sábado 24 de octubre, 2020

Vamos un poquito bien

Publicado el 13/05/14 a las 1:06 am

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Por Andrés Dean.

Los gobiernos del Frente Amplio (fa) han obtenido algunos logros destacables en la búsqueda de una sociedad más igualitaria, aunque, en algunos aspectos, limitados.

En un contexto caracterizado por un crecimiento ininterrumpido e inédito del pbi, en los últimos 12 años se ha logrado reducir sustancialmente la incidencia de la pobreza y la indigencia en nuestro país. Desde un punto de partida fijado en 2004, con una incidencia de la pobreza y de la indigencia de un 40 por ciento y un 4,7 por ciento respectivamente, se ha logrado en 2013 bajar la pobreza al 11,5 por ciento y la indigencia al 0,5 por ciento. Durante los primeros años del gobierno del fa la distribución del ingreso, medida a través del índice de Gini, siguió aumentando. Recién a partir del año 2008 dicho índice comenzó a bajar, año a partir del cual se ha mantenido la tendencia descendente.

Los avances logrados en la distribución del ingreso se apoyaron en el despliegue de un conjunto de medidas. La reforma tributaria, la reforma de la salud, el Plan de Emergencia (Panes) y las asignaciones familiares-Plan de Equidad, constituyeron instrumentos centrales para explicar los mencionados avances. Sin embargo, estas medidas han tenido un efecto muy limitado en el tiempo, ya que han permitido reducir la desigualdad de ingresos en el período que se implementan. Pero el mantenimiento de dichas políticas no permite seguir reduciendo la desigualdad de ingresos. En este sentido, si bien es más difícil de evaluar, es probable que haya sido mayor el efecto de la reinstalación de los consejos de salarios. En el caso de estos últimos, sí es factible que tengan un efecto dinámico al cambiar el poder de negociación de los asalariados desde el momento de su reinstalación.

Ahora bien, ¿por qué estos avances son bastante limitados? La respuesta está en que la enorme mayoría de los ingresos que perciben las personas surgen como retribución por los activos que dichas personas poseen. Dentro de dichos activos se destacan la tierra, las diferentes formas de capital y los niveles educativos de las personas. Las políticas mencionadas ayudaron a modificar las relaciones de poder entre las partes que negocian cómo se distribuyen los ingresos generados entre quienes poseen diferentes activos (por ejemplo en los consejos de salarios), pero sin modificar la distribución de dichos activos. O bien redistribuyeron directamente dichos ingresos a través de la política tributaria y el gasto público.

Sin embargo, con los pocos datos con que se cuenta sobre la distribución de activos, parecería que no se ha avanzado mayormente. Los datos sobre la propiedad de la tierra indican que ésta se ha concentrado. Mientras, los avances en el nivel educativo de los uruguayos, en particular de los más pobres, han sido más bien pocos.

Los pocos avances en esta materia podrían estarse explicando por una debilidad política a la hora de afectar los intereses de las elites de este país, o bien porque se considera que en cierta medida la estructura de la propiedad actual es el resultado de un mercado que funciona de manera relativamente eficiente. En este último caso, podría considerarse que tomar medidas que impliquen una redistribución de activos tendría efectos desfavorables en términos de eficiencia económica.

Sin embargo, una mejor distribución de los activos no sólo es necesaria para alcanzar mejoras importantes y perdurables en la distribución del ingreso. Hay importantes argumentos para sostener que un mayor nivel de igualdad en la distribución de activos permitiría aumentar también la eficiencia económica en un país.

En primer lugar, las estructuras institucionales necesarias para hacer sostenible un alto nivel de desigualdad suelen absorber importantes recursos económicos. La solución a muchos problemas de eficiencia económica suele requerir la existencia de un Estado relativamente fuerte. Pero un Estado con estas características puede ser proclive a aplicar políticas redistributivas. Es por ello que las elites económicas suelen preferir un Estado débil en una economía ineficiente a un Estado fuerte en una economía eficiente. Más aun, los estados de países con economías altamente desiguales tienen que destinar un alto porcentaje del producto económico a hacer cumplir las reglas de juego de las que surge la desigualdad económica.

Pero no sólo el Estado incurre en importantes gastos para hacer cumplir las reglas que permiten una alta concentración de la riqueza. El sector privado también tiene que destinar importantes recursos que podrían haberse destinado a fines productivos, a gastos de supervisión y personal de seguridad. Según un trabajo reciente del Instituto de Economía de la Udelar, de cada cinco empleados de empresas capitalistas en Uruguay, uno está dedicado a tareas de supervisión.

Un segundo argumento a favor de una relación positiva entre igualdad y eficiencia es que en economías con mayores niveles de igualdad es esperable alcanzar mayores niveles de cooperación y confianza. Los economistas suelen asumir que entre actores económicos sólo se pueden dar dos tipos de relaciones: la competencia y la jerarquía. Sin embargo, ninguna relación económica es viable sin un mayor o menor grado de cooperación. Mayores niveles de igualdad, a través de la cooperación, pueden hacer viables o menos costosas algunas actividades económicas que fueran implementadas sobornando (competencia) u obligando (jerarquía).

Un tercer elemento surge del fuerte conflicto de intereses presente en las relaciones económicas entre actores cuando la distribución de activos es muy desigual. Un ejemplo típico es la relación entre trabajador y patrón. El primero no tiene ningún motivo para realizar el mayor esfuerzo posible en el desempeño de sus tareas. Cualquier incremento en los ingresos de la empresa, fruto de su mayor esfuerzo, sería apropiado únicamente por su patrón. Por lo tanto es esperable que el trabajador realice el mínimo esfuerzo que le permita conservar el empleo. Sin embargo este comportamiento sería diferente si el trabajador fuera también el dueño de los activos con los que trabaja. De ser así, el trabajador se apropiaría de los frutos del aumento del esfuerzo. Pero en este caso ese mayor nivel de productividad se alcanzaría con una distribución muy diferente de los activos. Una en la cual los trabajadores fueran los dueños de éstos. Los pocos estudios empíricos que comparan los niveles de productividad de cooperativas de trabajadores y empresas capitalistas han concluido que en las primeras la productividad es igual o mayor respecto a las últimas.

Una importante mejora en la distribución de los activos en Uruguay, además de ser imprescindible para lograr una mayor igualdad, podría también ser conveniente en términos de eficiencia.

Tomado de BRECHA, 9/5/14, http://brecha.com.uy/index.php/politica-uruguaya/3729-vamos-un-poquito-bien

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