domingo 25 de octubre, 2020

Ese botón no se toca.

Publicado el 11/02/14 a las 11:12 pm

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Por Samuel Blixen.

Dura polémica entre Constanza Moreira y Fernández Huidobro por presupuesto militar

¿Dónde están los verdaderos enemigos para algunos gobernantes; en qué lado de la vereda están parados? Alguien podría suponer que los agravios del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, a la senadora Constanza Moreira, precandidata del fa a la Presidencia, reflejan la temperatura de la lucha intestina en la coalición progresista. Sin embargo, la reacción intempestiva del “Ñato” ante la opinión de Moreira de que es imperativo reducir el presupuesto militar sugiere posturas políticas –y compromisos– que van más allá de una tensión preelectoral.

Se supone que los “compañeros” tienen códigos –de respeto, de honestidad– para dirimir las diferencias internas. Sin embargo, el ministro Fernández Huidobro se permitió calificar de “ignorante” a la senadora Moreira en un intercambio con periodistas y en presencia del general Juan Villagrán, que acababa de asumir como comandante en jefe del Ejército (y que en su discurso, dicho sea de paso, remachó un “punto final” para la cuestión de los desaparecidos, lo que no está fuera de contexto). La senadora había escrito una columna sobre el presupuesto militar (“Fuerzas Armadas: los puntos sobre las íes”) y los periodistas le preguntaron a Fernández Huidobro qué opinión le merecía. “Los que dicen que el Ejército no sirve absolutamente para nada es un insulto y una ignorancia tremenda, supina. No voy a aceptar que se diga esto; esta posición salió derrotada por paliza en el Congreso.”

En esta ocasión el ministro parece haber ido más allá de su conocido estilo revulsivo; sus afirmaciones contienen dos inexactitudes, de ninguna manera accidentales: Moreira no argumentó, en ningún momento, que las Fuerzas Armadas no sirvieran para nada (fundamentó, en cambio, que sus dimensiones son excesivas en tiempos de paz, sin enemigos a la vista, y con otras prioridades sociales); y tampoco es cierto que la posición de reducir el presupuesto militar fuera derrotada por paliza en el Congreso del fa.

De hecho, hasta último momento las propuestas de la Comisión de Programa referidas a las Fuerzas Armadas –sobre reducción del presupuesto y sobre modificación de la estructura de jubilaciones militares– contaban con el respaldo de los delegados del mpp, el Partido Socialista, el pvp, el Partido Comunista y la Vertiente Artiguista. Pero en las instancias decisivas, al Congreso –según explicó la senadora a En perspectiva, de radio El Espectador– “no le dio la energía, de la misma manera que no le dio para el 6 por ciento de la educación, se quedó unos pasos antes de asumir compromisos”, en referencia a la reducción de efectivos militares y a la modificación de la ley orgánica. En realidad no flaqueó la energía entre los congresales; fue la arremetida de último momento de los dirigentes, que impusieron su voluntad, como lo vienen haciendo sistemáticamente.

La dificultad para justificar que el Ministerio de Defensa (mnd) concentre una porción del presupuesto equivalente a los presupuestos de Vivienda, Transporte y cancillería juntos, activa esa tendencia, cada vez más frecuente, a descalificar con consignas, como lo hizo el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti al propinarle el mote de “voluntaristas seudorradicales” a los militantes del grupo Ir que compartían las inquietudes de Moreira. En la escalada, el ministro arremetió contra la senadora y entonces la lucha intestina se desbordó con la reacción del diputado del pvp Luis Puig, quien comentó que Fernández Huidobro atacaba a Constanza Moreira “con la misma fuerza que defiende a los asesinos y torturadores”.

VACANTES Y AUMENTOS. Por más que los decibeles de la controversia respondan a la coyuntura preelectoral, hay una base objetiva que desnuda las contradicciones del Frente Amplio respecto de las Fuerzas Armadas y de los militares. En una carta dirigida a la Mesa Política del Frente Amplio en octubre de 2012, la senadora del Espacio 609 reclamaba la definición de una política concreta en relación con las Fuerzas Armadas, para ser analizada y aprobada en el Congreso que definiría el programa del fa para las elecciones de 2014. Señalaba: “Siempre se produce un desfase entre los compromisos programáticos y la plataforma electoral. Eso sucedió, por ejemplo, con la prioridad asignada a la seguridad pública en el presupuesto de este período. Durante la campaña electoral, el comando de campaña (que yo integraba) decidió esta prioridad presupuestal, que luego fue aprobada en alguna instancia política, y terminó condicionando los cinco años de gobierno”. Constanza Moreira quería evitar “los problemas de negociación entre ministerios (y ministros con distinto poder de negociación) y el rol del Parlamento como mediador entre organismos y Estado (con la decisión en última ratio del Ministerio de Economía)”.

Así ocurrió con los “ahorros” en el presupuesto de Defensa, una situación que detalló en la carta y que reiteró en la Comisión de Presupuesto del Senado. La sana política de no llenar las vacantes tuvo una excepción con el mnd, que la senadora calificó de “privilegio que ningún otro ministerio conserva”. El Parlamento autorizó que el ahorro producido con las vacantes se destinara al aumento de los sueldos más sumergidos, con lo que el peso presupuestal del ministerio seguía siendo el mismo (aunque de hecho se incrementó con partidas adicionales.)

