lunes 19 de octubre, 2020

¡Es la lucha de clases, bestias!

Publicado el 26/03/13 a las 11:52 pm

Claraboya del Palacio Piria (detalle)
Por Julio A. Louis.

El Dr. Lacalle exclamó indignado “¡Cómo pueden ser tan bestias!” al conocer el planteo del diputado Bayardi invitando a la Corte al Parlamento para exponer los motivos para sustituir a la jueza Mota. Su expresión nos ha sugerido este título. Es que pocas veces como en febrero pasado, la lucha de clases ha sido tan nítida en sus tres formas: económica, política e ideológica.

El materialismo dialéctico (mal denominado “marxismo”) parte de una metodología inductiva-deductiva: para comprender la realidad (las partes y el todo), continuamente debe irse de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. El análisis anti dialéctico, incapaz de ver las relaciones de los diferentes elementos, conduce a interpretaciones erróneas, descontextualizadas, unilaterales.

Muy pocos de los que no somos juristas recuerdan los mil argumentos y contra-argumentos de especialistas nacionales e internacionales acerca de la ley votada en 1986 que ampara la impunidad de los esbirros de la dictadura. Pero sabemos que lo que se dirime son dos concepciones: la que quiere aplicar un manto de olvido sobre los horrores de las dictaduras de la “Seguridad Nacional” y la que reclama justicia y que sean condenados como criminales de lesa humanidad a sus responsables.

Detrás de esas posturas se expresan las clases antagónicas en pugna (burguesía-proletariado) o más ampliamente, los bloques de clases gestados en derredor de esas clases antagónicas. El bloque dominante (la burguesía trasnacional, los burgueses asociados, sus testaferros políticos, jurídicos, militares, intelectuales) busca reafirmar la propiedad privada de los medios de producción y de cambio (cada vez más concentrada, centralizada y extranjerizada) y de preservar la dictadura del gran capital rediseñando el Estado cómo órgano de dominación a su servicio. No en balde los célebres Documentos de Santa Fe de Estados Unidos, reclaman fortalecer los órganos permanentes del poder (Fuerzas Armadas, Justicia, Administración Central, burocracia servidora, en suma) por encima de los obstáculos que levanten gobiernos que no sean representativos de ese bloque del gran capital. El bloque popular-alternativo busca defender la propiedad estatal de los medios de producción y de cambio (ANCAP, ANTEL, BROU, etc.), ampliar las diversas formas de propiedad social (cooperativas, empresas auto-gestionadas, pequeñas y medianas empresas, etc.), democratizar los diversos componentes del Estado y combatir los reductos clásicos y poco “contaminados” del viejo poder dominante. El bloque dominante se expresa a través de las Cámaras Empresariales y de los partidos tradicionales (más el ubicuo Partido Independiente); el bloque popular-alternativo se expresa por las organizaciones de masas (el PIT-CNT en primer lugar) y políticamente por el Frente Amplio, con todas las sinuosidades que esos instrumentos conllevan. La caricatura de “Plenaria y Memoria” (la policía represora y la Suprema Corte de Justicia atacando a un pueblo indefenso y vendado por el FA y el PIT-CNT) ha sido festejada por las cámaras patronales y los partidos tradicionales. Otra vez el ultra-izquierdismo confunde al enemigo.

