Reflexión a 40 años del golpe de estado.
Publicado el 28/07/13 a las 1:30 pm
Por Pablo Anzalone, Secretario general del PVP- Frente Amplio.
El golpe de estado del 27 de junio de 1973 significó la ruptura del orden institucional y el comienzo de una nueva etapa del proceso autoritario en Uruguay.
Desde 1968 con el gobierno de Jorge Pacheco Areco, el uso constante de las Medidas Prontas de Seguridad, la represión a manifestaciones estudiantiles y obreras, a conflictos sindicales, el asesinato de luchadores sociales en la calle, la acción de escuadrones de la muerte, las clausuras de periódicos, la ilegalización de organizaciones políticas y el cercenamiento de las libertades fueron componentes de un despotismo creciente. Desde los análisis de aquella época destacábamos que se estaba creando un régimen de nuevo tipo, una dictadura constitucional, con parlamento abierto, elecciones y constitución vigente en lo formal, pero con una enorme concentración de poder en el Ejecutivo y la utilización de la represión como un instrumento central del gobierno. No una represión episódica, en algunos casos muy dura, como ya habíamos tenido en la década del sesenta, sino una pieza ordenadora del sistema político.
Nicos Poulantzas, un teórico marxista griego, había acuñado el concepto de “ formas de estado de excepción” para referirse a los regímenes dictatoriales y al fascismo, dándonos herramientas para un análisis más a fondo de las distintas variantes existentes en América Latina y también en Europa.
Una etapa de resistencia
El Instituto de Economía de la Udelar en “Estudios y Coyuntura 3: Un reajuste conservador” un texto de gran influencia en la izquierda de aquel entonces propuso una explicación fuerte: estábamos ante un cambio estructural de la economía promovido desde el poder dominante.
Ante el agotamiento del modelo basado en la sustitución de importaciones y en el mercado interno, el bloque en el poder impulsaba una transformación radical y estaba dispuesto a aplastar las resistencias sociales y políticas. Ese concepto: “resistencia”, es importante para caracterizar la acción del movimiento popular en ese período. Desde las Cartas de FAU se decía una y otra vez que estábamos ante una etapa de resistencia, de mediano y largo plazo, discrepando en tal sentido con estrategias cortoplacistas dentro de la izquierda. Fue una resistencia muy amplia que llevó a una radicalización de grandes sectores tanto en el plano social como en lo político. La unificación del movimiento obrero en la CNT y el Congreso del Pueblo son mojones de ese proceso. La unidad obrero-estudiantil y la solidaridad entre esas columnas del movimiento popular son características del proceso uruguayo.
Entre esas formas de resistencia también incluimos a las formas de lucha armada, como la que desalosrrollaron el MLN o la OPR, como otros movimientos en América Latina, pero con estrategias propias que procuraban pensar desde este país pequeño, de gran concentración urbana, con larga tradición de organización social de los trabajadores.
El movimiento popular gestó luchas históricas de resistencia a la ofensiva de la derecha. En esos cinco años que van desde el 68 al 73 fue masiva la participación social y política, miles de hombres y mujeres se integraron a la lucha revolucionaria, se forjaron múltiples instrumentos. Aunque en ese momento no lo veíamos así, hay que destacar la construcción del Frente Amplio, el surgimiento masivo de sus comités de base, la esperanza que despertó en grandes sectores. Fue un avance trascendente. Trece años de acción sistemática de la dictadura no lograron erradicar su arraigo en la población.
Al mismo tiempo hay que decir que la izquierda uruguaya pagó, pagamos todos, un alto precio por sus errores estratégicos, su debilidad teórica y su incapacidad para la autocrítica. La “ofensiva” del MLN en abril de 1972 o el apoyo a los comunicados cuatro y siete en febrero de 1973 por parte del Partido Comunista y una parte del Frente Amplio, son ejemplos claros de estos graves errores. Unos años después el plan de aparición del PVP en el punto más alto del terrorismo de Estado en Uruguay y la región, sumó también una derrota dolorosa.
La crisis del sistema político y los mecanismos de representación dio lugar a varios fenómenos: asunción de lugares claves del gobierno por parte de representantes directos del poder económico, utilización constante del decreto presidencial ante las dificultades para obtener mayorías parlamentarias, escisiones de los sectores progresistas dentro de los partidos tradicionales que se integraron al Frente Amplio, consolidación de un bloque de derecha y ultraderecha con fuertes raíces políticas, militares, empresariales, periodísticas y vínculos internacionales. Es de la mano de ese conglomerado ultraderechista que se produjo el ingreso de las Fuerzas Armadas como actor que reformuló la composición del poder político, imponiendo no solo su tutela sino su injerencia directriz.
