De los acuerdos posibles a las inevitables diferencias

Publicado el 19/03/14 a las 1:00 am

Por Constanza Moreira.

Educación y política
Que la educación sea central en la campaña electoral es una buena noticia, ayuda a democratizar la discusión y a pluralizar las voces y las perspectivas. Resulta muy saludable que hayamos pasado del “disparen contra la educación” a una catarata de propuestas de diversa índole, alcance y dimensiones.

Veamos tres aspectos del debate. Primero, lo que se sabe sobre la educación: el conocimiento probado. En segundo término, lo “opinable”, para no dar por “soluciones probadas aquí y en el mundo” cosas que no son. Por último, hablemos de política: de nuestros principios y preferencias normativas.

Para comenzar, desde el punto de vista del conocimiento acumulado que existe sobre el tema, lo que sabemos con total certeza es que para mejorar el nivel educativo de la población tienen que destinarse recursos suficientes durante mucho tiempo. Previo al ascenso del Frente Amplio (fa) al gobierno se asignaba menos del 4 por ciento del pbi a dicho rubro. Gracias a la lucha de los docentes, los gremios (que propusieron un fracasado plebiscito en 1994) y la izquierda (a la cual el 4,5 por ciento casi le costó la renuncia del Ministro de Economía al inicio del gobierno pasado) se logró instalar la meta del 4,5 por ciento, y ahora vamos a por más. Los países que muestran mejor desempeño en la materia destinan mucho más del 4,5 por ciento de su pbi para estar donde están, sin embargo, cada vez que hablamos de aumentar el presupuesto para la educación la oposición se niega, y dentro del fa la pulseada muchas veces se salda por la presión de los gremios. ¿Nos hemos puesto de acuerdo ahora con que es necesario aumentar el presupuesto para la educación? Si así fuera, sería una excelente noticia.

Por otra parte, en la medida en que la desigualdad en la sociedad impacta sobre la de­sigualdad en la educación, para que los resultados de la educación mejoren es indispensable que mejore la situación económica, social y familiar de los estudiantes. Actualmente, el 24 por ciento de los niños de 0 a 5 años nacen en hogares pobres, pero hacia 1985 esa cifra ascendía a más del 60 por ciento. Durante largos años la escuela y el liceo público se hicieron cargo de esos estudiantes provenientes de hogares con carencias de todo tipo. Si a ello sumamos los cambios en los arreglos familiares, el aumento de la jefatura femenina sin cónyuge y el trabajo de las mujeres sin mayores contrapartidas por parte de empresas y Estado para el cuidado de sus hijos, entenderemos lo que la familia ya no hace, y la enorme recarga que hoy existe sobre la educación. No basta con las “horas aula”, es necesario, por un lado, reforzar al sistema educativo con psicólogos, trabajadores sociales y otros técnicos calificados, y por el otro, apoyar a las familias a través del sistema nacional integrado de cuidados.

Asimismo, plantear que el problema radica en que los políticos “no controlan” la educación, o que la solución es quitar a los docentes del gobierno de la educación, es una falacia inadmisible. Uno de los efectos que tuvo la “intervención” de la dictadura en la educación fue la eliminación de su autonomía. Cada vez que se reclama que “la política” se haga cargo de este campo deberíamos recordar que eso ya sucedió. Y la “intervención política” no hizo sino empeorar la situación.

Para evitar la confusión de que “todo es terrible” o que “nada se ha avanzado” deben subrayarse los logros alcanzados en los años recientes. Aun cuando resta mucho para consolidarlo, hoy contamos con un sistema público de atención gratuita para los niños de 0 a 3 años. Éste debe tender a ser universalizado, ampliado en términos de horarios y mejorado en calidad de atención. Hoy hay escuelas de tiempo completo y extendido que contemplan un horario que antes sólo se cubría pagando, y parecería haber consenso en aumentar y mejorar estas modalidades. Actualmente vemos una mejora en la infraestructura edilicia de todo el campo educativo. Hoy constatamos cómo el ingreso a la Universidad se ha intensificado, al igual que la diversificación de la oferta educativa en el interior del país. Hoy vemos cómo se ha incrementado la matrícula en la educación media técnica y cómo, muy lentamente, se va combatiendo el rezago en secundaria, donde programas como Compromiso Educativo y Tránsito Educativo vienen dando resultado. Allí está el gran “cuello de botella” de la educación: terminar tercer año de liceo primero, y bachillerato después.

