¿Empresa o gobierno?

Publicado el 25/02/15 a las 10:30 pm

Por Virginia Cardozo

«La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede divorciarse de la cuestión de qué tipo de personas queremos ser.»
David Harvey

Esta campaña electoral se viene caracterizando por un discurso que tiende a referirse a la Intendencia de Montevideo como si estuviéramos hablando de una empresa, pública, pero empresa al fin. Entonces, en los discursos toman fuerza aspectos de gestión: desde la oposición la visión y concepción de la Intendencia se reduce a una cuestión de que los números cierren adecuadamente y se escuchan afirmaciones como «hay que gestionar, no hacer política». Desde esta lógica de empresa pública se hace hincapié en los servicios públicos básicos que debe prestar dicha «empresa» estatal. La gestión debe ser excelente, los números tienen que cerrar y se deben prestar servicios públicos de calidad, pero gobernar Montevideo es mucho más que esto.

Cuando hablamos de la Intendencia de Montevideo nos estamos refiriendo al gobierno departamental de la capital del país, que tiene entre sus funciones la prestación de servicios de alumbrado, barrido y limpieza, que deben ser de excelente calidad, pero implica también mucho más. Si reducimos sus funciones a tres servicios básicos estamos transformando un nivel de gobierno en una nueva empresa estatal. De esta forma, perdemos de vista la complejidad del territorio y del rol de la Intendencia en él.

¿Qué implica entonces hablar del gobierno departamental de Montevideo? El rol del ciudadano si nos limitamos a la concepción de empresa lo reducimos al de contribuyente/cliente. Si es una empresa, el ciudadano paga y la responsabilidad de que se cumpla el servicio es sólo de la empresa, colocando al montevideano en un rol pasivo. Si es un gobierno, que representa a los montevideanos y montevideanas, pero que además apuesta a la participación social, el compromiso es de todos. Nuestro rol de ciudadano no es sólo generar la demanda, sino contribuir con la solución, aportando a un Montevideo entre todos y todas. Esto valida un saber de los montevideanos y las montevideanas sobre su entorno y les habilita el derecho no sólo a exigir determinados servicios sino también a pensar cómo debe llevarse a cabo.

Entendiendo el rol del ciudadano desde dicha perspectiva es que podemos comprender de qué hablamos cuando nos referimos al Derecho a Montevideo: el derecho a la ciudad consiste en que los montevideanos y las montevideanas sin exclusiones puedan acceder a todos los recursos y oportunidades que el departamento ofrece, pero también el derecho a pensarlo, imaginarlo y a construirlo. Desde esta concepción, el ciudadano y la ciudadana tienen un rol protagónico importante en la construcción de la ciudad. Esto no le quita responsabilidad al gobierno departamental, sino que lo enriquece y complementa con el aporte de los vecinos y vecinas.

Parados frente al discurso de la gestión como algo puro, aséptico, parece vaciarse de política el gobierno de Montevideo y pasamos a la mercantilización de los espacios públicos. Esta mirada que pretende que dejemos de gobernar para pasar a administrar, aunque pretenda ser una perspectiva desideologizada, es en realidad una ideología en sí misma funcional a un poder administrativo aislado de la gente. Nuestra apuesta, por el contrario, es a la socialización de dichos espacios, a la concepción del espacio público como bien común, pensando en una ciudad construida para superar las desigualdades sociales. La diferencia entre los énfasis de un candidato y otro no recae en si va a realizar una correcta gestión, sino en si va a priorizar lo técnico por sobre lo político.

La buena gestión, además de ser un fin en sí mismo, es, principalmente, un medio para cumplir adecuadamente con las funciones de gobierno. Estas funciones están vinculadas a los servicios públicos básicos pero también a promover la convivencia, a permitir que los montevideanos y montevideanas tengan las condiciones para un desarrollo saludable, generar entornos saludables y seguros, generar un contexto que propicie un desarrollo sustentable en el departamento y llevar adelante una democracia local participativa.

Es por todo esto que consideramos que las funciones sociales que cumple la Intendencia de Montevideo, con un acumulado de experiencias y una riqueza que surge de lo territorial no puede perderse. Estas políticas suman a lo elaborado por el gobierno nacional en un nivel distinto y deben complementarse de la mejor manera. Las políticas sociales de la Intendencia dentro de las cuales se encuentra las de salud, representan un 5% del presupuesto global y sin embargo implican un gran impacto en la calidad de vida de la población montevideana, sobre todo de los sectores más vulnerados con una fuerte impronta de trabajo participativo con la comunidad. Optar por no permitir que los ciudadanos y las ciudadanas que más lo necesitan pierdan los servicios y los beneficios en su capacidad de desarrollo personal que ellos conllevan es una opción política que marca los objetivos de la buena gestión.

El gran desafío es mejorar la articulación con las políticas nacionales sociales, de salud, educación, vivienda, productivas, etcétera. La Intendencia de Montevideo tiene en estas áreas un camino recorrido de trabajo y un conocimiento acumulado en los territorios que debe conformar un aporte para poder aterrizar las políticas nacionales en la realidad de la gente.

Nuestra principal tarea es poder ser portavoces de lo que los montevideanos y montevideanas imaginan y sueñan para construir un Montevideo para todos.

Tomado de http://columnistas.montevideo.com.uy/uc_301309_1.html