Las tres resoluciones de la SCJ –traslado de Mota, inconstitucionalidad del ICIR y de la reciente ley interpretativa sobre la de caducidad- expresa la situación de crisis concreta entre el gobierno y el Estado, como ha habido varias en la historia. Precisemos: el gobierno es el Poder Ejecutivo (Presidente y ministros). El régimen son las instituciones políticas temporales –electas democráticamente o no, civiles o militares- que elaboran la política: el Poder Ejecutivo, el Legislativo, las Intendencias, las Alcaldías, las Juntas Departamentales, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Directorios de los Entes. Por ende, el gobierno es sólo una parte del régimen, por lo que se puede acceder al gobierno sin que éste mande en el régimen, como sucede en grados diferentes en Uruguay, Brasil, Bolivia, etc. A su vez, el régimen es sólo parte del Estado, que, además del régimen, se compone de las instituciones permanentes: Fuerzas Armadas, Servicios de Inteligencia, Policía, Poder Judicial, Administración Pública. El Estado (globalmente) detenta el poder. El gobierno no impone siempre sus enfoques en el Estado, y suele ser enfrentado por instituciones de éste. Las crisis políticas estallan cuando el régimen, o más limitadamente el gobierno, choca contra las instituciones permanentes, en cuyo caso, o se transforma el Estado (Cuba en 1959) o cae el régimen (Chile en 1973), o el gobierno (Paraguay en 2012). En suma, el gobierno es al Estado, lo que el volante al auto: lo guía, pero si falla el motor o los neumáticos, el volante por sí solo no garantiza la marcha. Todavía, la institucionalidad del sistema capitalista ha creado organismos que controlan, regentean o mandan sobre los Estados Nacionales, como la ONU, las instituciones financieras de créditos, la OTAN, la OMC, además de las empresas transnacionales. Es el Poder Trasnacional del capitalismo mundializado. Así, de acuerdo a las pautas neoliberales a los Bancos Centrales -instrumentos claves para manejar la moneda nacional- se les independiza de los gobiernos, por lo cual el gobernante carece de un estratégico instrumento. En Uruguay, los legisladores del Frente en el gobierno de Vázquez impidieron que prosperase tal autonomía defendida por su Ministro de Economía, acorde con las instituciones financieras. De todos modos, el Poder trasnacional expresa -como siempre sucede en el derecho- correlaciones de clases y de otras categorías sociales (económicas, políticas, ideológicas), a veces contradictorias; así la Corte Interamericana de Derechos Humanos pertenece a la O.E.A., reducto tradicional del imperialismo norteamericano, pero hoy reivindica el cumplimiento de derechos humanos básicos y condena al terrorismo de Estado. Y es esa Corte (a la que Uruguay adhiere en 1985) la que le exige a sus tres poderes del Estado, cumplir sus resoluciones.

La singularidad uruguaya es que la ambigüedad del gobierno –con el rol negativo jugado por el Ministro de Defensa Nacional en particular – ha facilitado las resoluciones retrógradas. Habrá que seguir de cerca los pasos del gobierno y del Frente Amplio. La lucha y la movilización del movimiento obrero-popular tienen que pesar e incidir en ellos. Es necesario replantear una constituyente que –entre otros temas- reformule los poderes del Estado, sus relaciones y los criterios de selección de la SCJ. En última instancia hay que modificar las bases del Estado propuesto por un noble liberal (Montesquieu) para otras condiciones hace tres siglos. Deben acatarse las resoluciones de la SCJ; pero a la vez, cuestionarlas por todos los medios legales posibles (nacionales e internacionales) porque si no las cuestionamos caemos en la complicidad con sus responsables. Y debe comprenderse que la victoria popular vendrá cuando en la batalla de ideas (la hegemonía, la capacidad de convencer) se avance y se triunfe, lo que no será tarea sencilla ni de un día. Mientras tanto -como parte inseparable de esa batalla contra el bloque dominante y las incongruencias burguesas y pequeño-burguesas en nuestras filas- conviene estar alerta contra la estrechez sectaria de quienes no valoran adecuadamente las contradicciones del país, la región y el mundo, y sólo perciben “traiciones” o sueñan con el post-frenteamplismo, cuando el Frente Amplio vive y cuenta con el aval de las grandes masas.

En síntesis: el régimen democrático-liberal aún no ha sido restablecido en plenitud, acotado, tutelado por las instituciones más retrógradas del Estado: las Fuerzas Armadas y la Suprema Corte de Justicia. Por otra parte, los regímenes democráticos se basan en la presencia de partidos que nunca son “puros” como expresiones de las clases u otras categorías sociales. De allí las diferencias, metamorfosis, reagrupamientos continuos, que expresan la realidad social. Lo evidente es que la democracia tiende a una crisis de transformación, sea por un “salto atrás” reaccionario, en defensa de los privilegiados, que procura restringirla o eliminarla; o bien por un salto cualitativo en beneficio de las clases populares, tendiente a que sea participativa, de nuevo tipo.

Tomado de semanario VOCES, No 376, 07/03/2013.

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