lunes 26 de octubre, 2020

Desarrollo y energía

Publicado el 18/11/12 a las 6:44 pm


Para discutir sobre políticas y matriz energética los trabajadores Mónica Castro (1) y Gabriel Portillo (2) prefieren comenzar planteando las siguientes preguntas: ¿Para qué modelo productivo? ¿Cómo y quién va a generarla? Quién establece los lineamientos y quién controla?¿Más energía para qué? Como entienden que el acceso y goce de la energía es un derecho, y el Estado es el que debe garantizar estos, no se debe dejar la producción y distribución de esta en manos del mercado.

Derechos y modelo

La energía debe ser pensada siempre como derecho humano. Por lo tanto cuando tratamos de aportar para el diseño de la matriz energética nacional debemos ser capaces de pensarla como palanca de desarrollo. Generando tecnología, mano de obra, emprendimientos industriales colectivos, generación de riqueza nacional, con un desempeño sustentable, lo más limpia y autóctona posible. Con una proyección social integradora en todos los sentidos, que multiplique sus efectos de desarrollo hacia la población, en mejores condiciones de vida, salud y trabajo. Sin descuidar los derechos de las próximas generaciones.
En la realidad actual que dista mucho de cumplir con estos conceptos, el desarrollo industrial necesita una estrategia energética. En el último tiempo si bien se avanzó, faltaron elementos y cambios institucionales para fortalecer al sector público mirando hacia el futuro. El debate esta en cuál ha de ser esa estrategia energética, en el nuevo escenario, en ese sentido nosotros sostenemos que hay al menos tres ejes a tener en cuenta: La soberanía nacional, la universalización del uso y el suministro seguro, sin entrar a considerar el tema precio.

Las energías renovables suponen un control público además de la necesidad de inversiones públicas, en esa dirección podríamos pensar en la creación de un sector público vinculando a UTE y ANCAP donde una de sus prioridades sería lanzar un plan estratégico de inversiones en energías renovables involucrando a la industria nacional como cogeneradores. Hoy el gobierno a optado por la inversión extranjera como vía para la incorporación de energía renovables no convencionales, (el tema del espacio fiscal parece ser una traba) creemos que debemos ir hacia un polo público de inversiones, políticas energéticas coordinadas y políticas públicas activas que logren controlar el mercado.
Es imprescindible continuar y profundizar los aspectos que hacen a la democracia social. El objetivo político final no debería ser que el sistema funcione un poco mejor, sino intentar promover el máximo de democratización que se pueda, como un escalón hacia la participación y educación de las masas en la conducción del Estado.

Debilidades, desafíos e integración regional

El sector energético tiene un rol estratégico en la sociedad, en al economía y en el impacto ambiental. Además hay que considerar que somos un país pequeño, sin disponibilidad de recursos energéticos fósiles y agotamiento de la posibilidad de emprendimientos hidráulicos de gran porte.

Es necesario fortalecer la interconexión con Brasil a los efectos de no quedar atados a un solo proveedor (Argentina) esto ayuda a mayores grados de independencia energética e incorporando a la matriz energías autóctonas (no convencionales) y a la disminución del impacto del petróleo en los precios finales de la energía.
La introducción de generadores eólicos en la matriz energética se hace a través de la inversión privada extranjera, eso a nuestro juicio ya trajo problemas (están pidiendo subir los precios que licitaron hace un año, además de no haberse puesto en obra ninguna de las licitaciones) y en la medida de que aumente esta relación nos traerá fuerte dolores de cabeza, por los lobbies que se conforman presionando al alza los precios (no olvidemos que la ley el marco regulatorio que establece que la generación de energía eléctrica no es un servicio público, y aún no hay ninguna propuesta para desmontar el andamiaje jurídico neoliberal). Si se aggiorna la legislación nacional para aceptar a la energía como una mercancía al servicio de la rentabilidad del capital, cada vez nos vamos alejando más de la posibilidad de que alcance la categoría de derecho y que como tal sea protegido y asegurado por el Estado.

Hemos venido insistiendo en la necesidad de complementación energética en el Mercosur. ¿Que significa? Pongamos un ejemplo concreto, al día de hoy mientras nosotros sufrimos sequía en algunos meses del año y debemos prender el parque térmico a un elevado costo a causa del precio del petróleo o la importamos de Brasil pasando por Argentina a precio abusivos, en Itaipú se deja pasar el agua sin turbinar en algunos momentos del año. Para tener una idea del agua que no se turbina (que no genera electricidad) es igual al consumo anual de Uruguay. Por lo tanto la integración regional sigue siendo un debe aún en el marco de los denominados gobiernos progresistas de la región. Los tratados de Itaipú (con Brasil) y Yacyretá (con Argentina) impiden que Paraguay comercialice el excedente de energía, salvo con los respectivos países y a un precio irrisorio. Acá no valen las reclamadas asimetrías ni la libertad del Mercado que propician las cámaras empresariales.
En resumen, se mostró que tal como fue previsto en su momento, la actual crisis estructural del sector es una consecuencia natural de la política desarrollada en las últimas décadas.

