio pasado, que a pesar de las adecuadas estrategias planteadas no lo consiguió, equivalía al 0,5 por ciento del Pbi a valores corrientes, un 26,5 por ciento menos de lo previsto para 2006-2010 (0,68 por ciento del Pbi), aunque en ese período el presupuesto otorgado no llegó a ejecutarse totalmente, por los recortes presupuestales posteriores. Sólo para mantener el porcentaje del Pbi de 2006-2010, el nuevo presupuesto debería llegar a 376 millones de dólares anuales, el doble de lo previsto en el plan vigente.

Sin embargo, lo que más importa en este cálculo es la “capacidad de compra” de los recursos, esto es, qué puede hacerse con ellos en función de la evolución de los costos. Para considerar esto tenemos que ver cómo ha evolucionado el costo de la construcción con relación a otros indicadores (costo de vida, salarios, dólar). Con relación al dólar, por ejemplo, entre el 1-I-05 y el 1-I-15 el dólar bajó casi un 10 por ciento y el costo de la construcción subió un 190 por ciento, de modo que para que los recursos del plan 2016-2020 fueran equivalentes a los del plan 2006-2010, los 100 millones de dólares de éste deberían transformarse en 320.

Pero no parece muy defendible que un “plan de vivienda de izquierda” sea simplemente seguir haciendo lo mismo que se hizo en momentos en que la crisis obligaba a restringir inversiones. Por el contrario, por su repercusión sobre la calidad de vida de la gente y –efecto no menor– sobre la actividad, el empleo y la redistribución de riqueza, ese plan debería significar un real salto adelante: que eliminara la emergencia habitacional; que cubriera el 50 por ciento de la demanda cooperativa hoy no satisfecha; que llegara a los sectores medios a los que hoy no llega; que atacara firmemente la cuestión de las viviendas desocupadas (y sobre todo, de las abandonadas); que encarara con firmeza y amplitud los problemas del estoc, cuyas carencias son tanto o más graves que el déficit cuantitativo; que diera racionalidad a un absurdo mercado de alquileres, donde los precios que se pagan por alquilar son mayores que para comprar una vivienda.
Todo esto necesita estrategias claras, que ya están, y recursos adecuados, que es lo que falta. Recursos estables, que no dependan de cada presupuesto o cada rendición de cuentas, sino que sean específicos, para que el Mvotma pueda planificar a 15 o 20 años. Como era cuando se aprobó y puso en marcha la ley nacional de vivienda, con el histórico impuesto de 2 por ciento sobre los sueldos, que pagaban patrones y trabajadores, y como fue hasta la dictadura.
Y no caer en la tentación de pensar que la solución vendrá por la vía de la inversión privada especulativa, porque ya está probado largamente que no se pueden efectivizar derechos humanos y al mismo tiempo hacer buenos negocios. Por lo que resulta imprescindible, antes de seguir adelante, evaluar también qué ha pasado con el programa Más Oportunidades, que libera de todo impuesto a los inversores para que produzcan vivienda social, y el resultado son apartamentos de 150 mil dólares.

NOTAS

1. ¿Por qué 2016-2020 y no 2015-2019, que es como generalmente se lo llama, tomando como base el período de gobierno en que se aprueba? Pues porque esa aprobación demorará todo 2015 o casi, de modo que el plan recién podrá aplicarse a partir de 2016, y regirá hasta 2020, dado que pasará lo mismo con el siguiente.
2. En la apertura del trabajo de la Comisión Asesora de Vivienda (Coavi), integrada por representantes de organizaciones sociales y empresariales, e instituciones estatales, el 10-VI-15.

TOMADO DE BRECHA, 16/7/15.

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