Creo que tanto a nivel de todo el sistema educativo como de los precandidatos presidenciales, hay al menos cuatro coincidencias a destacar: a) la importancia de concentrar a los docentes en los centros educativos, terminando con el “profesor taxi”; b) la necesidad de dar mayor continuidad a los ciclos educativos, esto es el pasaje de la escuela al liceo (aquí existen varias propuestas, ninguna de las cuales –incluyendo la extensión de primaria en el primer ciclo de secundaria que propone la Nueva Agenda Progresista, nap– es una “solución probada”); c) la relevancia de dotar a cada centro educativo de autonomía para operar eficientemente (lo cual va mucho más allá de “decidir su propia currícula” e involucra la operativa diaria, tan dificultada por la burocratización del sistema), y finalmente d) la necesidad de mejorar los salarios docentes en términos de una dedicación integral (contemplando la planificación de las clases, la evaluación, la coordinación, las tutorías) y de cambiar el sistema de ascensos en la carrera docente con miras a privilegiar el desempeño, la formación continua y el compromiso con la gestión.

Fuera de estas coincidencias, hay profundas diferencias que también deben ser resaltadas. La primera y más importante: la solución a los problemas de la educación no radica en respuestas ad-hoc como “comprar” educación privada mediante fondos públicos. No creo que eso funcione ni para los liceos en contexto crítico (como lo plantea Bordaberry) ni para los bachilleratos (como lo propone la nap). La razón es muy simple: los recursos humanos son los mismos, y eso es precisamente lo que nos está faltando. Paguemos mucho mejor a nuestros recursos humanos, demos dedicación integral a los docentes, mejoremos la formación, incorporemos a otros profesionales a los centros educativos, y exijamos enormemente. Apostemos por revertir las casi cuatro décadas de desvalorización social de la educación.

La segunda discrepancia refiere a la creencia de que un conjunto de expertos y técnicos, de la mano de un acuerdo multipartidario, reformarán la educación. Eso ya no funcionó con Rama, así como tampoco con el acuerdo multipartidario durante este período. Los planes de la educación deben ser elaborados por las instituciones educativas, donde por cierto hay muchos expertos. Los partidos tienen la responsabilidad de votar nada menos que los presupuestos y vigilar el cumplimiento de las metas. Ahora bien, el compromiso en la educación es político porque nos involucra a todos: a los docentes, a las instituciones, a los partidos, y muy especialmente, a los estudiantes, quienes deberían estar en el centro pero cuya mirada está ausente. Si a partir de los 13 años ya son juzgables y encarcelables, ¿no sería bueno escuchar lo que tengan para decir sobre la educación? ¿Qué tal plantear un congreso de estudiantes de enseñanza media para conocer cuáles son los principales obstáculos que ellos mismos experimentan?

Finalmente, considero fundamental colocar en la agenda el problema de la formación terciaria y la investigación científica, para la cual se destinan recursos insuficientes (luchar por más recursos para la Universidad se vuelve titánico: la oposición sólo defiende a las universidades privadas y la izquierda defiende mal a la universidad pública). Necesitamos mejorar la inversión en investigación, continuar articulando con el proyecto de desarrollo nacional, y “evitar” la tentación de “by-passear” a la universidad pública creando instituciones paralelas con las que luego no se consigue una articulación efectiva. Debemos destinar más recursos y energía a la formación docente: si la Universidad de la Educación no ha salido del papel es porque, al fin de cuentas, la discusión se reduce a definir quién manda. Desde mi perspectiva, la educación debe ser: autónoma respecto de cualquier presión política; cogobernada entre docentes, estudiantes, Estado y comunidades; participativa en la elaboración de sus planes, y democrática en sus definiciones y en la ejecución de sus políticas. Todas estas son cuestiones de principios.

Tomado de BRECHA, 14/3/14.