PASARON 15 AÑOS DE LA LUCHA CONTRA LA LEY DE MARCO REGULATORIO.
Publicado el 23/06/13 a las 10:00 pm
Por Gabriel Portillo.
Pasaron ya 15 años de la lucha de cientos de militantes y miles de votantes en contra de la ley de Marco Regulatorio para el Sector Eléctrico. En nuestro país con esta Ley aprobada comenzó un funcionamiento de la industria eléctrica no como un servicio público, donde la energía debe cumplir un papel imprescindible para el desarrollo humano, sino un negocio, donde solo se actúa si existe la ganancia que lo justifique.
El objetivo manifiesto expuesto en la presentación de la ley hablaba de buscar simetrías con el modelo argentino el cuál era considerado ejemplo a seguir. Se pretendió que quedara en manos de los operadores privados tal como estaba el camino regional plagado de privatizaciones insistiendo a pesar del plebiscito del año 92. Esto se complementó con una apuesta irresponsable al modelo argentino. Tras el rotundo fracaso del modelo privatizador de apertura indiscriminada del mercado no hubo inversiones que garantizaran el suministro de gas y electricidad hasta hoy sufrimos esa ausencia de inversiones de largo plazo.
Para los sectores populares y para AUTE * en particular lo que se pretendió fue tender un puente hacia el triunfo del 92 y dar en ese 98 una batalla contra las privatizaciones.
AUTE llevó adelante una intensa campaña en contra desde el momento en que se conoció el proyecto. Su primera manifestación pública se realizó el 12 de julio de 1995 en una mesa redonda en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República. A la que le siguieron manifestaciones frente al parlamento en las distintas reuniones que se tuvieron en las comisiones de Industria de ambas cámaras legislativas. Con participación de delegaciones internacionales con compañeros de FeTERA-CTA, SITRANDE-Paraguay y CUT-Brasil.
La decisión de la Asamblea General de AUTE fue la recolección de firmas para iniciar el largo proceso de referéndum contra la norma. El 11 de diciembre de 1997 se presentó a la Corte Electoral más de 32.000 firmas, lo que habilitaba el inicio del recurso. (12.000 eran las necesarias)
La Corte Electoral el 3 de enero de 1998 dio cuenta que las firmas alcanzaban y citaba para el 8 de marzo y en caso de no llegarse al 17 de junio de ese año a la ciudadanía a concurrir sin obligación a votar (había que llegar al 25% del padrón electoral, más de 550.000 voluntades).
A las propuestas de AUTE de entonces, reiteramos:
- Revisión y adecuación del marco institucional que sustente:
- Devolver el carácter de Servicio Público a la Generación
- Autonomía energética con el desarrollo de proyectos de centrales de generación con fuentes renovables.
- Mantenimiento del monopolio de la transmisión y distribución de energía eléctrica en UTE
- Mantenimiento del papel regulador del Estado
- Garantía por la ley que la tarifa no variaría según el lugar de residencia del usuario
- Importación y exportación de energía en manos de UTE
- Mantenimiento del Despacho Nacional de Carga en la esfera de UTE, para los grandes consumidores, impedimento de comercializar la energía que se les suministrara, la que debería ser para su consumo propio
- Promover la eficiencia energética, promoviendo su uso responsable y ambientalmente sustentable
- Acceso universal a la energía eléctrica
El 8 de marzo llegamos al 15,01% de los votos necesarios, lo que obligo a reforzar la militancia en todos los niveles. Para el 17 de junio el esfuerzo fue importante pero insuficiente llegamos al 22,31%. ¿Fuimos derrotados? No logramos poner a consideración la ley, en términos políticos a pesar de no haber llegado a los votos, la lucha librada, el cuestionamiento y el debate público que logramos, más el compromiso de no privatizar por parte de los impulsores de ley en el marco de la campaña para no participar del llamado a referéndum ayudo a enlentecer el proceso de aplicación de la misma.
De hecho a pesar de estar aprobada la Ley es recién después del 2005 con el gobierno progresista que con el incentivo desde el Estado a través de UTE, asegurando los contratos de compra de energía a los privados, que aparecen las inversiones en el sub-sector.
Sin duda la realidad del mismo ha cambiado radicalmente, con inversiones en energías alternativas como ya dijimos por privados pero también de parte de UTE tanto en energía firme, como en eólico, aunque insuficiente a nuestro entender, así como la interconexión con Brasil de alta tensión.
Con proyectos de largo alcance como la planta de regasificación de gas natural, si bien existe cierta inquietud en lo referente a los precios que vamos a terminar pagando.
Se está produciendo un cambio en la matriz energética que nos permite visto en perspectiva disminuir la dependencia del petróleo, lo que resuelve el abastecimiento seguro a precio adecuado a los mismos. Lo anterior, queda gravemente comprometido, en tanto se instalen sectores extractivos altamente intensivos en el consumo de energía eléctrica y quienes serían los grandes beneficiarios del cambio de la matriz energética en detrimento de las generaciones presentes y futuras.
Con la preocupación de ver que pasado el 2015, si bien tendremos cubierto el abastecimiento de energía eléctrica con mayoría de energías renovables, también es preciso decir que dicho suministro será a través de los privados por casi un 40%, esto nos deja con una preocupación sobre las practicas acostumbradas de las multinacionales que actúan en el sector energético de presión para la suba de precios mediante amenazas de juicios amparados por el BM y CIADI **.
Otro gran debate sigue siendo el precio de la tarifa residencial, si toda esta inversión que se está dando en el sub-sector eléctrico termina dejando la tarifa que paga la gente en las mismas condiciones, entonces no se habrá cumplido con los objetivos manifiestos y tengamos en cuenta que se trata de una empresa pública.
Notas
* Entidad gremial de los funcionarios de la Administración de lasUsinas y Teléfonos del Estado (UTE).
** Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, es una institución del Banco Mundial con sede en Washington.
Montevideo 17 de junio de 2013
