La diplomacia de la represión.

Publicado el 28/07/13 a las 7:13 pm

Por Walter Pernas.

Inspección judicial en consulado uruguayo en Buenos Aires

Tras la denuncia del diputado Luis Puig, el juez federal Sebastián Casanello ordenó la inspección ocular del consulado uruguayo en la capital argentina para verificar si a principios de los años setenta allí hubo calabozos y si éstos sirvieron como lugares de reclusión clandestina para detenidos políticos, dijeron a Brecha fuentes vinculadas a la investigación.

La decisión se tramitó a través de gestiones de la cancillería argentina con su par de Uruguay, la que no opondrá reparos a la medida judicial en tanto se encuentra en línea con la voluntad de investigar que tiene el Estado uruguayo, dijeron a Brecha fuentes oficiales.
“Recientemente, uruguayos residentes en Argentina nos manifestaron que en la sede del consulado de la República Oriental del Uruguay en Buenos Aires, sita en avenida Las Heras 1907, esquina Ayacucho de esa ciudad, habían constatado que en el primer subsuelo del edificio se encontraban edificadas tres celdas.” Así comienza el relato del diputado Luis Puig, en el escrito que presentó en la capital argentina ante el magistrado Casanello, que lleva adelante la causa del Plan Cóndor.
El legislador cuenta que se trasladó hasta el lugar y pudo constatar la veracidad de la información, incluso tomando fotografías de los calabozos.
“Dicho edificio, propiedad del Estado uruguayo, fue construido en la década del 70 del siglo pasado durante la dictadura cívico-militar de ambos países”, recuerda la denuncia. Puig dijo a Brecha que, de acuerdo a la información reunida, los calabozos pudieron haber estado operativos desde 1974 o 1975, cuando el consulado se encontraba en construcción, pero con al menos tres pisos funcionando: “No podemos olvidar que ya en aquel momento se detenían uruguayos en Argentina, se los mataba o hacía desaparecer: el caso más claro es el de los fusilados de Soca, pero pudo haber varios otros”, señaló el diputado.
En el escrito presentado ante la justicia federal se destaca: “El hecho de que numerosos ciudadanos uruguayos fueran secuestrados en Buenos Aires por agentes del Estado uruguayo y en coordinación con las fuerzas armadas y de seguridad argentinas –siendo algunos de ellos posteriormente trasladados a Uruguay y otros desaparecidos en este país–, y la constatación de la existencia de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante este período, nos llevan al interrogante sobre el posible funcionamiento de uno de estos sitios en la sede diplomática”.
Junto con la denuncia de Puig –patrocinada por la abogada argentina Elizabeth Gómez Alcorta– se entregaron en la sede judicial copias de las fotografías tomadas en el consulado (una de ellas figura en esta página).
“Los calabozos tienen rejas de gruesas planchuelas de acero, y el subsuelo donde se encuentran se comunica por una escalera con el garaje cerrado. Podían ingresar detenidos y bajarlos sin ser vistos”, declaró Puig a Brecha. Recordó que “durante la dictadura entraban y salían detenidos de la embajada, y había un sector que llamaban ‘el hotelito’. En el consulado se construyó un piso para cada arma militar, la represión uruguaya operaba en Buenos Aires con gran infraestructura”.
El diputado se refirió entonces al papel de la diplomacia uruguaya en la suspensión de los pasaportes de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, que luego de inmovilizados de esa forma en Argentina fueron secuestrados y asesinados en Buenos Aires, en mayo de 1976.
Un reporte del agente del fbi Harry Schlaudeman, citado en esa causa por la entonces fiscal Mirtha Guinze y por el juez Roberto Timbal, describe la coordinación de los regímenes militares de América Latina que funcionaba entonces en los países de la región para perseguir a “subversivos” en el marco de la operación Cóndor.
Pero la coordinación represiva entre Uruguay y Argentina antecede a la oficialización del regional Plan Cóndor.
Un documento confidencial despachado el 3 de abril de 1975 por la embajada uruguaya en Argentina con destino al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo del entonces canciller Juan Carlos Blanco, señala que “de acuerdo a datos suministrados por el jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros, comisario Gattei, se nos informó que el señor Enrique Erro fue trasladado a la penitenciaría de Villa Devoto. Asimismo pudo saberse, a través de la misma fuente, que el señor Zelmar Michelini viajará a Estados Unidos accediendo a una invitación que le formulara el senador Edward Kennedy”.
La cancillería contestó de inmediato solicitando que se remitiera de manera urgente toda la información disponible sobre el viaje que proyectaba Michelini. Y el entonces embajador uruguayo, Adolfo Folle Martínez, respondió por telex confidencial en clave, trasmitiendo la información a Blanco y al ministro de Defensa Walter Ravena.
En el télex oficial, Folle también informó: “El señor Michelini está pidiendo permanentemente salir del país. Quiere ir a Estados Unidos o a Bolivia con cédula de identidad. No hay pedido nuevo de radicación ni puede ser radicado. Por pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores, a raíz de una solicitud del consulado de la Embajada de Uruguay, se ha pedido la invalidez del pasaporte del señor Michelini. Los inspectores están controlando permanentemente. Tienen instrucciones de detenerlo si observan alguna anomalía en su documentación”.
El consulado tenía una importante participación en estos asuntos, y hay varios ex funcionarios de la sede diplomática o de la cancillería que pueden aportar información a la causa que ahora encuentra receptividad en Argentina, algo que no pasó en Uruguay, cuando Puig denunció el año pasado este mismo hecho ante la justicia local.

Tomado de BRECHA, 26/7/13, http://brecha.com.uy/