domingo 25 de octubre, 2020

40 años de lucha por desnudar la esencia del terrorismo dictatorial.

Publicado el 02/07/13 a las 10:51 pm

Rqueridos
Palabras pronunciadas por Raul Olivera Alfaro en la sección solemne de la Junta Departamental de Canelones el 27 de junio en la ciudad de Las Piedras.

En primer lugar quiero resaltar la importancia que para nosotros tiene, que la Junta Departamental Canaria, haya tenido esta iniciativa de que hoy, cuando se cumplen 40 años del Golpe de Estado y de la huelga general, se realice este sano ejercicio de la memoria.
Uno de esos hechos, significo la instalación por casi 11 años de una práctica sistemática de terrorismo de estado. El otro, fue el inicio de una tenaz y sacrificada resistencia, que por 11 años se desarrolló contra aquella manifestación extrema del autoritarismo estatal.
Han pasado 40 años, y aun estamos en la larga y trabajosa tarea de consolidar las condiciones para que nunca más nuestra sociedad tenga que padecer una situación similar como la vivida en aquella oportunidad. Y también estamos ahora, construyendo a nivel de nuestro pueblo las reservas y los reflejos democráticos necesarios para que si ello volviera a ocurrir, resistirlo de la misma manera y si es posible, aun mejor, que en aquellos años.
También quiero agradecer que el PIT/CNT me haya designado para representarlo en esta actividad, en la que también es un reencuentro con antiguos compañeros. Y fundamentalmente para quien se educó en aquella experiencia innovadora y maravillosa que fue la Escuela Experimental de Las Piedras, para quien curso sus estudios secundarios en el liceo de esta ciudad, que formó su hogar y tuvo sus hijos aquí, y en la que también descansan los restos de mi padre, tiene una importancia que debo destacar. También como trabajador ferroviario durante muchos años recorrí trabajando cada una de las muchísimas estaciones que en aquellos años tenía AFE en el departamento.
Sería lógico que representando al movimiento sindical, nuestras palabras estuvieran dirigidas casi exclusivamente a resaltar aquello que lo distinguió en aquel 27de junio de 1973: la huelga general.
Pero hemos hecho otra opción, que por supuesto no va en desmedro de la importancia que aquella huelga general tuvo, como respuesta temprana del movimiento popular a la ruptura institucional. El acento de nuestra intervención puesto en el golpe de Estado y el terrorismo de Estado que a partir de allí se impuesto por parte del régimen dictatorial, no se fundamenta, por ejemplo en que la dictadura en el Uruguay, haya tenido características que la distingan de las otras que en aquellos años se instalaron en América Latina. Hoy sabemos que la dictadura uruguaya, también se orientó en la doctrina de la seguridad nacional y desarrolló sistemáticas y gravísimas violaciones a los derechos humanos.
Es cierto, que lo novedoso, lo que sin duda hay que resaltar de aquellos golpes de Estado, es que en ninguno, existió una resistencia popular que se inicio con una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo por parte de los trabajadores y los centros de estudio por los estudiantes.
¿Por qué entonces hoy priorizar hablar de la dictadura?
En primer término, porque pocos discuten y cuestionan, que la entronización del autoritarismo cívico-militar aquel 27 de junio de 1973, enfrentó una resistencia popular y que esa resistencia en toda su extensión en el país y fuera de él, tuvo un costo de muchas vidas, torturas, años de cárcel y exilio.
Y en segundo término fundamentalmente, porque lo que fue y es objeto aún de un debate es la verdad, es la esencia misma del terrorismo de estado.
La lucha por desnudar esa esencia del terrorismo estatal de la dictadura, mientras esta existió, y aún luego de conquistadas las libertades democráticas, tuvo y tiene aun hoy a 40 años, sus etapas, su proceso, su dinámica de lucha.
Su primera etapa, tuvo su epicentro en el desenmascaramiento ante la comunidad internacional, de lo que ocurría en el Uruguay y en todas las dictaduras que reprimían coordinadamente el torno a la Operación Cóndor. Ese desenmascaramiento, fue un aspecto esencial de la lucha política para el retorno de las democracias.
Esa resistencia, no se planteaba “desensillar hasta que aclarara”, no usaba las denuncias de las gravísimas violaciones a los derechos humanos, solamente como un simple instrumento de lucha política.