La tortura sistemática y el encarcelamiento masivo fueron las modalidades principales de la represión. Pero también hubo una penetración con fines de conducción, vigilancia y control de las Fuerzas Armadas en todos los ámbitos de la vida ciudadana, desde la Universidad y la educación primaria o secundaria, hasta los ministerios, las intendencias, las comisiones de fomento, la cultura y el arte, la prensa, en todos lados.
Durante años se fue gestando la versión, que formalizó la Comisión para la Paz, de que los militares uruguayos no habían sido tan sanguinarios como sus pares argentinos. Torturar sí, encarcelar también, pero el asesinato sólo “cuando se les iba la mano “. Sin embargo la información sobre el “Segundo Vuelo” y todos los que vinieron después, colocó en territorio nacional la desaparición forzada y el asesinato de decenas de uruguayos detenidos en Argentina y Paraguay. Entre ellos muchos compañeros del PVP de los que todavía no se sabe su paradero. Recién hace pocos meses recuperamos los restos de Alberto Mechoso dirigente y fundador del PVP. La aparición de Macarena Gelman puso luz sobre el asesinato de su madre María Claudia García, vinculando a los militares uruguayos con las más crueles operaciones de la represión argentina como el robo de bebés y la muerte de las puérperas.
Fue cívico-militar
Fue desde un comienzo una dictadura cívico-militar. Por un lado, los militares dejaron la conducción económica en manos de las políticas del reajuste conservador descrito por el Instituto de Economía y luego en el neoliberalismo de Vegh Villegas que comenzaba a hegemonizar.
Por otro lado buena parte de la dirección de los partidos tradicionales se integró con armas y bagajes al elenco dictatorial. Es así que el presidente electo por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry se convirtió en dictador. No solo avaló la ruptura del orden constitucional y las violaciones a los derechos humanos, sino que fue un promotor de la cruzada contra la subversión que marcó el clima ideológico del régimen. Dirigentes colorados de primera línea como Juan Carlos Blanco ocuparon ministerios claves. Como canciller estuvo implicado directamente en la decisión de asesinar a Elena Quinteros y muchos años después fue procesado por este hecho. En el Partido Nacional nada menos que el presidente del Honorable Directorio Martín Echegoyen ocupó la presidencia del Consejo de Estado dictatorial. Solo en el Consejo de Estado la lista de dirigentes tradicionales es significativa, y si incorporamos las intendencias y ministerios se agranda todavía más.
Fueron partícipes de un régimen que asesinó a un parlamentario blanco como Héctor Gutiérrez Ruiz y persiguió con saña a Wilson Ferreira, principal caudillo nacionalista de esa época. La complicidad de gran parte de los empresarios se tradujo en despidos de sindicalistas, en persecuciones coordinadas con las fuerzas militares y en la imposición de un clima represivo dentro de los lugares de trabajo.
La gran prensa y en particular el diario El País tienen una responsabilidad en el régimen dictatorial. Desde el apoyo explícito hasta la manipulación informativa, su rol no puede minimizarse.
La estrategia del miedo tuvo un gran impacto en la población, en el entramado social. No logró impedir la resistencia pero sí generó un clima de desconfianza y aislamiento entre la gente. Estimuló los peores valores de la derecha como la delación, la persecución, la justificación a la violación a los derechos humanos.
Una derecha con base social propia
La derecha y la ultraderecha tuvieron (y tienen) una base social propia en nuestro país. Buena parte de la votación de Pacheco y Bordaberry provenían de esa ideología. La dictadura se apoyó en ella durante todo el período. Pero no lograron construir una hegemonía duradera. Por eso en 1980 recibieron una histórica derrota cuando quisieron institucionalizar el régimen dictatorial y convocaron al plebiscito por la nueva constitución.
La huelga general contra el golpe es un hecho inédito en la historia latinoamericana, que es prolífica en gestas heroicas. A pesar de las confusiones y duros debates generados desde febrero en relación con los comunicados cuatro y siete, que habían llevado a un lamentable “Primero de mayo de la Alegría”, los trabajadores llevaron a cabo masivamente la resolución de su congreso: en caso de golpe, huelga y ocupación de los lugares de trabajo. La dictadura no esperaba esa reacción. Las fábricas ocupadas y la Universidad fueron los bastiones de la libertad y la democracia durante largos días. Una y otra vez fueron desocupadas por la represión y volvieron a ocuparse. Cuando ya iban 11 días de huelga se convocó por parte del Frente Amplio a la manifestación del 9 de julio, duramente reprimida.
Son tan fuertes estos hechos, marcaron tanto la historia nacional, que una y otra vez vuelven a la escena política, motivan nuevos enfrentamientos, a veces retrocesos y otras veces avances democráticos. Todavía quedan demasiados capítulos pendientes para nuestra democracia.*Secretario general del PVP- Frente Amplio.
Tomado de CUADERNOS DE COMPAÑERO Nro. 12.
