El debate (invisible) en la campaña electoral

Publicado el 04/05/14 a las 12:08 am

Por Constanza Moreira.

Medios y política

El pasado 9 de abril, en el marco de la campaña electoral de nuestra precandidatura, organizamos una instancia de debate en La Huella de Seregni sobre medios masivos de comunicación. Dicha instancia contó con dos mesas programáticas: la primera titulada “Políticas públicas y la industria audiovisual como un sistema” y la segunda “Derechos, marco institucional y democratización de medios”. Participaron en las mismas Edison Lanza, candidato a ocupar el cargo de relator/a especial para la Libertad de Expresión; Gustavo Buquet, economista y doctor en ciencias de la información; Esteban Schroeder, presidente de la Asociación de Productores de Cine y Audiovisual de Uruguay (Asoprod); Sergio Mautone, presidente de la Sociedad Uruguaya de Actores (sua); Adriana González, directora del Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay (icau), y Lilián Celiberti, coordinadora del Centro de Comunicación Virginia Woolf-Cotidiano Mujer. Pese a lo nutrido de la agenda abordada, la importante trayectoria de los disertantes, y teniendo en cuenta que el Senado se encuentra estudiando el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual (lsca) –que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes–, ningún medio de comunicación concurrió a la actividad a interesarse por lo que allí se discutía.

En 2011 la Fundación Friederich Ebert Stiftung (Fesur) publicó el estudio La televisión privada comercial en Uruguay. Caracterización de la concentración de la propiedad, las audiencias y la facturación. En dicho trabajo los autores –Lanza y Buquet– sostienen que “el mayor medio de trasmisión cultural en la sociedad moderna es la televisión” –aun en plena era de desarrollo de Internet–, que las personas ven más de tres horas de tevé por día, que 100 por ciento de los uruguayos lo hacen mientras sólo 37 por ciento lee publicaciones periódicas, y un poco más (41 por ciento) ha ido por lo menos una vez al cine en el último año.

Por otra parte, el mundo ha comenzado a preocuparse crecientemente por el tema de los medios masivos de comunicación y el acceso igualitario y equitativo de los ciudadanos a las expresiones culturales, concebido como un derecho. En este marco, en 2005 la unesco aprobó la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales. El acceso equitativo a una variada gama de expresiones culturales y a la diversidad de oferta de información, mensajes o productos culturales a través de los medios es hoy parte esencial de la democracia. La diversidad hace al producto (contenido), a la fuente (propiedad) y a los puntos de vista. Esto se contrarresta con la tendencia oligopólica y monopólica de los medios en el mundo, con importantes impactos sobre la homogeneización de contenidos y puntos de vista. Para evitar tal fenómeno los estados regulan estableciendo normativas que limitan la propiedad, promueven la diversidad y la producción de contenidos nacionales de calidad, y defienden los derechos de los ciudadanos y las audiencias.

Uruguay tiene una alta concentración de sus medios de comunicación, y no escapa a las tendencias mundiales, especialmente a las latinoamericanas, donde la preponderancia de lo privado sobre lo público y la ausencia de controles del Estado (o, peor aun, donde el Estado es “cómplice” –y beneficiario político directo– de estos oligopolios) es la norma. En Uruguay los tres canales de televisión privados concentran el 95 por ciento del mercado, a pesar de que existen más de cien empresas de televisión en el país. Los mercados de la televisión abierta y para abonados facturan unos 280 millones de dólares, y más del 60 por ciento de la facturación total está concentrada en estos tres grupos. En el caso de la tevé abierta, la lógica comercial lleva a algo que los autores de la citada publicación llaman “la mínima diferenciación del producto”, lo que se exacerba cuanto menor es la cantidad de canales de televisión existentes. Ello produce, entre otras cosas, que la tevé sea poco diversa y duplique programación, que la calidad de los programas sea baja, que se consuman “enlatados” producidos por los centros internacionales o regionales “fuertes” (en nuestro caso Estados Unidos y Argentina), que se dedique tanto tiempo a la publicidad y haya escasa inversión en innovación para la producción nacional.