Se trataba además de una lucha política de resistencia, de un cambio cultural profundo que ocurría en el mundo que desafiaba una cultura existente, donde la defensa de los derechos humanos era administrada según intereses políticos de los Estados y los gobiernos. Ese cambio cultural profundo que podríamos denominar cultura en clave de derechos humanos, aún hoy tiene dificultades para asumirse. Un claro ejemplo, podemos ubicarlo en la cúspide de nuestro sistema judicial o en discursos confusos o francamente reaccionarios en nuestro sistema político.
En ese proceso de resistencia, desaparecen Omar Paitta, Pablo Errandonea, Fernando Díaz de Cárdenas, Hugo Méndez y Carlos Rodriguez Mercader, vecinos de este Departamento en que queremos simbolizar a Todos Ellos.
En la etapa posterior, producido el retorno de las democracias, cuando todos, organizaciones sociales y políticas habían acordado en la CONAPRO que se debía saldar el pasado dictatorial con verdad y justicia, otros fueron las opciones políticas que prevalecieron. Las unanimidades logradas en la CONAPRO, se estrellaron contra las determinaciones de intereses políticos, más propensas a atender las presiones militares, que el significado profundo de las batallas que se habían desarrollado con los testimonios de las victimas y las campañas de denuncias a lo largo y ancho del planeta desnudando las aberrantes conductas del gobierno dictatorial.
En esa etapa se instalo una cultura de impunidad, que planteo para la vigencia plena de los derechos humanos nuevas dificultades, cuyas consecuencias existen aún hoy.
Esa instalación de las democracias en complejos procesos de transición, que no pudieron y no quisieron entender la importancia de la continuidad de la lucha por los derechos humanos como parte de la profundización democrática, marcó una agenda política, social y jurídica teñida por las no resueltas heridas del pasado.
En ese escenario, la llamada teoría de los dos demonios, funcional a perspectivas históricas sobre el pasado reciente tanto a sectores de derecha como de algunos sectores de la izquierda, dificulto y dificulta aun en nuestros días el desarrollo de una batalla efectiva sobre la verdad histórica sobre nuestro pasado reciente.
En ese escenario político la determinación de la verdad, a partir de la aprobación de la ley de caducidad quedó librada a una correlación de fuerzas política.
Pero la verdad envilecida tanto por la teoría de los dos demonios, como por la existencia de la ley de caducidad, no pudo ocultar que en el Uruguay hubo un golpe de estado que instaló una dictadura. Y que a partir de ello, se desplegó un escenario de la lucha política, ética y cultural, entre democracia versus dictadura. Y que esa lucha democrática, sigue hoy en torno a la verdad sobre nuestro pasado como plataforma fáctica sobre la que se asienta la realización de un inexorable proceso, tarde o temprano, de Justicia.
Desde el asesinato de Ramón Peré en pleno desarrollo de la Huelga General hasta el asesinato del Dr. Vladimir Roslik en las postrimerías de la dictadura, y en el periodo previo a la misma, se desarrollo un proceso que es sano para las generaciones futuras, sacarlo de las determinaciones políticas o las dos verdades “folklóricas” de cada uno de los demonios.
En los expedientes judiciales en la que las víctimas denunciaron las atrocidades de la dictadura, se está instalando, trabajosamente a partir de la actuación de algunos valientes jueces y fiscales, una dimensión importante de nuestra historia.
Permítanme aquí hacer un paréntesis para hacer referencia a dos vecinas de Canelones, las doctoras Mirtha Guianze y Mariana Mota.
Allí pese a las retrogradas posiciones del máximo órgano judicial que continua de espaldas a los avances que la humanidad a dado en la creación de instrumentos de protección de los derechos humanos, se ha ganado una batalla. Ese triunfo de la lucha democrática de nuestro pueblo, no solo debe ser medido en el número de violadores a los derechos humanos que purgan condenas o están siendo objeto de procesos judiciales por los cuales están privados de la libertad. Debe ser medida esa victoria ganada a la cultura de impunidad, en que ya no discuten en los tribunales de justicia, si son o no culpables. Su lucha por mantener la impunidad, solo pueden darla sobre si es o no posible castigarlos como lo determina las normas del derecho internacional.
Un capitulo de ella – pero hay unas cuantas más -, esta escrita, por ejemplo, en la sentencia que condeno al General Dalmao por el asesinato de Níbia Sabalzagaray. Allí. Además de hacerse justicia se laudo una de las batallas sobre la memoria y la verdad. Allí se infligió una contundente derrota al sostenido esfuerzo desarrollado por las fuerzas armadas, intentando instaurar una suerte de “verdad” abiertamente reivindicativa del comportamiento y la acción de la dictadura.