En 2010 se produjeron 854 vacantes, de modo que en 2011 se incrementaron los salarios de los escalafones inferiores, y un soldado pasó a ganar 13.557 pesos mensuales. Pero el ahorro de las 1.415 vacantes producidas en 2011 fue destinado en 2012 a incrementar los sueldos de los oficiales superiores. El aumento en el sueldo de un comandante fue superior al total del sueldo de un soldado; los generales recibieron 12.049 pesos de aumento y los coroneles 9.700. En total –y aun con las notables diferencias dentro del escalafón entre oficiales y soldados– los militares recibieron un aumento del 22 por ciento por encima del 8,60 que el gobierno concedió al resto de los funcionarios públicos. Constanza Moreira le señalaba a la Mesa Política que los docentes de enseñanza primaria y secundaria necesitaron siete años para obtener los incrementos que los militares obtuvieron en dos.

Los dirigentes del Frente Amplio no tomaron en cuenta las advertencias de la senadora sobre los privilegios a los militares. El ahorro por vacantes destinado a aumentar sueldos significó una redistribución de 213 millones de pesos. Pero además el mnd obtuvo partidas adicionales por otros 178 millones. En el informe económico financiero elevado al Parlamento, el mdn explicó sólo el destino de 30 millones de pesos para financiar el control perimetral de las cárceles. Y evitó abundar en el destino de otras partidas, lo que llevó en su momento a la senadora a denunciar una política de ocultamiento del ministro Fernández Huidobro. A saber: partidas para recompensar al personal que desempeña funciones en la policía aérea nacional debido al “incremento de la actividad aérea en el país” (aunque, como mencionó la senadora Moreira, la actividad aérea ha disminuido drásticamente como resultado del quiebre de Pluna); para compensar al personal que se desempeña en el grupo K-9 San Miguel Arcángel, de Perros de Trabajo Militar, que se dedica a la detección de explosivos “en un país donde rara vez se tienen episodios de este tipo”; para el personal de la Compañía Especial Antiterrorista del Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, “comando creado en 1978 para ‘cazar’ uruguayos aunque ahora parece dedicarse al ‘rescate de rehenes’ en un país donde no se producen circunstancias de este tipo”; para aumentar la compensación que recibe el personal superior y subalterno embarcado (“por estar embarcados”); y para el incremento y salarización de las partidas que reciben quienes están en misiones en el exterior. De los 178 millones, o los 213 millones de ahorro, la senadora solicitó al ministerio un ajuste que permitiera utilizar entre 40 y 52 millones de pesos anuales para destinarlos a la Universidad con vistas a financiar el retorno y la permanencia en el país de unos 40 científicos que regresan por año. “Creemos que es una prioridad nacional el retorno de nuestros científicos”, pidió Moreira en una carta que por supuesto no prosperó.

PRIVILEGIOS. Así, con esos ahorros y esas partidas suplementarias, el Ministerio de Defensa concentraba el 4,2 por ciento del presupuesto total del Estado, sólo superado por el Ministerio del Interior (5,1 por ciento); pero en los hechos el gasto militar aumenta en un 50 por ciento si se suma el déficit de la Caja Militar, es decir, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En materia de jubilaciones, los militares acumulan privilegios varios: los oficiales pueden retirarse con 25 años de servicio (computando por dos cada año de servicio en el exterior) y con el 100 por ciento de su sueldo en actividad (es más, en el momento de jubilarse acceden al grado inmediatamente superior, salvo el teniente general porque por encima de él no hay más grados); a ello se suman beneficios adicionales en calidad de docentes. Los simples mortales civiles deben trabajar al menos durante 30 años para cobrar el 50 por ciento del promedio de su salario de los últimos diez años de actividad.

Aun cuando la necesidad de eliminar estos privilegios obtuvo consensos a distintos niveles en las estructuras del Frente, las cúpulas dirigentes siempre abortaron la iniciativa de modificar la ley orgánica. El ministro Fernández Huidobro se ha opuesto sistemáticamente, pero nadie, en realidad, justifica la permanencia de estos privilegios, nadie es capaz de defenderlos. Sólo la propia Caja Militar, con un sentido muy corporativo, avanza en argumentos, según se lee en su página web: “El militar tiene otros deberes y otros derechos; obedece a otras leyes, tiene otros jueces; viste de otra manera, hasta habla y camina en otra forma. Él está armado, tiene el privilegio de estar armado, en medio de los ciudadanos desarmados”.

Para ser honestos, hay que reconocer que, a diferencia de algunos dirigentes, principalmente del mpp y de la Vertiente Artiguista, que al principio acompañaban las iniciativas, los senadores Carlos Baraibar, de Asamblea Uruguay, y Rodolfo Nin Novoa, de Alianza Progresista, fueron coherentes en su oposición a modificar la ley orgánica para eliminar privilegios jubilatorios, y a reducir el presupuesto del mnd. A diferencia de lo que ocurrió con Constanza Moreira, el precandidato presidencial Tabaré Vázquez no fue calificado como un “ignorante supino” por más que levanta la bandera del 6 por ciento del pbi para la enseñanza, propuesta que fue “derrotada por paliza” en el Congreso. Pero, ¿quién le enmienda la plana a Tabaré, el único que le asegura puestos de trabajo a un ejército de militantes transformados en funcionarios?

Tomado de BRECHA, 7/02/14.

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