Quienes participaron en estas mesas de debate sobre los medios coincidieron en que el Estado uruguayo estuvo históricamente omiso en su rol regulador, que existe cualquier cosa menos un mercado “competitivo” y abierto de los medios, y que ello supone diversos abusos sobre los usuarios, por lo excesivo de las tandas publicitarias, la escasa calidad de los productos, el consumo abusivo de programas similares y la falta de diversidad de contenidos. Son necesarias políticas regulatorias, y el Estado, que es una contraparte central de los medios (un 25 por ciento de la publicidad la paga el Estado), está en condiciones de ejercer ese rol y no continuar ayudando a consolidar un esquema de “negocios” que sirve a unos pocos y no ofrece a los uruguayos la calidad y diversidad necesarias.

Sergio Mautone sostuvo que la ficción que se exhibe en Uruguay llega a las casi 6 mil horas de televisión. De ellas, 2.500 son de Estados Unidos, con un peso también importante procedente de Argentina. El “pienso” sobre nosotros mismos, sostuvo el actor, lo transferimos, en buena medida, a las sociedades estadounidense y argentina, con impactos importantes en términos de las expectativas de vida y de consumo, especialmente de los sectores más deprimidos, cuyo “acceso” a un mundo fuera de sus fronteras domésticas se vehiculiza a través de los medios de comunicación. En sus palabras, esta “ficción televisiva” es, para la gente más pobre, el principal contacto con su propia realidad y su relato sobre sí misma.

El realizador y productor cinematográfico Esteban Schroeder señaló que las resistencias que los medios masivos de comunicación han manifestado frente a su regulación han estado centradas en tres argumentos: lo desmedido del cobro del canon, la reducción del “negocio” –si se aumenta la diversidad– y la inexistencia de un sector productivo nacional. En primer término, el canon no llega al 1 por ciento de la facturación total, y es evidente que en cualquier lugar del mundo se paga por el uso de las frecuencias. En tal sentido, y teniendo en cuenta esos números, el canon no es para nada desmedido. En segundo lugar, la reducción del negocio puede significar una ganancia menor, pero los márgenes de ganancia son enormes. Finalmente, no es cierto que carezcamos de un sector productivo nacional: hoy hay más de 4 mil estudiantes en el ámbito audiovisual, Uruguay produce unas 20 películas por año, es un “país de locación” para la producción publicitaria y existe un importante desarrollo actoral. En síntesis, se registra una genuina acumulación en términos de recursos humanos a la altura de un proyecto industrial para el sector audiovisual. Claro que para ello se requieren recursos del Estado (por ejemplo, para producir al menos un sexto de la ficción que se consume se necesitan cerca de 10 millones de dólares al año). En suma, es necesario propiciar las condiciones “objetivas” para el desarrollo de una industria nacional audiovisual que debe buscarse en cooperación con la región, con el desarrollo de fondos públicos, y financiándose a través de la exportación.

Se ha hecho mucho desde mediados de los años noventa hasta ahora: por un lado, el Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Producción Audiovisual Nacional (Fona) ha ayudado a visibilizar y viabilizar la producción nacional; asimismo, la creación de Tevé Ciudad ha llevado un nuevo producto de calidad al mercado; y la ley de servicios de radiodifusión comunitaria que comenzó a aplicarse en 2008 ha ayudado a la expansión de este ámbito. Sin embargo, aún falta. Falta un plan integral para la televisión pública, falta aprobar el proyecto de ley a estudio del Parlamento, volviendo a colocar al Consejo de Comunicación Audiovisual como un organismo autónomo y no dependiente del Poder Ejecutivo, falta reglamentar la ley con participación de la sociedad civil, y resta desarrollar un sistema de tevé en el interior del país, así como regular la compraventa oligopólica de programación y servicios (Equital sa) y fortalecer el desarrollo de la producción nacional.

La aprobación del proyecto de ley, sumada a la nueva oferta televisiva que se tendrá luego del llamado a licitación para nuevos canales comerciales, la creación de canales comunitarios y las facilidades que la modificación de la plataforma de analógica a digital trae consigo, auguran un nuevo mundo en este sentido. Y si se quiere pensar las diferencias que ha introducido la izquierda a partir de su llegada al gobierno, baste recordar cómo estaba el Canal 5 antes y cómo se encuentra ahora. Claro, quedan grandes desafíos por sortear. El más inmediato e impostergable es precisamente la aprobación en el Parlamento del proyecto de lsca, que luego dará paso a un complejo proceso de reglamentación. Todo ello torna ineludible el despliegue de un amplio y activo debate sobre estos asuntos.

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