Edgardo Oyenart: «La mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia ha violado la jurisprudencia internacional.»

Publicado el 10/11/13 a las 6:31 pm

El lunes 4 de noviembre la jueza Gabriela Merialdo procesó sin prisión por el delito de asonada a siete personas. La llamada «asonada» se produjo durante una movilización popular contra el traslado de la Jueza Mariana Mota para separarla de medio centenar de causas sobre violaciones a los derechos humanos perpretadas durante la dictadura. En el acto participaron figuras como el escritor Eduardo Galeano, el cantante Daniel Viglietti y el diputado Luis Puig. El procesamiento fue solicitado por el Fiscal Gustavo Zubia, hijo del General Eduardo Zubia y sobrino del General Rodolfo Zubia, jefes de la regiones militares 2 y 3 en la época de la dictadura.

El martes 5 la Jueza Mota recibió un pedido de informes de la Suprema Corte de Justicia en referencia a su cuestionamiento a este procesamiento. La Jueza había comentado a El País en setiembre: “La verdad, lo veo como algo muy lamentable y muy triste. Yo no leí el pedido del fiscal, pero obviamente estuve todo el tiempo adentro de la Corte y la figura de atentado, por lo que vi, no se configuró porque no hubo impedimento para que se desarrollara el juramento. Es horrible que se criminalice algo que no generó resultado lesivo para nadie”

No es la primera vez que la Suprema Corte inquiere a la Jueza por sus declaraciones. El año pasado concurrió a las jornadas “Hacer Justicia: nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad” invitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) en Buenos Aires. En ese contexto, entrevistada por Página 12, ante la pregunta «¿Cómo analiza el apoyo del gobierno uruguayo al proceso de Verdad y Justicia en su país?», respondió: «No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas».

El viernes 8 Edgardo Oyenart, secretario de Derechos Humanos del Pit−Cnt, declaró a EL PAIS: «nos parece un disparate desde el punto de vista jurídico, ahí no hubo delito alguno. La mayoría de los que están procesados estaban sentados». Agregó que las organizaciones populares sienten «una sensación de desprotección como ciudadanos ante una Suprema Corte de Justicia, que es la que instala la denuncia; dicen que se sintieron secuestrados y la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia ha violado la jurisprudencia internacional, no ha reconocido el carácter de delitos de lesa humanidad a los delitos cometidos durante el período de la dictadura para que queden impunes y sigan en la calle hoy quienes han efectivamente secuestrado, asesinado, violado. Sentimos una sensación de desamparo legal».

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, HIJOS Uruguay, Crysol Asociación de Ex Presos Políticos, la Mesa Ejecutiva del Pit Cnt, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU); la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media; Mesa Permanente Contra la Impunidad; Asociación de Amigas y Amigos del MUME; Fundación Mario Benedetti y SERPAJ Uruguay emitieron un comunicado que entre otras consideraciones reafirmó: «Seguimos exigiendo que el Sistema Judicial dedique su tiempo y esfuerzo a lograr los cambios necesarios para que los ciudadanos confiemos en él; y en lugar de criminalizar rápidamente a quienes reclaman, busque la manera de resolver las demandas del pueblo que necesita más y mejor justicia.»

También la Mesa Política del Frente Amplio manifestó en un breve comunicado «su preocupación por este tipo de dictámenes que podrían llegar a lesionar el legítimo derecho a manifestarse que debe ser garantizado en una sociedad democrática».

El sitio web del Poder Judicial todavía enumera los valores del Plan Operativo Anual 2004 aprobado por la Suprema Corte de Justicia el 22/3/2004: Honestidad, Independencia, Imparcialidad, Transparencia, Respeto, Excelencia. Sin embargo, la MISION DE OBSERVACION DE LA JUSTICIA EN URUGUAY, DE LA RED IBEROAMERICANA DE JUECES emitió un comunicado hace escasas dos semanas en el que expresa conceptos que sostienen con firmeza el argumento central de Oyenart:

– «Se observa en Uruguay UN ESTADO DE COSAS NO CONVENCIONAL, al momento en que la Suprema Corte de Justicia en forma expresa y reiterada ignora en su actuacion jurisdiccional y administrativa, el derecho internacional de los Derechos Humanos y, la falta de adecuacion del derecho interno a la Convencion Americana sobre derechos Humanos vigente en el Pais.»

– «Se observa con especial preocupación la judicialización penal y pretendida criminalización de la protesta social impulsada por la misma Suprema Corte de Justicia en el caso de manifestantes que exteriorizaron disenso legítimo en contra de las decisiones de la misma Corte.»

– «Estructuralmente no se garantiza la independencia judicial interna, frente a las Decisiones de la Suprema Corte de Justicia en el Poder Judicial Uruguayo en correspondencia con los estándares mínimos aceptados.»

El informe completo puede leerse en http://ladiaria.com.uy/media/attachments/COMUNICADO_URUGUAY_FINAL.pdf