El techo es la base

Publicado el 18/04/14 a las 11:43 pm

Por Constanza Moreira.

Brecha, 4/4/14.

Para que la sociedad le dé a cada uno según sus necesidades y tome de cada uno según sus capacidades, debemos tener en cuenta que la base es la base: todos deben poder tener sus necesidades “básicas” cubiertas. Pero esas necesidades han ido cambiando en el tiempo y también las expectativas sobre aquello a lo que podemos aspirar. Es la sociedad la que define el conjunto de los bienes valorados socialmente, que forman parte del patrimonio común que nos pertenece a todos.

Aun así, lo básico es lo básico y la vivienda, o el derecho a la habitación, continúa siendo un derecho básico y elemental de los ciudadanos, que dista mucho de ser plenamente satisfecho. Mientras la industria de la construcción ha crecido sistemáticamente durante una década (sólo el año pasado representó la quinta parte de la inversión del pbi), expandiéndose la construcción de edificios y viviendas (sólo el año pasado se expandió 20 por ciento), debe llamarnos a profunda reflexión que haya más de 20 mil familias viviendo en forma precaria, más de 60 mil hogares padeciendo hacinamiento, falta de baño o cocina, y que más de 40 mil carezcan de agua potable.

En una Mesa Programática sobre Vivienda realizada el pasado miércoles en La Huella de Seregni se hizo referencia al déficit de vivienda, la precariedad y los asentamientos como una cara “visible” de las décadas de exclusión social y empobrecimiento. Allí se alertó que la separación de una ciudad “formal” de una “informal” y la inexistencia de una concepción de la vivienda como “derecho” han sido el fruto de un largo proceso de concentración económica y de políticas públicas que crearon “viviendas pobres” para “personas pobres” en “lugares pobres”.

Las diferencias en las condiciones habitacionales entre las distintas clases sociales son una manifestación flagrante de la desigualdad: un estudio realizado en 2012 por la opp1 indica que Uruguay es el país más desigual del continente en materia de acceso a la propiedad de la vivienda (la medida evalúa la diferencia entre la cantidad de propietarios en el 40 por ciento de los hogares más ricos y el 40 por ciento de los más pobres). Asimismo, según datos de la Consultora Euromonitor Internacional, el gasto por habitante en “habitación” (vivienda más energía, agua y saneamiento) ascendía en 2013 a 2.486 dólares, más que triplicando el promedio de América Latina, y siendo el más alto de la región. El rubro “vivienda” es uno de los de mayor impacto en el alza de los precios, y creció por encima del índice de precios al consumo.

Como resultado de la crisis de 2002, los gobiernos del Frente Amplio han enfrentado una situación muy difícil en el ámbito de la vivienda, particularmente en cuanto a la situación de insolvencia del Banco Hipotecario, que obligó a la reconstrucción institucional del sistema. La política habitacional cambió su paradigma colocando al Estado en un rol rector: se cambia la política hacia el cooperativismo, se desarrollan programas multisectoriales de inclusión sociohabitacional, se incentiva la acción de Mevir en el medio rural; se proveen garantías y subsidios de alquiler a grupos y poblaciones específicos; se aumenta la conexión a los servicios de agua y energía; se reestructuran y refinancian deudas inmobiliarias y se da créditos para la refacción y el mejoramiento de viviendas; se recuperan y adjudican viviendas; se desarrollan programas para jubilados y pasivos; se regularizan y relocalizan asentamientos, y se diversifican las fuentes de inversión en vivienda.
La vivienda tiene que ser una prioridad política central para un nuevo gobierno del fa, abordando enérgicamente la problemática de la vivienda precaria, los asentamientos, la construcción cooperativa, la diversificación de la matriz habitacional, el combate a la segregación territorial, el subsidio a la cuota, unida al uso de la vivienda desocupada y la utilización racional y eficiente de terrenos no utilizados que pertenecen ya al Estado.

En primer lugar, cualquier programa de izquierda debe asumir esa responsabilidad, y para ello asignar los recursos necesarios. Más aun en un país que crece económicamente, con una demografía estable, en un contexto de reducción de la pobreza y la desigualdad, y con baja tasa de desempleo. La estimación de la Encuesta de Hogares del ine, que contempla combinadamente la calidad de los materiales de paredes, techos y pisos, si la vivienda posee conexión a la red de agua y saneamiento, hacinamiento, inundabilidad y probabilidad de derrumbe, entre otros aspectos, estima que 22 mil hogares están en situación de precariedad. Por su parte, el Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad en el Uruguay (2013) muestra que hay 7.143 hogares que presentan carencias críticas: un primer foco a apuntar, con inversiones que rondan los 200 millones de dólares.

En segundo término, un nuevo gobierno del fa debe abordar el problema de los asentamientos irregulares e informales. Hasta la crisis de 2002 se calculaba en 10 por ciento la población que vivía en asentamientos, actualmente se estima en 160 mil personas (5 por ciento de la población total). Desde 2005 a la fecha se regularizaron o realojaron más de 70 asentamientos y se redujo en más de 14 mil la cantidad de personas que viven en esta situación. Hay un aprendizaje importante que se ha realizado en estos años a través de los distintos programas desplegados (pmb-piai, Plan Juntos, pnr), que permitirá redoblar los esfuerzos en este sentido si aplicamos la energía política y los recursos económicos y humanos necesarios.

En tercer lugar, y más allá de que el derecho a la vivienda se corresponda o no con un derecho a la “propiedad privada” de la vivienda (algo que un gobierno de izquierda debería tender a debatir, habida cuenta de su propio sentido crítico y original con respecto al concepto de la propiedad privada y la herencia), debemos transformar en ley el subsidio a la cuota, eventualmente al alquiler, asegurando que las personas puedan adquirir vivienda sin ahorro previo y permanecer en ella, más allá de los reveses económicos que puedan sufrir en su ciclo familiar.

Para el logro de estos objetivos, debemos asignar recursos suficientes como los antiguamente estipulados en la ley nacional de vivienda (2 por ciento de las remuneraciones salariales). A su vez, algunos marcos normativos deben ser aprobados, y otros revisados. Se debe aprobar una ley que permita utilizar los inmuebles abandonados para asignarlos a vivienda. También se debe dar uso eficiente a los múltiples inmuebles del Estado que no tienen fines funcionales. Sumando lo primero y lo último mejoraremos mucho la disponibilidad de vivienda, racionalizando la necesidad de seguir construyendo o comprando tierras. Finalmente, la ley 18.795 de 2011, que exoneró a las empresas constructoras del iva, irae, impuesto al patrimonio y otros impuestos para construir viviendas para sectores medios y bajos, deberá ser revisada, puesto que los beneficios de las exoneraciones no están llegando a destino
Como establece la ley, toda familia debe poder acceder a una vivienda adecuada y el Estado debe asegurar ese derecho. Hagamos que los derechos sean hechos. n

1. Estudio realizado por el Área de Gestión y Evaluación del Estado, presentado en el seminario “La evaluación en un contexto de resultados”.