miércoles 21 de octubre, 2020

Marihuana : Un debate necesario

Publicado el 28/04/13 a las 8:42 pm

cannabisPor Pablo Anzalone.

El proyecto que pone bajo control estatal el mercado de la marihuana es un disparador de un debate fecundo. Al mismo tiempo necesita de una discusión amplia del conjunto de la sociedad, del sistema político, de las organizaciones sociales y de la academia. Con distintos formatos, en Montevideo e Interior, con el aporte de expertos internacionales ese debate ha comenzado a desplegarse. Con estas líneas procuramos aportar al mismo.

Tres líneas argumentales son, para nosotros, las más importantes: el enfoque de salud pública; el impacto sobre el narcotráfico y la seguridad ciudadana y el enfoque de derechos. Todas ellas en el marco de la integralidad de las políticas sobre drogas que incluye tanto las diferentes formas de regulación de la demanda como la reducción de la oferta de drogas legales e ilegales.
Desde el punto de vista de la salud pública el control por parte del Estado de la comercialización amplía las posibilidades de trabajar en la reducción de los daños al garantizar la calidad del producto, y procura disminuir el consumo problemático de marihuana gracias a una mayor cercanía con los usuarios. Ambos son aspectos importantes a valorar.

Algunos hablan de liberalización de la marihuana. No compartimos esta expresión para referirnos a este proyecto. Hoy la marihuana está controlada por el narcotráfico, que se enriquece y fomenta el crimen organizado. Eso es mucho más liberal que la regulación por parte del Estado. ¿Cómo puede fundamentarse desde la salud pública que sea mejor el control del mercado por el narcotráfico y no por el Estado? ¿En qué escenario hay mayores posibilidades de actuar para reducir el consumo problemático de esta droga? Las políticas con un enfoque de reducción de daños constituyen una forma de incidir sobre los efectos negativos del consumo de drogas, complementaria al abstencionismo, que resulta muchas veces insuficiente ante el consumo problemático de sustancias.

Esto en ningún caso significa un estimulo al consumo de marihuana sino por el contrario buscar una forma más eficaz de desarrollar estrategias de prevención del consumo problemático. En ningún caso puede ser un estímulo al consumo porque la marihuana no es una sustancia inocua y tiene efectos perjudiciales para la salud. Hay que decirlo con todas las letras, impedir toda promoción de su uso e informar de los perjuicios que genera. Esa información y prevención debe ser una tarea fundamental de los organismos relacionados con la salud y con la regulación de la demanda de drogas tanto legales como ilegales. Como se ha hecho con respecto al tabaco y como se propone hoy respecto al alcohol.

No tiene los riesgos ni genera los daños que producen otras sustancias como la pasta base de cocaína, la cocaína, los derivados del opio o incluso drogas legales como el alcohol pero existen otros, están comprobados. El uso problemático de marihuana afecta de forma importante el proceso de aprendizaje, la memoria, la coordinación motriz y múltiples sistemas fisiológicos, pudiendo llegar en algunos casos a episodios psicóticos o esquizofrenia. Su consumo durante el embarazo afecta el desarrollo del feto. La escasa percepción del riesgo en una parte de los jóvenes respecto al consumo problemático de la marihuana constituye un problema real a enfrentar con campañas adecuadas de información. Es desde esa base conceptual que debemos encarar las estrategias de prevención y regulación.

Sin embargo la prohibición y el control por el narcotráfico de su oferta no han resultado ser la mejor forma de lidiar con este problema.

La estrategia de guerra contra las drogas preconizada por Estados Unidos ha fracasado en sus objetivos de reducir el consumo y el tráfico. Por el contrario ha llenado América Latina de muertos, mafias, armas y crímenes conexos. Setenta mil muertos en México, 25 mil desaparecidos y como resultado, el tráfico sigue creciendo. En Uruguay tiene impactos sobre la seguridad y empieza a generar crímenes como los ajustes de cuentas y el sicariato. Se han iniciado circuitos delictivos de difícil culminación y las cárceles se llenan de personas vinculadas al narcotráfico.

