Poder Judicial: un debate necesario.

Publicado el 28/10/13 a las 12:35 am

Por Adriana Cabrera Esteve.

Ya hace unas semanas, cuando nos visitara, Pablo De Greiff, relator de la ONU, al presentar su informe ante la prensa afirmó que las últimas decisiones de la SCJ son una amenaza para la justicia. Al parecer habrían despertado alarma no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional por lo que él sugirió capacitación continuada, reformas y mejoramiento del Poder Judicial. En el mismo sentido han apuntado las declaraciones de la Institución Nacional de DDHH.

Hay varios temas a pensar. La SCJ tiene demasiadas competencias concentradas. Tiene poder disciplinario respecto a los jueces, los abogados y los funcionarios, administra el presupuesto, decide la constitucionalidad de las leyes y además hace jurisdicción o sea resuelve en casación los casos que llegan a esa instancia. Ese es un poder enorme. Sin duda debe conservar el poder jurisdiccional. El problema es que la SCJ también resuelve a quién designa y a quién asciende, si crea un juzgado, si le da recursos. Y estas decisiones, las toma muchas veces como respuesta a los fallos con los que no está de acuerdo. Algo que seguramente intimida a muchos de los jueces, cuestiona su independencia y vulnera sus derechos. Por otra parte, para garantizar el nivel y calidad de los jueces sería deseable que entraran por concurso y ascendieran por concurso pero esto no es lo que sucede. ¿Por qué razón confiamos en su aptitud para resolver los destinos de los ciudadanos en los múltiples aspectos de nuestras vidas vinculados a la justicia? Una forma de encarar este problema podría ser la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura algo que se podría hacer con mayorías simples en el Parlamento, con las que ya contamos. Pero de lo que no cabe dudas es que debiera formar parte del programa del Frente Amplio a discutirse los próximos 23 y 24 de noviembre.

Hoy la SCJ decide por sí y ante sí los traslados de los magistrados. Existe un método para establecer su calificación. A cada uno lo califican sus organismos superiores. Sin embargo, los jueces no pueden saber cómo los califican ni por qué. Pueden conjeturar pero la transparencia brilla por su ausencia.

Los funcionarios judiciales también dependen de la SCJ. Existe una Dirección General de Asuntos Administrativos cuyos integrantes también son designados por la SCJ.

Sería bueno que la función administrativa dependiera de otro organismo. La INDDHH aconseja la creación de un Consejo Nacional de la Magistratura. Este podría ser incluso electivo. En algunos países hay un ministerio de justicia que administra el presupuesto del Poder Judicial sin embargo la propuesta que presentó la Unidad de DDHH, Participación y Compromiso y luego el Pilar de Transformación Democrática del Estado y la Sociedad a la Comisión de Programa del FA retomaba la inicialmente realizada por la INDDHH. A pesar del respaldo técnico de la iniciativa, esta desapareció del documento final de programa propuesto a la militancia frenteamplista para su discusión. No sabemos por qué. Lo que está claro es que independizar la administración de los recursos humanos y materiales debería ser una prioridad si queremos mejorar la calidad del servicio que brinda la institución y asegurar su transparencia.

El gran ausente de nuestro sistema judicial es el usuario. En nuestro país el usuario no es parte del proceso judicial como lo es en Argentina donde existe la figura del querellante. Si a esto agregamos que la mayoría de nuestros juicios no son orales y públicos sino a puertas cerradas y entre papeles, queda claro que al usuario/ciudadano sólo le queda enterarse del resultado de sus denuncias por la TV. Modernizar al Poder Judicial e incorporar la presencia de los usuarios como se ha hecho en otros ámbitos del Estado podría ser un avance en la democratización del país. Lejos de ser una herejía, en otros países, por ejemplo los anglosajones y entre ellos EEUU, los jurados están formados por grupos de ciudadanos. Esta es una forma de participación en la administración de la justicia que ni proponemos ni denostamos pero que rompe con la noción de que todo lo que sucede dentro de los juzgados para que sea independiente debe estar bajo la égida de la SCJ.

Otra “herejía” a deconstruir es la propuesta de crear un Tribunal Superior Constitucional que sea independiente de la SCJ, en varios países de América existe el Tribunal Constitucional. Esto es así, porque decidir la constitucionalidad o no de las leyes es una función distinta a la de decidir sobre las sentencias. Crearlo, igual que crear un Consejo Superior de la Magistratura supone reformar la Constitución. Sin embargo debatir qué tipo de Poder Judicial queremos sólo puede ser saludable para nuestra democracia y sin lugar a dudas una asignatura pendiente.

Publicado en La República 26/10/13,