Algunos avances y propuestas

En relación a las acciones del actual gobierno, en contraste con el accionar de gobiernos anteriores, se valora la inversión en diferentes iniciativas para fortalecer el sector energético nacional, frente a graves situaciones de contingencia. Se destaca la instalación de la planta generadora de Puntas del Tigre, y los esfuerzos por lograr la interconexión con Brasil, las diferentes obras de remodelación de la Refinería de LA TEJA, con la instalación de la planta desulfurizadora que permite quitar el azufre del combustible, durante el proceso de refinación, logrando una mejora ambiental importante al mismo tiempo que se lo recupera para la industria de fertilizantes bajando sustancialmente el volumen que hoy se importa; la instalación y desarrollo de ALUR con el significado que tuvo sobre todo en lo económico social de la región norte del país y la planificación de instalar una Planta de Regasificación , así como el intento de concretar la importación de gas natural desde Bolivia, a través del vecino país. Sin embargo aún continúa la ausencia de una política energética global inserta en los objetivos definidos al principio.

Se plantea que en el marco del futuro plan el Estado tenga el rol principal en producción y distribución, sin perjuicio de la posibilidad la complementariedad con el sector privado, pero sin lesionar la soberanía nacional supeditándose al mismo. O sea, se destaca la necesidad que el Estado mantenga el control sobre el conjunto del sector desde la intervención activa, no solo como regulador.

En el caso de la electricidad es necesario derogar o modificar la actual ley de marco regulatorio, creando una nueva ley con todos los actores, desde una concepción progresista y soberana. En el caso del gas por cañería deben renegociarse los contratos de concesión, para permitir la intervención del Estado en la gestión y comercialización en forma efectiva, evitando repetir los negociados ocurridos con CONECTA.
Tiene que tenderse a la autonomía energética del país, de una forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo, tomando dicha autonomía como directiva de las medidas a asumir. En el corto plazo es necesario tomar medidas inmediatas para superar la contingencia, mediante la diversificación de fuentes, pero considerando también la importancia de inversiones en el largo plazo que consoliden una mayor autonomía. Por ello es imprescindible la rápida concreción de una Planta de Regasificación, con el objetivo ponerla a funcionar, tanto para la generación eléctrica como para la expansión del gas por cañería.

Para el país tiene un valor estratégico la presunta existencia de yacimientos en la plataforma continental, por lo que entendemos relevante continuar y ampliar la política respecto a ello. Es necesario, en forma complementaria, la llegada de técnicos para la transferencia de conocimientos, así como el fomento de la investigación y desarrollo de tecnologías y conocimientos para la explotación de este recurso por parte de centros científicos públicos del país. Tanto la posibilidad de explotación de estos recursos, como la instalación de una planta regasificadora debe asegurarse que estén bajo control estatal, sin perjuicio de posibles asociaciones puntuales con transnacionales por motivos financieros o tecnológicos. Y en el momento de tomar decisiones, tener presente en el balance beneficios y pérdidas más allá de lo económico. No olvidarnos que para vivir en este planeta necesitamos cosas básicas que no las cuidan los dueños del capital.

En la administración encabezada por el Dr. Vázquez se impulsó como gran alternativa la generación de electricidad a base de energía nuclear, los trabajadores rechazamos esta alternativa, debido a factores ambientales, de desarrollo sustentable, de costos, de tiempo de construcción y operación, así como inadecuado para la situación energética nacional. A modo de ejemplo, la inversión en una planta de 800 MW implicaría unos 5.000 a 6.000 millones de dólares. Lo que vuelve inviable esta opción. Otro tema no menos importante es que al día de hoy no está resuelto el tema de los residuos nucleares y han quedado en evidencia que las previsiones que aseguraban el casi pleno control, están alejadas de la realidad (Fukuyima y otras).

Respecto a energías alternativas, debe continuarse con la iniciativa de emprendimientos de generación mediante todas las variantes de energías renovables. Esto se complementa con lo anteriormente mencionado respecto al aprovechamiento de la biomasa, que viene a usufructuar con fines energéticos algunas producciones forestales o agrícolas promovidas desde el gobierno.

Asimismo, se considera que un Plan Nacional de Energía no sólo debe centrarse en la producción y distribución, sino también promover y facilitar su uso responsable, razonable y eficiente. En relación a esto, se promueve el avance hacia políticas para los sectores de transporte y construcción de vivienda que contemplen los problemas de la situación energética del país, lo que debería ser controlado y monitoreado por el gobierno, evaluando el rendimiento de las diversas fuentes energéticas para los respectivos usos.

1 Trabajadora y sindicalista de ANCAP, dirigente del PVP
2 Trabajador y sindicalista de UTE, dirigente del PVP

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