En la región, en América Latina y en el mundo hay un debate sobre estos temas, porque las estrategias de dominación y de fractura social tienen un alto impacto en la vida de nuestros pueblos. No sólo Uruguay sino países como Guatemala, Colombia y México promueven debates y ensayan políticas de drogas alternativas. Personalidades como Kofi Annan, Fernando Henrique Cardoso, Carlos Fuentes, Cesar Gaviria, George P. Shultz, Mario Vargas Llosa, Ernesto Zedillo, integrantes de la Comisión Global, entre ellos ex presidentes de países como Colombia, México y Brasil fundamentan hoy la necesidad de cambiar la estrategia y adoptar formas distintas de regular y controlar las drogas. La labor desarrollada desde 2005 y el debate actual nos posicionan bien a nivel internacional dentro de ese contexto y en cierta forma nos ubican a la vanguardia de este tema.

En Uruguay el uso de drogas no está penado de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Si el consumo es legal en nuestro país, ¿por qué obligar a los consumidores a recurrir al mercado ilegal y delictivo? Puede argumentarse desde una perspectiva de derechos individuales y colectivos que garantizar el acceso en condiciones adecuadas es un avance. Pero en particular vale la pena cuestionarse: ¿por qué es mejor que sea el narcotráfico quien controle el suministro? ¿Mejor para quién? ¿Por qué dejarle ese poder y ese lucro al crimen organizado?¿Por qué no pensar en la utilización de esos recursos para crear centros de atención a los usuarios problemáticos y sus familias?

El proyecto de ley ha tenido avances. La versión inicial de un artículo único era muy discutible. El proyecto actual es una propuesta más amplia de regulación que incluye el uso medicinal, el científico y el recreativo y que prevé también el autocultivo regulado y otras formas de consumo controlado como los clubes de cannabis.

Las experiencias en Holanda con los coffe shops, o dispositivos similares en India y Pakistán o los clubes canábicos en España y recientemente los plebiscitos en los estados de Colorado y Washington en EEUU abren un conjunto de experiencias que, con variantes, muestran como posible generar una política de regulación diferente al prohibicionismo. Son bastantes experiencias, en países muy distintos, que están avanzando hacia mejores formas de regulación.

Por último, ratificamos la integralidad de la política de drogas aplicada desde el 2005. Una política que no estigmatiza al consumidor, desarrolla claras estrategias de prevención y al mismo tiempo reprime el narcotráfico como nunca antes. Una concepción que plantea el tema como un compromiso de todos y apuesta a la participación social e institucional múltiple, a la descentralización en redes territoriales y al abordaje comunitario. Una actuación sobre drogas legales y no solo ilegales.

La experiencia de nuestro país con el tabaco muestra cómo fue posible actuar en relación con una droga legal (y letal) y obtener una reducción significativa de su consumo. Esa comparación es válida. Es posible tener una estrategia exitosa en relación con drogas reguladas por el Estado. La adicción al tabaco produce efectos terribles para la salud. Sin embargo es legal. Y las políticas de cesación de tabaquismo, de regulación y control estatal, han dado resultados positivos de disminución del consumo en estos pocos años, con amplio respaldo ciudadano. Es un camino más interesante que un prohibicionismo que fracasa en sus metas de salud pública y fortalece el narcotráfico.

Tenemos que incrementar las acciones respecto al alcohol. Recordemos que es el alcohol y no la marihuana, el principal problema en drogas. No debemos olvidar que el centro del problema está en los vínculos y no en la sustancia, puede haber vínculos muy negativos con sustancias blandas y vínculos leves con sustancias duras. Y no todo consumo de sustancias adquiere un carácter de problemático.
Por otro lado Uruguay no puede simplemente ignorar los tratados internacionales que ha suscrito en esta materia. Sin embargo puede defender una vía distinta para proteger derechos humanos fundamentales como la salud, cumpliendo con convenciones internacionales de DDHH que son también obligaciones asumidas por el país.

Pablo Anzalo es Director de la División Salud de la Intendencia de Montevideo, Coordinador de la Junta Departamental de Drogas de Montevideo y Secretario General del PVP.

Publicado en Semanario Brecha, 25 de abril de 2013.

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