Un ejemplo de ello puede encontrarse en la versión sobre la muerte de Nibia Sabalzagaray recogida en el expediente de la justicia militar. Sobre esa verdad de la justicia militar, dice hoy la Sentencia dictada por la Justicia uruguaya: “Las actuaciones llevadas a cabo a consecuencia de la muerte de Sabalzagaray, y respecto de ellas no podemos soslayar la franca pobreza investigativa, que no reconoce otro motivo que el interés de las autoridades de la época de no dejar al descubierto la verdad de lo acontecido”.
Desenmascarar esa suerte de versión bastarda de la dictadura, necesito desarrollar, tanto una batalla desde el ámbito académico, como desde el ámbito de la acción del sistema judicial, donde se establecieron en importantes sentencias las plataformas fácticas en que se fundamentaron las pretensiones punitivas de las fiscalías y los procesamientos y condenas de los militares, policías y civiles. Unas y otras investigaciones –históricas y forenses -, contribuyeron a desarmar la visión de las fuerzas armadas y de algunos sectores civiles.
En esas batallas sobre la verdad y la memoria, las iniciativas que encargaron el cumplimiento del artículo 4to. a los fiscales militares; y la verdad “posible” pergeñada desde la Comisión para la Paz, no eran solamente intentos de consolidar la impunidad de la pretensión punitiva del Estado, sino también asegurar la impunidad sobre una verdad sustancial, aquella que establecida en un proceso penal, puede o no, afectar la libertad de un individuo.
Pero esa batalla no se detiene en las sedes judiciales. Allí también se desarrolla.
En esas sentencias, se establece una importante dimensión de la verdad, la denominada “verdad forense”, aquella que establece responsabilidades a partir de la construcción de lo que se denomina “plataforma fáctica”. Esa verdad de los hechos no es una construcción sobre la que se pacta la reserva de las fuentes, como en el caso de las averiguaciones de la COPAZ, o las investigaciones de las propias fuerzas armadas. No es el producto de una simple labor intelectual – aunque muy importante-, de las investigaciones encargadas por la Presidencia de la República a la UDELAR. No es la visión solitaria y antojadiza de un juez penal o un integrante del Ministerio Público y Fiscal, sino que es el resultado de un proceso largo y complejo que incluye testimonios, pruebas por informes, declaraciones de los imputados, pericias, etc. Proceso donde unos y otros –victimas y victimarios-, controvierten sus visiones, y que en este y otros casos, también puede ser objeto de un reexamen de tribunales de apelaciones.
Se trata en resumen, de una construcción de la verdad, donde solo hay un solo demonio. En esa VERDAD, se construye un marco histórico en el que se encuadran, por ejemplo, el mencionado homicidio de Nibia Sabalzagaray, y cada una de las violaciones a los derechos humanos que hizo posible aquella dictadura que se instalo hace 40 años.
En esa y otras sentencias, se resume para las generaciones futuras, la visión de un Poder del Estado sobre nuestro pasado reciente y las particularidades de cada caso de violación de los derechos humanos. Este aspecto que queríamos rescatar, nos plantea un problema sobre el que será necesario reflexionar y tomar las iniciativas que correspondan. El paso del tiempo y la inacción del sistema judicial, lleva a que en algunos casos la acción penal y por consiguiente el establecimiento de esa “verdad forense” se vea interrumpida por ausencia (fallecimiento) de eventuales imputados. Salvo acciones judiciales en torno al derecho a la verdad o la puesta en funcionamiento de verdaderas “Comisiones de Verdad”, pueden sobre esas situaciones particulares, resolver este importante aspecto.
Unas reflexiones finales. Estudios sobre países que han atravesado situaciones traumáticas como la que padeció nuestro país, demuestran que lego de pasadas algunas generaciones, son nuestros hijos y nuestros nietos los que sienten la necesidad imperiosa de saber sobre el pasado. Quizás eso sea así y eso explica aparentes desinterés de algunos jóvenes de hoy por estos temas. Esa distancia entre los hechos y esa necesidad de saber, es el desafío que hoy tenemos todos para hacerlo lo más corto posible. No queremos para nuestros hijos y nuestros nietos esa posibilidad de repetición de dictaduras como la que padecemos, que haya justicia y verdad, es uno de los reaseguros para que ello no pase. Ese es el Nunca Más.
Muchas gracias.

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